¿Cuál es su papel en el III Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad?

 

Por acuerdo del Patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad, he asumido la dirección de la tercera edición del congreso que se celebrará en la ciudad de Granada, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021. Mi función es coordinar las actuaciones necesarias para lograr que la III Edición se desarrolle conforme al programa diseñado y llegue al mayor número de personas interesadas. Junto con el patrono y Comisionado de Congresos, Antonio Luis Martínez-Pujalte, daremos continuidad al trabajo iniciado con las dos ediciones anteriores.

 

¿Qué experiencia tiene de las ediciones anteriores?

 

La experiencia de ediciones anteriores es muy gratificante y alentadora. Tanto en la primera edición con el título: "Nuevos horizontes en el Derecho de la Discapacidad: hacia un Derecho inclusivo” celebrada en Elche, en noviembre de 2017, como en la segunda edición celebrada en febrero de 2019 en Pamplona con el título "Avanzando en la inclusión” contamos con un importante número de congresistas pertenecientes al sector privado, a la Administración Pública, al movimiento asociativo y al mundo académico.

 

Las ponencias y comunicaciones presentadas están publicadas por la prestigiosa editorial Thomson-Reuters Aranzadi.

 

En ambos congresos se puso de manifiesto la importancia que, desde entonces, tenía el incipiente Derecho de la Discapacidad y se constató el interés teórico y práctico que tiene. La necesidad de continuar trabajando en el desarrollo de esta disciplina jurídica se evidenciaba con las intervenciones y los debates que suscitaban los temas abordados. Es muy importante la realización de estos foros para propiciar la puesta en común y el intercambio de opiniones sobre los distintos temas relacionados con la discapacidad.

 

¿Qué valor tienen estos congresos socialmente, de cara al sector más implicado, como es el de las personas con discapacidad?

 

Los congresos tienen un gran valor, fundamentalmente por tres razones: una, es un cauce idóneo para que desde el movimiento asociativo y por las personas con discapacidad se traslade al ámbito profesional y académico la realidad, las inquietudes, las reivindicaciones del sector, así como propuestas y líneas de trabajo; sdos, e normaliza y se visibiliza la existencia de prestigiosos profesionales con discapacidad que participan como ponentes especialistas, así como congresistas que con su participación y sus comunicaciones realizan aportaciones muy cualificadas, y tres, contribuimos a erradicar una de las principales barreras que siguen existiendo, como es la desinformación en relación con el sector de la discapacidad. La toma de conciencia del modelo social de la discapacidad, y todo lo que conlleva, es tarea pendiente en la sociedad, y desde las ediciones del Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad colaboramos en ella.

 

¿Y en términos jurídicos?

 

Igualmente, tienen un gran valor. El Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad constituye un importante foro jurídico para congregar a profesionales de todas las áreas del Derecho, por lo que se convierte en una reunión académica que es el referente en esta materia, pues no hay otro con estas características, en la que no sólo hay aportación de ideas y difusión de las investigaciones jurídicas en el Derecho de la Discapacidad, sino  que al tener carácter bianual cumple una función de diagnóstico de los avances legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, así como de las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico. Se marcan rutas para seguir avanzando en la configuración del Derecho de la Discapacidad.

 

Y es muy importante destacar que no es un congreso de carácter meramente teórico, sino que por el contrario permite conectar con la realidad de las personas con discapacidad, con los problemas de las asociaciones, entidades y familias. En definitiva, facilita un acercamiento a la realidad de las personas con discapacidad constituyendo una base para diseñar los futuros trabajos a realizar desde el conocimiento real de la situación del sector de la discapacidad.

 

¿Cree que se está logrando consolidar la rama del Derecho de la Discapacidad?

 

Por supuesto, el Derecho de la Discapacidad es rama del Derecho consolidada. Su configuración se ha ido fraguando desde que se publicara en el año 2009 la obra colectiva dirigida por Luis Cayo Pérez Bueno, “Hacia un Derecho de la Discapacidad: Estudios en homenaje al profesor Rafael de Lorenzo” y es una disciplina avalada por numerosas obras y revistas especializadas. Por ejemplo, contamos con la colección Grandes Tratados de la prestigiosa editorial Thomson-Reuters Aranzadi, que actualmente se compone de dos importantes y extensas obras colectivas dirigidas por Rafael de Lorenzo García y Luis Cayo Pérez Bueno “Fundamentos del Derecho de la Discapacidad” del año 2020 y “Nuevas fronteras del Derecho de la Discapacidad” del año 2021, estando en prensa otros trabajos de gran repercusión en el mundo jurídico.

 

Igualmente, podemos destacar la Revista “Anales de Derecho y Discapacidad”, publicación de carácter anual en la que, desde el año 2016 se recogen estudios, artículos, reseñas, comentarios y materiales de interés y actualidad sobre distintos aspectos de la discapacidad, siempre desde una perspectiva jurídica, con el propósito de ofrecer análisis legales y posiciones doctrinales que contribuyan a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 

Animo a visitar las páginas web de la Fundación Derecho y Discapacidad y de CERMI, en las que podrán consultar numerosos trabajos e información de carácter jurídico, muestra de la consolidación del Derecho de la Discapacidad como rama con identidad propia y autónoma de las Ciencias Jurídicas.

 

¿Es posible implicar a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del Tercer Sector en la construcción de esta rama del Derecho? ¿Cómo?

 

Es posible implicarlos y así se está haciendo.  En primer lugar, porque el Derecho de la Discapacidad nace desde el movimiento asociativo y del Tercer Sector pues sus precursores son De Lorenzo García y Pérez Bueno, máximos representantes. Y, en segundo lugar, porque el conocido lema «Nada sobre nosotros sin nosotros» es una realidad respaldada por el “diálogo civil” reconocido con carácter general en el art. 9.2 de la Constitución Española y expresamente, como principio en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2013. Esto significa que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias han de participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas sociales. Actualmente, el movimiento asociativo está configurado como un operador jurídico más, como agente dinamizador y propulsor de la vida legislativa participando en la tramitación de las leyes. Igual se puede resaltar de la Plataforma del Tercer Sector cuyo intenso trabajo permite la colaboración, cooperación y el diálogo permanente con las Administraciones Públicas. 

 

Todas estas actuaciones diarias de las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del Tercer Sector son las que nutren de contenido al Derecho de la Discapacidad conformándolo como una disciplina viva que se desarrolla a la par que la realidad de las personas con discapacidad.

 

Esta tercera edición lleva por título 'El Derecho de la Discapacidad: una disciplina jurídica transversal'. ¿Cuál es la intención del congreso bajo ese enunciado?

 

La finalidad es destacar el valor que tiene el Derecho de la Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. Es una disciplina jurídica autónoma, perfectamente fundamentada en normas y principios, pero que no queda aislada de las demás áreas del Derecho, sino que, por el contrario, cumple una importante función de cohesión tanto en disciplinas de Derecho público como de Derecho privado. Prueba de ello es la selección de temas que se van a abordar en el III Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad que conectan con otras ramas del Derecho, como el Derecho procesal, Derecho internacional, Derecho penal, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Filosofía del Derecho, Derecho Civil, etc., …

 

El Derecho de la Discapacidad no es una disciplina para las personas con discapacidad, sino que es una disciplina más de nuestro ordenamiento jurídico desde la que se ofrecen “nuevas ópticas, metodologías, herramientas y enfoques para conseguir el objetivo perseguido que no es otro que mejorar cuantitativa y cualitativamente los niveles de protección jurídica, real y efectiva de las personas con discapacidad”. El texto entrecomillado lo he extraído de la obra “Fundamentos del Derecho de la Discapacidad” a la que antes me referí, cuya lectura recomiendo y de la cual hice una recensión en la Revista de Derecho Civil en la que destaco precisamente la transversalidad y que pueden consultar a través del siguiente enlace.

 

En su experiencia como directora de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado vinculados a la Discapacidad, ¿cómo observa la evolución de estas cuestiones entre los futuros profesionales del Derecho?

 

Soy optimista al comprobar que, desde el momento en que se ofrece formación e información a los estudiantes de Grado y Posgrado (de todas las áreas de conocimiento), inmediatamente asumen el modelo social de discapacidad y los principios derivados de la Convención; toman conciencia del valor de la inclusión social y del alto número de situaciones de discriminación por discapacidad. 

 

No obstante, no podemos quedarnos en trabajos, investigaciones o proyectos puntuales, aunque afortunadamente cada vez son más profusos en las Universidades españolas. Es necesario que el conocimiento de esta materia llegue a todos los estudiantes universitarios. La formación a los actuales estudiantes universitarios de Ciencias Sociales y Jurídicas en general, y del Grado en Derecho, en particular es garantía de la preparación-cualificación de los futuros profesionales (abogados, jueces, notarios, fiscales, registradores, empresarios, etc.)

 

De ahí la necesidad de actualizar el contenido de los Planes de Estudios adaptando los contenidos del Grado para que se incorporen las materias (dependiendo de cada asignatura) y las competencias que el alumnado debe adquirir con relación a las personas con discapacidad, crear asignaturas optativas específicas, así como líneas de investigación, entre otras muchas actuaciones que se deben hacer.

 

Es requisito sine qua non la preparación de los futuros profesionales para que conozcan, asuman y trasladen a su ámbito de trabajo y relaciones sociales todas los principios y conceptos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

La verdadera inclusión social es un proceso, no una actuación aislada, por lo que hay que transmitirla en todas las etapas del sistema educativo español, siendo determinante la formación en la etapa universitaria.

 

Tras los avances tan importantes logrados en los últimos años en cuestiones como el derecho a voto, la esterilización forzosa, la reforma civil y procesal y la casi inminente reforma constitucional del artículo 49, ¿qué señalaría como objetivo primordial de un futuro próximo? 

 

El objetivo primordial es continuar avanzando y no retroceder en logros conseguidos tras muchos años de reivindicaciones y trabajo.

 

Se pueden marcar muchos objetivos en distintas áreas, y todos son transcendentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad: educación, mujeres y niñas con discapacidad, vivienda digna, barreras arquitectónicas, internamientos involuntarios, atención primaria, accesibilidad cognitiva, etc.

 

Es imprescindible continuar con la actualización de las normas que aún siguen sin estar adaptadas conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha de actuar conjuntamente, encajando las distintas piezas de un gran puzle como es el ordenamiento jurídico español para así lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y de obligaciones.

 

No obstante, sí quiero llamar la atención sobre la importancia de que los cambios legislativos deben ir acompañados de la correcta aplicación de las normas. No tiene sentido, al contrario, es desalentador el incumplimiento (en algunos casos sistemático) de la Ley. Llega a ser frustrante comprobar que todo el esfuerzo para lograr la aprobación de una norma queda en el papel. Por ejemplo, se incumplió con los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación previstos en la Disposición adicional tercera de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013.

 

Ahora tenemos un objetivo primordial: lograr el cumplimiento de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ha supuesto una gran reforma legislativa que requiere de un gran esfuerzo para su aplicación real y efectiva a partir de su entrada en vigor, el 3 de septiembre de 2021. No va a ser fácil por lo que todos los operadores jurídicos hemos de trabajar de forma constante y continúa, asumiendo los reajustes que conlleva y haciendo un seguimiento férreo de su cumplimiento. 

 

(*) Esperanza Alcaín, profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. Miembro del Foro Justicia y Discapacidad