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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 15 de marzo de 2013cermi.es semanal Nº 71

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Cristina Fraile, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

“España tiene pendiente desterrar las formas contemporáneas de racismo”

13/03/2013

Esther Peñas

Los derechos humanos, inherentes a todas las personas en tanto que apuntalan su dignidad, son valores que en tiempos de crisis resultan amenazados, porque los Gobiernos se centran en otras cuestiones que, si bien no resultan secundarias, acaparan todos los esfuerzos y los medios, humanos, materiales y económicos. Para tomar el punto a la cuestión hemos conversado con Cristina Fraile, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, una mujer que irradia ilusión y contagia entusiasmo hasta, como ella misma apunta, ojalá se pudiera hacer mucho más. Todo se andará.

Si quiere podemos comenzar analizando cómo ha ido perfilándose el concepto de derechos humanos en los últimos años. Lo que antes de circunscribía a un puñado de conceptos, ahora afecta a todo lo relativo al desarrollo de la persona...  
Me gusta mucho la frase que asegura que la historia de los derechos humanos es la historia de una lucha. Se ha ido avanzando desde la Declaración Universal de  1948, aunque contiene en realidad una enumeración de todos los derechos y, que aunque no sea un tratado internacional propiamente dicho, y por tanto no se deriven de ella obligaciones exigibles jurídicamente, tiene un valor declarativo e interpretativo innegable. De hecho, nuestra propia Constitución, en el artículo10, lo menciona. Respecto a tu pregunta, creo que puede hablarse de tres generaciones de derechos humanos, aunque insisto en que todos estaban ya recogidos en la Declaración Universal, el primer gran estadio.

Después vinieron los Pactos Internacionales de 1966, civiles y políticos y, por otro, económicos, sociales y culturales donde se recoge, entre otros, el derecho al agua, recogido en origen como el derecho a un nivel de vida adecuado. España y Alemania han luchado mucho por este derecho en los últimos años.

La última etapa en cuanto a derecho es no hablar de grupos de derechos concretos sino de grupos de persona; en esas línea está la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de la ONU sobre discapacidad, un auténtico en los derechos humanos porque considera por vez primera a la personas con discapacidad sujeto de derecho, en vez de objeto de asistencia, lo que supone un revolucionario cambio de paradigma.
 
¿Hay derechos humanos de primera y segunda categoría?
En absoluto, aunque antiguamente se consideraba que los derechos más importantes eran los civiles y políticos (que correspondían a mundo desarrollado) en detrimento de los económicos, sociales y culturales. Pero, por fortuna, esa dicotomía ha desaparecido.
 
Hablamos de un enorme desarrollo, pero más teórico que práctico...
Es que una cuestión son las convenciones internacionales y otra la normativa de cada Estado, donde es el Código Penal el que vela por los derechos humanos. Las convenciones se ocupan de los estados; el derecho internacional de los derechos humanos sólo entraría en juego en el caso de que un país no cumpliese con sus obligaciones, por ejemplo si en España no se persiguiese a quienes cometen crímenes. En cuanto a la eficacia de la protección de derechos... es inevitable que se produzcan asesinatos, los atentados contra los derechos humanos con casi consustanciales a la convivencia humana. Lo interesante es que funcionen los instrumentos de los Estados para luchar contra eso. Y que las convenciones internacionales impregnen la legislación nacional. La aplicación práctica de los derechos humanos es la utopía.
 
Pero no podemos renunciar a ella...
Por supuesto que no, y no lo hacemos.
 
¿Todos los derechos están recogidos en convenciones?
Sí, en la parte práctica hay convenios internacionales que cubren satisfactoriamente la globalidad de los derechos humanos. Hay quien piensa que hace falta, por ejemplo, un convenio que regule los derechos de las personas mayores. Europa, a este respecto, y respaldo la opinión, considera que las persona mayores son personas y, en tanto que personas, sus derechos están regulados en todos los convenios existentes. Habrá que estudiar alguna puntualización normativa, pero es innecesario un convenio adicional.
 
¿España ha hecho suyos los convenios internacionales?
Hemos ratificado la práctica totalidad de convenios, excepto uno, que tampoco ha ratificado ningún país europeo, sobre los derechos de las personas migrantes y sus familias, porque se hizo a espaldas de los países receptores e hizo valer los interesen de los países que envían migrantes. Por lo demás, nos hemos acogidos a todos, incluso ratificando los protocolos adicionales, que contemplan mecanismo adicionales de control para vigilar el cumplimiento de esos tratados... desde ese punto de vista normativo estamos bien cubiertos; habrá que observar que todo eso se cumpla, se aplique, y que los mecanismos de control funcionen.
 
La crisis que impregna a todos los órdenes sociales, políticos y económicos, ¿ha afectado también a los derechos humanos?
Es una cuestión que tiene que valorar los comités de los tratados que valoran el grado de cumplimiento por parte de España de sus obligaciones; nosotros defendemos que la política de recortes es imprescindible para mantener el estado del bienestar. Es verdad que hemos recibido noticias de organismos internacionales a propósito de la preocupación que genera la posibilidad de que las políticas de recortes incidan en derechos concretos. En cualquier caso, los recortes son temporales y afectan temporalmente a esos derechos con el objetivo final de conservar el estado de bienestar.
 
En el ámbito internacional, ¿qué papel desempeña España en cuanto a políticas de derechos humanos?
Realizamos una continua e intensa campaña en relación con promulgación de las convenciones, sobre todo muy activo es nuestro papel en cuanto a Ratificación del Estatuto de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional, una cuestión que España  suele introducir en las consultas multilaterales o bilaterales con aquellos Estados que no los hayan ratificado todavía; lo mismo sucede con la ratificación del protocolo opcional al Pacto de 1966, sobre derechos económicos, sociales y culturales, que introduce un mecanismo de quejas. Recientemente lo ha ratificado un décimo Estado, así que entrará en vigor, completando una pequeña laguna, ya que la mayoría de estos tratados llevan aparejado un procedimiento de quejas y éste no lo tenía. Ahora ya sí. También tenía esa laguna el Convención sobre los Derechos de los Niños. Además, en la las reuniones del EPU, el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, España siempre examina qué convenios aún no han ratificado los países del nuestro entorno. Es cierto que hay Estados que tienen ratificados los tratados pero cuentan con graves deficiencias de aplicación y de cumplimiento; es otro nivel, pero el aspecto normativo es lo primero.
 
¿Qué líneas de trabajo tiene abiertas ahora mismo la Oficina?
Trabajamos  con seis prioridades básicas, sin menoscabo de otros derechos humanos, por supuesto, en las que tenemos iniciativas propias o destacamos por distintos motivos. El orden no es de importancia. La primera, la lucha contra la pena de muerte. Para nosotros ésta es una prioridad absoluta, y llevamos a gala haber promovido la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en 2010, formada por personalidades independientes cuya labor de concienciación de los gobiernos es importantísima. Por cierto que, en junio de este año, España acogerá el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte.
 
Segunda línea de trabajo...
La no discriminación por razón de género u orientación sexual, la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, en particular contra el feminicidio, con rasgos propios de Latinoamérica, aunque en cierto sentido extrapolable. La tercera serían los derechos de las personas con discapacidad. España es pionera en mucho temas, y particularmente en lo que se refiere a la aplicación de políticas internas de promoción de derechos de este colectivo; hace poco, de hecho, hemos recibido el Premio Roosevelt, que nos reconoce, en efecto, como uno de los países más avanzados en esta materia.

Cuarta línea de actuación...
Trabajamos con ahínco para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento; es un derecho no específicamente mencionado en la Declaración Universal, pero, gracias a la labor del comité de interpretación y a la presión de países como España y Alemania se ha conseguido. La quinta línea de actuación es la protección de los defensores de los derechos humanos, una prioridad transversal que  afecta a todos los derechos. Tenemos un programa de acogida temporal de defensores de derechos humanos en situación de peligro en el país de origen. No es que se queden de manera permanente, porque los defensores han de volver a sus países, que es donde se les necesita, pero sí de manera temporal se les proporcionada visado e incluso ayudas. La última línea de actuación sería las empresas y derechos humanos.
 
Un binomio peculiar...
Sí, es un mundo un tanto novedoso. Quienes están obligados a cumplir los tratados de derechos humanos son los estados, pero las empresas, sobre todo las multinacionales, desempeñan cada ve un papel más importante en el panorama internacional  y contribuyen al progreso, pero también pueden violar derechos humanos o contribuir a mejorarlos. Imagina una empresa textil alemana que produce en Bangladesh, donde los derechos laborales no son los mismos, y la empresa se beneficia de unos costes de producción. Puede contribuir a la sostenibilidad de la zona o, por el contrario, puede empobrecerlo más.
 
Pero estos derechos de las empresas supongo que como la materia relativa a responsabilidad social no son vinculantes...
No, pero se está desarrollando cada vez más; las empresas se dan cuenta de que puede ser incluso rentable. En España tenemos ejemplos de buenas prácticas como Repsol, que tiene una sección de RSC muy potente y una concienciación sobre derechos humanos muy arraigada.
 
¿La colaboración entre países europeos es fluida en cuanto a derechos humanos?
La comunidad de intereses es muy alta y similar dentro de la Unión Europea; hay alguna diferencia de matiz, por ejemplo el derecho al agua no interesa a todos por igual, pero interesa en cualquier caso. En cuanto a bloque, Europa coincide bastante con Estados Unidos, sobre todo en temas de no discriminación por cuestión de género. También estamos muy próximos a Noruega, Nueva Zelanda o Australia. Incluso a Sudáfrica, que juega un papel clave en el continente africano, sobre todo en el respeto a la opción sexual, algo que el resto de países del entorno le afean porque consideran que la homosexualidad es un invento europeo...
 
Desde la oficina que dirige, ¿cuál ha sido, a su juicio, la acción de mayor trascendencia?
Estamos muy contentos con los resultados contra la pena de muerte, y por el congreso que vamos a celebrar en junio. En materia de pena de muerte se avanza mucho, hay una tendencia a la abolición, lo que para nosotros es un motivo de gran satisfacción.
 
¿Es muy alto el nivel de hipocresía en materia de derechos humanos? Me refiero a países que ratifiquen convenciones pero que se hagan los remolones...
Todos los Estados tenemos cosas de las que estar orgullosos y de las que no; las cuestiones de derechos humanos no se deben valorar con arreglo al país, tratamos de defender que no nos interesan tanto los Estados como los temas. Sin ser inocentes, porque sabemos que las consideraciones de derechos humanos no son sino uno de los factores observados en la política exterior de los países, junto a otros como los políticos, económicos, consulares, culturales, empresariales, etc. De cualquier manera, no hablaría en términos de hipocresía, puesto que cada vez hay más conciencia de la defensa de los derechos humanos, al asimilar que no puede haber paz y seguridad sin respeto a los derechos humanos.
 
Dígame algún país desarrollado al que se le saquen los colores...
Es imposible, y no lo digo por no mojarme. La evaluación de los países con respecto a su grado de cumplimiento de los derechos humanos no se hace por comparación con otros países, eso sería lo fácil, sino por su situación propia y por su punto de partida. Cuando a nosotros nos evalúa el comité de derechos de las personas con discapacidad, al que vamos encantados de la vida, pensándonos los campeones, nos tiran de las orejas, porque ven lo que podemos hacer, nuestra capacidad, no nos comparen con nadie.
 
¿La virtud y la tacha de España?
La gran virtud es que hayamos ratificado la práctica totalidad de los convenios, que estemos en al día con los informes; en cuanto a la falla, y no es cosa mía sino que proviene de los comités de la ONU, nos han llamado la atención por la existencia en nuestro país de formas contemporáneas de racismo; todavía tenemos una visión muy arcaica del racismo, y nos pensamos como un país nada racista. Es cierto que existen ejemplos de buenas prácticas, tenemos muy buenas fiscalías de odio, en Barcelona y Madrid, que son secciones de fiscalías o fiscalías enteras especializadas en delitos de odio, contra lo distinto, el homosexual, el inmigrante, el de otro credo... Seguimos pensando en España que el racismo se reduce a creer en razas superiores y, en realidad, ese concepto ya está superado, ahora hablamos de otras cosas cuando hablamos de racismo, y esa es una asignatura pendiente.
 
¿Qué le ha reportado este trabajo como persona?
He descubierto muchos mundos desconocidos. El mundo de la discapacidad, por ejemplo, con el que nunca había estado en contacto con él. Llegué a el con prejuicios que ahora se me han desmantelado, hablando con la sociedad civil, con las organizaciones... y me he dado cuenta de lo fácil que es desmantelar ciertos prejuicios y lo difícil que es luchar contra las barreras sociales.

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