En una reunión mantenida con Alicia García, Diputada por Ávila del Grupo Popular y anterior Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, el CERMI ha señalado que toda la acción legislativa y la política pública que se despliegue por los poderes públicos han de seguir la estela de las recomendaciones a España del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas formuladas el pasado mes de abril, tras el examen a que fue sometido nuestro país sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Cuestiones como la reforma del artículo 49 de la Constitución, pendiente de la anterior Legislatura; la reforma integral del Derecho civil para adaptarlo a las exigencias en materia de igual capacidad jurídica al tratado internacional de la discapacidad; la creación de un fondo estatal de accesibilidad; la aprobación de una nueva ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad o la igualdad efectiva para las mujeres y niñas con discapacidad, han sido expuestas por el CERMI como reivindicaciones que necesitan una repuesta legislativa de modo urgente.

 

En el ámbito de la autonomía personal, el CERMI ha insistido en la necesidad de extender la asistencia personal como prestación social más inclusiva, abandonando la postración en que se encuentra ahora, por la falta de voluntad política de la mayor parte de las Administraciones sociales (estatal y autonómicas).

 

El CERMI y el Grupo Popular en el Congreso han acordado mantener un relación fluida y estable a partir de un diálogo sincero y constructivo, que permita el avance de la agenda política de la discapacidad.