"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Jesús Martín Blanco, Delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI
“El informe de Derechos Humanos España 2017 del CERMI muestra un saldo negativo y de quiebra en la inclusión y equidad de las personas con discapacidad"
Afirma Martín Blanco que "es una indecencia invocar los derechos humanos en un país que aparta a niñas y niños con discapacidad del circuito escolar ordinario, que priva de libertad a seres humanos por razón de discapacidad o que esteriliza cuerpos de mujeres y niñas con discapacidad al margen de su propia voluntad"
01/06/2018
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
Discriminación, desigualdad, exclusión, desobediencia, son términos necesarios para describir la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país, a juicio de este experto, que clama por la inclusión en toda su grandeza. Si bien es cierto que el CERMI ha logrado que se impulsen avances importantes, sigue siendo necesaria la exigencia del respeto y la igualdad en demasiados ámbitos de la vida y la convivencia social. El Informe España 2017 de Derechos Humanos y Discapacidad lo deja patente, tal y como explica Jesús Martín en esta entrevista.
Los aniversarios tienen, en líneas generales, vocación de recuerdo o de celebración en este caso poco hay que celebrar y sin embargo sí hay espacio para recordar, de forma amarga, que los derechos humanos de las personas con discapacidad siguen siendo una realidad precaria y deficitaria en España.
Así lo acredita este Informe y sus precedentes, según los cuales, se constata un año más la situación de vulneración sistemática y estructural en ámbitos esenciales para la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad como los derechos políticos, la autonomía económica, la educación, la ausencia de accesibilidad universal, el nivel de protección social adecuado o los recursos para la vida independiente, entre otras.
La información aquí contenida debe servir para que legisladoras y legisladores, gobernantes, operadores jurídicos, medios de comunicación, sociedad civil y toda la ciudadanía tomemos conciencia de la foto que nos deja 2017 en materia de derechos humanos y discapacidad.
Si me permites, tengo que agradecer el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa por apoyar estudios de libertades como éste y al programa del 0,7 del IRPF gestionado por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en cuyo caso la solidaridad ciudadana ha servido para hacer justicia social.
"La accesibilidad universal es una de las esferas más críticas de 2017 y también el gran fracaso de nuestro Estado y de nuestra sociedad"
¿Qué significa a su juicio el hecho de que la accesibilidad sea uno de los derechos más vulnerados y a la vez más reclamado?
La accesibilidad es el elemento que permite que las personas con discapacidad podamos vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Pero también es parte del contenido esencial de los derechos, es decir, todo lo que tiene que tener un derecho para existir. Esto implica que la accesibilidad supera los ámbitos en los que tradicionalmente se ubica proyectándose en todos los derechos. Como dice el profesor Rafael de Asís, “Si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, parece estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho es que ese bien sea accesible”. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho.
Sin duda la accesibilidad universal es una de las esferas más críticas de 2017 y también el gran fracaso de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Es por eso que la mayor parte de la denuncias vienen a este principio.
El pasado año, además, el propio Estado lo mancillaba con el incumplimiento de un mandato legal en materia de accesibilidad, una pésima práctica en un Estado de Derecho, que reconoce la igualdad y que, sin embargo, no asegura su ejercicio.
La accesibilidad debe ser la actitud de un país hacía la inclusión, y quiero aprovechar esta entrevista para hacer un llamamiento a que se incluya en la agenda política una accesibilidad poco conocida y poco practicada, como es la cognitiva, para que los productos, entornos, bienes y servicios sean fáciles de entender. Si queremos vivir juntos, tenemos que comprendernos, respetarnos y querernos en nuestra diferencia.
“Las mujeres con discapacidad son esas ciudadanas a las que mutilan el derecho a decidir bajo el amparo de nuestra legislación en flagrante violación de la Convención de la ONU”
¿Cuáles son las principales vulneraciones de derechos humanos entre mujeres y niñas con discapacidad?
Esta pregunta y su respuesta son un mantra muy doloroso para quienes somos feministas. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas. Ellas sufren el machismo y la discriminación, dos lacras que no solo se suman, sino que se potencian. Se conjuga así una perversa interseccionalidad que frena su inclusión y vulnera de manera más intensa sus derechos.
En este sentido, y por primera vez estos Informes dedican un capítulo específico a las mujeres y niñas con discapacidad para subrayar que están sistemáticamente en peor situación que los varones con discapacidad y, por tanto, peor que los hombres y mujeres sin discapacidad. Fíjate en este dato, somos un 9% de la población, pero aportamos el 20% de las víctimas de violencia de género, nos seguimos encontrando con la inexistencia de recursos adecuados que den respuesta a nuestras necesidades: casas de acogida inaccesibles, obstáculos añadidos para acceder a la justicia, profesionales que desconocen nuestra realidad, incredulidad y sospecha en relación a nuestros testimonios. A estos obstáculos también se enfrentan las mujeres que sufren violencia de género y que son madres de hijas e hijos con discapacidad, ya que tampoco encuentran los recursos necesarios que den respuesta a sus necesidades.
Las mujeres y niñas con discapacidad son también esas ciudadanas a las que mutilan el derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva, sometiéndolas a procesos de incapacitación legal con el objetivo último de esterilizarlas sin su consentimiento, todo ello bajo el amparo de nuestra legislación en flagrante violación de las prescripciones de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Por eso es tan necesario apuntalar y fomentar el activismo y la participación de las mujeres con discapacidad en órganos de decisión. En junio Naciones Unidas tiene una gran oportunidad para teñir de género las políticas de discapacidad y de inclusión las dedicadas a la igualdad entre hombres y mujeres, apoyando la candidatura de Ana Peláez al Comité contra todas las formas de discriminación de la Mujer.
Precisamente uno de los puntos destacados del documento atañe a la mujer, como es la esterilización forzosa o no informada, ¿qué indica en este caso el Informe España Derechos Humanos?
Yo diría que es uno de los puntos más sangrantes de este Informe. Las esterilizaciones forzadas son una forma de violencia contra las mujeres que hay que erradicar y que tras 11 años de la ratificación de la Convención en España, se sigue legitimando en nuestro ordenamiento jurídico. Se debe exigir que se cumpla el derecho a elegir sobre la propia vida, la sexualidad y la maternidad sin que nadie pueda decidir sin un consentimiento informado sobre la esfera más íntima de la integridad de una persona. Esta práctica responde a visiones del medievo o de países no democráticos y con vulneraciones sistemáticas de derechos.
Por este motivo quiero aplaudir la acción decidida y valiente de la Fundación CERMI Mujeres denunciando una práctica legal tan nociva en España, oculta en las estadísticas oficiales y que como digo no solo hay que revertir sino exigir que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas.
"Nuestro sistema educativo mantiene a un 20% del alumnado con discapacidad en centros educativos especiales, condenando a esos menores al ostracismo social"
Otras cuestiones señaladas por el informe son relativas, de nuevo, al derecho a la educación inclusiva, ¿no ha habido tampoco en este caso una evolución positiva durante los últimos diez años?
Si nos ceñimos a los datos y a las obligaciones que asumimos como país al ratificar esta Convención podríamos hablar de fraude, ya que este tratado obliga a los Estados signatarios a asumir la educación inclusiva y esto supone transformar el sistema para que acoja y aprecie la diversidad humana sin restricciones. El incumplimiento de este mandato se llama segregación escolar: una política admitida en nuestro sistema educativo que mantiene a un 20% del alumnado con discapacidad en España en centros educativos “especiales”, condenando a esas niñas y niños al ostracismo social.
Pero la inclusión educativa también es garantizar el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios. De igual modo, es preciso asegurar la libre elección del proceso educativo por parte del alumno con discapacidad o de sus representantes legales, respetando sus preferencias, para lo cual se llevarán a cabo los ajustes razonables que sean precisos.
En este caso, a pesar de contar con una Ley que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral, se siguen dando quiebras en las ayudas técnicas a la audición en las aulas así como en hacer efectiva la educación bilingüe para alumnado sordo usuario de estas lenguas.
Pero miremos también a la educación como algo que trasciende lo puramente académico, ¿qué pasa en los patios?, ¿en la convivencia escolar? La escuela es un ámbito clave para socialización, por eso debemos tener presente la voz de estas niñas y niños para que formen parte también de la vida en común.
Esta semana, precisamente, se ha hecho público un informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre la educación de las personas con discapacidad en España donde se advierte que nuestro país ha contribuido a un sistema discriminatorio.
Los resultados del informe son demoledores, aseguran que ni en legislación ni en las políticas ni en las prácticas educativas de nuestro país se asegura el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales.
Tengo que volver a subrayar la acción comprometida del CERMI que asume su cometido como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención, ya que ante la inacción del Gobierno y del Legislador para adaptar nuestro sistema educativo a los mandatos de la Convención, elevó denuncia ante el Comité Internacional de Derechos, que junto con otras recibidas, desencadenó la actuación de este órgano, de acuerdo con el artículo 6 del Protocolo facultativo de la Convención.
"Sigo estremecido de haber escuchado las constantes violaciones de los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos con trastorno mental"
En el caso del internamiento involuntario, ¿cómo desarrolla el Informe este punto y la resolución de esta vulneración?
Hablar de internamiento involuntario es hablar de privación de libertad por motivo de discapacidad psicosocial, a veces los eufemismos descafeínan o edulcoran lo que estas prácticas suponen para el propio individuo. Frente a la consideración de las preferencias de la persona, se continúa vulnerando su derecho al consentimiento informado y sometiéndola a ingresos involuntarios, tratamientos forzosos y medidas de coerción tan violentas como las contenciones mecánica.
La semana pasada pude asistir al debate en el seno de Naciones Unidas sobre cuestiones relevantes en la salud mental y, créeme, sigo estremecido de haber escuchado las constantes violaciones de los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos con trastorno mental….
En este sentido, quiero manifestar mi oposición a la Resolución Adicional al Protocolo de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina ya que autoriza la privación de libertad de las personas con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas, y no responde a los mandatos de la propia Convención.
La privación del derecho al sufragio continúa escandalosamente vigente aunque parecía que se avanzaba en ese sentido, ¿Cómo valora este punto el Informe?
Pues con sabor agridulce, la toma en consideración de la reforma de la LOREG el 7 de noviembre de 2017 pudo ser una fecha para la historia de las conquistas sociales, pues se conseguía unir a toda la Cámara en el relato y en la acción de los derechos civiles y políticos de las casi cien mil personas con discapacidad privadas del derecho a sufragio.
Seis meses después y a un año del examen a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad se sigue sin acatar este imperativo jurídico inexcusable que emana de una obligación consagrada en este Tratado.
Pero lo más doloroso, es ver cómo ese consenso se rompe por una enmienda presentada por el Grupo Popular profundamente regresiva y limitadora del objetivo último de extender el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, sin excepciones. Creando incluso nuevas restricciones en el derecho de sufragio pasivo como poder ser elegido para una responsabilidad pública, que no existían antes, por lo que se retrocede en vez de avanzar.
Honestamente, no estaría mal, al igual que se sigue apostando por medir nuestro discernimiento a la hora de elegir a nuestras y nuestros representantes, que se evaluara también a nuestros gobernantes y legisladores acerca de su visión del enfoque derecho, porque algo no se ha debido entender si verdaderamente nos quieren segregados y al margen de la vida pública.
"El gran reto de nuestros municipios es transformar su mirada hacia los vecinos con discapacidad, libre de compasión, de estigma, y basada en los derechos, la igualdad y la vida en comunidad"
Otra realidad a veces sumergida, como indica el informe, es la de las personas con discapacidad que viven en el entorno rural, ¿persisten las dificultades relacionadas con esta población o podemos hablar de una evolución positiva?
Me alegra que me hagas esta pregunta porque nací y me crie en un pueblo de Cáceres. Tal y como dices este Informe muestra la punta de un iceberg. Debajo, sumergidas en el agua, se ocultan historias de abandono y marginación, muchas de ellas de la España rural. Los ayuntamientos y las diputaciones también tienen que atender y acatar este Tratado. Tenemos una parte importante de nuestra población con discapacidad residiendo en pueblos y aldeas, con las dificultades añadidas de acceso a bienes sociales básicos de derechos que presenta el estar en un entorno no propicio para los recursos.
Debemos reivindicar pueblos y comarcas accesibles e inclusivos pero el gran reto de nuestros municipios es transformar su mirada hacia las vecinas y vecinos con discapacidad, libre de compasión, de estigma y basada en los derechos, la igualdad y la vida en comunidad.
A pesar de los aspectos críticos señalados, el Informe también se para en celebraciones y avances, como le reforma de la Ley del Jurado, las sentencias a favor de la educación inclusiva o la Ley de Contratos del sector público, entre otros, ¿qué valoración hace de estos logros?
Son logros que saludamos y que debemos compartir con toda la sociedad, pues son conquistas que mejoran la salud democrática de nuestro país. Pero si me lo permites tengo que celebrar que contemos con un movimiento social de la discapacidad y sus familias, encarnado en el CERMI, porque sigue siendo el principal agente propositivo del cambio social hacia la inclusión de este grupo social.
Debemos estar orgullosos y decir sin ambages que todas las propuestas de mejora y avances de este Informe han sido posible gracias a la labor de incidencia y denuncia del CERMI y la de sus organizaciones miembro y esto sí es marca España.
Desde su responsabilidad como Delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, ¿qué le dice el Informe y a qué le impulsa?
Son casi 300 denuncias, frente a 46 avances y 26 propuestas de mejora, arrojando un saldo negativo y de quiebra absoluta en el balance anual de inclusión y equidad de las personas con discapacidad en España. Los “debes” siguen superando a los avances, lo que supone un suspenso para el conjunto de las administraciones públicas y un fracaso colectivo para la sociedad española.
El resultado es, por tanto, de discriminación, desigualdad, exclusión y desobediencia al mandato legal que nuestro país tiene con la Convención. Por eso, a corto plazo pondremos todos los esfuerzos para que este Informe se conozca dentro y fuera de España ya que disponemos de una radiografía nítida para realizar un diagnóstico certero y aplicar un tratamiento eficaz.
"Mucho se habla de derechos humanos sin saber muy bien la magnitud de este término, es más los invocamos en Leyes o en discursos y al mismo tiempo los desobedecemos, los profanamos y los violamos"
A todo esto se suma que carecemos de una cultura de denuncia, que en el caso de la discapacidad viene motivado por esa discriminación y, sobre todo, por las especiales barreras que encontramos para acceder a la justicia buscando reparación. Por eso son necesarios documentos como éste porque además de evidenciar esta oscura realidad, son un estímulo para empoderarnos y para recordarnos que los derechos de la discapacidad los hemos conquistado nosotras y nosotros.
Me preguntas a qué me impulsa y te diré que no quiero caer en esa frase: “Queda mucho por hacer” que tanto nos dicen las organizaciones de la discapacidad y que al menos para mí resulta lacerante… he procurado hacer una lectura crítica pero optimista, porque sé que tenemos una Convención que es la mejor guía para que los derechos humanos además de ampararnos alcancen nuestro día a día…y en eso pondré todo mi esfuerzo y toda mi pasión.
