Apenas han pasado dos meses de su nombramiento y toma de posesión, ¿cómo se han sucedido estos días y cómo valora su elección como responsable de esta nueva fiscalía?

 

La creación de la plaza de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, supone sin duda alguna un impulso para esta especialidad. Culmina y traslada al ámbito civil el diseño iniciado en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2007, que potenció la especialización como recurso de éxito del Ministerio Fiscal y permite visibilizar la prioridad para Fiscalía General del Estado, de la lucha por la igualdad real de las personas  con distintas capacidades: un trabajo que lleva mucho tiempo en marcha en el Ministerio Fiscal.

 

Las competencias de protección de personas con discapacidad y mayores forman parte de la tradición del Ministerio Fiscal, pese a ello es cierto que hay cierto desconocimiento sobre la institución del Ministerio Fiscal. La mayoría de los ciudadanos tienen una imagen absolutamente asociada a la acusación en los procesos penales. Literatura, cine y la actualidad de las noticias procedentes de los tribunales penales tienen cierta culpa de que pasen desapercibidas estas otras funciones. El Ministerio Fiscal es mucho más.

 

Una de nuestros ámbitos de actuación es la protección jurídica de las personas vulnerables ya sea por razón de edad, por razón de tener cierta discapacidad o trastorno mental, por situación de desventaja ante el mercado (consumidores frente a las grandes empresas prestadoras de servicios), por razón de desplazamiento (menores extranjeros, víctimas de trata de seres humanos), por razón de su privación de libertad (personas privadas de libertad en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros o centros terapéuticos o sociosanitarios) etc. Se configura así el Ministerio Fiscal como una institución pública de amparo de los derechos de todos los ciudadanos y, en especial, de los más vulnerables.

 

Para mi es un honor haber sido elegida para esta importante función en un momento tan prometedor como este, en el que la inclusión y el acceso a la justicia forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU (ODS 16) para la agenda 2030: un objetivo mundial en el que todos, el Ministerio Fiscal incluido, estamos comprometidos.

 

Antes de su nombramiento como Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, desde la Fiscalía General del Estado se impulsaron una serie de acciones para la especialización de sus miembros, ¿de qué manera ha favorecido esta iniciativa su trabajo actual?

 

Son muchos los textos doctrinales emitidos desde FGE en la disciplina que unifican nuestra actuación en las importantes funciones que asumimos en la materia que van desde el control que tenemos que ejercer sobre los internamientos psiquiátricos involuntarios o los ingresos en residencias de mayores de edad; la necesaria vigilancia sobre ejercicio de las tutelas respecto de las personas con discapacidad o sobre la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual; hasta, y de forma fundamental,  la adecuación de la intervención del Fiscal a los criterios de la Convención  sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 que exige la individualización  de las medidas de apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas. Es este último el criterio rector de la formación continuada que se ha impartido desde FGE con el apoyo inestimable e inspiración del anterior Fiscal de Sala Civil, encargado de la coordinación de la materia: D Jose Maria Paz Rubio y el impulso de los Fiscales encargados de la especialidad en todos los territorios. La Fiscalía ha ido por delante de las reformas legales, hoy en trámite en el Congreso de los Diputados, para avanzar en la directa aplicación de los principios de la Convención sobre las instituciones vigentes.

 

¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar una nueva fiscalía para ponerse en marcha y cuándo cree que funcionará a pleno rendimiento?

 

Como  ya ven, la Fiscalía es un tren en marcha, con secciones y fiscales muy implicados en la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social por razón de su discapacidad o edad. La Fiscalía de Sala debe realizar funciones de coordinación y formación continuada, pues el principio de unidad de actuación es nuestra seña de identidad en garantía del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y ello se realiza desde el primer minuto de toma de posesión.

 

¿Qué le faltaría para que así fuera?

 

Por ahora solo se ha creado la plaza de la Fiscal de Sala. Es evidente que debe dotarse esta Unidad coordinadora con los mismos recursos personales y profesionales de apoyo del resto de Unidades especializadas de FGE. La similitud de funciones de coordinación, supervisión, formación y elaboración doctrinal de la nueva Unidad con ellas (piénsese por ejemplo en las Unidades especializadas en delitos informáticos, violencia sobre la mujer,  medioambiente o extranjería..), sugieren disponer como mínimo, de los mismos medios.

 

¿Cuáles son las principales acciones que debe abordar en la fiscalía en relación con la discapacidad?

 

En el año que estamos viviendo, de forma necesaria la primera acción está siendo el seguimiento de la situación y afectación de la pandemia. Estamos viviendo este año una crisis sin precedentes que ha sometido a una tensión extrema los principios inspiradores del discurso de los derechos humanos. El coronavirus ha aflorado la solidaridad y ha reconocido el valor de los servicios públicos como la sanidad, pero es lo cierto que también ha puesto en riesgo los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad como es el colectivo de las personas con discapacidad. Esta situación límite vivida también ha puesto de relieve la necesidad de un modelo más previsor de la atención sanitaria de nuestros mayores y personas con discapacidad en recursos residenciales. La supervisión de la situación de estos centros por parte de los Fiscales está contribuyendo a velar por los derechos de sus residentes y ofreceremos nuestro trabajo para colaborar en el diseño de las mejoras, sin dudas necesarias, en el modelo existente. 

 

Una de las cuestiones pendientes en todo lo relacionado con la justicia es el acceso a la misma, hablando en términos de accesibilidad universal, ¿qué actuaciones cree posibles en este sentido desde su nueva responsabilidad?

 

Hay mucho trabajo realizado desde el Foro Justicia y Discapacidad, que aúna diversas instituciones con responsabilidades en el ámbito judicial, y mucho pendiente. Este foro está conformado, además de por el Consejo General del Poder Judicial, impulsor del mismo, por el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;  la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado ; el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; CERMI y por la Fundación ONCE. 

 

La Justicia sigue presentando obstáculos para la accesibilidad de todos, desde la meramente física (todavía hay juzgados y fiscalías donde no está garantizada la ausencia de barreras físicas), a la cognitiva: estamos en los albores de generalizar el uso de sistemas de lectura fácil de las resoluciones que afecten a las personas con discapacidad intelectual. Precisamos que los servicios de asistencia a las victimas dispongan de personas con formación para asumir las funciones de acompañamiento y apoyo a la comprensión de las diligencias judiciales que lo precisen.

 

En este año, con las actuales medidas de distanciamiento social, se ha aminorado la atención presencial, con lo que ello conlleva de disminuir la accesibilidad de este colectivo, y con la potenciación de la práctica de diligencias y juicios por medio de videoconferencia se ha dificultado el uso de un lenguaje más comprensivo por los profesionales: perdemos comunicabilidad con las personas con dificultades intelectuales. Debemos adoptar medidas para corregir ese rumbo impuesto por la pandemia.  

 

¿Cuáles son en la nueva sala que representa usted los interlocutores y colaboradores necesarios para lograr un trabajo más cercano y ajustado a las necesidades de estos sectores, las personas con discapacidad y las personas mayores?

 

Me consta el apoyo e impulso del llamado Tercer sector de acción social para la creación de esta plaza, específicamente recuerdo las gestiones realizadas por CERMI con el Ministerio de Justicia. No cabe duda que son interlocutores esenciales para la detección de las necesidades de este sector de ciudadanos y seguiremos contando con ellos, mediante fluidas relaciones de colaboración e información. 

 

También tenemos convenios suscritos con el Notariado, quienes están llamados a jugar mucho más papel con las modificaciones legales en curso, en la potenciación de la autonomía y apoyos de la persona con discapacidad; o con Cruz Roja para recibir información de situaciones de desamparo. Estamos dispuestos a abrir la Fiscalía a canales de recepción de información de situaciones de desamparo o vulnerabilidad de mayores y personas con discapacidad.

 

Y no cabe duda que la coordinación con todas las administraciones con competencia en la materia es la llave de cualquier progreso: las secciones de fiscales mantienen constantes reuniones de coordinación con administraciones, con profesionales del sector sanitario, psiquiátrico o penitenciario y con los trabajadores sociales. La Fiscalía de sala asumirá dicha necesaria coordinación al nivel institucional que impulse la igualdad de la ciudadanía.

 

¿Tiene algún objetivo claro que desee alcanzar en un plazo corto o medio en relación con su nueva responsabilidad con la población con discapacidad?

 

Las tareas más inmediatas serán las de evaluación del trabajo realizado en el año que, por fin, cerramos en breve. Los datos no valen de nada si no se realiza una labor de inteligencia sobre ellos, se extraen enseñanzas y conclusiones para mejorar el servicio público. Creo que debemos realizarlo, nosotros como profesionales directamente afectados, y en general, todos, como país.

 

Y a largo plazo, ¿qué cree necesario lograr en su trabajo como fiscal especializada de una población que todavía presenta graves problemas de acceso a unos derechos fundamentales, discriminación en ámbitos diversos y numerosos y situaciones críticas que se agudizan y se hacen más evidentes en crisis como la que se vive actualmente, tanto la sanitaria como la económica y la social?

 

La palabra " discapacidad " está formada con raíces latinas.  Sus componentes léxicos son: el prefijo dis- (divergencia), capere (agarrar, tomar, recoger), más el sufijo -dad (cualidad). Por lo tanto, despojando la palabra de significados adheridos históricamente y ligados indebidamente a una minusvaloración, significa distintas capacidades.

 

La asunción por toda la sociedad que todos tenemos distintas capacidades, que todos precisamos apoyos para desarrollar facetas de nuestra vida y que entre todos formamos un universo plural y rico en el que nadie es prescindible, es el objetivo de la inclusión. La impregnación de esa conciencia social permeando en todas las profesiones, las empresas, los ámbitos de responsabilidad, las familias, es el objetivo en el que trabajamos ya desde Fiscalía.