Internet está cambiando la manera de comunicarnos, de trabajar, de educarnos. En relación con el mundo de la discapacidad, ¿qué está suponiendo la revolución digital? 

 

Significa más si cabe que para el resto de la sociedad. Las nuevas tecnologías son un verdadero aliado de las personas con discapacidad. La digitalización incesante de nuestra vida en comunidad facilita el acceso a bienes sociales básicos, como la educación, el empleo, la autonomía vital, las relaciones humanas, la participación social. Atenúan barreras estructurales que han impedido históricamente la inclusión de las personas con discapacidad. Al minimizar la relevancia del mero funcionamiento corporal como condición necesaria para alcanzar la normalidad cívica, nos sitúan en posiciones de mayor igualdad de partida. Son un resorte para una cierta democratización de la vida en comunidad, de la que hemos estado forzosamente apartados por nuestra nota de diversidad humana, de distancia respecto del canon de normalidad imperante. Ahora bien, no nos sirve cualquier revolución digital, ésta debe ser inclusiva, es decir, amistosa con las personas con discapacidad. La digitalización también puede excluir si no se gobierna bien este proceso.

 

¿Se está pensando en las personas con discapacidad a la hora de desarrollar la Administración Electrónica? 

 

No tanto como sería preciso. Hay mandatos legales imperativos –como consecuencia de la labor de incidencia política del propio CERMI, que han sido asumidos por el legislador– que obligan a que la Administración Electrónica sea accesible, esto es, que sea usable, cómoda y segura para las personas con discapacidad. La ausencia de accesibilidad es una discriminación, una vulneración de derechos, lisa y llanamente, así hay que verla. No creo que obedezca a mala fe, a voluntad deliberada de dejar aparte a estas personas, pero por falta de conciencia, por inadvertencia o, a veces, a causa de cierta desidia negligente, no se tiene en cuenta esta dimensión ineludible: la accesibilidad y el diseño para todas las personas. Y aquí no tienen peso las razones económicas: la accesibilidad en el entorno digital –en realidad, en cualquier entorno– no cuesta más, es un valor de uso que no tiene valor de coste. Si se inserta con regularidad y normalidad en el proceso de generación de arquitecturas digitales, es un componente más, neutro económicamente. No hay motivos para no asumirla. Hay que tomar conciencia de ella y ponerla en práctica. 

 

¿Qué aspectos han mejorado y cuáles pueden mejorar? Globalmente, ¿es accesible la información que se genera desde la Administración?

 

Hay más información y es más democrática, se llega más rápido y más fácilmente a ella. Además, hay un elemento no demasiado conocido fuera del ámbito de la discapacidad, y es que usamos más intensamente las nuevas tecnologías, somos consumidores más asiduos y más constante que el resto de la población. Estamos en mejor posición para relacionarnos por estos canales. Lo que queda es que la Administración Electrónica, primero, se implante definitivamente, llevamos muchos años hablando de ella, pero lo cierto es que estamos aún lejos de verla generalizada. Y segundo, que incorpore irrenunciablemente la dimensión inclusiva, que sea accesible y amigable para las personas con discapacidad. Por desgracia, no es accesible todavía, es una tendencia, una orientación, con buenos ejemplos limitados que hay que precipitar, acelerar, pero no una realidad.

 

Recientemente el CERMI firmó con la Administración un convenio de colaboración para la reducción de cargas administrativas dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias. ¿Quedan muchos escollos por salvar? 

 

En efecto, hemos firmado un convenio, que nos produce particular satisfacción, con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para reducir cargas administrativas. Y la verdad sea dicha, ha sido a demanda del propio departamento. En este caso la Administración ha actuado de oficio, ha sido proactiva en cuestiones de discapacidad, no ha tenido que ser rogada, que es nuestro sino casi siempre. A las dificultades con las que se encuentra cualquier administrado en sus relaciones con el poder público, las personas con discapacidad sumamos otras muchas, que nos hacen más oneroso ese contacto. Las estructuras y los procesos administrativos son todavía hostiles para las personas con discapacidad, están saturados de barreras, de obstáculos, de impedimentos. No saben gestionar la diversidad; cuando se enfrentan a algo distinto, la primera tentación es expulsarlo, pues se trata de sistemas rígidos. Por eso, es preciso examinar con carácter integral todas las relaciones de las personas con discapacidad con las administraciones, comprobar los puntos críticos, las áreas conflictivas, las fricciones, y, a continuación, proponer soluciones. Es un trabajo muy sugestivo.

 

También está en curso la revisión de la legislación sobre acceso al empleo público de las personas con discapacidad. ¿Qué medidas concretas se pueden adoptar para potenciar este tipo de empleo?

 

En unos pocos años, de lo que va de 2004 hasta hoy, hemos pasado de un incumplimiento total de los mandatos legales de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad a un cumplimiento aceptable, al menos en la Administración General del Estado. La Administración debe asemejarse a la sociedad a la que sirve y, como en ella, en la sociedad hay personas con discapacidad, este hecho debe tener su proyección en sus efectivos. Pero esta asimilación ha de promoverse con medidas de acción positiva, debemos acompañar el proceso, nutrirlo, vigorizarlo. El vigente marco normativo, tras casi una década, debe ser actualizado, mejorado. Aprender de las limitaciones que se han evidenciado estos años. Además, no hay que centrarse solo en el acceso al empleo público, sino también en el desempeño de la carrera profesional, las condiciones laborales cuando la persona ya está incorporada, ya es un empleado público. Por ahí irán nuestras propuestas al Gobierno.

 

En relación con estas materias, ¿quiere hacer cualquier otra observación? 

 

Tan solo, y éste es un mensaje a los funcionarios y empleados públicos, que cuando se trate de la discapacidad, eviten echar mano de los tópicos, de los lugares comunes con los que la mentalidad tradicional nos percibe. Que no somos elementos que distorsionan o complican y que han de ser rechazados, sino que, al contrario, ayudan a las estructuras complejas, como es la Administración, a mejorar y a mejorarse.