"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Álvaro García Bilbao, presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI
"Seguiremos colaborando para garantizar una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones y la protección del derecho a la vida sin excepciones"
07/04/2020
Desde los comienzos de esta crisis provocada por la pandemia mundial de coronavirus se sabía que las personas más afectadas por sus efectos serían los mayores y, en gran medida también, las personas con discapacidad. Para García Bilbao resulta evidente que esta situación debe llevar a una necesaria redefinición de los modelos de asistencia sanitaria residenciales así como el de los propios entornos familiares y para ello reclama una visión innovadora que garantice en todo momento la dignidad de las personas, cualquiera que sea su condición.
Ante la situación planteada desde mediados de marzo y por la cual determinados profesionales y expertos sanitarios están sugiriendo discriminar a personas con discapacidad o mayores por esa sola condición a la hora de que estos colectivos puedan acceder a tratamientos en unidades de cuidados intensivos para afrontar la epidemia por COVID-19, la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI se adhiere a todos y cada una de las acciones realizadas por el CERMI y manifiesta su voluntad de seguir colaborando, como hasta el momento ha venido haciéndolo, para garantizar una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones y la protección del derecho a la vida sin excepciones tanto de las personas con discapacidad como de aquellas mayores con discapacidad.
¿Qué medidas considera necesarias para abordar esta realidad y combatirla en caso necesario?
La Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI ha venido señalando, a lo largo de su trabajo, la especial situación de vulnerabilidad de las personas mayores con discapacidad y realizando aportaciones encaminadas a una consolidación y mejora de los derechos y calidad de vida tanto de este sector de ciudadanos como de sus entornos familiares y profesionales que ahora y ante la situación actual de crisis, pone de relevancia lo urgente de redefinir los modelos tanto de asistencia sanitaria (incluidos protocolos a ellos destinados) como residenciales o en los propios entornos familiares.
Apela, en cualquier caso, a una cuestión de derechos, y más concretamente de derechos humanos.
Como el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, recuerda en su carta de contestación al CERMI “el combate contra la enfermedad no puede dejar de lado en ningún momento los principios básicos sobre los que se cimenta nuestra sociedad democrática, garantizando en todo momento la dignidad de las personas, cualquiera que sea su condición, y el respeto a sus derechos y libertades consagrados en la Constitución”.
¿Qué soluciones o ideas propone para que las personas mayores con discapacidad puedan afrontar mejor esta situación?
La crisis consecuencia del COVID-19 reclama afrontar, con una visión innovadora y actual, aspectos tan importantes para nuestro colectivo de personas mayores con discapacidad como la soledad, los apoyos en el entorno familiar, las políticas de servicios y prestaciones sociales y el papel de las nuevas tecnologías como derecho y apoyo de sus necesidades a medio y largo plazo.
