Entrevista

Gonzalo Rivas Rubiales, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía

“Se mantendrán los servicios a las personas con discapacidad, aunque no se crezca como estaba previsto”

19/11/2012

Blanca Abella

Una de las prioridades del Gobierno andaluz consiste en no bajar la guardia en las políticas sociales, así lo asegura el director de discapacidad de la comunidad autónoma. “Por respeto al esfuerzo propio y ajeno no podemos escapar hacia atrás”, afirma. Gobierno y entidades de la discapacidad comparten un mismo objetivo, un único fin, afirma, por eso Gonzalo Rivas no cree que se llegue a romper el diálogo, a pesar de las dificultades naturales de la dialéctica.

La situación actual es crítica para todos, pero resulta más complicada para aquéllos que ya vivían al borde de la exclusión. Como responsable de discapacidad en Andalucía ¿qué puede hacer para evitar que la población con discapacidad no se vea tan afectada por la crisis?
Esa vida al borde de la exclusión -antes de perdernos en este entramado al que en un exceso de indulgencia hemos convenido en llamar crisis-, sin ser todavía buena, era el resultado de una conquista en proceso, el punto en  que se encontraban las personas con discapacidad para compartir trayecto con el resto de la ciudadanía. Nunca nos esforzaremos lo suficiente para que lo que ha costado décadas conquistar no se pierda en esta mala tarde de la crisis.

En principio está previsto que nuestro tributo al ajuste consista esencialmente en no avanzar (que no es poco sacrificio si tenemos en cuenta que el derecho que no se ejerce, se pierde) y queremos también mantener el nivel que nos había impuesto la trayectoria de ser una de las comunidades pioneras en el logro de garantías civiles para las personas con discapacidad.

En la práctica, la Consejería de Salud y Bienestar Social, como recientemente ha expuesto en el Parlamento andaluz la consejera  María Jesús Montero, continuará con su postura de avanzar en las políticas de apoyo a las familias andaluzas, la eficiencia y la justicia social. Para ello mantendrá las partidas presupuestarias en estas áreas durante el próximo ejercicio y pondrá en marcha nuevas medidas que agilicen las ayudas de la Administración. En este sentido, la Consejería de Salud y Bienestar Social estudiará el establecimiento de garantías de tiempos máximos de respuesta para la ciudadanía en el reconocimiento de sus derechos y la prestación de servicios sociales, de forma similar a las garantías sobre tiempos máximos de espera que ya existen en el ámbito sanitario. En definitiva, se van a mantener los servicios que se venían prestando a las personas con discapacidad, aunque no se crezca como estaba previsto. Siempre se pueden establecer prioridades, y así lo hace el Gobierno andaluz, no bajando la guardia en las políticas sociales.

Es su segunda legislatura al frente de la dirección general de personas con discapacidad, en tiempos difíciles, ¿cuáles han sido hasta ahora los logros en esta responsabilidad?
Formar parte de un equipo de personas en estrecha colaboración a favor de las personas con discapacidad ha permitido continuar con una labor sin interrupción, orientada a garantizar lo hasta ahora conseguido, impulsando la transversalidad de la dimensión de la discapacidad en todas las políticas públicas. Por ejemplo, tenemos una estrecha colaboración con la televisión pública andaluza, cuyo segundo canal se ha convertido en un canal que ofrece la misma programación que el primero, pero totalmente accesible, con toda su programación subtitulada, signada en lengua de signos o audiodescrita. De esta manera nos hemos habituado naturalmente a una forma de expresión que hasta hace poco resultaba cuando menos anecdótica o llamativa. Dar curso legal y social a la vida cotidiana de cada una de las personas con discapacidad que viven en Andalucía es sin duda la tarea fundamental que nos hemos propuesto llevar a cabo desde la Consejería de Salud y Bienestar social. Estoy seguro de que más pronto que tarde acabaremos lográndolo plenamente. Entretanto, estamos en ello.

Ya en 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013 con el fin de  mejorar la calidad de vida y la imagen de las personas con discapacidad. A los pocos meses se aprobó la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

Al objeto de impulsar permanentemente la accesibilidad, se ha firmado el Pacto Andaluz por la Accesibilidad, suscrito por el Gobierno andaluz, por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por el CERMI, la Confederación de empresarios de Andalucía, UGT, CCOO, así como por representantes de los Consejos andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectura y Aparejadores y Arquitectos técnicos, pacto al que se están empezando a adherir los ayuntamientos.
También es asunto de primer orden en esta etapa del Gobierno andaluz romper sesgos de género y dar el sitio que es suyo a las mujeres con discapacidad.

¿Qué le reclama al Gobierno el sector de la discapacidad andaluz en estos momentos de crisis?
Yo diría que en los últimos tiempos la reclamación siempre es una y la misma: evitar el retroceso. En estos momentos  es obligado  que los reajustes que se están produciendo no afecten a los derechos conseguidos con tanto esfuerzo por las personas con discapacidad y por sus familias.

De la crisis saldremos, nada dura eternamente. Como siempre, los griegos nos dieron la solución advirtiéndonos, en palabras de Arquíloco, que sobrevaloramos la pena y la dicha sin recordar que en la vida impera la alternancia. (Desde luego, resulta demoledor que el pueblo de nuestros maestros sea el paradigma  de la  derrota en estos días, pero este sería otro discurso).

La seguridad de que cada uno de los procesos en los que nos vemos involucrados, como colectivos o como especie, es pasajero, ineludiblemente transitorio, debe hacernos reparar en el hecho de que la salida del presente no puede hacerse a cualquier precio. Si me permiten un juego de tiempos: no podemos consentir que el presente nos lleve a  tomar medidas que igualen nuestro futuro al pasado. Por respeto al esfuerzo propio y ajeno no podemos escapar hacia atrás. Ese universo paralelo habitado por los que nos precedieron y quienes un día nos sucederán no entendería el derroche de injusticia, la ostentación de cobardía que puede suponer seguir ya en el siglo XXI sin incluir la diferencia como parte esencial de la vida común. Y en los tiempos que corren, desgraciadamente,  hemos descubierto que para muchos el pasado es el lugar más confortable, y el statu quo de otro tiempo es poco menos que el orden divino a seguir por designio.

La dificultad para conseguir un objetivo no varía un ápice la legitimidad del requerimiento ni la convicción para defenderlo. Se dice que esta generación vivirá peor que la de sus padres. Quizá podamos permitirnos dejar menos confort a nuestros hijos, pero no menos derechos ya alcanzados  ni menos dignidad y sentido  común para seguir defendiéndolos.

Llevamos treinta años consiguiendo poco a poco, negociación a negociación, decreto a decreto, que las personas con discapacidad ocupen el lugar que la sociedad les ha venido negando secularmente. Ese debe ser nuestro legítimo legado.
 
El diálogo, ¿ha sido siempre fluido entre el sector de la discapacidad y el Gobierno andaluz o ha habido momentos de tensión?
Partimos de que tanto el sector como el Gobierno comparten el mismo objetivo: el bienestar de las personas con discapacidad, lo que permite el buen entendimiento con el CERMI. Creo que el diálogo mantenido ha sido una constante aunque no exenta de dificultades. Esto de la dialéctica es algo muy dinámico, una vez atendidas unas demandas, surgen otras, y siempre estamos enredados en pro de la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Desde siempre el Gobierno andaluz ha diseñado y ejecutado sus políticas junto con el movimiento asociativo, favoreciendo su participación en la elaboración de planes, leyes, en la gestión de servicios, etc.

Quizás uno de los principales problemas de las entidades, en toda España, aunque más en unas comunidades autónomas que en otras, sea la deuda que no terminan de saldar las administraciones ¿la Junta ha podido hacer algo en este sentido?
La realidad es que la asfixia que el Gobierno de la Nación impone a las comunidades autónomas por el objetivo del déficit, así como los enormes recortes llevados a cabo, por ejemplo, en materia de Dependencia, para la que sólo este año 2012 Andalucía ha tenido 89 millones de euros menos del Estado, nos conducen a la situación en la que estamos. Recientemente nuestra consejera ha manifestado que cuando se reciba el Fondo de Liquidez Autonómica serán abonados los retrasos. En cualquier caso resulta difícil gestionar ese “cuando se reciba” a diario, trasladándolo al sentir cotidiano de las personas con discapacidad. Por ello es tan importante que la política social tenga un carácter prioritario en el ideario y la práctica del actual Gobierno andaluz.

Además, la financiación de las entidades se ha visto muy resentida con la desaparición de las obras sociales. Como experto en políticas de discapacidad y al mismo tiempo en la gestión de entidades, puesto que ha trabajo muchos años en las mismas, ¿cuál cree que debe ser el papel de las entidades de la discapacidad en la actualidad, su modelo de gestión? ¿Cree que será posible una adaptación a estos nuevos tiempos?
Estoy totalmente convencido de que esa adaptación a los nuevos tiempos será no sólo posible, sino también necesaria e inevitable. El  mismo CERMI ha apostado por una convergencia de servicios en el movimiento asociativo, sin perder sus propias identidades y atendiendo a las singularidades de las necesidades específicas de los diferentes tipos de discapacidad. Por otro lado, hay que procurar que las asociaciones, que en Andalucía gestionan aproximadamente un 90% de los servicios residenciales y de día para la atención de personas con discapacidad, dependan menos económicamente -para su mantenimiento de sus estructuras- de las administraciones.

¿Podrían los gobiernos, la Dirección General de Personas con Discapacidad, contribuir de alguna manera a esta nueva orientación? ¿Cree que deben hacerlo?
Indudablemente, estamos obligados a hacer los reajustes que sean necesarios, a emprender un camino que hemos de diseñar y hacer juntos. En estos momentos, cuando creíamos que ya nos habían asignado un papel, van y nos lo cambian.  Desde luego, nadie pensó que esto fuera fácil, sí estuvimos convencidos desde el principio de que la inclusión social de las personas con discapacidad, fruto de la colaboración entre las diferentes entidades, sería inevitable.

El papel más destacado de las asociaciones es el de ser interlocutores de las personas con discapacidad, o de sus familiares, ante la sociedad, ante los poderes públicos, y desde luego este nuevo camino no tiene por qué hacer cambiar las cosas en este sentido.

Ante la posibilidad de que la discapacidad decida movilizarse, manifestarse, o romper el diálogo. ¿cómo reaccionarían desde la dirección general?, ¿cree que le corresponde el papel de mediador con el Gobierno?
No creo que se llegue a romper el diálogo. Las dos partes sabemos que somos imprescindibles para conseguir el mismo y único fin: la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad. Nadie rompe un diálogo de manera unilateral cuando sabe que una parte de la clave del éxito está en manos de su interlocutor. Este año, desde la Dirección General de Personas con Discapacidad se ha seguido apoyando económicamente las estructuras de las asociaciones, así como el desarrollo de programas. Lo que no vamos a hacer es callar la voz del sector, de hecho ya ha habido movilizaciones, están en el ejercicio de sus derechos, y sí, es cierto que se nos demanda un papel mediador en el conjunto de las políticas sociales.

¿Qué es aquello que se conserva intacto a pesar de la crisis entre las personas con discapacidad?
Decía Belmonte que el día de la corrida crece la barba. Es el miedo. En este circo donde parecemos el centro y se nos pide cada día más ante esta bestia  a la que nuestra imprecisión o nuestra ignorancia sólo han llamado crisis, desde la perspectiva de un proceder valiente conviene que también sintamos algo de miedo por lo que puede perderse. Las personas con discapacidad seguimos saliendo a darlo todo a diario generando defensas, con la certeza de que no debemos confiarnos, no debemos ceder, ni pensar que nuestro esforzado y relativo avance pueda resultarnos suficiente. No somos un país con tradición secular en la obtención de derechos ni es secular la razonable ambición de igualdad de oportunidades  casi generalizada de nuestros últimos años; es más, nunca hemos dejado de advertir  cómo no son pocos los que piensan que con la desigualdad que se regenera a la mínima de cambio  cada cosa está en su sitio.

En definitiva, cada concepto debe seguir perteneciendo a su ámbito y los términos económicos no deben atravesar la línea de las relaciones sociales: el déficit, la recesión, la pérdida de activos no pueden invadir las competencias de la vida que no les pertenecen. Una gestión que establezca prioridades en lo social no dejará, después de todo, una sociedad civil empobrecida en lo económico y maltrecha en lo social. Para contrarrestar las carencias seguimos trabajando porque contamos con el material humano más sensible a la pérdida de metas: los hombres y mujeres con discapacidad que siguen bregando y se esfuerzan porque todavía no han llegado.

La trayectoria de los logros sociales en general y en particular de las conquistas civiles de las personas con discapacidad ya no puede detenerse, ya somos presa de aquel impulso que arrastra y, por ello, esta crisis no puede llegar para instalarse. Debemos atribuir a nuestras decisiones una interinidad que nos permita volver a levantarnos, salir a la superficie sin haber dado al enemigo más de lo que pide.