"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias
“Estamos dando importantes pasos para implantar una contratación pública más responsable y comprometida socialmente”
07/04/2017
Blanca Abella
Asturias se muestra comprometida con las personas con discapacidad del Principado, al menos su presidente, que en esta entrevista desgrana, una a una, las principales cuestiones que preocupan a un sector bien articulado que trabaja mano a mano con las instituciones. Javier Fernández asegura que a su Gobierno le preocupa la inclusión laboral y educativa y que trabajan para dar un paso más hacia la accesibilidad universal, algo que posiblemente les lleve a recuperar la figura del Consejo Asesor de Accesibilidad.
Pues seguimos trabajando porque es un asunto complejo. Como sabe, el compromiso de elaborar este reglamento se deriva de la modificación de la ley de servicios sociales, de abril de 2015, que no tenía más objetivo que buscar una fórmula legal que regulase con seguridad jurídica la relación contractual que mantienen desde hace años la administración y las entidades sociales para la prestación de determinados servicios.
Con el objetivo de cumplir este compromiso, el actual equipo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales comenzó los trabajos pendiente de la trasposición, por parte del gobierno de España, de la directiva europea de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, que abría las puertas al concierto social y que debía estar lista en los Estados miembro antes del 18 de abril de 2016. En este marco se elaboró un borrador de decreto que salió a información pública y del que se informó al parlamento asturiano y a todos los órganos de asesoramiento y representación de la consejería: Consejo Asesor de Bienestar Social, Consejo Asesor de Discapacidad y Consejo de Mayores del Principado de Asturias.
Tras dialogar con todas las entidades, percibimos que demandaban una mayor protección de la singularidad de su ámbito de actividad que la que el borrador podía ofrecerles al amparo de la normativa, y, esta situación, sumada al escenario de la falta de trasposición de la directiva europea, nos animó a revisar el proyecto de reglamento a la luz de la aprobación de normativa en otras comunidades autónomas como Aragón, Galicia, Baleares, País Vasco. En esta línea, se mantuvieron reuniones con entidades y también se realizó una visita institucional técnica a Aragón para intercambiar criterios y conocer el proceso seguido en esa comunidad autónoma.
En este momento, se está pendiente de las actuaciones que lleve a cabo el gobierno de España que ha anunciado que prevé retomar la trasposición de la Directiva europea de contratación. Como puede percibir, la tarea no es sencilla pero nuestro compromiso es claro y seguiremos trabajando para lograr una solución consensuada y segura para un asunto en el que nos jugamos mucho tanto las entidades sociales como las administraciones.
"Es necesaria una nueva norma de Servicios Sociales y está previsto abordarla en esta legislatura"
Esa nueva normativa sobre contratación pública que formaba parte de un texto de modificación parcial de la Ley de Servicios Sociales, que data de 2003, ¿no sería mejor abordarla como una nueva Ley de Servicios Sociales tal y como reclama el sector de la discapacidad?
Asturias cuenta con una ley que fue pionera en su momento al reconocer por primera vez el derecho subjetivo de los ciudadanos a las prestaciones sociales pero los años han pasado y compartimos que es necesaria una nueva norma, que está previsto abordar en esta legislatura.
¿Cómo sería esa nueva Ley de Servicios sociales en líneas generales y en cuanto a discapacidad se refiere?
Nuestro objetivo es que responda a la evolución de la sociedad y a la aparición de las nuevas y crecientes necesidades sociales, teniendo en cuenta elementos clave del sistema social como la intervención integral, la calidad o la eficiencia. En relación a la atención de las personas con discapacidad, creemos que es importarte ahondar en la intervención y también en la organización de los recursos y servicios que se prestan tanto desde la red de atención pública como desde las entidades sociales, a los que aspiramos a tener como colaboradores necesarios de la Administración a través del desarrollo de fórmulas estables de concertación.
"El Consejo Asesor de la Discapacidad es un importante espacio de participación y encuentro en materia de discapacidad"
El CERMI Asturias propone al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para velar por el cumplimiento en esta legislatura de la normativa pendiente, como es esa Ley de servicios sociales, la Ley y Reglamento en materia de Accesibilidad, la Ley de infracciones y sanciones así como la adaptación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, ¿cree oportuna la creación de ese grupo de trabajo? Si no lo cree, ¿cuál sería la opción del Gobierno?
Desde el gobierno asturiano hemos apostado siempre por articular órganos de participación en los que el Ejecutivo traslada sus propuestas e inquietudes sobre los diversos temas que afectan a las Consejerías y recibe el necesario feedback de la sociedad civil, articulada a través de entidades, asociaciones, colectivos profesionales…
Y creo que este planteamiento es trasladable al ámbito de lo social donde el gobierno cuenta con órganos de asesoramiento y articula grupos de trabajo específicos en las materias que se ve conveniente.
En este sentido, el Consejo Asesor de la Discapacidad, presidido por Consejería de Servicios y Derechos Sociales, pero con presencia de otros departamentos del gobierno, el mundo académico y las entidades sociales que representan a las personas con discapacidad, es un importante espacio de participación y encuentro en materia de discapacidad, que recientemente ha generado un grupo de trabajo para evaluar el Plan de Atención Integral de Personas con Discapacidad 2015-2017, que también está sirviendo para recoger propuestas para el futuro plan de atención de personas con discapacidad, fundamentadas en la Convención de la ONU sobre Discapacidad.
"El 70% de las actuaciones previstas en el Plan de Atención Integral de las Personas con Discapacidad ya están concluidas o en ejecución"
¿Qué balance hace el Gobierno de Asturias de ese Plan de Atención Integral de las Personas con Discapacidad?
Recientemente, hemos realizado una evaluación intermedia exhaustiva del plan, en la que han participado técnicos de los distintos departamentos de la Administración y del mundo académico, junto a las entidades –como el CERMI- que representan a las personas con discapacidad, y estamos razonablemente satisfechos puesto que el 70% de las actuaciones previstas ya está concluidas o en ejecución.
Ahora, junto a los últimos esfuerzos para el cumplimiento del plan actual, ya estamos trabajando en la elaboración de una nueva Estrategia de Discapacidad, para la que esperamos contar con la colaboración del CERMI y de todas las demás entidades representativas de las personas con discapacidad.
Igualmente, creemos que también será de gran valor el plan de Coordinación Sociosanitaria que estamos elaborando y con el que pretendemos dar respuesta a necesidades de estas personas en diferentes momentos y circunstancias de su vida.
"En el marco de la elaboración del II Plan de Accesibilidad, el Principado se planteará la posibilidad de recuperar la figura del Consejo Asesor de Accesibilidad"
¿Para cuándo está prevista la elaboración de un II Plan de Accesibilidad y un calendario de implantación de las exigencias en materia de accesibilidad que establece la ley antes del día 4 de diciembre de 2017?
El gobierno asturiano está trabajando en la elaboración de un nuevo plan 2017-2019, que dará respuesta a todas estas exigencias, y en el que se pretende dar un paso más hacia la accesibilidad universal, considerando no solo las barreras físicas sino también las cognitivas que encuentran las personas con discapacidad intelectual a la hora de participar en los servicios de la comunidad.
Para ello, se analizará al fácil acceso y eliminación de obstáculos en todas las áreas que afectan a la vida diaria de las personas, como los espacios públicos urbanizados; la edificación y vivienda; los modos de transporte; la señalización y comunicación; o la cultura, turismo y deporte, etcétera.
En este momento, se están elaborando los grupos de trabajo, compuestos por profesionales del ámbito público, privado y entidades del tercer sector; y se está designando a los integrantes del equipo que se encargará de elaborar el plan. En este marco de trabajo, junto a las medidas que se deben incluir, se valorará la posibilidad de incluir un calendario de cumplimiento de las acciones de accesibilidad.
Asimismo, en el marco de la elaboración del II Plan de Accesibilidad, el Principado se planteará la posibilidad de recuperar la figura del Consejo Asesor de Accesibilidad con el fin de trabajar de manera trasversal y avanzar en la actualización de la normativa asturiana.
"Dentro de este camino hacia una mayor inclusión, se trabaja desde una perspectiva de equidad educativa"
¿Qué puede decirnos de la Ley del Consejo Escolar, cuya aprobación era inminente y que pretende incluir al CERMI como órgano miembro? El Comité reclama esa participación para lograr un mayor compromiso con la educación inclusiva.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, tuve la oportunidad de departir personalmente con sus compañeros de CERMI y les trasladé el compromiso del gobierno asturiano de incluir a entidades sociales en el Consejo Escolar. Pues bien, este mismo 8 de marzo, Educación ha acordado que se puedan incorporar a este órgano entidades representativas en materia de igualdad, juventud, y discapacidad.
Recordarles que fue en diciembre de 2014 cuando Asturias aprobó el Decreto de Orientación Educativa y Profesional, muy demandando, y necesario para actualizar la respuesta del sistema educativo a las nuevas necesidades detectadas no solo para niños y niños con discapacidad sino también para menores llegados de otros sistemas educativos de todo el mundo.
Esta norma supuso dotar de Departamentos de Orientación a todos lo centros de educación primaria del Principado, y la creación de equipos específicos de apoyo a niños/as con especiales necesidades como son aquellos/as con Trastorno de Espectro Autista. Desde entonces, dentro de este camino hacia una mayor inclusión, se trabaja desde una perspectiva de equidad educativa, teniendo en cuenta no solo a los menores con diversidad funcional sino también a aquellos otros que por etnia, lugar de origen, género, necesidades socioeconómicas, u otras, requieren de una especial atención que atenúe la situación de mayor vulnerabilidad con la que afrontan la educación.
Visto que el Consejo Escolar, como órgano de representación y participación, debe contar con todas las entidades representativas de la sociedad civil que pueda aportar en este objetivo, se ha tomado la decisión de sumar a entidades significativas tanto en el campo de la Discapacidad como de Igualdad o Juventud.
¿Y qué datos puede ofrecer sobre el cumplimiento del acceso de las personas con discapacidad a la oferta de empleo público?
Para garantizar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, existe un cupo de reserva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.1, 5.1 y 6.1 del Decreto 6/2012, de 16 de febrero, que regula el acceso a la función pública de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo de las personas con diversidad funcional, fijado en un 7% y en un porcentaje no menor al 5% en el caso de las vacantes que son objeto de convocatoria por promoción interna.
Porcentajes que se cumplen en toda la función pública. Por ponerle algún ejemplo, en la propuesta de ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 2016, integrada por 260 plazas para la Administración General (125 turno libre y 135 promoción interna) y 777 plazas para el SESPA (522 turno libre y 255 promoción interna), se incluyen 77 plazas reservadas (64 plazas para personas con discapacidad y 13 plazas para personas con discapacidad intelectual). Asimismo, la propuesta de oferta de Empleo Público de personal funcionario docente de la Administración del Principado de Asturias para 2016, integrada por 450 plazas incluye un total de 29 plazas reservadas para personas con discapacidad (18 plazas del grupo A1 y en el Grupo A2 3 plazas para personas con discapacidad y 8 plazas para personas con discapacidad intelectual).
¿Cómo contribuye su gobierno a potenciar la educación y formación profesional de las personas con discapacidad en colaboración con la ONCE y su Fundación, que desarrolla programas específicos financiados por el Fondo Social Europeo?
El gobierno regional desarrolla y potencia la formación desde distintos ámbitos: con los programas de formación profesional de educación; a través de la red de servicios de empleo y de la Fundación Faedis, y también desde los servicios sociales por medio de los centros de apoyo a la integración.
En todos los casos, se procura la máxima utilización de los recursos comunitarios generales si bien también se articulan los apoyos concretos necesarios. En este sentido, se realizan adaptaciones de puestos de trabajo y apoyos educativos, y cuando las personas necesitan un seguimiento mayor, ya lo hacemos a través de los Centros de Apoyo a la Integración de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Respecto a los estudios universitarios, el Principado mantiene un convenio con la Universidad de Oviedo que permite mantener la Oficina de Atención a personas con discapacidad y necesidades específicas, destinada a favorecer la inclusión educativa de personas con discapacidad a través de servicios de apoyo y orientación tanto a los alumnos como al profesorado.
"Estamos dando importantes pasos para implantar una contratación pública más responsable y comprometida socialmente"
Y, ¿cómo favorece el acceso al empleo de las personas con discapacidad?
Al igual que en el tema de educación, trabajamos desde distintas áreas puesto que tenemos claro que la integración laboral de las personas con discapacidad debe ser preocupación de todo el Gobierno.
En este sentido, si bien es Empleo quien ejecuta una parte importante de las acciones que estamos llevando a cabo, a través de las convocatorias públicas de subvención o las ayudas directas para la contratación de personas con discapacidad dentro del mercado ordinario, en esta legislatura estamos dando importantes pasos para implantar una contratación pública más responsable y comprometida socialmente.
Sin olvidar el respaldo al empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo, que en 2017 se apoyará con subvenciones por importe de 3,8 millones de euros, me refiero a actuaciones como la reserva del 8% de los contratos de determinadas áreas de actividad del Principado para favorecer la actividad de los centros especiales de empleo o empresas de inserción, aprobado por primera vez en Asturias en febrero del pasado año y que creemos que nos permitirá avanzar hacia la integración laboral en el ámbito de la discapacidad.
Por otra parte, para el acompañamiento en la búsqueda de empleo, desde lo público contamos con las oficinas de empleo del SEPEPA, y también con la fundación FAEDIS, que hace un gran trabajo para mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, a través de una continua prospección del mercado de trabajo y del asesoramiento, orientación, y acompañamiento de las personas en el complejo proceso de búsqueda y acceso al puesto de trabajo.
Asimismo, los centros de valoración prestan asesoramiento técnico en lo relativo a las adaptaciones de puestos de trabajo, y realizan informes de aptitud laboral a requerimiento de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de todas las ofertas de empleo de Asturias para personas con discapacidad. En el año 2016 los centros de valoración recibieron alrededor de 1.137 solicitudes de informes de aptitud laboral.
