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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 23 de octubre de 2015cermi.es semanal Nº 186

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

Propuestas del CERMI para los programas electorales de las formaciones políticas

El CERMI pide una reforma de la Constitución para constitucionalizar como fundamentales los derechos sociales

Elecciones Generales 2015

23/10/2015

Beatriz Sancho - Fotos: Jorge Villa

El CERMI ha preparado, en vísperas de las próximas elecciones generales del 20-D, una panoplia de peticiones que engloba bajo el título de "Documento de propuestas en materia de Derechos, Inclusión y Bienestar de personas con discapacidad y sus familias para programas electorales de las formaciones políticas". El documento ya ha sido enviado a todos los partidos políticos que han expresado que se presentarán a las elecciones generales gracias a un trabajo previo con ellos y a la relación política constante que mantiene la entidad estatal con las fuerzas políticas, más allá del momento electoral. Se les ha pedido "que lo tengan en cuenta y esté presente en la elaboración de sus compromisos políticos". "El documento es amplio", ha calificado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la presentación del mismo en la agencia Servimedia, "y contiene muchas medidas. Los programas de los partidos políticos, que a veces son un poco nebulosos, inconcretos, muy cortos y sintéticos, terminarán dedicando a la discapacidad, como mucho, dos páginas. Supongo que harán una selección de lo que entiendan que más les cuadra respecto a su visión y su grado de compromiso".

Imagen de portada del documento de propuestas del CERMI para las elecciones del 20-D de 2015Pérez Bueno ha explicado que el envío de estas propuestas a las fuerzas políticas propiciará, antes y durante la campaña electoral, reuniones o actos más masivos, como pueden ser encuentros electorales, que permitan al CERMI insistir en la necesidad de que los partidos políticos "asuman compromisos claros y no difusos, exigibles y vigilables". 
"El CERMI insiste en la necesidad de que los partidos políticos asuman compromisos claros y no difusos, exigibles y vigilables"
Una de las novedades que se encuentran en el "Documento de propuestas en materia de Derechos, Inclusión y Bienestar de personas con discapacidad y sus familias para programas electorales de las formaciones políticas", es la petición de la reforma de la Constitución de 1978. El presidente del CERMI refiere esta posibilidad como "una medida audaz" que puede que hasta les "supere" como ciudadanos y ciudadanas que participan a título individual del resto de anhelos, pero que comparten con la ciudadanía en general. "Sí, efectivamente, como discapacidad es la primera vez que nos pronunciamos tan enfáticamente sobre la necesidad de reformar la Constitución". Sin embargo, según el CERMI su intención no tiene que ver con definir el modelo de Estado o el reparto territorial, temas que, según Pérez Bueno, les "exceden" como discapacidad. Sino para decir y afirmar una cosa tan sencilla, tan de vida, como es la necesidad de constitucionalizar como fundamentales los derechos sociales". 
"El CERMI pide por primera vez, como discapacidad, una reforma de la Constitución para constitucionalizar como fundamentales los derechos sociales"
A juicio del mandatario de la entidad estatal, España es un país con una madurez económica, política, de progreso democrático, cuya Constitución, después de casi 40 años de recuperación de nuestro sistema de libertades, "todavía tiene un déficit cuando habla de las políticas sociales y habla de asistencia social, una concepción superada". Y es que asistencia social, para Pérez Bueno, "es eso que hace el Estado o el Poder Público para atender o remediar las carencias sociales, pero sin el carácter de derecho". En este sentido, el presidente del CERMI esgrime como justificación para esta reforma que algunos artículos "como el 49 referido a las personas con discapacidad, el de las personas mayores, el del consumo, la vivienda o el de grandes bienes sociales, entre otros, están en esa parte secundaria de nuestra Constitución. No tienen rango de derecho fundamental y, por tanto, ni el Estado obligación plena de atenderlo ni de darle cobertura, ni una respuesta en términos de dignidad". Pérez Bueno insiste en que, de este modo, no se puede ir a un juzgado o a un tribunal porque no llegan al rango de derechos y que, por tanto, "es el momento de pedir una reforma de la Constitución, como lo piensan muchos partidos y existe una opinión creciente al respecto. Y si se reforma, en la agenda reformadora tiene que estar que los derechos sociales se conviertan en auténticos derechos constitucionales". 
 
Luis Cayo Pérez Bueno también destacó que el hecho de que se tenga en cuenta a la discapacidad por primera vez en unas elecciones con antelación "no deja de marcar una anomalía" porque "esta parte de la sociedad, de la diversidad social tendría que estar, con naturalidad, con regularidad, muy presente". Esto, en su opinión, demuestra "otro déficit más, el de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Queremos estar más presentes y ese es uno de los propósitos y justificaciones de la existencia del movimiento asociativo: hacer incidencia, llevar la discapacidad allí donde se tomen las decisiones, porque en las democracias avanzadas, como aspira ser España o debería ser España, el proceso electoral es determinante del juego de poderes, del Gobierno, de las grandes decisiones políticas, presupuestarias, problemáticas". Es ahí donde Pérez asegura que "ineludiblemente, tienen que estar las personas con discapacidad porque estamos todavía muy lejos de esa normalidad ciudadana, cívica, democrática en la que deberíamos estar ya instalados".
"El hecho de que se tenga en cuenta a la discapacidad por primera vez en unas elecciones con antelación no deja de marcar una anomalía"
Para el presidente del CERMI, de abrirse el proceso de reforma constitucional, "no puede ser sólo para las cuestiones de alta política, que es la política que le interesa a los partidos o a la denominada clase política. Le toca el turno a la política que le interesa a los ciudadanos de a pie. Porque si tenemos un marco constitucional más exigente y que declare y enuncia los derechos sociales como constitucionales, como plenos derechos, los efectos de la crisis, la que vivimos todavía y las que pudieran venir, serían menores, tendríamos un marco de protección social, en este caso para las personas con discapacidad que tienen necesidades sociales muy agudas aún". 
 
VOTO PARA TODOS
 
Dentro de las propuestas o peticiones para los programas de las fuerzas políticas, que se colgará próximamente en cermi.es y en este periódico, también está el de la reforma inmediata de la Ley Orgánica Régimen Electoral General para que ninguna persona con discapacidad pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y se reconozca en plenitud el derecho de voto a las que ahora no lo tienen. Pérez Bueno, en este sentido, reitera su sentencia de que esto "es la negación de la democracia" y acusa a la realidad de ser "muy tozuda" porque "el que haya todavía 800.000 personas con discapacidad que todavía por esa razón, asociada a su discapacidad, con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, que no puedan votar, y que estén sometidas a una medida injusta y también contraria a los derechos humanos como es la incapacitación y estén privados del derecho de voto, es una anomalía enorme que hiere no sólo la sensibilidad sino cualquier visión exigente de derechos humanos. Se tiene que acabar con ella".
"Que haya todavía 800.000 personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental que no puedan votar es la negación de la democracia"
"Esta medida no cuesta", continuó el presidente del CERMI, "no puede haber ninguna excusa de coste económico para el estado. Es una medida neutral y es cuestión de modelo, de que todavía permanece en el imaginario de muchos políticos, de muchos gobernantes la idea de que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental son influenciables, son ciudadanos de segunda, que pueden estar sometidos a riesgo de mediatización política y que, en todo caso, por seguridad no". Para demostrar la contradicción histórica de esta ley, como otras veces, Pérez Bueno recordó que se dan los mismos argumentos de se esgrimían cuando se les prohibía el voto a las mujeres. "Volvemos a repetir la historia para lo malo, y ojalá que esta sean las últimas elecciones en las que hay una parte numéricamente importante, no determinante, que están privadas de algo tan esencial como votar, estas personas quieren votar". Lamenta el dirigente del comité que se quejen de que la participación en las elecciones disminuye, cuando hay gente que quiere y no les dejan. "Es una paradoja enorme, pero no sólo paradoja sino una gran vulneración de derechos". 
"Todavía permanece en el imaginario de muchos políticos la idea de que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental son influenciables, ciudadanos de segunda"
DISCAPACIDAD EN LAS LISTAS
 
Por otro lado, aunque hay una tendencia creciente de personas con discapacidad que ocupan cargos políticos, "lo estamos viendo: han llegado personas con discapacidad al Senado y discapacidades que antes nunca han estado presentes. Es insuficiente", comentó Luis Cayo Pérez Bueno. Es por ello que CERMI exige a los partidos en su documento de propuestas su compromiso para incluir a personas con discapacidad (mujeres y hombres) en las listas de las formaciones políticas que concurran a las Elecciones Generales 2015. Y, además, en puestos que aseguren su elección para que haya presencia de esta parte de la diversidad social proporcional a su peso en la población en el Parlamento finalmente resultante. 
 
El presidente de la entidad estatal argumenta que, a la hora de confeccionar sus listas, muchos parridos "no han asumido aún la dimensión inclusiva y no tienen presente que la diversidad social está ahí. Si se quieren parecerse a la sociedad a la que pretenden pedir su confianza para gobernar y servir tienen que parecerse a ella. En la sociedad hay personas que funcionan de un modo distinto, que no se corresponden con el canon de normalidad más usual o que estamos todos más habituados a percibir y a seguir, y se tienen que abrir a esos sectores que han estado un poco huérfanos siempre de atención y visibilidad política".
"Muchos parridos no han asumido aún la dimensión inclusiva y no tienen presente que la diversidad social está ahí"
En la misma línea, el CERMI plantea que si los partidos no se autorregular por sí mismos y no incorporan  personas con discapacidad, que sea la ley la que lo regule como consecuencia de su "inacción". Para que esto se haga realidad "pedimos, también por primera vez, que haya una reforma de la Ley Electoral para que haya una obligación de que en las listas, al menos una de cada diez personas que vaya en ellas, tenga discapacidad, ya que, según las encuestas oficiales, hay un 10 por ciento de la población que tiene discapacidad". 
 
INCLUSIÓN LABORAL
 
Si hay un tema que preocupa y por el que lucha el CERMI es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y queda reflejado en el documento de propuestas para los programas de las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones. "Junto a los derechos humanos y ese eje de constitucionalidad, otro de los ejes básicos nuestras propuestas es la activación de las personas con discapacidad, y que significa que ellas sean dueñas de su proceso económico, que puedan proveerse de recursos, de ingresos que les hagan ciudadanos libres para determinarse con un grado de autonomía también económica", defiende Pérez Bueno. "Esto pasa en una sociedad abierta de mercado, capitalista, donde el trabajo, es un bien básico del que las personas con discapacidad hemos estado y estamos estructuralmente y permanentemente excluidas".
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI "El trabajo es un bien básico del que las personas con discapacidad hemos estado y estamos estructuralmente y permanentemente excluidas" 
Sin embargo, el mandatario del CERMI alude como positivo el hecho de que, incluso en estos años de crisis aguda, con medidas y estrategias públicas, el empleo de las personas con discapacidad haya crecido "lentamente, aunque no en la medida de la necesidad de esas casi 800.000 personas inactivas en edad laboral que tenemos". Creen desde la entidad que si se incrementaran estas, si hubiera más medidas públicas mejor dotadas, se aceleraría ese acceso de estas personas al trabajo, pero que "requiere un marco legal nuevo porque el marco que tenemos no deja de ser el de la LISMI, que la miramos con afecto, pero que tiene más de 30 años". 
 
"Nada en el mercado laboral se parece a lo que ocurría hace 30 años. Si ha cambiado algo en este tiempo es el proceso económico, productivo y formativo, y por ello no nos sirve. Quedémonos con lo bueno del modelo LISMI, pero vayamos a otro con la cultura ya adquirida, positiva, que vaya mucho más allá. Tenemos que replantearnos retos ambiciosos, como país lo necesitamos. No nos resignemos. Hay que plantear retos que movilicen conciencias y actuaciones. Un nuevo marco legal y medidas dotadas de mayores presupuestos, después revertirán en más personas cotizando, pagando impuestos, consumiendo. Podemos llegar a esos 10, 15 puntos de mejora en la tasa de actividad en el 2020". Así lo cree posible el CERMI, pero, como explicó Pérez Bueno, "es un horizonte que podríamos plantearnos porque no deja de ser un ámbito que todavía está muy clausurado, si no con puertas cerradas sí muy entornadas, que dejan poco paso a que más personas con discapacidad sean dueñas de su vida en el ámbito también económico".
"Para sustituir al modelo LISMI, el CERMI propone una nueva Ley de Inclusión Laboral que oriente y refuerce las políticas activas de empleo para las próximas dos décadas"
Pero para sustituir este modelo legal actual de impulso al empleo de las personas con discapacidad, con más de 30 años, que tilda de "obsoleto", el CERMI propone una nueva Ley de Inclusión Laboral que oriente y refuerce las políticas activas de empleo para las próximas dos décadas. "Los mimbres de esta nueva ley son muchos", refiere Luis Cayo Pérez Bueno, "pero los tenemos bien identificados. Puedo adelantar, aunque no es público, que CERMI ya tiene su modelo de ley para, llegado el momento, presentarlo sobre la mesa. Es una actuación no solo en el ámbito laboral porque si solo echáramos mano de las políticas de empleo resolveríamos una parte del problema de la exclusión laboral". 
 
Sobre la inclusión laboral, también manifiesta el mandatario de la discapacidad que también hay que incidir en todas las políticas circundantes: "en la Educación, por ejemplo, que es fundamental. Porque hay que producir personas con discapacidad que tengan una formación y una cualificación para evitar exclusiones, discriminaciones, absentismo, fracaso escolar que en el caso de las personas con discapacidad aumenta enormemente". Pero también añade que hay que invertir en accesibilidad porque "si no tenemos un entorno gradualmente mucho más accesible en el puesto de trabajo, en el entorno laboral, los accesos, los desplazamientos, en las tecnologías, etc., nos negaremos la oportunidad a tener un trabajo porque lo previo no lo acompaña". 
"Las prestaciones sociales, de la seguridad social y de otro tipo están impidiendo a las personas con discapacidad activarse"
Pero Pérez Bueno insistió también, relacionado con la inclusión laboral, en el tema de las prestaciones sociales, de la seguridad social y de otro tipo porque "están impidiendo a las personas con discapacidad activarse porque temen, por su regulación tan estricta y tan férrea y tan poco dada a la compatibilidad y a la conciliación, perder esa prestación". Esto, asevera el presidente del CERMI, "unido a lo que ocurre, a veces, en el entorno familiar, genera la cultura de quedarse solo con esa ayuda, que es de subsistencia, casi de superviviencia, desaconsejándoles que den el paso al trabajo para que no les reduzcan o les quiten la pensión". 
 
Además, Luis Cayo Pérez Bueno relacionó con el tema de la inclusión el de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que "tiene que dejar de ser, si lo ha sido, una moda para convertirse en una realidad" porque, opina, "la contratación social responsable tiene mucho que decir en este sentido y más aún la contratación pública, que tiene infinito que aportar para que se cumplan, por ejemplo, las cuotas de reserva". También destacó el emprendimiento social, el autoemprendimiento de las personas con discapacidad y la iniciativa social como fundamentales para que las personas con discapacidad trabajen. "Lo hemos demostrado. Quien más crea empleo en este país es la iniciativa social del propio mundo de la discapacidad. Pero las tecnologías también aportarán si son accesibles y en clave de diseño para todos. Son muchos los elementos que pueden favorecer en una buena ley actualizada. Y también hay que recurrir a los fondos europeos hasta el 2020".
"Lo hemos demostrado. Quien más crea empleo en este país es la iniciativa social del propio mundo de la discapacidad"
AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA
 
Respecto a la Ley de Autonomía y Dependencia, el CERMI tiene clara su propuesta: "una refundación" de la misma porque, según recuerda máximo representante de la discapacidad, la propia ley era de aplicación progresiva y tenía que haber culminado en el 2015, ya que fijaba este año como límite de su último momento de despliegue y aplicación. "El balance, que haremos más adelante también de estos ocho años, no es halagüeño ni positivo. Sí que hay que saludar que las personas que tengamos una necesidad social como la de las personas que necesitan apoyo para su autonomía personal con grado de derecho subjetivo, con una ley estatal, con un sistema que es distinto de los que antes había, pero su aplicación práctica ha sido decepcionante en muchos aspectos, muchas las personas con discapacidad la hemos visto como una estafa porque se nos prometió mucho, pero se ha dado muy poco". 
 
Y toda esta explicación justifica la propuesta del movimiento asociativo de refundar este sistema y el replantearse las cosas que han fallado. "Hay elementos que ya definimos en su momento, antes de la propia ley. Como es el caso de que esto tenía que estar en la Seguridad Social y no solo en las competencias sociales y autonómicas, que son los titulares actuales, según la Constitución, con un papel un poco subalterno del estado, pero sin gran capacidad de legislar con fuerza. Se pierden en un mundo ambiguo de quién es la competencia, los recursos o los conflictos". 
"Esta puede ser la legislatura de la refundación del sistema de autonomía y dependencia"
Para Pérez Bueno esta es "una ley que debe orientarse a la auténtica autonomía personal, a dar instrumentos y apoyos a las personas también con discapacidad, que nacen con la situación de dependencia, con la necesidad de apoyo, y no sólo con esa visión a las personas mayores que son numéricamente muy importante, infinitamente superiores en números, pero que no por ello puede dejar a la discapacidad en una posición secundaria, con un modelo de prestaciones y de servicios que no es que esté anticuado sino que es arqueológico, que no está en sintonía con la Convención de Naciones Unidas, con la inclusión en la comunidad, con la vida independiente, donde el catálogo de prestaciones y servicios es muy pobre y donde no está asegurada ni la libertad de elección".
 
Del copago denuncia que "es injusto, confiscatorio, que expulsa y que niega y diluye parte de ese derecho que reconoce la ley". Respecto a este tema, englobado también respecto a la Ley de Autonomía y Dependencia, el CERMI tiene en marcha una iniciativa muy avanzada y que todo indica, según Pérez Bueno, que próximamente el Parlamento tendrá que pronunciarse al respecto. Respecto al copago, también destaca Pérez que "hay muchas personas con dependencia reconocida y que hay muchos elementos deficitarios de esta ley por lo que requiere una refundación, no la anulación. Sí una reconfiguración importante". Espera el CERMI que "las unas nuevas cortes donde parece que no van a haber mayorías claras, donde pueda imponerse mucho el diálogo y el debate, asuman que los temas sociales son los que más interesan a la ciudadanía. Es el momento de tenerlo ahí, en agenda y esta puede ser la legislatura de la refundación del sistema de autonomía y dependencia", auspició.
"El copago es injusto, confiscatorio, expulsa, niega y diluye parte de ese derecho que reconoce la Ley de Autonomía y Dependencia"
LA FAMILIA
 
Otro de los muchos temas en los que ha incidido en sus propuestas el CERMI, de cara a ser admitidos en los programas de los partidos políticos para las próximas elecciones, es la familia. El CERMI la considera "un resorte de inclusión" y no solo una red de protección, "que lo ha sido, con papel fundamental durante la crisis tanto para las personas con discapacidad como otros sectores también vulnerables de la sociedad". Sin embargo, Pérez Bueno puso el foco en un detalle importante para el movimiento asociativo: la discapacidad sobrevenida porque resulta que "el rostro de la discapacidad está cambiando. Ahora nacen menos niños y niñas con discapacidad y la discapacidad llega en los estadios de juventud, como en los casos de las personas con problemas de salud mental, o el daño cerebral por accidente, por temas de enfermedades, ictus, etc, que pueden llegar en la madurez o por envejecimiento".
 
Destacó el presidente del CERMI a este respecto que "ni nuestro sistema laboral ni el de prestaciones sociales están concebidos para atender la discapacidad sobrevenida, algo que sucede cuando ni la persona ni la familia lo espera, y que le trastorna y le altera todo". Critica que nuestro sistema "es muy exigente a la hora de 'reconocer' la incapacidad, pero que, una vez reconocida, uno tiene que olvidarse de trabajar, te quedas como pura clase pasiva", informa. "Y eso es un error. Hay que replantearse también retener el talento y rehabilitar a las personas, el entorno laboral, el puesto de trabajo, la actividad, compatibilizar con pensiones y apoyos sociales, pero que no se desperdicie ese talento". Ahí, según Pérez Bueno, hay mucho donde actuar y ese sería "el nuevo modelo legal de empleo que podría no solo actuar con remiendos sino hacer un traje nuevo a medida".  
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI"El nuevo modelo legal de empleo que podría no solo actuar con remiendos sino hacer un traje nuevo a medida" 
No obstante, Pérez Bueno comentó que hace poco celebraban una medida que va en la buena dirección y que es aumentar la compatibilidad entre pensión no contributiva y percepción de un salario de ayudas para personas que, por ejemplo, realizan prácticas en una empresa. "Hay que seguir por esa línea", indica, porque "no hay ningún principio en la Seguridad Social ni ningún principio económico ni político que impida ir a mucha mayor compatibilidad".
 
"Y es que", preguntaba el presidente del CERMI retóricamente, "¿qué haríamos compatibilizando esas prestaciones? Activando a esas personas con discapacidad e incluso poniéndolas en un disparadero que, si se consolida y se reafirma su apuesta por el trabajo, por la actividad, terminarán dejando la prestación al final del camino porque ya tendrán un salario. Y ya no estará justificada, o solo muy residualmente, seguir recibiendo una prestación. Hay que ir por ahí porque lo que hacemos es activar a personas y que pasen a ser contribuyentes activos. Esta medida es una mejora pero solo afecta a las pensiones no contributivas, si nos vamos a las contributivas, hay que subrayar que hay cientos de miles de personas con una incapacidad permanente absoluta o total y no les damos la oportunidad de habilitarlos para seguir trabajarlo o, al menos compatibilizar, el trabajo con la pensión". Lo peor, en su opinión, es que "no hay nada que impida hacerlo salvo una negación política".
 
También pide el CERMI que en la próxima legislatura se incluya una Ley Integral de Protección de las Familia porque existe una anomalía que se considera "natural y es que el Estado solo tiene una ley de protección a las familias numerosas y, por tanto, solo se protegen a las familias con apellidos". Está de acuerdo el CERMI en que las familias que tengan más necesidades hay que apoyarlas más y con más intensidad, pero que al igual que tiene un título competencial para ayudar a las familias numerosas "tendría que haber una ley que ayudara a todo tipo de familias, tengan o no más o menos miembros y proporcionalmente a lo que necesiten. Hay espacio para una ley estatal de protección a las familias, aunque a las numerosas se les ayude más, y como no lo tenemos, lo pedimos. Es el momento de que haya una ley de protección integral a las familias". 
 
Pérez Bueno recordó, en este tema de la familia, que los informes demuestran que la crisis se ha acusado más la crisis más, llegando a situaciones extremas de exclusión, de pobreza e incluso de carencia de elementos básicos como la alimentación, precisamente, en familias sin ningún tipo de apoyo como, por ejemplo, "en mujeres solas que se ocupan de sus hijos, que no trabajan, que no tienen asegurado el recurso de la vivienda, que al no trabajar están fuera de los apoyos fiscales y la seguridad social, o solo acuden a los no contributivos. Ahí es donde mayor exclusión se ha visto y es porque hay una mala protección social en general de las familias de nuestro país. Si, encima, algún miembro de la familia tiene discapacidad, el efecto negativo es exponencial. Pedimos una ley que ofrezca una protección de la familia más mallada, más tramada, que soportaría mejor las inclemencias, como hemos visto, de la crisis".
 
LA MUJER CON DISCAPACIDAD
 
Una de las peticiones del CERMI para la nueva legislatura es la revisión del ordenamiento jurídico para prohibir y suprimir prácticas contrarias a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que se ceban particularmente contra las mujeres y niñas, como la esterilización forzosa, el aborto coercitivo y la ablación. "Por desgracia tenemos que seguir insistiendo en esas prácticas porque no son solo sumamente hirientes sino que están en contra la civilización, no ya solo contra una ideología o una idea. A estas niñas y mujeres con discapacidad se les niegan sus derechos básicos como es decidir sobre su cuerpo o sobre su descendencia mediante la esterilización no consentida, el aborto coercitivo, etc. Pero esto tiene después infinitas ramificaciones como las restricciones a la reproducción asistida".
 
Sin embargo, el tema en el que insisten con gran énfasis y que "no está resuelto socialmente" es, según informó Pérez Bueno, "la violencia contra las mujeres y niñas". "Es curioso", a su parecer, que "si midiéramos el índice de desarrollo humano de las mujeres y niñas con discapacidad es inferior sistemáticamente al de los varones con discapacidad e inferior al de las mujeres y hombres sin discapacidad. Están en el peor de los escenarios posibles", sentenció. "Porque a la hora de aportar víctimas mortales y no mortales a esa triste estadística de la violencia de género, la discapacidad participa muy superiormente a lo que numéricamente representa. Si somos el nueve por ciento de la población entre mujeres y hombres con discapacidad, no podemos aportar el 20 por ciento de víctimas". 
"A la hora de aportar víctimas mortales y no mortales a esa triste estadística de la violencia de género, la discapacidad participa muy superiormente a lo que numéricamente representa"
Además, el presidente del CERMI acusó a la violencia de género de tener también "un sesgo contra las mujeres y niñas con discapacidad porque la sufren más que otros sectores de la población. Por tanto, no estamos haciendo lo suficiente en este ámbito", recalcó, "y es una enorme paradoja que para lo bueno estoy peor y para lo malo aporto más que los demás.
 
Aquí sí que CERMI es muy enfático y muy insistente en reclamar más medidas para solucionar esto especialmente la toma conciencia de la propia mujer o niña con discapacidad y su entorno, que entiendan que están sufriendo violencia y qué en qué consiste esta violencia porque, a veces, lo asumen como algo natural porque nadie les ha dicho que eso está mal y va en contra de sus derechos". También recordó el mandatario que hay que trabajar, en este sentido, el acceso a la justicia, la prevención y la denuncia, y que el sistema de justicia policial y de persecución no sea algo que sea "casi tan penoso como el delito respecto a las dificultades, barreras, incomprensión, tardanza, etc., que a la persona la hagan desistir y quedarse en esa situación de violencia".
 
Para ello, una de las propuestas es la elaboración en el primer año de legislatura de una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que ofrezca un retrato actualizado y fiel de esta realidad poco conocida, que a su vez permita orientar las políticas y estrategias de erradicación de la violencia contra este grupo social. Y es importante, relata Pérez Bueno, porque "no sabemos, solo tenemos indicios, y la macroencuesta de violencia de género en el ámbito de la discapacidad, sería una medida concreta. Tenemos también acercamientos solo aproximados, parciales, y queremos tener datos porque, a partir de los datos, en la agenda política cobrará importancia. Cuando se vea de verdad la trascendencia y la proyección de esta realidad oculta, semioculta y que ahora mismo es opaca, se tomará conciencia".
"El CERMI pide una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que ofrezca un retrato actualizado y fiel de esta realidad poco conocida"
También demándó Luis Cayo Pérez Bueno para la próxima legislatura, respecto a la accesibilidad universal, la creación por ley del 'Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal', nutrido del uno por ciento de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este Fondo se financiarían programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español. A esto, advirtió que con arreglo a la legislación vigente, el año 2017 es el límite temporal máximo para que todos los entornos, productos y servicios sean universalmente accesibles y que lo que plantean es ahora "no es volver sobre lo legislado, que está bien, sino que se cumpla poniendo los medios adecuados". Añade que "todo lo que esté abierto a la pluralidad de participación tiene que ser accesible. Aunque se hayan hecho cosas, vamos mal. Faltan elementos regulatorios, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad horizontal que es otro de los temas en los que insistimos". 
 
El presidente del CERMI, respecto a este último tema, bromeó diciendo que ya no sabía, si fuera creyente, a qué santo o a qué coro celestial encomendarse para resolver este asunto. Refirió que desde el 2003, cuando comenzamos con a abordar este tema, ya han pasado por cuatro reformas de la Ley de Propiedad Horizontal, pero que "no dejan de ser parches, retazos, que no resuelven el problema. Hay una incapacidad política de hacerse cargo del problema y buscar soluciones a la altura, que no se entiende. Solo es comprensible en esa falta de sintonía de nuestra clase política, nuestros dirigentes porque, a veces, no solo son los políticos de mayor decisión sino la tecnocracia que está en los ministerios y que ponen el grito en el cielo cuando no se está pidiendo nada extraordinario o raro que vaya a perturbar la vida en comunidad". 
 
Asimismo, manifestó Pérez Bueno de no conseguirse lo que piden respecto a la propiedad horizontal "habrá que pasar a una movilización o a acciones de presión porque parece que es el único mensaje que entienden algunos. Solo con el diálogo, con la propuesta, razonando no se llega, muchas veces, a resultados. Pero sí, esto en 2020 no tiene que suceder porque no es costoso y hay más del 70 por ciento del parque de edificios de viviendas de nuestro país que no tiene buenas condiciones de accesibilidad". Añade la cabeza del movimiento asociativo que si la accesibilidad que pide un ciudadano, sea un mayor o una persona con discapacidad, se indujese por una ley, también repercutiría mucho en la economía las rehabilitaciones, la inversión en elementos como ascensores, escaleras, obras, actuaciones, etc. "Porque puede haber ayuda pública, pero quien lo soportan por ahora son las comunidades de propietarios". 
 
Criticó el presidente del CERMI también que "a nadie le ha dolido prenda habilitar, con ayuda de 300 millones de euros procedentes del Ministerio de Industria a las comunidades de propietarios, las antenas para la nueva resintonización de la TDT de hace seis meses". "Que me digan a mí o la persona que pide accesibilidad en su edificio porque no puede salir libremente de su casa o que tiene, incluso, que salir a rastras si no hubiera sido socialmente justificadísimo que esos 300 millones no se hubieran invertido en antenas para ver otro canal más de tantos, que tantas veces nos muestran solo basura, en lugar de poner ascensores, quitar escaleras, poner rampas o vídeo porteros para personas sordas. ¿No hubiera sido un mejor destino? Nadie ha tenido que pedir dinero para el tema de la resintonización, no han existido movilizaciones sociales para ello. Y aquí, donde hay una petición, que ya es un ruego, un grito, no se nos atiende", denunció Pérez Bueno. 
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI "El CERMI critica que el Ministerio de Industria haya dado 300 millones de euros a las comunidades de propietarios para resintonizar antenas en lugar de para dotar de accesibilidades los accesos a las viviendas de personas con discapacidad"
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 
Pero el CERMI también tiene propuestas para los medios de comunicación, especialmente para los de titularidad pública. "Se trata de una demanda insistente", dijo el representante de la entidad. "Creemos en la libertad de expresión, en que no se puede imponer a los medios una línea ideológica, pero los medios son también miembros de una sociedad democrática y tienen que respetar los valores de la diversidad absolutamente inderogables, que vincula a todos los miembros de la sociedad como son no discriminar, no vejar, respetar y poner en positivo el valor de diversidad porque eso incumbe a todos". 
 
"Los medios de titularidad pública", continuó, "tienen una mayor obligación y, en ese sentido, sí que hemos pretendido legislar. En el resto presionar, influir y trabajar con ellos para que se convenzan. Y, en todo caso, denunciar también cuando pasen la línea roja e incurran en discriminación, desprecio o en algún elemento que no sea tolerable desde el respeto de algún miembro valioso de la comunidad.
Pero remarcó el incumplimiento de los medios de titularidad pública porque "siguen teniendo otras lógicas diversas y siguen siendo no una ventana abierta sino una ventana con la persiana echada para la diversidad. Y eso hay que decirlo porque viven de nuestros impuestos, impuestos que pagamos tanto unos como otros". 
 
ESPACIO SOCIOSANITARIO
 
Por último, en la presentación de su documento de propuestas, el CERMI, que siempre ha perseguido la creación de un espacio sociosanitario, se expuso que proponen "reformar a la par la Ley General de Sanidad, que ya tiene unos años, que definió, y la Ley de Autonomía y Dependencia, con ese proceso de refundación, y crear ahí el espacio sociosanitario". Pero exigen este espacio con "rango legal, no solo como estrategia o como grandes directrices, que, en el fondo, no deja de ser papel y, en el peor de los casos, papel mojado porque al final cada comunidad autónoma o cada ministerio hace lo que cree conveniente. Queremos ir a la base que en un Estado de Derecho, las leyes, y establecer ahí los mecanismos básicos de lo que se entienda como espacio sociosanitario", explicó Pérez Bueno. 
 
Para él, es "verdad que tenemos un sistema nacional de salud con un rango o posición frente a un sistema de servicios sociales, que no es tal, que no tiene ni ley estatal siquiera". Criticó que las relaciones entre los dos "no son fáciles y que, a veces, incluso se miran de espaldas o no se miran directamente. Ha llegado el momento de crear el espacio sociosanitario, ya no nos vale avanzar solo en la generación de condiciones". 
 
El presidente del CERMI recordó que el futuro del sistema sanitario, tal y como habían concluido expertos que participaron recientemente en un seminario justo sobre el futuro del sistema nacional de salud, "pasa por lo que se haga en el ámbito sociosanitario". Concluyó Pérez Bueno la presentación del documento de propuestas para los programas de los partidos políticos que concurrirán en las generales advirtiendo, sobre este tema del espacio sociosanitario, que "no arreglar o reforzar de forma importante la atención social puede provocar el colapso del sistema sanitario tal y como lo conocemos. Y no apoyar al más débil, en la mentalidad de estos que se oponen, puede poner en riesgo al más fuerte". 
 
 
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