"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Joan Planells, presidente del CERMI Comunidad Valenciana (CERMI CV)
“Muchos derechos que reconoce la Convención de la ONU son subjetivos y deben estar ahí siempre, sin depender de que haya presupuesto o no”
24/06/2016
Blanca Abella
El país ha vivido un tsunami pero en la Comunidad Valenciana el efecto ha sido más dañino, a juicio de Planells. Los recortes y la propia crisis han afectado al empleo, a la educación, a la salud y al bienestar, y un solo año de nuevo gobierno tampoco hace milagros. Es necesario ir poco a poco y hacerlo bien, “que se legisle bien” y que se adapte definitivamente la Convención de la ONU, que “lleva ocho años y a veces da la sensación de que todavía es nueva”, afirma el presidente del CERMI CV.
Se trataba de una visita institucional, pero aparte de la foto, dimos un memorándum con la situación de las cosas y con lo que esperábamos. Encontramos una actitud dialogante. Venimos de una etapa muy dura para el sector y se ha negociado mal en la legislatura anterior, no por nuestra parte por supuesto, sino por una cerrazón, unos recortes establecidos, etc. y nosotros esperábamos y esperamos que esta legislatura sea un cambio real.
Entre sus demandas, se encuentra la reforma del Estatuto de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Servicios Sociales, ¿cuán urgente es esa reforma y cuánto cree que se tardará en abordar?
Es urgente por los hechos, por la situación del país, es decir, el país ha vivido un tsunami que ha destrozado demasiadas cosas y ahora hay que recomponerlo todo y nos estamos encontrando con que se están tomando un montón de medidas urgentes, o de iniciativas de ley urgentes y todas ellas, a lo mejor, deberían estar englobadas en la ley de servicios sociales; por ejemplo en estos dos últimos meses he asistido a una comisión de las Cortes, como parte, porque se trataba la Ley de Emergencia Energética, y para algunas personas con discapacidad la energía es imprescindible, si lo es en todos los hogares, para ellos más, por los aparatos técnicos que llevan. Desgraciadamente, la discapacidad en muchos casos va asociada a pobreza porque una persona con discapacidad necesita un montón de cosas para vencer la vida, los obstáculos, las medicaciones, prótesis, etc. que no necesita una persona sin discapacidad.
Apuntaba usted la oportunidad de que ambas normas, el Estatuto de las Personas con Discapacidad y la Ley de Servicios Sociales no se contradigan, ¿ha ocurrido eso con las normas actuales?
Cuando salió el Estatuto de las Personas con Discapacidad y luego la Ley de Servicios Sociales, había matices a veces relativamente importantes que llamaban la atención porque cada una, en su elaboración, había seguido caminos diferentes. Ahora, hay una iniciativa legal, que es la Ley de Emergencia Energética y una segunda iniciativa que está en otra comisión, que es la Ley de Emergencia Social. Se están tramitando pero han seguido caminos distintos. Algún diputado, en el trabajo de Comisión, nos advirtió, y con bastante acierto, de que esto eran leyes, que de no ser por la necesidad de ir urgentemente, tendrían que ir todas juntas e insertas en la Ley de Servicios Sociales. Efectivamente, la futura Ley de Servicios Sociales debería englobar todas estas iniciativas y sobre todo evitar que haya cosas que puedan de alguna forma contradecirse o no ser coherentes.
"La Convención lleva ocho años y a veces da la sensación de que todavía es nueva porque se hace muy poca referencia a ella"
¿Cuáles son los principales cambios que se deben abordar en estas normas, además de la adaptación a la Convención de la ONU?
La Convención lleva ocho años y a veces da la sensación de que todavía es nueva porque al ver los proyectos de ley e iniciativas legales, etc., se hace muy poca referencia a ella. Y es verdad que mucha normativa se ha quedado obsoleta porque en la Convención de la ONU, muchos de los derechos que se reconocen son derechos subjetivos que deben estar ahí siempre, sin depender de que haya presupuesto o no. Los gobiernos han de comenzar ya con unas memorias económicas serias cuando se hacen las leyes; yo no puedo decir que con la Ley de Autonomía Personal haya habido una memoria seria porque no se tuvo en cuenta un montón de cosas. Y lo que queremos nosotros es que se legisle bien.
¿Cómo se encuentra ahora el tema del copago en la Ley de Autonomía Personal?, ¿cómo ha quedado la cuestión en Valencia?
El nuevo Gobierno entró con la promesa de ponerse al día con la Ley de Autonomía Personal. Han hecho muchas resoluciones nuevas, pero un año ha dado de sí lo que da de sí, les queda bastante por hacer y ellos mismos te lo dicen. Nosotros dábamos las gracias por el esfuerzo que se estaba haciendo, pero al mismo tiempo, la Vicepresidenta del Gobierno no tuvo inconveniente en decir que le quedaba mucho por delante.
¿Y en cuanto al copago en esta ley?
Ahí entramos en otra cuestión, y es que la realidad está yendo más aprisa que las leyes, porque tenemos un grupo de gente, desgraciadamente no tan numeroso como querríamos, que ha recurrido los diversos copagos y se está encontrando con sentencias muy favorables a ellos, sentencias en las que se dice que se les devuelva todo el copago, o no se reconoce la legalidad del copago… fíjate que el poder judicial es lento, pues aún ha ido más rápido que el poder político.
Reclamaba el CERMI CV, también recientemente, la importancia de que se desarrolle la figura del asistente personal, ¿qué supondría esto para las personas con discapacidad?
Las administraciones tienen miedo al coste y nosotros sabemos que de momento el tema puede ser muy limitado, pero sea como sea hay que empezar a hacer algo en este sentido.
El Sistema de valoración de la discapacidad también es objeto de controversias, ¿qué ocurre en la Comunidad valenciana y qué reclama el CERMI CV?
Hay unos baremos del año 99 que se aplican desigualmente en las diferentes comunidades, en unas son más papistas que el Papa y en otras son más laxos, de hecho sabemos que entre algunos colectivos, hay provincias que se señalan como más fáciles que otras… o sea que una misma persona puede tener valoraciones muy distintas según las autonomías y esto ya es gordo, pero es todavía mucho peor que un padre con un hijo con enfermedad mental vea cómo la enfermedad de su hijo se agrava con la edad, algo que se percibe incluso visiblemente, y de la noche a la mañana, cuando tiene que renovar esa valoración, tras pasar por el centro le digan que su hijo ha mejorado, cuando él día a día ve que eso no es así.
"Si no se solucionan las valoraciones vamos a tener que pasar la pelota a los jueces, pero entonces atascamos al poder judicial"
¿Se trata entonces de un problema de interpretación de la norma?
Suponemos que esto es así pero continuamos con el problema encima de la mesa; los técnicos dicen que ellos valoran según los baremos y que no les parece bien que se dude de su profesionalidad; nosotros les decimos que no dudamos de eso ni de nada pero que nos tienen que explicar dos cosas: ¿es verdad que hay tantas diferencias en las valoraciones de una autonomía a otra?, y ¿qué pasa con esos casos, como las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que a partir de los 40 años les ves empeorar bastante y perder facultades pero luego no se percibe en la valoración a pesar de que lo perciben y lo sufren las familias? Si no se soluciona vamos a tener que hacer como este padre que le pasó la pelota a los jueces y se lo han resuelto, pero entonces atascamos al poder judicial.
¿Cuándo cree que se formará la comisión de discapacidad de las Cortes, ya aprobada?, ¿qué espera de ella?
Ya está aprobado pero nos dijeron que entraría en vigor a finales de septiembre o principios de octubre. Esto fue una iniciativa legal del Grupo Popular y su elaboración se hizo partiendo de la estatal y más o menos lo copiaron o adaptaron a la comunidad. Hubo un debate tenso en las Cortes pero finalmente se votó unánimemente, ningún voto en contra. Creo que hay que mirar hacia adelante y lo importante es que ahora se haga y que todas las leyes que tengan que ver algo con la discapacidad, directa o indirectamente, sean valoradas por la comisión en su momento.
"La Convención exige que en todo foro donde se hable de las personas con discapacidad haya una representación organizada de la discapacidad"
La educación, ¿es inclusiva en la Comunidad Valenciana?
En educación queremos reunirnos con el consejero pero esa cita está tardando en llegar. Entre otras cosas porque está habiendo muchos cambios y nosotros queremos participar más de lleno. En primer lugar, el Consejo Escolar valenciano no tiene representación de la discapacidad organizada, tenía como representante a la Defensora del Discapacitado, una figura que ya ha sido revocada y nosotros siempre luchamos contra ella. Hace tres o cuatro años que modificaron la ley y nos excluyeron a nosotros para poner esa figura. Nosotros ahora, aparte de que esa figura no existe, alegamos que la Convención de la ONU exige que en todo foro donde se hable de las personas con discapacidad, y en educación se tiene que hablar necesariamente, haya una representación organizada de la discapacidad. Reclamamos ese derecho.
Los cambios que se suceden en educación son de todo tipo porque ha entrado una política nueva y de hecho ahora hay manifestaciones de la pública, de la concertada… quiere decir que cuando comienzas a mover un poco el árbol, caen muchas nueces. Y aquí ahora comienzan a moverse muchas cosas y queremos estar ahí, porque las cosas no estaban bien ya antes, porque España es el único país que ha aplicado recortes en la educación y esos recortes han traído una pérdida de derechos, una pérdida de monitores de apoyo para personas con discapacidad, han venido un montón de pérdidas y ahora hay que recuperarlas y en esa recuperación queremos estar nosotros.
Y en el empleo las cosas tampoco van como debieran, ¿no es así?
En empleo tenemos un panorama crítico porque la crisis en esta comunidad ha pegado más fuerte que en otras. En toda España, el empleo protegido se ha resentido en esta crisis y hay muchos Centros Especiales de Empleo (CEE) con auténticos problemas de rentabilidad, que es lo mismo que decir viabilidad. En el documento que entregamos a los dirigentes pedíamos algo que aquí va a ser difícil pero es una realidad en otras comunidades, y es que a la gente que con los años ha perdido la productividad y se hace inviable un CEE, en lugar de hacer que vuelvan a centros de día o centros ocupacionales, donde cuestan bastante más dinero, hemos solicitado que se aplique un 25% más de subvención de fondos propios.
Tenemos muchos centros en una situación crítica y eso nos preocupa porque si tuviéramos que devolver a los trabajadores a un centro de día, sería una indignidad para ellos porque están trabajando en un CEE con un sueldo y una autonomía personal y volver a un centro ocupacional a que te entretengan, esto no es saludable para la dignidad de la persona ni para la autoestima ni para nada. No queremos que los centros entren en crisis sino que se afiancen de verdad las ayudas al empleo protegido.
"Las personas con enfermedad mental son un colectivo de difícil inserción porque las empresas no saben responder a este problema, pero el Estado sí puede dar ese ejemplo que sería crucial"
¿Existe en la Comunidad Valenciana alguna iniciativa que impulse las cláusulas sociales en la contratación pública o alguna otra medida que favorezca el empleo entre las personas con discapacidad?
Estos días acabamos de tener en el Parlamento una iniciativa de Ciudadanos que pedía a las Cortes dos cosas, que se adaptara la ley valenciana de función pública a la estatal, en la que ya se incluye una reserva de plaza del 7%, pero en la segunda parte de esa ley querían ir más lejos, que en lugar del 7 fuera el 10%, con dos condiciones, que se estableciera el 6 para la discapacidad general, un 2% para la discapacidad intelectual y otro 2% para personas con enfermedad mental. Esta es la gran novedad, que este colectivo sea tomado en consideración porque para muchos de ellos el trabajo y el empleo es terapéutico total, sabemos que es un colectivo de difícil inserción porque las empresas no saben responder a este problema pero el Estado sí puede de alguna forma hacerlo y dar ese ejemplo que sería crucial. Si esto llega a ser admitido y somos pioneros, quisiéramos que ese ejemplo cundiera en el resto del país.
El CERMI Comunidad Valenciana creó hace tiempo una Comisión de Mujer, ¿qué trabajos aborda esta comisión y cómo ha sido su recorrido?
El CERMI valenciano ya hace años creó la comisión de la mujer que está siendo muy trabajadora y ha organizado en pueblos y barriadas jornadas y conferencias. Comenzó con un tema que era más sangrante y de urgencia, como era la violencia de género y discapacidad, en esa ocasión el colectivo de la discapacidad física fue el que más empujó a preocuparnos por este tema y ha sido una comisión muy dinámica y trabajadora.
