"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
José Antonio Martín, miembro de la Comisión de RSE-D del CERMI
“El papel de la administración pública es fundamental tanto para facilitar y promover la RSC en las organizaciones privadas como para desarrollarla en su gestión interna”
08/01/2016
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
Cuando este experto del CERMI dialoga sobre la responsabilidad social en Discapacidad en el ámbito de las administraciones públicas, alude a los beneficios y los retornos positivos en ambos sentidos, todas las partes salen reforzadas. José Antonio Martín es el responsable de la guía que edita el CERMI sobre este tema y aunque supone un instrumento de trabajo útil para las administraciones en el camino de la RSE-Discapacidad, reconoce que ya existen buenas prácticas en este sentido y algunos ejemplos e iniciativas que indican la buena disposición incluso desde el ámbito legislativo.
El primer paso es entender la RSE-D como una oportunidad, como una herramienta que favorece la inclusión y el respeto a la diversidad que compone el colectivo de las personas con discapacidad, que le producirá retornos positivos y que le ayudara a mejorar el impacto social de sus políticas.
El 9% de la población española son personas con discapacidad, lo que compone un grupo de interés relevante desde una perspectiva múltiple tanto como usuarios de servicios, como ciudadanos, como proveedores,… que deben ser tenidos en cuenta y a los que la administración pública debe prestar atención específica.
En este sentido señalar que el papel de la administración pública es fundamental tanto para facilitar y promover la RSC en las organizaciones privadas como para desarrollarla en su gestión interna, en sus políticas, en sus intervenciones con los administrados.
Es en esta segunda vertiente donde la Guía publicada por el CERMI incide dando pautas y herramientas para la inclusión de medidas de responsabilidad social a favor de las personas con discapacidad.
¿Con quién tiene que ir de la mano por ese camino de la RSE-Discapacidad? ¿Cuáles pueden ser sus mejores aliados?
Desde luego con el movimiento asociativo de la discapacidad en España, representado al más alto nivel por el CERMI, que es el principal referente al que acudir tanto por su representatividad y legitimidad como por su disposición, conocimiento y experiencia demostrada a lo largo de los últimos años.
El CERMI lleva una trayectoria dilatada y productiva en este terreno, desde la participación a través del Consejo Nacional de la Discapacidad en el CERSE (Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas), participando activamente en el desarrollo y aprobación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social para las Empresas, a las distintas publicaciones y trabajos específicos desarrollados sobre la RSE-D, entre los que es destacable el Sello Bequal, certificado que reconoce a las empresas y administraciones públicas comprometidas socialmente con las personas con discapacidad.
En la propia guía citamos casos de buenas prácticas de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil que han producido excelentes resultados tanto en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad en la función pública como en la relación de los administrados para llevar a cabo gestiones en condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades.
¿Qué resultados puede tener para la discapacidad la puesta en marcha y actuación definitiva de las administraciones públicas en este sentido?
Los beneficios, los retornos positivos para las personas con discapacidad, son muchos y variados. Yo destacaría principalmente el fomento de la igualdad de oportunidades de la mano de políticas y medidas que favorecen la accesibilidad a los productos y servicios, con especial énfasis en las nuevas tecnologías, así como la inclusión laboral tanto en la administración pública como en las empresas ordinarias.
Distintos organismos y administraciones, de distinto ámbito, están llevando a cabo acciones de RSE-D, destacando entre ellas al propio INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) que no solo lleva unos años realizando una memoria de sostenibilidad sino que además ha sido reconocido y certificado por el Sello Bequal como organismo responsable con las personas con discapacidad.
Existen muy buenas prácticas en RSE en general y en RSE-D en particular, desde la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, a la publicación de memorias de sostenibilidad basadas en GRI, adhesión a iniciativas de RSE-D como el Pacto Mundial o el Foro ConR (Foro de la Contratación Socialmente Responsable), la asunción de Códigos Éticos o Códigos de Buen Gobierno, etc.
¿Existe una buena disposición de las administraciones públicas a la hora de abordar estas cuestiones?
La disposición no solo es buena por los ejemplos que he señalado, también por las modificaciones normativas que se han producido como la última publicada en el mes de octubre que ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público que introduce dos novedades muy importantes como es, en primer lugar, la prohibición de contratar para aquellas empresas que no cumplan con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, con el mismo rango que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social o con Hacienda y, en segundo lugar, el establecimiento de porcentajes de reserva en los contratación pública para Centros Especiales de Empleo.
Son dos modificaciones que sin duda van a extender la inclusión de cláusulas sociales en todos los organismos públicos y que ayudaran a la integración laboral del colectivo y al cumplimiento de la cuota de reserva en las empresas de más de 50 trabajadores.
Siempre se ha afirmado que la RSC debe ser impulsada por la alta dirección, en todo caso debe ser asumida por todos incentivando la mejora de las capacidades del personal de las administraciones públicas para que incorporen nuevas prácticas, gestionar el conocimiento y atender mejor las medidas planteadas, en definitiva vencer las resistencias cuando no, en algún caso, la indolencia.
Salir de la zona de confort y cambiar formulas y procedimientos, por ejemplo en los pliegos de contratación, puede resultar costoso si el personal no está motivado y debidamente formado para ello.
¿Qué importancia tienen las memorias de sostenibilidad en las administraciones públicas que propone la guía?
En la guía recomendamos elaborar la memoria anual de RS siguiendo el estándar GRI, que es la guía más utilizada en el mundo, y que dispone de un suplemento sectorial para las administraciones públicas.
El informe o la memoria de sostenibilidad pone en valor, de una forma ordenada y sistemática, el comportamiento de la organización y sus impactos sobre los diferentes grupos de interés, en lo que nos afecta con ella quedamos informados de las medidas llevadas a cabo para integrar la diversidad y la discapacidad.
¿Por qué es necesaria la adhesión a iniciativas de RSC?
Es una de las medidas que proponemos y tiene que ver, sobre todo, con el repaso introspectivo que ha de hacerse para verificar la propia adhesión a la iniciativa, normalmente se tratara de algún tipo de cuestionario que nos hará reflexionar y poner en orden nuestras políticas y actuaciones, que pondrán al descubierto tanto buenas practicas, nos ayudara a identificarlas y será por tanto positivo, como posibles deficiencias, que en muchos casos lo serán por simple desconocimiento, lo que nos permitirá tomar las oportunas medidas correctoras.
Esto permitirá desarrollar estrategias de inclusión de la diversidad y procedimientos sostenibles en las propias administraciones.
