Por este motivo ha solicitado una reunión con la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, para exponerle las propuestas del comité en materia de participación y ofrecerle toda la colaboración.

 

La necesidad de cambio ha quedado patente en la baja participación en las recientes elecciones al Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), celebradas el 2 de julio pasado, en las que sólo votaron 2.130 personas, cifra inferior a la de las elecciones de 2011 (2.216) y 2007 (2523).

 

Precisamente, el comité había pedido que se detuviera la renovación del IMPD hasta que se estableciera un nuevo modelo participativo, en el que la visión de la discapacidad debe estar presente, de manera transversal, en todas las líneas de acción política y, por tanto, se debe diseñar globalmente y de manera colaborativa. Por ello, propone la aprobación de una normativa municipal que establezca los interlocutores, espacios, calendario y formas de participación del colectivo en las políticas de ciudad.

 

Esta actualización de modelo es aún más necesaria si tenemos en cuenta que la población en Barcelona ha crecido más de un 22 por ciento en nueve años, pasando de 106.397 personas con discapacidad en 2007 a 129.971 en 2016.

 

El modelo vigente tiene como eje el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), que ha sido un importante motor para mejorar la calidad de vida y autonomía de los barceloneses con discapacidad y/o trastorno mental y sus familias.

 

Sin embargo, para el presidente del CERMI, Antonio Guillén, "después de 30 años de funcionamiento, ha llegado el momento de dar un paso adelante y adaptarse a los nuevos tiempos en la forma de proteger nuestros derechos. De estar representados en un espacio y organismo específico, queremos participar y ser incluidos, de manera global y como el resto de ciudadanía, en todos los aspectos de la vida de la ciudad".