Lo mejor del anteproyecto de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, es su régimen sancionador y el informe de impacto.

 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ha sido un texto consensuado?

 

Una vez aprobado por el consejo de Gobierno, el texto se ha pasado a información pública y a las organizaciones a través del CERMI Castilla-La Mancha, y estamos en pleno proceso de análisis. Nosotros siempre hemos pedido al Gobierno, sobre todo a raíz de la aprobación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, la necesidad de que los temas de discapacidad se pasen siempre a clave derechos. Y en este caso, una ley que reafirma los derechos de las personas con discapacidad en un momento tan difícil, para nosotros es relevante. 

 

Es un texto que el movimiento asociativo acoge de forma favorable. Lo vamos a analizar en profundidad y trasladar nuestras aportaciones al Gobierno. Nos sentaremos con ellos en mesas de trabajo para terminar de diseñar la ley y que sea un texto de reafirmación de derechos y que complemente la legislación que tenemos. Espero que en los umbrales del día de la discapacidad podamos decir ya que tenemos ley. Ese es el propósito. 

 

¿Qué gana la discapacidad en la región con esta nueva norma? ¿Cuál es su principal novedad?

 

La ley incorpora aspectos interesantes, como la perspectiva de que la discapacidad se trabaje de forma transversal en todas las áreas de Gobierno. Entendemos que nuestros temas no se pueden encasillar solamente en la consejería de sanidad y servicios sociales, la responsabilidad es de todo el Gobierno y así lo comentaba la presidenta Cospedal en la comisión de discapacidad recientemente. 

 

 

¿Qué importancia tiene el hecho de que se incorporen sanciones para quienes violen el derecho a la igualdad de quienes tienen alguna discapacidad?

 

Es un elemento muy positivo y fundamental porque el sector tiene una legislación abundante, pero en España estamos cayendo en la perversión de que la ley no es necesario cumplirla. Creo que este régimen sancionador va a ser un elemento de impulso. Ojalá seamos capaces de que la sanción no sea la vía, pero sí ayuda a esos compromisos de la discapacidad, a que se pueda cumplir y pelearlo si no se cumplen.

 

Otro elemento relevante es el informe de impacto de discapacidad. Es muy novedoso porque toda la normativa y leyes de rango superior que pasen por el Consejo de Gobierno tienen que llevar el informe de impacto sobre discapacidad. Todas las medidas que afecten al mundo de la discapacidad tienen que llevar este informe, que refleje en qué medida afecta de forma positiva o negativa y, si hubiera elementos negativos, que refleje los elementos compensadores. Es un elemento del que no existe precedente en nuestra legislación regional y junto al régimen sancionador, le da un valor extraordinario a esta ley y marca un antes y un después. 

 

Conseguimos así que todas las consejerías, que todo el Gobierno de Castilla-La Mancha piense en clave de discapacidad, igual que en toda la normativa, afortunadamente, se pasa también el filtro de igualdad de oportunidades, de mujer... creo que son filtros muy necesarios. 

 

 

¿Hay algún aspecto fundamental que haya quedado fuera o echen de menos en las entidades?

 

Sin duda el tema de mujer. Hay referencias en la ley a la mujer con discapacidad y la ley aborda con mucho detalle cantidad de aspectos que afectan a las personas con discapacidad, sobre educación, empleo, sanidad, ocio, cultura... pero el tema de mujer es uno de los puntos que hay que reforzar puesto que la mujer con discapacidad tiene una situación un poco más compleja. Si hablamos de una ley de derechos, es fundamental reforzar el aspecto de mujer. Al igual que echamos en falta un mayor compromiso del Gobierno regional con todos los aspectos que tienen que ver con la contratación pública responsable. Miramos con cierta envidia a Navarra y Castilla y León, que han conseguido un porcentaje importante en la contratación pública para los Centros Especiales de Empleo (CEE). Hemos trasladado en multitud de ocasiones al Gobierno que tenemos que cuidar a los CEE y creo que se está en esa sintonía, pero una medida de este tipo, evidentemente, permitiría asegurar nuestro modelo de CEE, que en este momento soporta, sustenta el empleo de las personas con discapacidad.

 

¿Por qué hay esa resistencia a la contratación pública responsable?

 

Creo que no es resistencia, es que las medidas tienen que tener su momento. La medida se conoce y es factible, pero es cierto que en el ámbito de los CEE hay que poner cierto orden. Recientemente en la comunidad se ha creado Feacem Castilla-La Mancha, que va a ser la plataforma que aglutina a los CEE y es necesario hacer un registro de los mismos, poner orden para decir a la Administración qué tenemos y cómo pueden adaptar estas compras. Es una medida que seguro veremos, ojalá más pronto que tarde.

 

¿Cómo ha quedado reflejada en la ley ese espacio sociosanitario tan necesario en cuestiones de discapacidad?

 

Echamos en falta el refuerzo de ese espacio sociosanitario. Consideramos que todas las sinergias que se puedan buscar entre los servicios sociales y el ámbito sanitario son fundamentales y la crisis se ha llevado por medio ese proyecto de espacio sociosanitario. Nos consta que en el gobierno se quiere recuperar, pero esto tiene su ritmo y vivimos una situación complicada, pero nosotros sí consideramos que en el ámbito de la ley tiene que aparecer, igual que es importante reforzar todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas y revisar la prestación ortoprotésica. Estamos viendo muchas situaciones lamentables y las ayudas técnicas son una llave extraordinaria para la autonomía de las personas con discapacidad y eso hay que recuperarlo. 

 

 

Los “recortes” como consecuencia de la crisis económica han hecho que en los últimos seis años se haya visto afectada en gran medida la dotación de recursos en muchos centros educativos de la región ¿cómo está la situación actual en inclusión educativa?

 

Es cierto que en estos años de crisis hemos detectado la reducción de apoyos, sobre todo en infantil y en primaria, que unido al incremento de los ratios en las aulas deja una situación de muchas dificultades al alumno con discapacidad y a su integración real. Es cierto que desde el movimiento asociativo aglutinado en torno al CERMI se han ido trasladando los casos de vulneración de derechos y normalmente son temas que se han ido resolviendo. También hemos tenido situaciones desagradables, incluso que han trascendido a los medios de comunicación, sobre todo casos puntuales relacionados casi siempre con el transporte, pero todas estas incidencias se han ido trasladando al Gobierno y se han ido resolviendo. Tenemos el compromiso del consejero y de todo el Gobierno de que, cuando mejore la situación, vamos a recuperar todos estos apoyos y recursos, para conseguir que la escuela sea realmente inclusiva. Por lo tanto seguimos con esa interlocución constructiva, con ese diálogo. Pero en general, podemos decir que se ha conseguido cierta normalidad, estamos acabando el curso y de cara al siguiente entendemos que se va recuperando la normalidad.

 

 

¿Qué tal funciona la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Parlamento castellanomanchego?

 

Desde su constitución hemos tenido cuatro comparecencias, la primera del presidente del CERMI, después el consejero de sanidad y servicios sociales, luego intervine yo como presidente de la ONCE en la región y la última intervención ha sido de Feaps. Llevamos poco tiempo con la comisión y queremos darle un impulso porque la comisión no puede quedarse en meras comparecencias, que son muy importantes porque hacemos pedagogía de las necesidades del sector y sus peculiaridades entre los diputados y diputadas, pero no puede quedar en eso, una de las tareas más importantes que debe cumplir la comisión es hacer un análisis profundo, igual que se ha hecho en Cantabria, de la normativa de Castilla-La Mancha y transponerla a los principios de la Convención de la ONU. Creo que tenemos que pasarle el filtro a toda nuestra legislación con la Convención de la ONU. 

 

Tenemos que ser capaces también, para el tema de la ley de derechos y garantías, de montar grupos mixtos de trabajo con los diputados y diputadas que se vayan a encargar del análisis de esta ley. Estamos en una fase inicial y hay que dar un segundo paso para que esta comisión tenga una madurez y una utilidad real. 

 

 

Y en cuanto a la Ley de Autonomía Personal, ¿qué situación se vive actualmente en la comunidad de Castilla-La Mancha?

 

La ley de autonomía personal está igual que en el resto de comunidades autónomas. Desafortunadamente se hace política con mucha facilidad respecto a una ley tan importante y desde el mundo de la discapacidad entendemos que el problema de la ley básicamente es la financiación, la falta de recursos y que tiene que haber un pacto de Estado para no hacer política de la ley y el tema de la financiación tiene que pasar por vincularlo realmente, igual que el sistema sanitario, a poder aportar una parte de la nómina de las personas que están trabajando para la financiación de la ley porque al final, si no, estas prestaciones son muy recortables. Desde el sector de la discapacidad aquí, en el ámbito regional, hemos tratado de asesorar al Gobierno y de trasladarle información sobre la realidad de las personas con discapacidad y sobre todo nos interesa el hecho de que se ha corrido demasiado por construir la ley de autonomía personal y a veces hemos dejado en la cuneta las políticas de discapacidad, y es muy importante seguir desarrollando la ley de servicios sociales, el catálogo de servicios sociales, las políticas de discapacidad, configurar el espacio sociosanitario. Es un puzzle que tenemos que montar y que case todo, no por construir la ley de autonomía personal, desmontar el resto de políticas. Es un tema que trasciende incluso a las comunidades autónomas, y es cierto que muchos recortes vienen marcados desde el consejo territorial, del ámbito estatal, y nuestro planteamiento regional es tratar de que la ley se vaya asentando en la región sin detrimento de otras políticas.