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viernes, 26 de octubre de 2018cermi.es semanal Nº 320

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Íñigo Alli, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad

“La aprobación de la reforma de la Loreg devuelve la dignidad a la clase política”

25/10/2018

Blanca Abella

Un diputado de provincias, como se presenta Iñigo Alli, ha sido agente fundamental en la recuperación del voto para 100.000 personas con discapacidad. Asegura que la unanimidad política podrá verse pocas veces más en esta legislatura, que define como histriónica. A su juicio, además de devolver el derecho al voto a todas las personas con discapacidad, la aprobación de la reforma de la Loreg logra también devolver un poco de dignidad a la clase política, ya tan maltrecha.

Íñigo Alli, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, interviene en el Congreso en defensa de la reforma de la Loreg¿Cómo valora la jornada del pasado jueves en el Congreso, con la aprobación de la reforma de la Loreg?
 
Hemos devuelto un poquito de dignidad a 100.000 personas con una incapacitación judicial, a quienes se les negó un derecho civil y también hemos devuelto un poquito de dignidad a la condición pública o política tan maltrecha. Es un pequeño paso adelante en la conquista social a nivel nacional pero todo un mundo para 100.000 personas.
 
¿Valora entonces también de manera positiva el beneficio que esta decisión unánime en el Congreso supone para los propios políticos y su actividad pública?
 
Especialmente en una legislatura tan histriónica, en una carrera de todos los partidos políticos, todos, por intentar polarizar y marcar la diferencia, en vez de construir puentes, que es al fin y al cabo la política. Pocas iniciativas legislativas del calado de la que hemos logrado, que es que 100.000 personas puedan votar, se van a poder ver más en esta legislatura. Es un paso hacia adelante para marcar un camino, una senda, para todas las fuerzas políticas. Es posible avanzar y dar progreso a la sociedad trabajando conjuntamente. 
 
¿Qué ha hecho falta para que al fin se logre esta reforma después de tantos años reclamándola?
 
Han sido varios factores clave. En primer lugar que exista una iniciativa legislativa registrada hace ya dos años en el Congreso de los diputados. Y lo digo con toda la humildad, un servidor, un diputado de provincias, registró esta iniciativa el 17 de febrero de 2017. A partir de ese momento comienzo una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, que desde el año 85 no habían visto como algo prioritario este gran problema de nuestra sociedad.
 
¿Cómo es posible que haya habido resistencias y luego sin embargo unanimidad en la votación?
 
IZDA Íñigo Alli, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, se fotografía con personas con discapacidad celebrando la reforma de la LoregUna vez que logramos llevarlo a la Comisión constitucional, dentro de la reforma de la ley electoral, es lógico que haya discrepancias y debates con mucha carga de profundidad. Es lógico y lícito separar el derecho al voto del acto de votar pero lo que es incuestionable es que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos al nacer tienen los mismos derechos o libertades, son inherentes a la persona, por tanto no puede entrar en el debate la capacidad de discernimiento, porque si incluimos ese debate, tenemos que llevar a plantear la posibilidad, como hacía un partido, de que puedan votar las personas con alzheimer, las personas con dependencia severa o las personas con alcoholismo… Cuando se ha planteado ese debate, siempre hemos vuelto a considerar prioritaria la idea de que ese derecho es inherente a la persona. 
 
El CERMI pedía esta semana en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso la reforma del artículo 49 de la Constitución, para cambiar del término 'disminuido' por el de 'personas con discapacidad'. Pero además pide que se elimine la categorización de las personas con discapacidad en físicos, sensoriales o psíquicos, ¿qué opina de esta reclamación?
 
Al ser diputado del grupo mixto soy portavoz a su vez en la Comisión Constitucional, en la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico y en la de Discapacidad, y en las tres comisiones, hace ya más de un año, después de hablar con el CERMI, planteé la posibilidad de modificar el artículo 49 de la Constitución española y esa reforma también logrará de nuevo unanimidad y espero que sea antes de que finalice esta legislatura. Creo que debe haber unanimidad. Pero quiero hacer una reflexión previa, ningún partido político critica lo que se hizo hace 40 años, entonces ya fue un éxito en sí mismo que se incluyera un artículo, como el 49, que hiciese referencia a las personas con discapacidad, ahora bien, por suerte las sociedades evolucionan y los políticos tenemos que ser conscientes de esas evoluciones. La duda que tengo es si algún partido político que lleva en sus programas electorales la reforma constitucional va a aprovechar este acuerdo de reforma del artículo 49 para incluir otras enmiendas a la Constitución; es uno de los grandes riesgos de este punto, en el que todos opinamos favorablemente.
 
¿Sabe que el CERMI centrará ahora su tarea de incidencia y presión en acabar con las esterilizaciones forzosas erradicándolas del código penal?
 
Ese es otro de los asuntos en los que estamos interesados y tenemos que lograr esa conquista social y espero que se instrumentalice a través de alguna reforma legislativa y por tanto aceleremos el paso como lo hemos hecho con el derecho al voto. Ahora bien, los tiempos y procedimientos parlamentarios pueden llegar a ser frustrantes y espero que ningún partido bloquee, vete o se disfrace dentro de esa armazón parlamentario para no lograr ese gran deber que tenemos los políticos con la sociedad, especialmente con las mujeres con discapacidad intelectual.
 
¿Cree que se darán esos bloqueos o se plantearán más dudas en esta cuestión que con la reforma de la Loreg?
 
Íñigo Alli, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidadNo lo sé, pero tengo claro que, como ocurre con todos los grandes avances, habrá diferentes ideas. Vamos a intentar desde el consenso y fuera de focos mediáticos, llegar a acuerdos, ese es mi gran reto.
 
¿Qué otra cuestión relacionada con la discapacidad consideraría urgente o prioritaria?
 
Debería ser prioritario lograr, por parte de los tres poderes públicos, tanto la Administración estatal, como la autonómica y la local o municipal, tres grandes retos para las personas con discapacidad en nuestra sociedad moderna, uno es la inclusión, otro el desarrollo personal y en tercer lugar, la autonomía personal. 
 
En relación con esos grandes objetivos y para facilitar su desarrollo, el CERMI plantea incluso la necesidad de introducir un cambio en la Constitución, para que los derechos sociales sean reconocidos como fundamentales. 
 
No sé si es necesaria una modificación de la Constitución o si el desarrollo de leyes orgánicas, que tienen un peso fundamental como desarrollo de la Carta Magna, pudiera ser suficiente. No lo sé, es algo que tengo que reflexionar. Pero está claro que tenemos que dar los apoyos básicos públicos e individualizados a cada persona según su proyecto vital, y ese es el gran reto que tenemos como sociedad española. 
 
Parece ser que muy pronto el Congreso tendrá que debatir también algunas cuestiones relacionadas con la Ley de Autonomía personal y atención a la dependencia.
 
La mal llamada Ley de Dependencia adolece de algo que es fundamental para el apoyo cotidiano en la vida de las personas con discapacidad, en este caso con cualquier tipo de dependencia, que es su financiación. Y si el espíritu de aquella ley era que un tercio lo abonara el Estado, otro tercio cada comunidad autónoma y el otro el usuario a través del copago, la realidad a día de hoy es que, al menos en lo que yo conozco en la Comunidad de Navarra, no se alcanza el 9% de contribución a las prestaciones y servicios públicos para las personas dependientes, que el 21% lo está soportando cada usuario y que más del 70% lo abona cada comunidad. Es una situación injusta y al albur de cada comunidad y cómo interprete las prioridades, por tanto crea desigualdades en las diferentes autonomías. Creo que hay que mejorarla y blindar una cartera básica de aportación a las personas dependientes, pero tiene que haber una seguridad jurídica y económica para soportar esas prestaciones a nivel nacional. Y ese es el gran reto que tenemos.
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