En tiempos difíciles, como los que vivimos a causa de la pandemia de coronavirus, se observan algunos comportamientos que pueden resultar denunciables contra sectores más vulnerables, como las personas con discapacidad, ¿ha recibido la fiscalía denuncias en este sentido?

 

Desde el minuto cero la Fiscalía quiso estar a disposición de la sociedad para hacer frente a una eventual afectación a grupos de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, convirtiendo su protección en un objetivo prioritario de la Fiscalía. También quiso que la sociedad lo supiera. Por ese motivo, junto al Fiscal de Sala de lo Civil, impartí una orden con directrices muy concretas a todos los Fiscales delegados de lo Civil. Y quise que esta orden se conociera por la ciudadanía, por lo que la trasladamos a la prensa. Las Fiscalías han estado recibiendo denuncias, quejas, incluso consultas, que realizan las personas afectadas y/o sus familiares. Diariamente todas las Fiscalías provinciales informan a la Fiscalía General sobre la situación de estos grupos vulnerables en su territorio.

 

Las personas con discapacidad y las personas mayores están sufriendo con especial intensidad, de modo absolutamente desproporcionado el impacto de la pandemia, en víctimas mortales, en contagios, etc. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio Fiscal para proteger los derechos de las personas en extrema vulnerabilidad en esta crisis masiva de salud?

 

La Fiscalía cuenta con redes de Fiscales especialistas que se encuentran en todas las provincias. La vulnerabilidad puede encontrarse asociada a temas de violencia sobre la mujer, menores, extranjería…Por lo tanto, será preciso valorar caso por caso para poder ofrecer la mejor respuesta. En estos momentos, la recepción de las denuncias motiva la apertura de diligencias preprocesales, si se trata de un tema civil. Si tiene implicaciones penales, se abren diligencias de investigación que permiten al Fiscal investigar los hechos y determinar si tienen relevancia penal suficiente como para presentar denuncia o querella ante un juzgado de instrucción. También hay una actuación del Ministerio Fiscal que es muy importante en estos momentos: Impulsor de la actividad de las administraciones. Me llega la experiencia de compañeros y compañeras que mediante el contacto telefónico o con videoconferencia a otras administraciones, han dado lugar a soluciones. Pero quiero dejar claro que la Fiscalía va a investigar todo porque las víctimas son una prioridad.

 

¿Cuál sería la respuesta de la fiscalía ante un comportamiento tan discriminatorio como el de establecer prioridades de atención sanitaria a las personas según su discapacidad o su edad?

 

En primer lugar, creo que debemos acreditar aquello que se afirma. La situación actual ha dado lugar a muchos bulos, fake news, con noticias que provocan, o quieren provocar, alarma. En estos momentos desconozco la realidad de esa afirmación. A la Fiscalía no le consta que se haya dado en ningún centro sanitario órdenes, instrucciones o recomendaciones en ese sentido.

 

¿Pueden considerarse delitos de odio las conductas de vecinos que desde sus casas increpan, acosan y ofenden a determinadas personas con discapacidad que durante el estado de alarma, como estaba permitido, realizaban salidas terapéuticas para evitar el colapso personal? 

 

Durante estos días se ha asistido a una de las mayores muestras de ejemplo de la ciudadanía con un comportamiento digno de una sociedad democrática, avanzada. Excepcionalmente, se han producido algunos casos en los que grupos vulnerables han podido ser víctimas de acoso, insulto o coacción. Esto es algo que la Fiscalía no tolera. La Circular 7/2019, de 14 de mayo, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal contempla el odio por razón de discapacidad como uno de los supuestos de comisión del delito. Las secciones de Fiscales especializados en delitos contra el odio y la discriminación asumen estos procedimientos y, como decía, valoraremos caso por caso, las víctimas son nuestra prioridad y no vamos a tolerar que este tipo de hechos se produzcan y queden impunes.

 

Usted en su etapa de Ministra de Justicia, con gran acuerdo jurídico y social, dejó lista una gran reforma del Derecho Civil para promover la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Desde su nuevo puesto al frente de la Fiscalía General del Estado, ¿sigue considerando esa reforma como urgente y necesaria?

 

Recuerdo la elaboración del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de Discapacidad como un proyecto muy ambicioso. Se modificaban más de 150 artículos del Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro Civil y la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Se tratada no solo de eliminar términos estigmatizantes como incapaz e incapacitación del lenguaje jurídico, sino de sacar adelante un replanteamiento de la regulación del proceso sobre la capacidad y de las figuras de tutor, curador, patria potestad prorrogada, defensor judicial o guarda de hecho, en consonancia con el artículo 12 de la Convención. Debo reconocer el apoyo que el Anteproyecto tuvo desde el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social. En estos momentos hay temas sanitarios que ocupan la primera línea de la urgencia, pero sigo pensando que se trata de una reforma necesaria y las “Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España” de 9 de abril del pasado año del Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas también así lo ha dicho.

 

¿Cuándo estará funcionando y operativa la Fiscalía especial para Personas con Discapacidad y Mayores, creada pero sin estar cubierta efectivamente? Desde el movimiento de la discapacidad, que la propuso, se espera con avidez, para trabajar más activamente en la protección jurídica de estas personas.

 

La Fiscalía, en su función tuitiva, trabaja en defensa de aquellos colectivos que precisan de una mayor protección. Lo hace muy eficazmente desde la Fiscalía de lo Civil y de sus delegaciones en las Fiscalías territoriales. En cuanto se alce la suspensión de los plazos administrativos se iniciará el proceso para culminar el nombramiento de Fiscal de Sala Especial para Personas con Discapacidad y Mayores, que sin duda alguna contribuirá al fortalecimiento de esa función constitucional.

 

En los procesos y procedimientos judiciales las personas con discapacidad no están en las mismas condiciones que las demás, requiriéndose ajustes de procedimiento para que el pleno acceso a la Justicia sea una realidad. ¿Qué puede hacer el Ministerio Fiscal para facilitar esa posición de igualdad de las personas con discapacidad en los procesos jurisdiccionales?

 

Desde la Fiscalía General del Estado el apoyo a las personas con discapacidad ha sido siempre transversal. En todas las materias en que la Fiscalía trabaja hay siempre una mención, una referencia, un apartado específico que contemple si se pueden ver afectadas personas con discapacidad. Son numerosas las Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía General sobre esta materia que pretenden unificar el criterio de la Carrera Fiscal, que es una garantía de todos ante la ley. Invito a entrar a la web del Boletín Oficial del Estado, y consultar la Doctrina de la Fiscalía. En ella encontrarán un reflejo del interés de la Carrera Fiscal por proteger a las personas con discapacidad, defender sus derechos y acompañarlos en el procedimiento.

 

Entre los documentos internos, quiero citar el Manual de estilo del Ministerio Fiscal, que publicamos el pasado 5 de noviembre. En él se recogen un conjunto de normas dirigidas a que el estilo de nuestros escritos sea claro y sencillo, como presupuesto para una comprensión adecuada, lo que contribuirá a facilitar la aproximación de las personas con discapacidad al mundo jurídico. 

 

Y un ámbito muy importante es el de la formación porque, aunque se trata esta de una materia muy vocacional, no puede descuidarse la necesaria capacitación de toda la Carrera Fiscal, no solo la de quienes trabajan en las secciones especializadas. Tratamos de que cualquier fiscal que se encuentre en un procedimiento en que intervenga una persona con discapacidad disponga de recursos que faciliten la intervención de esta en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

 

Por último, creo que al hablar de la presencia de personas con discapacidad en la Justicia hay que hacer referencia a una reforma que las sitúa como protagonistas. Me refiero a la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1999, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que asegura la participación de las personas con discapacidad en el jurado. Iremos aprendiendo con ellos y ellas cuáles son las necesidades que puedan tener para apoyarlas y conseguir que con su integración en este tipo de procedimientos se logre una Justicia mejor.