Este año cumple una década de su vida dedicada a la vida política, tras varios años también como activista del sector de la discapacidad, ¿qué balance hace de su actividad en el Partido Popular y cuáles son las grandes diferencias con la lucha en favor de personas con discapacidad?

 

Entré en política de la mano del Partido Popular para trabajar por las personas con discapacidad y sus familias. En estos diez años hemos conseguido logros muy importantes y hemos avanzado en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, contando siempre con el asesoramiento inconmensurable del CERMI con el que hemos trabajado, tanto desde la Asamblea Regional, en mi etapa de diputada y presidenta de la Comisión de Discapacidad, como desde el Gobierno regional, en mi etapa de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Se ha avanzado mucho pero aún queda mucho camino por recorrer; camino que seguiremos haciendo junto al CERMI, con humildad y espíritu de servicio.

 

¿Cómo define su actual labor en el Senado y cuál es el valor de esta institución en favor de los derechos de las personas con discapacidad?

 

En el Senado tenemos la suerte de poder trabajar los temas que preocupan a las personas con discapacidad en la Comisión de Política Integrales de la Discapacidad y, dentro de esta comisión tengo el privilegio de portar la voz de mi Grupo Parlamentario, junto a mis compañeros y compañeras que tienen una gran sensibilidad y compromiso con las personas con discapacidad. Desde que llegué al Senado me puse a disposición del CERMI, de su presidente, mi querido Luis Cayo Pérez Bueno y de su delegado de derechos humanos, también mi querido Jesús Martín Blanco. El Senado es un excelente instrumento para impulsar iniciativas, controlar al gobierno en la aplicación de las políticas para la discapacidad y, sobre todo, impulsar leyes que mejoren la vida de las personas con discapacidad. En ello estamos y espero que cuando acabe la legislatura, el balance sea muy positivo.

 

¿Cuáles son las cuestiones relacionadas con discapacidad que considera prioritarias en su actual responsabilidad?

 

Todas aquellas que el CERMI considera prioritarias. Nuestro espejo es la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad; por eso, mi compromiso, el compromiso de mi partido, se centra en la defensa de los derechos humanos teniendo como faro la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de personas que no tienen una discapacidad, todo lo demás vendrá por añadidura. 

 

El acceso a la Justicia en condiciones de igualdad y sin exclusiones es una de las reivindicaciones del sector de la discapacidad, que tiene entre manos el Senado, ¿cómo abordan esta cuestión y qué avances se logran en este sentido? 

 

Hace unos días, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de CERMI, Jesús Martín Blanco, afirmaba que la administración de justicia sigue siendo un espacio hostil para las personas con discapacidad. Desde el Grupo Parlamentario Popular, consciente de este problema, registramos una iniciativa el pasado mes de mayo de 2020 en la que exigimos al Gobierno de la Nación que ponga en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Eso supone suprimir las barreras que padecen en sus relaciones con la Administración de justicia, garantizando la realización de ajustes de procedimiento adecuados al sexo y la edad, acometiendo reformas de alcance en los sistemas, dispositivos y cauces jurisdiccionales y estableciendo las salvaguardas oportunas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones con las demás.  Estamos convencidos de que el igual reconocimiento ante la ley es esencial en el contexto de los derechos humanos. 

 

La reforma el artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos fundamentales de este grupo social y de actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a las personas con discapacidad, ha quedado paralizada por el estado de Alarma, ¿Cree que el Gobierno retomará de inmediato este tema?, ¿estarán vigilantes para que así sea? 

 

El Gobierno debe retomar de inmediato esta cuestión porque la pandemia no puede ser excusa para actualizar un artículo de la Constitución, cuya nueva redacción se acordó por consenso en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso, y que contó con la participación del colectivo de personas con discapacidad representado por CERMI. Poner a todas las fuerzas políticas de acuerdo es un éxito del que el CERMI es protagonista absoluto, por ello, no se puede demorar más y desde el PP, tanto en el Congreso como en el Senado, estaremos muy vigilantes para que se aborde lo antes posible.

 

El CERMI ha planteado al Grupo Popular, entre otros, la necesidad de presentar iniciativas legislativas de gran impacto para las personas con discapacidad, como la exención de peajes en autopistas para vehículos de personas con movilidad reducida, ¿se logra avanzar en este sentido?

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, conocedor de esta demanda del CERMI, registró en febrero de 2020 la Proposición de Ley relativa a la modificación de la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a vehículos de personas con movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.  Esta exención es una medida social que ya se aplica en varios países europeos como la República Federal de Alemania y Austria, y que compensaría, al menos parcialmente, el elevado sobrecoste en que incurren estas personas y sus familias a la hora de afrontar sus desplazamientos, ya que, dependen más del transporte particular, ante la falta de accesibilidad del público. Espero que, en breve, podamos ordenar su toma de consideración en el Senado para iniciar su tramitación.

 

También reclama el CERMI la modificación normativa para asimilar legalmente la situación de dependencia con la discapacidad, ¿cuenta con el apoyo de su partido y el suyo en particular para avanzar en esta demanda?

 

No solo cuenta con nuestro apoyo, sino que, haciéndonos eco de esta demanda del CERMI, fue el Grupo Parlamentario Popular el que registró el pasado mes de junio una Proposición de Ley para modificar el artículo 4 de la Ley General de Discapacidad. Dicha modificación incorpora a la definición de personas con discapacidad aquellas a las que se les reconozca oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Está claro que los términos ‘discapacidad’ y ‘dependencia’ no son sinónimos, teniendo en cuenta que una persona con discapacidad no tiene por qué tener una situación de dependencia si ha logrado un grado de autonomía personal y de condiciones para llevar una vida independiente; pero, no hay ninguna duda de que una persona que se encuentre en situación de dependencia es reconocible, de forma automática, como persona con discapacidad, al menos en el 33%, que es el grado mínimo. También esperamos que pronto podamos darle el impulso desde el Senado para que sea una realidad.

 

La pandemia ha puesto sobre la mesa cuestiones que quizá no se priorizaban y ahora resultan fundamentales, como es el acceso regular al ejercicio de los derechos digitales, ¿qué acciones y decisiones se pueden emprender para evitar la siempre temida brecha digital?

 

Es fundamental que el Gobierno de la nación, en colaboración con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, impulse programas que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las herramientas digitales, promoviendo sus competencias tecnológicas y fomentando el acceso a los empleos digitales. Estamos en un momento en el que, si somos capaces de impulsar la formación de las personas con discapacidad para que accedan a las plataformas digitales, podremos cambiar la realidad de la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo y aprovechar un nuevo nicho de empleo que puede ser una gran oportunidad para este colectivo.

 

Usted se declara feminista, defensora de la mujer, en cualquier caso, ¿cómo aborda esa defensa cuando se trata de mujeres y niñas con discapacidad?

 

No se puede hablar de mujeres con discapacidad sin aludir a Ana Peláez, una activista defensora de mujeres y niñas con discapacidad, a la que admiro profundamente. Ella es mi referente a la hora de hablar y de actuar en la defensa de un colectivo tan vulnerable como las mujeres y niñas con discapacidad y, por supuesto, de defender aquellas reivindicaciones que hago mías y de mi Grupo Parlamentario.  Seguiremos trabajando para conseguir el cambio de percepción social en relación al derecho de las niñas y mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propias vidas; solo cuando lo consigamos, estaremos concediéndoles el derecho a ser ellas mismas.  

 

¿Cuáles serían las principales reivindicaciones de las mujeres con discapacidad que usted respalda y por las que está dispuesta a trabajar?

 

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, impulsada por el Partido Popular hace siete años, supuso que las personas con discapacidad pasaran de ser objeto de políticas sociales y paternalistas a ser sujetos de derechos. En esta ley dejábamos constancia que debíamos trabajar, todos unidos, para que las personas con discapacidad pudieran ejercer sus derechos, desde la igualdad de oportunidades al derecho a la protección de la salud, a la educación, a la atención integral, a la vida independiente, a la protección social y, por supuesto, al trabajo. Esa es nuestra reivindicación, aún con más fuerza, para que las mujeres y niñas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y ser ciudadanas libres e iguales.

 

El CERMI y el Foro Europeo de la Discapacidad han pedido al Senado que corrija algunos términos de la proposición de ley de la eutanasia para dejar claro que la discapacidad no debe ser un motivo o una justificación para poner fin a la vida de alguien, ¿cree que esta exigencia contará con el respaldo del Senado?

 

Desde nuestro Grupo Parlamentario hemos acogido las propuestas del CERMI que sitúan a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas a la hora de acceder a este nuevo derecho. No podía ser de otra manera porque entendemos y compartimos que vida de las personas con discapacidad es igualmente valiosa que la del resto de seres humanos; por ello, no podemos permitir que una ley ampare que las decisiones sobre el final de la vida puedan estar basadas en aspectos como la discapacidad o la edad, pues esto constituiría una discriminación derivada de prejuicios sociales que consideran que las vidas de las personas con discapacidad o mayores tienen menos valor que las del resto. Esperamos que impere el sentido común y la sensibilidad en todos los Grupos Parlamentarios y podamos sacar adelante nuestras enmiendas que solo pretender mejorar la ley y hacerla más humana.