CERMIS Autonómicos

Rafael Company, presidente de CERMI Illes Balears

“Las administraciones públicas en Baleares deben más de seis millones de euros a las entidades de la discapacidad”

08/05/2013

Mario García

Alrededor de 28 años contemplan la trayectoria de Rafael Company en el seno del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual desde Baleares. Desde el pasado 15 de abril, preside el CERMI Illes Balears, el CERMI autonómico más joven, y tiene sobre la mesa varios frentes abiertos, como que las administraciones públicas se pongan al día en los pagos a las entidades, que la legislación ampare a éstas en la adjudicación de servicios y no entren en el sector empresas ajenas a la discapacidad y ayudar a las personas que actualmente no están atendidas.

Rafael Company (Inca, 1952) es un abogado en ejercicio especializado en asuntos contencioso-administrativos y de familia que hace 28 años entró en el sector asociativo de las personas con discapacidad. Tiene un hijo con discapacidad intelectual y entonces se integró en la asociación Amadip.esment, de Palma de Mallorca.

Preside FEAPS Baleares desde hace seis años y es miembro de la Junta Directiva nacional de FEAPS. Está al frente del CERMI Illes Balears desde hace pocas semanas, entidad de la que es miembro desde que se constituyera en junio de 2011.

¿Cuáles son los principales objetivos de su mandato como presidente de CERMI Baleares?

Dar continuidad a la constitución del CERMI, porque es muy joven, y trabajar en tres grandes objetivos que en los dos primeros años no hemos conseguido asumir: mejorar y estar vigilantes en la accesibilidad; mejorar profundamente y de forma definitiva la configuración jurídica de prestaciones de servicios a través de conciertos, en lugar de subvenciones, y atender la situación de grave crisis económica y retraso en los pagos que constantemente se están produciendo en estos años.

 ¿Cómo juzga la situación, en general, de las personas con discapacidad en Baleares?

Las personas con discapacidad en Baleares habían conseguido un buen nivel de atención y de inclusión social, evidentemente siempre mejorable, y las referencias eran muy positivas hasta estos dos años pasados. La situación de crisis está golpeando mucho y están en tela de juicio la estabilidad y los servicios de apoyo a las personas con discapacidad.

 Como consecuencia de esta situación de crisis, una de las reivindicaciones que han solicitado las asociaciones es que las Administraciones se pongan al día en los pagos...

Efectivamente, las Administraciones Públicas en Baleares deben más de seis millones d euros a las entidades de la discapacidad. Eso, claro, es una situación claramente gravísima. Estamos intentando luchar en ese aspecto, pero la verdad es que es muy complicado.

“No vemos que los responsables políticos atiendan los planteamientos que hacemos desde nuestro sector”

La deuda el pasado mes de diciembre ascendió a 13 millones de euros, con lo cual se han agilizado un poco los pagos.

Efectivamente, hemos conseguido agilizar la rebaja de la deuda en estos últimos meses.

¿Qué les han dicho desde el Gobierno regional respecto de las cantidades pendientes?

Que seguimos trabajando todos para ir amortizándolas, pero no tenemos ningún calendario establecido de amortización de esa deuda, aparte de que hemos tenido una situación muy complicada con los cambios de Gobierno. Piensa que llevamos cuatro consejeros en dos años [con José Ramón Bauzá como presidente de Baleares]. Esperamos que esta situación por fin se estabilice con la creación de la nueva Consejería de Familia y  Servicios Sociales.

Última remodelación del Gobierno balear

La semana pasada hubo una remodelación del Gobierno autonómico. ¿Alguna idea o línea a seguir?

En principio, estamos contentos con que se haya creado la Consejería de Servicios Sociales porque, además, es una reivindicación de toda la vida de nuestro movimiento asociativo. Por otra parte, la persona que ha sido designada consejera [Sandra Fernández, hasta entonces segunda teniente de alcalde del Área de Bienestar social, Inmigración y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma de Mallorca] nos merece confianza porque conoce muy bien el sector y esperamos que pueda resolver los problemas presupuestarios con los que se va a encontrar.

¿Existen  ayudas y convocatorias de financiación para el movimiento asociativo en 2013? Si es así, ¿son suficientes?

El problema de este año 2013 es que, con los cambios de Gobierno, se han ido atrasando toda una serie de convocatorias que están lastrando la situación de una forma tremenda. Todavía no han salido las convocatorias para servicios y eso es muy complicado para las entidades.

Entonces, ahora mismo no hay convocatorias.

No. Estamos a la espera de que se publiquen las convocatorias correspondientes.

¿Cree sinceramente que las Administraciones les percibe como un aliado estratégico para frenar los efectos de la crisis?

Bueno, de palabra sí. En los hechos, habría mucho que discutir e indagar sobre esta situación. Cuando tenemos entrevistas con los responsables políticos, nos dicen que el sector social es prioritario, pero no vemos que se atiendan los planteamientos que hacemos desde nuestro sector. Hemos hecho planteamientos en relación con la mejora de los servicios, con la concreción jurídica de la tutela de los servicios, incluso propuestas de reformas administrativas para eliminar burocracia y hacer el presupuesto más eficiente y todavía no hemos conseguido andar por este camino.

“Con el mismo presupuesto del año pasado estamos dispuestos a atender a un 5% más de personas si se eliminan trabas burocráticas”

Pongamos un par de ejemplos de demandas con los que podamos cuantificar de qué estamos hablando.

Por ejemplo, hemos planteado a la Administración que, una vez que se hayan cerrado las listas para atender a nuevas personas, con el mismo presupuesto del año pasado estamos dispuestos a atender a un 5% más de personas siempre que se eliminen toda una serie de trabas burocráticas. O que las justificaciones se realicen por auditoría en lugar de por los sistemas anticuados de justificación de papelito por papelito, de facturita por facturita. O que se elimine la complejidad administrativa que tenemos entre el Gobierno y el Consell, dos administraciones que al final están actuando en el mismo campo. Hemos solicitado el traspaso de competencias al Consell insular como entidad más directamente relacionada con las entidades en cada una de las islas y estamos andando este paso y vamos a ver cómo acabará con la nueva configuración del Gobierno. Tenemos muchas inquietudes y cuestiones pendientes de dar salida.

¿Hay datos de cuántas personas están sin atender?

Del entorno que más conozco, de FEAPS y de la discapacidad física, estamos hablando del orden de unas 200 personas que han solicitado plazas, están en lista de espera y no pueden ser atendidas ahora mismo. Y estamos atendiendo a más de 2.000.

La insularidad, ¿es un agravante o una circunstancia en la vida de las personas con discapacidad de Baleares?

Evidentemente, es un agravante porque hay que tener en cuenta que el coste de vivir en Baleares es superior al de la península por el encarecimiento del transporte. Para el movimiento asociativo también es un agravante tremendo porque los costes de traslados en avión se han disparado muchísimo en este último año.

Otra singularidad de Baleares es uno de los destinos turísticos más solicitados de España. ¿Baleares tiene unos estándares de accesibilidad adecuados o en qué medida debe mejorar en materia de accesibilidad?

Efectivamente, se ha mejorado mucho en los últimos años. Precisamente, tenemos una Comisión de Accesibilidad en el CERMI, que trata los aspectos fundamentales de este tema con la Consejería de Turismo. Como siempre, la Administración es más lenta que las necesidades, pero al menos se ha conseguido establecer una Comisión de Accesibilidad y una relación con la Consejería de Turismo, que está produciendo avances, aunque pequeños por ahora.

“Es una amenaza gravísima que las contrataciones de servicios puedan acabar en manos de entidades ajenas al sector de la discapacidad”

Una de las reivindicaciones que ha pedido el CERMI en este sentido era la accesibilidad del transporte interurbano. El transporte urbano, en general, es accesible. Esto, ¿está al día?

Podemos decir que el transporte urbano está solventado en un porcentaje muy elevado. Quedan cuestiones pendientes, pero, razonablemente, tiene un nivel correcto de accesibilidad. En el transporte interurbano, está solventado a través del tren y quedan algunos problemas con alguna serie de autobuses donde no llega el tren.

No discriminación, vida independiente, normalización, respeto a la diversidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, diseño para todos, participación y transversalidad. ¿Todos estos conceptos están en el ‘abc’ de los responsables políticos, los empresarios y la sociedad balear o alguno de ellos aún debe ser incorporado al diccionario de estos agentes?

Hay que seguir trabajando mucho en este sentido. Efectivamente, ése es el objetivo que tenemos desde el CERMI desde el punto de vista de influencia social para intentar mejorar en todos estos aspectos.

¿Han recibido alguna llamada del Parlamento regional para informarles de que habrá una comisión no permanente sobre discapacidad, como ha solicitado el CERMI regional?

Nosotros, como CERMI, le planteamos al Parlamento de las islas Baleares el pasado mes de diciembre la necesidad de esa convocatoria y en ello está trabajando. Esperamos que, si da tiempo, se constituya en el mes de junio. Y si no, la comisión se constituirá con total seguridad en el último trimestre del año.

¿Cuáles son principales demandas del sector de la discapacidad en la región aún no han sido resueltas?

En primer lugar, lo que comentábamos antes sobre las personas sin atender y en lista de espera. Ésta es una cuestión gravísima que afecta a la igualdad de los derechos de las personas; no puede ser que en estos años haya personas que no hayan sido atendidas por problemas administrativos o presupuestarios. En segundo lugar, tenemos una propuesta de modificación de la contratación pública en la Ley de Servicios Sociales; es una amenaza gravísima que las contrataciones y las prestaciones de servicios por conciertos o subvenciones puedan acabar en manos de entidades ajenas al sector de la discapacidad. Ésta es una lucha muy fuerte que tenemos, con una propuesta de modificación de la Ley para que ampare la contratación directa con las entidades que vienen prestando los servicios. Ésta es la campaña fundamental que vamos a poner en marcha a partir del mes que viene. Y, en tercer lugar, lo que decíamos antes de las deudas públicas.

Los tres grandes ejes son la atención a las personas no atendidas y que no tienen servicios, la estructuración jurídica de la seguridad y la estabilidad para las entidades que vienen prestando servicios a las personas con discapacidad desde hace muchos años y que la Administración pague sus deudas para que las entidades puedan sobrevivir y seguir manteniendo esos apoyos.

Estamos contentos con que se haya creado la Consejería de Servicios Sociales porque, además, es una reivindicación de toda la vida de nuestro movimiento asociativo.

El CERMI Baleares se constituyó en junio de 2011, tiene menos de dos años de vida y fue el último CERMI autonómico en crearse. ¿De qué manera cree que debe ir progresando?

Creo que lo fundamental es la coordinación entre las diferentes redes o federaciones que formamos parte del CERMI y el mayor conocimiento entre las diferentes entidades del CERMI. Evidentemente, tenemos que iniciar un trabajo de fondo de mayor colaboración entre las mismas entidades, a efectos de aprovechar todas las sinergias posibles y, en definitiva, hacernos todos más eficientes en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos.