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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 24 de abril de 2015cermi.es semanal Nº 164

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Antonio Guillén, presidente del Cocarmi (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad)

“Con una deuda de casi 83 millones, algunas entidades se plantean ya el cierre de servicios”

24/04/2015

Blanca Abella

Antonio Guillén ha logrado que el Presidente Artur Mas responda a sus reclamaciones y cite al Cocarmi a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de abril. La idea es poner sobre la mesa la deuda de casi 83 millones que está ahogando a las entidades catalanas de la discapacidad y buscar una manera de liquidarla. Guillén asume que son tiempos difíciles y reclama un calendario de pagos para que las entidades no lleguen a la eliminación de servicios, incluso al cierre, ya que su labor no es solo la de gestores de servicios, son también un importante grupo de presión en lucha por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Antonio Guillén, presidente del Cocarmi (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad)La deuda actual del Gobierno de Cataluña con las entidades del Cocarmi asciende a 82 millones de euros, ¿en qué consiste esa deuda acumulada desde 2011?
 
El conjunto de la deuda son expedientes no pagados, que están en tramitación todavía, en fase de revisión, el interventor en algunos casos nos ha ido pidiendo cada año una nueva justificación y por lo tanto nos tienen entretenidos y no hay manera de cobrarlos. Y hay incumplimientos por decisiones políticas, ya que al no haber dinero se han dejado de pagar algún tipo de prestaciones, y eso lo consideramos una deuda, aunque a lo mejor técnicamente o jurídicamente no se considera como tal. Pero no hemos entrado en esa valoración, para nosotros todo eso es una deuda de un importe que han dejado de recibir las entidades de la discapacidad.
 
¿No se ha logrado cobrar nada desde 2011?, y antes de 2011, cuando la situación ya era crítica, ¿no hubo problemas de impagos?
 
Hubo algún problema pero la cifra que en 2007 se manejaba creo recordar que rondaba el millón y medio de euros, no son las cifras que ahora comentamos. En la actualidad, en lo que llevamos de año, con todas las acumuladas son casi 83 millones y la mayoría repartidas entre la consejería de bienestar social y familia y la consejería de empresa y ocupación.
 
¿En qué tipo servicios o actividades ha repercutido más esta deuda?
 
En cuanto a Bienestar social y familia, ha afectado a los servicios asociados a la dependencia, a las residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, todo lo que se asocia a las políticas de discapacidad.
 
Un año de deudas, quizás dos, podría ser algo soportable y superable, pero ya son muchos años, ¿qué efecto tiene una situación de crisis tan prolongada en las entidades?
 
Desde 2011 con esta deuda acumulada, cada uno lo intenta resolver a su manera, acudiendo a la banca ética, a otras fuentes de financiación, etc. Eso han hecho los que han podido, pero ahí tenemos la deuda, y pagando unos intereses, unos costes financieros y cada vez el margen de maniobra es más pequeño y ya se está empezando a plantear, si esto no mejora, que algunas asociaciones empiecen a cerrar servicios. 
 
¿Quiere decir eso que se han podido mantener estos años todos los servicios a pesar de la deuda?
 
No, ya están cerrando y se han cerrado centros. En algunos casos ha habido centros empresariales en los que se ha abierto un ERO (Expediente de Regulación de Ocupación) y se ha tenido que despedir a muchos insertores laborales y han desaparecido muchos puntos de inclusión en la empresa ordinaria y en Centros Especiales de Empleo (CEE), también se ha bloqueado la entrada de nuevos empleados a CEE porque no se les financia el salario mínimo interprofesional, tampoco se pueden abrir nuevos CEE porque no se les da el visto bueno y por lo tanto no se les financia; y si ha habido una empresa con capital importante o suficiente, o algún CEE que vaya económicamente bien, han seguido su actividad y han contratado sin contar con las subvenciones. En muchos casos lo que ha ocurrido es que no se han dado las contrataciones que se daban y por eso ha habido una pérdida de empleo importante, porque la Administración no ha puesto los recursos disponibles para que eso fuera posible. 
 
Antonio Guillén, presidente del Cocarmi (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad)Las deudas ¿corresponden en su mayor parte a servicios que las entidades tienen concertados o concedidos por parte de la Administración?
 
Sí, son servicios que o bien se han prestado por subvenciones acordadas y concedidas, o bien por servicios concertados o concedidos a través de convenios. No hay nada que se haya hecho sin que la Administración lo autorice. Por eso decimos que nosotros, las entidades sociales de la discapacidad, entidades que llevamos más de 20 años en el sector, incuso 40 algunas, y hemos demostrado una capacidad de gestión sin problemas, nunca ha habido ningún problema y lo que ha ocurrido ahora es que hay una ruptura de confianza, y no se pueden garantizar los compromisos que tiene la Administración con un sector que no tiene dónde acudir para contar con esa financiación. 
 
El Cocarmi se ha dirigido al propio Presidente, al Señor Mas, reclamando una solución al problema de la deuda, ¿han recibido algún tipo de respuesta desde la Generalitat?
 
Ésta ha sido la primera vez que lo hemos hecho a través del Cocarmi y de manera conjunta todas las federaciones. En años anteriores fuimos por separado intentando salvarnos de alguna manera y en esos casos los resultados es que a algunos les ha salido mejor que a otros pero finalmente no hemos resuelto el problema como se ve en la importante acumulación de deuda, el global es bastante lamentable. Este año, tras detectar mucha crispación y mucho malestar en las diferentes asociaciones de las federaciones, el Cocarmi ha tomado la decisión de iniciar una acción de protesta. En primer lugar tenemos pendiente la constitución de una estructura creada por el Gobierno para participar en las decisiones de las políticas a aplicar en la discapacidad y hemos pedido que se aplace esa constitución porque no estamos en condiciones de participar en una estructurara para hablar del futuro cuando el presente es prácticamente inviable.
 
¿Y cuál ha sido la reacción ante ese desafío?
 
De momento no sentó nada bien la decisión porque esa estructura incluso la habíamos impulsado nosotros, de alguna manera la reacción fue de enfado, pero nosotros lo que tampoco hicimos fue dejar de lado al Presidente de la Generalitat, sino que le enviamos dos cartas pidiéndole que interviniera y que intentara arreglar la situación y pidiendo una reunión también para poder hablar con él para saber de qué manera podríamos acordar un calendario de pagos, porque somos conscientes de que la situación tampoco permitiría quizás hacer un pago único, pero saber cuáles serían las perspectivas de ingreso que tiene la Generalitat y en función de eso hacer un calendario de pagos para que todos tengamos al menos una confianza en que esto se va a poder resolver. 
 
Y justo hace cuatro días hemos recibido una convocatoria de reunión, que será el día 30 a las 12 del mediodía. Nosotros insistiremos en que se haga cargo y sea consciente de lo que representa esta cifra, estas deudas que tenemos acumuladas y que haga todo lo posible para que se pueda disponer de ese calendario de pagos y que se estabilicen los pagos mensuales. 
 
¿Se ha perdido ya algo que sea irrecuperable?
 
En lo que más conozco, que es el tema laboral, se han perdido trabajadores y la posibilidad de intervenir para poder dar apoyo a las personas con discapacidad a la hora de buscar empleo. Eso es lo más importante. Luego, evidentemente, todo lo que representa la asistencia en residencias y en otro tipo de centros, donde hoy por hoy todavía no ha habido una repercusión directa pero ya están llegando al punto límite y se empiezan a plantear que si esto continúa manteniéndose en el tiempo no se van a poder mantener estos servicios. Si se tiene que hacer algún tipo de cierre procuraremos que sea en los que menos impacto tengan en la población, pero lo que no se podrá hacer es pagar un dinero que no se tiene. Al final repercute en todos los demás servicios y en la propia entidad, que tiene que cerrar y eso es lo que no podemos consentir. 
 
Y, ¿qué es lo que no se debe perder nunca?
 
Somos prestadores de servicios pero no dejamos de ser también un grupo de presión para que la política, los gobiernos, sigan produciendo leyes y se siga trabajando por unos derechos, por la igualdad de oportunidades y si nosotros desaparecemos la sociedad pierde ese instrumento que somos las entidades. 
 
Esperemos que todo vuelva a la normalidad y podamos seguir trabajando en la defensa de los derechos de las personas, que es lo que queremos, no queremos ser empresarios, queremos ser personas que se preocupan por la accesibilidad, el empleo y todo lo que signifiquen posibilidades para que las personas con discapacidad tengan esa igualdad de oportunidades.
 
 
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