¿En qué consiste la modificación legal que reclama el CERMI a través de esta ILP?  

 

La ILP podría ir sobre muchos aspectos de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia que no nos gustan y que durante estos siete años se han demostrado ineficaces, pero lo hemos querido centrar en un único punto, que quizás es el que más rechazo y el que más insatisfacciones está produciendo, que es del copago. El CERMI lo admitió en un principio en una muestra de madurez y de corresponsabilidad, pero siempre que tuviera criterios de equidad y de justicia y que nunca supusiera la compra de un derecho. La ley sólo hablaba de copago, pero dejaba su regulación en manos del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, y las distintas formas de aplicación del copago han generado situaciones injustas y frustración entre las personas con discapacidad. En unos casos se ha llegado a introducir un copago donde no lo había, en otros el copago alcanza hasta el 90 por ciento del coste del servicio... Eso ha impedido el ejercicio de los derechos sociales que la ley decía que creaba y que después hemos visto que no era real. Por tanto, lo que queremos es que en la ley se diga cuáles son las reglas del copago, que con la excusa de la crisis se ha utilizado para imponer una aportación económica absolutamente inasumible. Aceptamos el copago pero con unas reglas justas, con un mínimo exento, en el que personas con una capacidad económica que no supere en 2,5 veces el Iprem no paguen nada, y con unos criterios iguales para toda España. Porque ahora nos encontramos en una situación de agravio comparativo, con tres comunidades autónomas en las que no hay copago y en el resto sí, pero con una diferencia abismal entre ellas. ¿Dónde está esa igualdad de todos los españoles con independencia del lugar en el que vivan que garantiza la Constitución? 

 

El CERMI califica este copago de “confiscatorio”. ¿Realmente es así?

 

Sí, es confiscatorio y perverso, porque si no tienes dinero para asumir el coste del servicio te ves expulsado. Es un mecanismo injusto que en algunos casos está forzando a las personas dependientes a salir del sistema y dejar de recibir los servicios que venían disfrutando incluso antes de aprobarse la ley.

 

¿Quiere decir que en algunos casos la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia puede haber sido contraproducente?

 

Esta es una ley que cuando entra en vigor en 2006 se nos vende como una gran conquista social, que por fin en España se cerraba el círculo del Estado del Bienestar, que nos íbamos a parecer a los países nórdicos donde hay una protección social intensa... Luego hemos visto que no, que efectivamente incluso se ha empeorado en lugar de avanzar, sobre todo por el impacto brutal de la crisis y por las políticas de austeridad que han aplicado absolutamente todas las administraciones y que se han cebado con los más desfavorecidos. Sólo el 20 por ciento de las personas con discapacidad reconocidas oficialmente tiene a su vez reconocimiento oficial de dependencia, el 80 por ciento restante no tiene dependencia ni la va a tener. Digo esto porque en alguna medida el sistema de dependencia ha perjudicado a las personas con discapacidad, porque se ha desvestido un santo, que era el de la discapacidad, pero no se ha vestido al otro, el de la dependencia. Se han quitado recursos, inversiones, se ha introducido copago donde antes no había, etc. Por eso en algunos casos sí se ha retrocedido.

 

¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el copago?  

 

Yo me remito a los datos oficiales del Imserso, en los que se puede ver qué comunidades están mejor o peor. En mi opinión ninguna está bien, aunque algunas están en un grado aceptable comparadas con las muchas que están mal. Las que salen peor paradas según estos datos son la Comunidad Valenciana y Canarias. En este ranking de las peores también estaría Murcia. A pesar de que, como digo, de ninguna se puede decir que haya hecho un despliegue modélico y eficaz del sistema, hay comunidades como La Rioja que ofrece datos mejores que la media, Castilla y León también estaría por encima de esa media. Madrid, Aragón y Extremadura no tienen copago para personas con discapacidad pero sí para mayores. En este punto están mejor que la Comunidad Valenciana, que acaba de instaurar un copago del 90 por ciento. 

 

Precisamente en Valencia el sector de la discapacidad asegura estar viviendo una situación insostenible. ¿Qué está ocurriendo allí?  

 

La Comunidad Valenciana es, en todas las políticas sociales y en concreto en ésta de atención a la dependencia, la peor de todas, es la zona devastada por antonomasia y el Gobierno de la Generalitat está sumando desafuero más desafuero. Allí no existía copago para discapacidad, y en 2012-2013 se introdujo por decreto, sin diálogo, sin consenso, utilizando la mayoría absoluta. Se le dijo al Gobierno regional que ese decreto adolecía de graves defectos, pero no lo aceptó porque estaba bendecido por sus servicios jurídicos. Se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que lo declaró nulo de pleno derecho por dos veces, además con una fundamentación jurídica muy interesante, insistiendo en que esta materia tiene que ser regulada por el Estado. La Generalitat, en vez de reconocer su error, alguien diría que casi como una venganza, incluyó el contenido de ese decreto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, y lo aprobó, que esto ya sí que parece de una crueldad excesiva, el Día de la Discapacidad. Ese copago absolutamente injusto ha entrado en vigor desde el pasado 1 de enero.

¿Pueden recurrir esta ley ante instancias judiciales?  

 

Una entidad como el CERMI puede recurrir un decreto o un real decreto, pero no puede recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional. Sólo la pueden recurrir el Defensor del Pueblo o 50 senadores o 50 diputados. ¿Qué vamos a hacer como CERMI? Pedir a la Defensora del Pueblo que lo recurra. Estamos trabajando con nuestros servicios jurídicos, armándonos de razones para trasladárselas a la Defensora, pero será su decisión. También tenemos compromisos políticos, el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene diputados o senadores de sobra para hacerlo,  ha manifestado que lo va a recurrir. Otros grupos minoritarios también han dicho que se adherirán. Una vez que lo tengamos bien fundamentado, para que el recurso sea solvente técnicamente, lo llevaremos a estos grupos que se han ofrecido y se presentará. Pero esto no deja de ser una salida extrema, estamos con la soga al cuello y judicializar más los asuntos sociales no es positivo. Esto se tiene que resolver políticamente, aprobando un copago que fuera aceptable y que no supusiera expulsar a nadie del sistema. Si estamos hablando de un derecho subjetivo, no puede haber esos copagos confiscatorios.

  

Recientemente han tenido su primera reunión con Alfonso Alonso desde que es ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Qué respuesta obtuvieron de él?

 

Bueno, el ministro es una persona que ya conocía al sector de la discapacidad en función de su anterior cargo parlamentario. Como portavoz del Grupo Popular hemos tenido reuniones asiduas con él, pero ahora le toca gestionar y eso es más complejo porque implica tomar decisiones. Nosotros le presentamos la ILP y hubo receptividad por su parte, se comprometió a estudiarlo. Le transmitimos que el Gobierno tiene en su mano modificar la ley, y de hecho es que el Ejecutivo de Rajoy mantuvo hasta finales de 2013 un real decreto de copago, que después no se atrevió a aprobar por presiones de algunas comunidades de su mismo signo político. O sea, que el Gobierno sí que entendía que tenía que haber una norma estatal, y después renunció a ella por motivaciones políticas. En cualquier caso,  la ILP va a seguir independientemente de lo que haga el Gobierno, porque no es una moneda de cambio y, ya que está en marcha, queremos que la ciudadanía se exprese. Queremos que esta reivindicación tenga una gran fuerza de apoyo ciudadano.

 

Para ello hacen falta 500.000 firmas. ¿Ve factible conseguirlas?

 

Es cierto que 500.000 firmas son muchas. La ILP tiene unos objetivos exigentes, requiere una movilización enorme, y tampoco tenemos experiencia en esto, es algo inédito. Estamos haciendo una apuesta, pero si la hacemos es porque pensamos que la vamos a ganar. Vamos a poner mucha pasión, a movilizar a las estructuras pero sobre todo a las personas, para demostrar que nuestra democracia aún tiene vías para que los ciudadanos se expresen.