Así lo indica el Defensor del Pueblo en su Informe Anual correspondiente a 2018, presentado este martes por el titular en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente.

 

La oficina dirigida por Fernández Marugán indica que el año pasado atendió 244 quejas relativas al procedimiento sancionador de tráfico, por 304 en 2017, y que vela “especialmente” por los derechos de las personas con discapacidad en aspectos como plazas de estacionamiento reservado, nueva movilidad urbana, diseño de aceras, etc.

 

Precisamente, el informe dedica un apartado a las personas con discapacidad dentro de un epígrafe destinado al tráfico y señala que este sector de la población es “especialmente vulnerable en la movilidad urbana” y al que “el Defensor del Pueblo ha prestado siempre una especial atención”.

 

Una de las actuaciones llevadas a cabo por esta oficina surgió tras recibir la preocupación del CERMI de que los nuevos vehículos urbanos de movilidad personal, sean eléctricos o no, causan problemas de seguridad y accesibilidad en este colectivo de población.

 

"El uso masivo de este tipo de vehículos, que en la mayoría de los casos son eléctricos y silenciosos, y que circulan a gran velocidad por las aceras, además de ser aparcados indebidamente, está originando que las personas con problemas de movilidad y discapacidad no se percaten de su presencia, y muchas veces no puedan evitarlos, lo que genera obstáculos al tránsito peatonal y puede dar lugar a accidentes de consideración", apunta el informe.

 

 

Los patinetes eléctricos son los vehículos de movilidad personal más populares, pero no los únicos, ya que también hay segways, minisegways, monociclos eléctricos, hoverboards, hoverkarts y monopatines.

 

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, dio a conocer el pasado diciembre los primeros datos sobre incidentes relacionados con patinetes eléctricos y desveló que estos vehículos atropellaron a 203 peatones en 44 ciudades españolas durante los 11 primeros meses de 2018 y se vieron implicados en 273 accidentes de tráfico, además de haber estado presentes en 2.330 infracciones administrativas sólo en la ciudad de Barcelona.

 

El año pasado hubo cinco personas fallecidas en España por accidentes relacionados con vehículos de movilidad personal, según un informe de la Fundación Mapfre recogido por Servimedia: un niño de cinco años al ser atropellado por un autobús tras perder el control de su hoverboard en Badajoz, una peatona de 92 años tras ser arrollada por dos jóvenes que iban en un patinete eléctrico en Esplugues de Llobregat (Barcelona), un hombre de 60 años al resbalar con un patinete eléctrico sobre el pavimento mojado en Niembro (Asturias), una mujer de 40 años al ser atropellada por un camión tras perder el control de su patinete eléctrico en Girona y un hombre de 33 años al ir con un patinete eléctrico de noche e impactar contra un coche en una carretera de Córdoba.

 

 

El Defensor del Pueblo se dirigió el año pasado a la Dirección General de Tráfico (DGT) para conocer su trabajo sobre la clasificación de los vehículos de movilidad personal y constató que en el último trimestre del año pasado se aprobaron ordenanzas municipales que regulan su uso.

 

“La movilidad urbana ha experimentado grandes cambios en un breve espacio de tiempo y las administraciones deben dar una respuesta jurídica ágil y eficaz a estas nuevas formas de desplazamiento, teniendo en cuenta a todos los usuarios que ocupan la vía pública, y preferentemente a los más vulnerables, como son las niñas y niños, las personas mayores y las personas con discapacidad”, sentencia del Defensor del Pueblo.

 

Además, el informe recoge otros casos relacionados con el tráfico y las personas con discapacidad, como el de una ciudadana que se dirigió al Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) denunciando las condiciones de la rampa de acceso a una parada de autobuses y no había sido atendida, o la actuación de la institución dirigida por Fernández Marugán para que en Alcalá de Guadaira (Sevilla) se cree una nueva plaza de estacionamiento para personas con discapacidad, o el hecho de que una ciudadana recibió 13 expedientes sancionadores por aparcar en una zona reservada para personas con movilidad reducida cuando dispone de una tarjeta que autoriza a tal efecto.