"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Fernando Pindado, asesor jurídico de la ONCE, Premio Derechos Humanos y Discapacidad CERMI 2015
“La persona 'standard' no existe, y en esa diferencia se encuentra la riqueza social”
11/12/2015
Beatriz Sancho
Fernando Pindado, asesor jurídico de la ONCE y apasionado confeso del Derecho, recibió ayer, Día de los Derechos Humaos, el V Premio Derechos Humanos y Discapacidad CERMI 2015 por su profusa y pormenorizada investigación: 'Hacia una catalogación de los derechos fundamentales'. En esta obra, inédita en el ámbito jurídico, Pindado aporta su propia visión sobre la situación social de las personas con discapacidad y propone "audazmente" opciones, soluciones y alternativas. El jurista, tras el conocimiento adquirido, aspira a ver que el esfuerzo de nuestro sector "obtenga su recompensa: un mundo más justo, que vaya dando sus frutos".
Yo estaba trabajando por entonces en el Consejo General de la ONCE con la Defensora del Afiliado y como asesor en las comisiones de este órgano y conocía, en la práctica, las dificultades que tenían las personas con discapacidad para hacer valer sus derechos con eficacia.
¿Por qué las cuestiones relacionadas con la discapacidad deben de ser absorbidas desde la perspectiva de los Derechos Humanos?
El modelo social de la discapacidad parte de la idea de que la propia sociedad es la que genera las barreras que sufren las personas con discapacidad, o agravan la situación que la propia discapacidad genera. Desde esta perspectiva, estas personas sufren una desigualdad de la que surgen innumerables situaciones discriminatorias en el día a día, impensables en principio, lo que les impide o dificulta el desarrollo de su proyecto vital. Quedan afectadas su propia libertad individual e igualdad, dentro del marco de la dignidad humana. Todo ello, nos conecta con los propios fundamentos de los derechos humanos y fundamentales, por lo tanto.
¿Podría reunir con esa remarcable "pericia" que señala el jurado del V Premio Derechos Humanos y Discapacidad CERMI 2015, los argumentos fundamentales que realiza en la investigación galardonada?
He analizado el problema que sufren estas personas desde un punto de vista práctico, cómo se vive desde el desarrollo de las actividades de su vida diaria, y la escasa recepción de que gozan sus derechos en distintos sectores; desde un análisis jurídico he catalogado estos derechos con un enfoque transversal, llegando finalmente a la conclusión de que no hay diferencias en relación con otros derechos fundamentales. La conclusión es que la diferencia de trato que sufren estas personas resulta una cuestión meramente política.
"La conclusión es que la diferencia de trato que sufren las personas con discapacidad resulta una cuestión meramente política"
¿Por qué fracasa sistemáticamente el ordenamiento jurídico a la hora de satisfacer las necesidades de justicia y de bienes y servicios accesibles para todos? ¿Cuál sería la solución?
El ordenamiento jurídico resulta, muy frecuentemente, meramente formal. Es un entramado con numerosas leyes, pero que no se cumplen; tampoco en la sociedad preocupa realmente ese incumplimiento. No se hacen llegar fondos suficientes para que se subsane esta situación, o no se incorpora a las políticas sectoriales, con suficiente celeridad, el enfoque de la igualdad inclusiva de las personas con discapacidad. La sociedad parece que se conforma con una justicia distributiva, heredera de nuestra tradición jurídica liberal.
Para solucionar el problema, la sociedad debería ser consciente de la situación, del riesgo que se corre con la circunstancia de que una sociedad no resulte realmente inclusiva, donde todas las personas gocen de un proyecto de vida pleno; de cómo una sociedad no es democrática sin la inclusión del colectivo de personas con discapacidad. Llegados a este punto, cae por sí mismo que estos derechos merecen la consideración jurídica que la propia fundamentación, de la que he hablado anteriormente, aporta.
"El ordenamiento jurídico es un entramado con numerosas leyes, pero que no se cumplen; tampoco en la sociedad preocupa realmente ese incumplimiento"
Una de las conclusiones que recoge 'Hacia una catalogación de los derechos fundamentales' dice que "género y discapacidad plantean problemas que, sin dejar de mantener diferencias fundamentales, pueden ser acometidos desde una posición social común. ¿Nos los explica?
Los fundamentos jurídicos de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad son los mismos: existe un riesgo de exclusión social, generan lesiones en los principios de libertad e igualdad, permanentes situaciones de doble discriminación. No obstante, los instrumentos normativos con los que han sido dotados las mujeres parten de una consideración orgánica y fundamental de estos derechos que los del grupo social de personas con discapacidad no tienen. Siendo grave la situación de discriminación que la mujer sufre en nuestra sociedad, el grado de exclusión de las personas con discapacidad es todavía mayor. En cambio, el poder político no les ha dotado de las mismas herramientas de defensa de sus derechos.
"Siendo grave la situación de discriminación que la mujer sufre en nuestra sociedad, el grado de exclusión de las personas con discapacidad es todavía mayor"
¿Coincide su investigación en que dentro del sector poblacional de las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental, con discapacidad intelectual y las mujeres con discapacidad son más vulnerables y sufren más discriminación?
Ciertamente no más, pues la discriminación no es graduable (o existe o no), pero sí en una mayor intensidad; todos estos grupos que me indica sufren situaciones de doble discriminación, siendo los problemas que viven para su inclusión social mayores que el resto de personas de ese mismo grupo social. Para ello, se debe apostar por una política de “las capacidades”, conforme a la que los proyectos vitales de esas personas resulten merecedoras de igual consideración, recibiendo los ajustes y las medidas de acción positiva que resulten precisos para garantizar la igualdad de oportunidades.
"Se debe apostar por una política de las capacidades, conforme a la que los proyectos vitales de esas personas resulten merecedoras de igual consideración para garantizar la igualdad de oportunidades"
Y otra conclusión, hermosa y dolorosa en su formulación, dice: "la discapacidad en sí no resulta injusta, sino que resulta injusta la falta de atención a la discapacidad". ¿Puede desmembrar la idea?
La respuesta a su pregunta se encuentra en el modelo social al que he hecho referencia anteriormente. La persona con discapacidad parte de la existencia de determinadas lesiones que no pueden resultar evitadas en muchos casos; lo que sí se puede evitar es el efecto pernicioso que la propia discapacidad, como condición social, genera en estas personas. En muchos casos, se piensa que las medidas de acción positiva son muy costosas; en mi trabajo arrojo algunas cifras que demuestran lo contrario. Por ello, insisto en que se podría mejorar el reconocimiento de los derechos de estas personas con un cambio de estrategia política, incorporando la toma en consideración de la discapacidad de manera transversal en todas las decisiones.
"Se podría mejorar el reconocimiento de los derechos de estas personas con un cambio de estrategia política, incorporando la toma en consideración de la discapacidad de manera transversal en todas las decisiones"
¿Cuál sería el mecanismo más eficaz para conseguir que las personas sin discapacidad dejen de considerar trivial el aspecto práctico de la gestión de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su aplicación en la vida diaria?
Igual que las mujeres, el mejor instrumento para que las personas sin discapacidad contribuyan a suprimir sus barreras es la inclusión social, que cada individuo pueda aportar el máximo de sus capacidades a la economía y a la sociedad. El mejor ejemplo es la propia inclusión. Ver cómo estas personas pueden desarrollar todas las actividades de su vida como el resto de las personas sin discapacidad.
Una de las mayores lecciones de vida que he recibido es que las personas con discapacidad compensan con múltiples capacidades las lesiones que sufren, resultando el balance muy a su favor en cuanto a las funcionalidades que obtienen. La estigmatización es fruto del miedo a vivir en igualdad. Debemos ser conscientes de que la vida en igualdad beneficia a todos y todas.
"El mejor instrumento para que las personas sin discapacidad contribuyan a suprimir sus barreras es la inclusión social"
¿Qué párrafo o idea de su investigación destacaría porque al encontrarla, al escribirla, al releerla brilla con luz propia y que, quizás, le gustaría que "todos" comprendieran, aceptaran, integraran e, incluso, trascendieran?
Estoy muy satisfecho con la reflexión apuntada antes de que: "la discapacidad en sí no resulta injusta, sino que resulta injusta la falta de atención a la discapacidad". Por otro lado, que la situación actual resulta heredera de una tradición jurídica liberal (Rawls, Dworkin, Hayek, y otros brillantes juristas y economistas, que lo que genera es una justicia meramente formal, dramáticamente injusta para muchas personas.
La persona standard no existe y en esa diferencia se encuentra la riqueza social y, sobre todo, cómo la sociedad resulta capaz de canalizar esas diferencias para lograr una inclusión plena del “diferente”. Las soluciones que se dan al grupo de personas con discapacidad resulta extrapolable al resto de personas en riesgo de exclusión social. La solución que demos a esta situación nos beneficia a todos y todas.
"La persona standard no existe y en esa diferencia se encuentra la riqueza social"
Mediante su investigación, ¿cuál ha sido esa "humilde", pero "necesaria contribución" suya para mejorar el marco legal de protección de la "deficiente" elaboración teórica del texto constitucional?
El texto constitucional adolece de numerosos errores sistemáticos, fruto de la situación de compromiso político en el que fue elaborado. Comprobé que esos errores se perpetuaban incluso en el lenguaje de las personas con discapacidad. Mi leitmotiv en la investigación es aportar un poco de claridad jurídica en este proceso tan farragoso, donde muchas veces las injusticias se esconden detrás de palabras cuyo alcance y significado muchas veces se desconoce. Sobran normas y falta claridad jurídica. A ello he pretendido contribuir con una investigación humilde, pues conozco mis propias limitaciones.
¿Podría esbozar una conclusión global, clara y producto de la investigación, y otra personal que haya descubierto durante la realización de este trabajo?
Falta una voluntad política para integrar al “diferente” en el entorno social. Desde el punto de vista personal, me ha parecido dramático el recorte de libertades que grupos importantes de personas sufren en su día a día, sin obtener una respuesta adecuada. Son muchos años ya que se implantaron instrumentos normativos muy avanzados en lo jurídico, que nula aplicación han tenido.
