"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Lourdes Méndez Monasterio, presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados
“Está en riesgo el Estado del bienestar”
14/02/2012
Juan Antonio Ledesma
“Nuestro estado del Bienestar está riesgo”, al menos el modelo actual que conocemos. Es necesario adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar y fortalecer derechos consolidados e irrenunciables para los ciudadanos. Es la opinión de la diputada Lourdes Méndez Monasterio, presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
Lourdes Méndez Monasterio tiene un amplio bagaje político. Fue consejera de Trabajo, Consumo y Política Social del Gobierno de Murcia, además de diputada regional, portavoz adjunta en la Asamblea y teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de San Javier.
En una entrevista para “Cermi.es”, la parlamentaria popular desgrana las prioridades de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para la X Legislatura, marcada por la grave situación económica y los recortes presupuestarios en las políticas sociales de todas las administraciones públicas.
Las entidades de la discapacidad no son ajenas a la política de austeridad. ¿Se tambalea el estado del Bienestar?
Vivimos una situación económica muy delicada, que ha puesto en riesgo nuestro estado del Bienestar. El Gobierno anterior ha dejado una herencia que pone en peligro la viabilidad del sistema, pero el Gobierno del Partido Popular adoptará todas las medidas que sean precisas para garantizar su viabilidad y fortalecimiento en los próximos años.
El presidente Rajoy y la ministra Ana Mato, con el respaldo de todo el Ejecutivo y nuestro grupo parlamentario, no dejarán caer el estado del Bienestar. Entiendo la inquietud del movimiento asociativo de la discapacidad ante la situación económica, pero pueden contar con el esfuerzo, apoyo y especial sensibilidad del Ejecutivo de la nación.
Las personas con discapacidad y sus familias aún adolecen de un grado pleno de ciudadanía y, paradójicamente, pueden ser las primeras en sufrir los recortes en políticas sociales.
Es un temor justificado, avalado por la situación que atraviesa el país. Sin embargo, el colectivo de personas con discapacidad puede tener la seguridad de que el Gobierno, con la ministra Ana Mato al frente de las políticas sociales, no meterá la tijera en los presupuestos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hay otras partidas presupuestarias en las que se puede ahorrar antes de tener que disminuir los recursos públicos para el colectivo de discapacitados. Estoy convencida de esta afirmación y del compromiso gubernamental.
Efectivamente, es una Comisión con una buena capacidad de trabajo e interlocución. Nuestra tarea está en situar de manera preferente la discapacidad en la agenda política nacional. Debemos abrir la Comisión a la sociedad civil, a todas las organizaciones, a sus propuestas e iniciativas.
Evidentemente, en este terreno el movimiento asociativo de la discapacidad articulado en torno al CERMI tiene mucho que aportar como vehículo de esas demandas sociales en áreas como el empleo, educación, formación y atención especializada.
La ministra Ana Mato comparecerá en breve en la Comisión para explicar las prioridades del Gobierno en apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. Aún no hay propuestas concretas de trabajo sobre la mesa. Ahora abrimos un periodo de consultas para las aportaciones de los grupos políticos y las organizaciones sociales.
Aunque parezca una quimera, hay otras posibilidades de acción política al margen de la mera ejecución presupuestaria. No todo es economía…
En el área de la discapacidad, como en el resto de políticas sociales, no todo es dinero, aunque es cierto que la cuantía presupuestaria es muy importante. La situación económica no puede ser una excusa para la inacción social.
Todos los responsables de la Comisión parlamentaria estamos por la labor de hacer muy visible la discapacidad, de abordarla de manera transversal, que esté bien remarcada en la agenda política.
Debemos estar muy pegados a la calle, conocer de primera mano propuestas e inquietudes para dar respuesta a las demandas reales de la sociedad.
La ministra Ana Mato adelantó en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales una posible reforma de la LISMI, que ahora cumple 30 años y precisa, a su juicio, algún retoque para afianzar la plena igualdad de derechos de las personas con discapacidad.
En la primera reunión de la mesa de portavoces de la Comisión, acordamos la creación de un grupo de trabajo para organizar una gran jornada en el Congreso de los Diputados para celebrar el trigésimo aniversario de la aprobación de la LISMI.
El Gobierno, como bien anunció la ministra, tiene la intención de reunificar toda la normativa en materia de discapacidad de una manera clara y coherente. Hay mucha normativa dispersa y conviene, a juicio del Ejecutivo, establecer criterios de reordenación.
Todavía hay leyes en España contrarias a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad (educación, Código Penal, Ley del Jurado, Ley del Aborto). ¿Se debatirán en el seno de la Comisión que usted preside?
Tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios traerán a la Comisión sus propuestas de trabajo, en las que, sin duda, estarán presentes estas cuestiones.
A mi juicio, merece una reflexión detallada la actual Ley del Aborto. No es de recibo la discriminación que esta ley permite hacia las personas con discapacidad. El estado de derecho debe proteger la vida y la salud de las mujeres. Es un grave error equipar el aborto con un derecho de la mujer. El ministro de Justicia ha anunciado la intención del Gobierno de reformar dicha ley y, por tanto, tendremos en cuenta las consideraciones argumentadas y fundamentadas del movimiento asociativo de la discapacidad.
La discapacidad, y otras organizaciones civiles de acción social, demandan una normativa de apoyo al llamado Tercer Sector. ¿Impulsará la Comisión esta reivindicación?
Ese tema ya se abordó en la pasada legislatura. Los grupos parlamentarios expresaron la voluntad de impulsar alguna iniciativa legislativa en esta materia. No me cabe duda de que los representantes de cada partido traerán sus propuestas sobre el Tercer Sector a la agenda de trabajo de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
La discapacidad es mucho más que dependencia, pero no podemos dejar de hablar de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Los recortes también son visibles.
El debate sobre la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia fue muy complejo durante la legislatura anterior. Sin duda, es una buena ley, porque es un avance en el reconocimiento de derechos, pero ha quedado acreditado que se puso en marcha sin un plan estable de financiación económica.
Hubo un poco de demagogia en su anuncio y aplicación, con el error de traspasar la mayor parte del esfuerzo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El Gobierno socialista no respondió a las necesidades y expectativas creadas.
El nuevo Gobierno del PP se encuentra con dificultades heredadas para la sostenibilidad de la Ley de Dependencia. Para garantizar los derechos ya reconocidos, es necesario aplicar una moratoria temporal en la extensión de esas prestaciones a nuevos beneficiarios en una situación de dependencia muy moderada. Es la solución menos traumática y permite, además, no desatender a las personas más afectadas.
Argumentando falta de recursos económicos, hay comunidades que estudian la posibilidad de implantar una tasa a pagar por los ciudadanos que solicitan un baremo de dependencia.
Creo que no se aplicará una tasa de esas características. También hay que reconocer que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han visto sobrepasados y deben asumir un déficit generado, en parte, por la falta de lealtad del Gobierno con las administraciones autonómicas y locales.
La ministra Ana Mato se ha comprometido a mantener esas prestaciones y a trabajar para corregir la falta de previsión inicial del anterior Gobierno socialista.
También hay una confusión que es necesario aclarar. Parece que los servicios de ayuda a las personas dependientes no existían antes de la ley. Es una percepción falsa que, además, ha suscitado cierto malestar entre las administraciones locales, que ya prestaban servicios como la ayuda domiciliaria o la teleatención.
¿Coincide en el argumento de que la discapacidad es algo más que dependencia?
Efectivamente, es un error asimilar como conceptos similares discapacidad y dependencia. La discapacidad es una concepción más amplia y debe tener un tratamiento específico. En muchos, casos se intentó unificar ambas áreas de actuación, desfavoreciendo así a muchos colectivos de personas que, siendo discapacitadas, no están situación de dependencia. Hay que separar realidades y actuaciones para no dejar fuera a nadie.
