Lleva ocho años al frente de la PTS, presentarse de nuevo a la reelección ha sido una decisión consensuada, supongo, pero ¿cuál es la razón que le ha impulsado a hacerlo?

 

Ha sido consensuado, evidentemente, cuando uno se presenta lo hace con un equipo y con fuerzas y ganas de seguir trabajando. Y me he vuelto a presentar porque tras ocho años, la experiencia te da sabiduría y ciertas habilidades para poder seguir hablando en nombre de las organizaciones, pero sobre todo para conseguir objetivos. Esta etapa va a ser de mayor consecución de objetivos. Estamos con muchísima fuerza y la experiencia es un grado para hacer las cosas de una manera más adecuada. 

 

Mirando atrás, ¿cómo resumiría esta etapa de ocho años y qué le aporta para el futuro que comienza ya?

 

Los primeros cuatro años fueron de crecimiento y de conseguir la interlocución con el Gobierno, de conseguir ciertas leyes como la Ley del Tercer Sector, ir conociéndonos, trabajando con una voz unitaria, es decir, cuatro años de un despegue bastante intenso. Los siguientes cuatro años, en los que hemos vivido situaciones delicadas, como la descentralización del IRPF, pero también de crecimiento cuantitativo, es cuando se empiezan a constituir las plataformas territoriales, empieza a abrirse la PTS a otras plataformas muy significativas del ámbito estatal, como puede ser la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia, y vivimos un proceso también de ir abriendo la permanente y ampliándola, de cambios estatutarios, fundamentalmente por temas de género, que es algo transversal y en lo que el tercer sector tenemos que dar ejemplo, y también para crear mecanismos de participación, como fue toda la creación del consejo territorial, del consejo asesor, de la comisión de sostenibilidad… Por lo tanto, una primera etapa intensiva, de abrir espacios de interlocución y una segunda más de cohesión y crecimiento interno.

 

¿Cuáles son en la actualidad los retos a los que se enfrenta el tercer sector?

 

Creo que la PTS en esta tercera etapa tiene que lograr, una vez que ya está consolidada, más visibilidad y más participación. Todo de manera consensuada con las entidades representativas y sobre todo con muchas ganas. Por un lado, queremos redefinir las funciones de las personas que están en la comisión permanente, que haya más diálogo entre la comisión permanente y la junta directiva y fundamentalmente una etapa en la que, aquellos objetivos que se vieron truncados por esta inestabilidad política que hemos tenido a nivel de Gobierno, puedan fraguar. 

 

¿Qué espera el tercer sector del nuevo Gobierno y qué exige al nuevo Gobierno?

 

Lo primero es la defensa de la agenda social y para ello necesitamos la reactivación de la Comisión para el Diálogo civil, para conseguir un funcionamiento adecuado, ágil y eficiente. ¿Qué queremos del Gobierno? En definitiva, varias cuestiones: Una, un liderazgo de la PTS a nivel de la implementación de algo que conseguimos en la segunda etapa, que es la asignación tributaria del Impuesto de Sociedades; luego, una sostenibilidad financiera del Tercer Sector, porque hemos tenido años de crisis económica y de decisiones que ha tomado el Gobierno que al sector no le ha venido nada bien y sobre todo a la población a la que estamos acompañando y, desarrollo de la Ley del Tercer Sector. 

 

¿Y cuáles serían aquellas cuestiones pendientes que permanecen en el olvido y hay que volver a reclamar?

 

Hay cuestiones como la estrategia de lucha contra la pobreza, que no cuenta con presupuesto económico ni planes operativos anuales; o cuestiones que tienen que ver con otros ministerios, como la estrategia de lucha contra la pobreza energética, que hay que vigilarla continuamente; vamos a exigir un desarrollo de la Ley del Voluntariado, porque hay un reglamento que está sin hacer; hay un plan estratégico de la infancia y la adolescencia, que hay que desarrollar; está la ley de protección del menor; la estrategia nacional de la Discapacidad, que la aprobó el Gobierno en funciones y hay que desarrollar; todo el resorte económico que necesita la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y cómo no, ya que tenemos entidades de cooperación al desarrollo, vamos a exigir que se amplíe el porcentaje destinado a cooperación. Y queda pendiente todo el desarrollo de la contratación del sector público y todo lo que tiene que ver con las adjudicaciones de servicios al tercer sector.

 

Y más a largo plazo, si hubiera una reforma constitucional, hay una cuestión básica que hay que solucionar, que es el desarrollo de los derechos fundamentales como sociales, una reforma social de la Constitución. Y ya, si fuera posible, una Ley Estatal de Renta Mínima, que compete al ministerio de la Seguridad Social y de Inclusión, y una Ley Estatal de Derechos y Servicios Sociales, que no existe en el ámbito estatal.

 

¿Alguno de los temas tiene prioridad sobre los demás o existe alguna cuestión que sea el centro de la atención de la plataforma ahora?

 

La máxima prioridad tiene que ver con el desarrollo de la Ley del Tercer Sector, con las cuestiones financieras y sobre todo que saquen ya un real decreto del dinero que se ha recaudado en el 0,7% del Impuesto de Sociedades. Lo único que se ha conseguido con una campaña escasísima,  con una acción muy concreta con la CEOE, Cepyme y Cepes, es que estas organizaciones han animado a la clase empresarial a marcar la X. Creo que, aunque los datos no son oficiales, es una buena cantidad y, en un mes y medio, o menos, el Gobierno puede sacar un real decreto para que el ministerio de la vicepresidencia segunda pueda sacar en concurrencia competitiva una serie de subvenciones para las entidades del ámbito estatal. Está regulada la recaudación, pero falta regular en qué se gasta. Y luego meternos en una campaña mucho más concreta y más especializada para que en la próxima declaración del impuesto de sociedades, la clase empresarial pueda marcar la X. 

 

Una vez definidas las exigencias o reclamaciones, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece el panorama actual al tercer sector?

 

Una de las oportunidades puede ser precisamente que todo el tema de los derechos sociales y de la Agenda 2030 esté enmarcada dentro de una vicepresidencia, nunca lo social había llegado tan alto. Hay que aprovecharla, pero sobre todo hay que explicarle al nuevo gobierno de una manera muy pedagógica lo que es el tercer sector y que confíen en nosotros, porque nuestra trayectoria está ahí, y hay que explicarlo porque al gobierno le hace falta tener más claro quiénes somos, qué queremos y, sobre todo, cómo lo queremos conseguir. 

 

Otra ventaja que tenemos es que la fortaleza interna y la cohesión de la PTS ha ido madurando, ha ido consolidándose muchísimo en estos años. Estamos preparados para decir con fuerza y una voz unitaria qué es lo que queremos. 

 

En cuanto al desarrollo territorial, ¿cuántas plataformas del tercer sector hay ya en las comunidades autónomas y cómo es el funcionamiento en red?

 

Solamente hay 10 plataformas territoriales y en los próximos años tenemos que ver cómo se rentabilizan las buenas prácticas de cada una de esas plataformas, que han ido consiguiendo algún objetivo que otro, unificar el mensaje y los objetivos y estar muy atentos a cómo pueden surgir nuevas plataformas en el resto de las autonomías. 

 

Hay una buena dinámica de trabajo, una buena capacidad de escucha, hemos tenido momentos difíciles, pero también de ellos hemos aprendido. Ya nadie cuestiona la PTS, hay un sentido de la utilidad, hay un mecanismo de participación y también la cohesión tiene que ver con la manera de participar, ahora mismo estamos muy atentos a las demandas específicas de cada entidad para apoyarlas, pero sobre todo lo que nos une son los objetivos transversales que afectan a todo el tercer sector y esa es precisamente la identidad de esta plataforma. 

 

¿Y cómo se plantea el futuro de cara a las alianzas con otras plataformas o instituciones?

 

En estos años hemos trabajado con los sindicatos, que son piezas clave que tienen que vernos como aliados y hemos conseguido tanto con CC.OO. como UGT, tras explicarles que nos interesa el diálogo civil pues el social es de los sindicatos, cómo podemos colaborar en materia de exclusión, de vulnerabilidad y de pobreza.

 

Y hay cuestiones que también están por desarrollar, habladas y con convenios firmados, como es el convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el convenio con el Consejo General de la Abogacía… es decir, hay que ir abriéndose a otros agentes de la sociedad y a otras instituciones no solo para que nos visibilicen sino también para que nos entiendan y ver qué cuestiones podemos hacer de manera conjunta. No solo es una demanda ante el Gobierno, sino también una colaboración con otros agentes e instituciones.