"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
10º Aniversario Convención ONU
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI
“La Convención de la ONU sobre Discapacidad dista mucho de ser efectiva y hay que introducir presión para que avance”
11/03/2016
Redacción - Imágenes: Jorge Villa
El presidente del CERMI habla de cierta haraganería intelectual en nuestro país ante la necesidad de cambios, critica la actitud pasiva, la inhibición y la instalación de algunos poderes en la zona de confort. Es por eso, principalmente, por lo que la Convención de la ONU sobre Discapacidad no ha introducido grandes avances en nuestro país, por la falta de voluntad política y también porque, como afirma Pérez Bueno, “la inclusión de las personas con discapacidad es un tema de generaciones, no va a ser, por más que nos duela, de la noche al día, es imposible porque nuestra exclusión y nuestra discriminación es histórica”.
El CERMI tiene un plan para celebrar este año el 10º aniversario de la Convención de la ONU sobre Discapacidad y entre sus objetivos se encuentra realizar un balance de los logros alcanzados, ¿cuál sería ese balance pasados diez años?
La Convención es el gran hecho ocurrido en materia de discapacidad en las últimas décadas y llamado también a serlo en las próximas, y sabíamos desde el principio que no iba a ser algo inmediato, tenía tal carga de profundidad, en el buen sentido, tal potencial transformador, tal impacto en la legislación, entre las políticas, en el modo de ver, percibir, concebir y desplegar todo lo relativo a la acción pública en materia de discapacidad, que no podía tener un efecto de la noche a la mañana.
"Se podía haber hecho más, se ha tenido la tentación de no salir de cierta zona de confort y no plantearse los grandes retos y desafíos que la Convención supone"
En una década de vigencia, desde 2006 que se aprueba, aunque entra en vigor en 2008, la Convención está todavía muy lejos de verse cumplida, en España, en Europa y en general en todos los países que la han ratificado. Se podía haber hecho más, ha habido una cierta falta de voluntad política en asumirla y a veces ante la ingente tarea que supone hacer suyo un texto de estas características, de este alcance, de esta intensidad, que implica cuestionarse muchas cosas que durante décadas y centurias se han mantenido en relación con la discapacidad, se ha tenido la tentación de no salir de cierta zona de confort y no plantearse los grandes retos y desafíos que la Convención supone.
Por ejemplo, en capacidad jurídica no se ha hecho apenas nada, aparte de estudios, el que tengamos que sustituir un sistema como el de la incapacitación, que tiene cientos de años de vigencia en los sistemas jurídicos continentales, en España en particular, por otro nuevo mucho más creativo pero a la vez mucho más difuso que hay que construir para que las personas con discapacidad que necesitan apoyos se representen a sí mismas y no sean sustituidas o se actúe en su bien, entre comillas, pero por otra persona, que son los sistemas que no son admisibles.
Ahí hay todavía un déficit grande. Y de esa constatación surge la necesidad por parte del CERMI de aprovechar esta década como revulsivo, como movilizador de conciencias, ser y percibir que la Convención está todavía en gran parte por hacer y que hay que introducir presión, hay que hacer incidencia social, política, legislativa, para que se vaya avanzando.
¿No es una paradoja que España fuera uno de los primeros países en ratificarle y luego sin embargo haya habido un ‘pisar el freno’ o no ‘pisar el acelerador’ lo suficiente?
Puede ser paradójico, pero hay varias tradiciones o tendencias en los países para aceptar tratados internacionales. Algunos son muy exquisitos y hasta que no tienen las obligaciones que el tratado impone puestas al día, no lo ratifican, tradición nórdica o de países anglosajones. Hay otros países quizá de cultura más latina o incluso a veces por efectismo político, por imagen, que son los primeros que se apuntan y siempre sacan el titular, pero trasladarlo a su ordenamiento jurídico o a aspectos internos, no lo sienten con esa presión. Esto es lo que ocurrió con España y en esta cierta incoherencia o paradoja estamos y el resto es que una década después estemos, no en punto muerto pero sí en ese motor a muy baja velocidad.
"Falta visión política, acercamiento a la sociedad, hacer propias las demandas de la sociedad civil organizada"
En esa línea, entre las intenciones que tiene el CERMI en este aniversario está la de lograr que el día 3 de mayo se convierta en el Día Internacional de la Convención de la ONU. ¿Cree que contará con el respaldo del Gobierno?
El Gobierno, como está en funciones y no funciona, ya ni se lo plantea, pero esto venimos reclamándolo como CERMI desde hace ya meses y hasta algún año y las tenía todas consigo como para aprobarlo si hubiera querido, creo que faltó, como en tantas otras cuestiones del Gobierno saliente, ahora en funciones, visión política, acercamiento a la sociedad, hacer propias las demandas de la sociedad civil organizada, porque esta es una medida que no tiene coste, una medida de visibilidad, de proyección, de imagen y sí que hubiera, como coartada, como excusa, al menos servido para la toma de conciencia. Un día oficial no soluciona nada pero ayuda a la generación de discurso y actividades y, sobre todo, a la visibilidad y a la toma de conciencia. El Gobierno en funciones nos dijo la peregrina excusa de que no había referentes internacionales, pero nos preguntamos qué problema hay en ser innovadores o ser los primeros. Les faltó esa mordiente que a veces es requerida de los gobernantes y no tienen.
"Hay aspectos esenciales que España está incumpliendo en relación con la Convención, como el derecho al voto o la cuestión de la accesibilidad"
¿Qué otras acciones o planes tiene previsto el CERMI abordar con ocasión de este aniversario?
Lo fundamental, pensando y conectando con lo que es CERMI y hace CERMI, es la incidencia política, es generar condiciones de cambio en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestras políticas para que podamos decir que la Convención se está aplicando y que es una realidad en España y hay aspectos esenciales que España está incumpliendo en relación con la Convención. Me he referido ya a la igualdad ante la Ley, el artículo 12 de la Convención, la necesidad de reformar el código civil y en general toda la legislación que impide que las personas con discapacidad se representen a sí mismas y tengan plenitud de derechos y que cuando objetivamente necesiten apoyos para la toma de decisiones, se les proporcionen, pero no se les niegue o sustituya a través de instancias intermedias. Todavía no estamos cumpliendo el derecho de voto para todas las personas con discapacidad porque algún juez les ha podido privar de ese derecho fundamental y que bajo ningún concepto ni ningún tipo de razonamiento se les puede suprimir o eliminar.
"El tiempo no se detiene y el año que viene es el último para ponerse al día con las exigencias de accesibilidad universal y no estamos en disposición de decir que podemos cumplir"
Está también la cuestión de la accesibilidad. Con independencia de la Convención, que no da plazos, pero exige que exista accesibilidad y ajustes razonables en todos los entornos, nuestra legislación previa, la Liondau de 2003, estableció en primer lugar 2020 como límite máximo para que todos los entornos, productos y servicios fueran accesibles, después se rebajó a 2017; esos plazos en 2003 nos parecían muy largos pero todo pasa, el tiempo no se detiene y el año que viene es el último para ponerse al día con las exigencias de accesibilidad universal y no estamos en disposición de decir que podemos cumplir. Todos los operadores, todos los responsables públicos y privados, deben ser conscientes de que a partir del año que viene se les podrá sancionar y exigir legalmente.
Además de esa tarea de incidencia política y visibilidad y toma de conciencia esencial, hay actividades añadidas que van en esa dirección, el congreso que queremos hacer con la Universidad de Valladolid, que tiene un Observatorio de Derechos Humanos, y el Instituto Carlos III de la Universidad Carlos III de Madrid, que es la que más sabe de derechos humanos en España y tiene una mayor especialización en discapacidad, queremos hacer un congreso internacional recapitulatorio, que nos diga lo que se ha hecho en esta década y cómo se ha actuado, si se ha interpretado bien la Convención y sobre todo que nos ponga una agenda, no solo ya del sector sino académica, intelectualmente válida de lo que queda pendiente y de cuáles pueden ser las vías de acción.
Esa fecha límite de 2017 para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles, está difícil de cumplir, por no decir imposible ¿no es así?
Sí. El reclamo de 2017 es de la legislación nacional, no de la Convención, era previo. En todo caso es un horizonte legal de exigencia y de presión política, podíamos saber que íbamos a llegar al plazo no cumpliéndolo, pero no constatando un fracaso, que es no cumplir una ley, y en un Estado de derecho no cumplir una ley es una estafa, si hubiera estado todo en marcha o con plazos cercanos nos podríamos haber dado por satisfechos, pero estamos lejos del aprobado, o raspando el aprobado como mucho. Y lo que no se ha hecho en 15 años parece difícil que se haga en un año. En todo caso, hay que poner toda la carne en el asador para que se movilicen los recursos legales, económicos y de acción política para que eso pueda estar, o que pueda estar quizá en el entorno de 2020.
"No solo recordamos la obligación sino que también intentamos buscar vías para que esa obligación sea posible"
Otra de las medidas que hemos pedido y venimos planteando es que se cree un fondo extraordinario de financiación de políticas de accesibilidad. Existe un fondo para la cultura y hemos pedido que se cree uno de ese tipo no solo a obra pública, sino también en la sociedad de la información y nuevas tecnologías, para que financie proyectos de accesibilidad para poder cumplir esos mandatos de 2017. Eso es también un reclamo al Parlamento. No solo recordamos la obligación sino que también intentamos buscar vías para que esa obligación sea posible.
"A veces también hay una cierta preponderancia de lo gubernamental, sobre todo cuando hay mayorías absolutas y los parlamentos se quedan secundarios, subsidiarios, y un parlamento diverso también puede ser más rico y más receptivo a las demandas sociales"
En esa tarea de incidencia política que para el CERMI es fundamental, ante un Gobierno en funciones que apenas gobierna y una situación tan difícil como la actual, ¿cómo trabaja el CERMI y cómo gestiona su interlocución política?
En estos meses y hasta que se despejen las incógnitas políticas del país, que nos superan como movimiento social, es el momento del Parlamento y por eso estamos haciendo la incidencia política fundamentalmente en el Parlamento. Desde que este Parlamento ha tomado cuerpo y está actuando estamos haciéndoles llegar, muy propositivamente, toda la agenda política articulada, y por ejemplo lo primero que hicimos como gran cuestión simbólica es la propuesta articulada y fundamentada, para que cualquier grupo que quisiera la tradujera en una proposición de ley o en una enmienda, de reforma de la ley electoral para el derecho de voto; lo mismo con la ley del jurado, ahí también hay una discriminación en el acceso a la función de jurado; otro tema que conecta con la accesibilidad universal es la Ley de Propiedad Horizontal, y hemos abrumado a todos los grupos políticos y los nuevos diputados y diputadas, que pueden no conocer y muchos no conocen ni la realidad social al detalle ni la de la discapacidad, que tengan elementos de juicio y elementos documentales para hacer su actividad política.
En este momento lo fundamental es trabajar y trabajarse al Parlamento porque a veces también hay una cierta preponderancia de lo gubernamental, sobre todo cuando hay mayorías absolutas y los parlamentos se quedan secundarios, subsidiarios, un poco a la espera de lo que dice el Gobierno; en la división de poderes tiene que haber un ejecutivo pero también un parlamento y un parlamento diverso también puede ser más rico y más receptivo a las demandas sociales.
En la actual situación, si se repitieran las elecciones generales en el mes de junio, ¿hay tiempo para que se cambie la legislación y puedan votar finalmente todas las personas con discapacidad que tienen limitado ese derecho?
Creo que posibilidades teóricas hay, siempre que haya voluntad política. Tiempo habría, pero creo que no se va a producir porque no tenemos esa fuerza o ese vigor para inspirar a los viejos partidos, y a los nuevos, para asumir esa conciencia. El único elemento por el que nos gustaría que se repitieran las elecciones es justo éste, que diera tiempo a resolver y en las próximas elecciones pudieran votar esas 80.000 personas que ahora mismo no pueden votar.
"Instalar la discapacidad en la doctrina y en la práctica de los derechos humanos es lo fundamental que ha aportado la Convención"
A juicio del CERMI, ¿cuál es el principal logro de la Convención de la ONU sobre Discapacidad en esta década?
No es fácil ni habría un elemento que más ha aportado visiblemente la Convención de mejora para las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias en nuestro país, habría cosas pero iría a algo más cualitativo y es ese asentar, y ya indiscutiblemente y con carácter irreversible, que la discapacidad, la exclusión, el bienestar es una cuestión de derechos humanos. Instalar la discapacidad en la doctrina y en la práctica de los derechos humanos es lo fundamental que ha aportado la Convención, eso ya no tiene discusión posible y cuando hay un incumplimiento en relación con los derechos de las personas con discapacidad se están vulnerando derechos humanos. Cuando no podemos votar, cuando nos segregan en la educación, cuando no podemos hacer uso libre de técnicas como la reproducción asistida, en definitiva, allí donde hay o se proyecta una sombra contra la vida en comunidad de las personas con discapacidad, estamos en presencia de una discriminación y de una violación de los derechos humanos. Es cualitativo, pero en general es lo cualitativo lo que después desencadena los cambios sociales, que después se van reproduciendo y generalizando en el día a día.
"Es sangrante que sigamos manteniendo a niños y niñas con discapacidad segregados educativamente y que se admita sin mayor escándalo"
Y ¿cuál sería la parcela en la que todavía queda mucho por avanzar?
Como grandes cuestiones negativas, las que he comentado, por ejemplo, es sangrante que sigamos manteniendo a niños y niñas con discapacidad segregados educativamente y que se admita sin mayor escándalo, ¿podríamos admitir que hubiera solo escuelas para niños y niñas por razón de su color de la piel? Creo que nos sublevaría, en el grado de progreso moral que tiene la sociedad actualmente lo consideraríamos una discriminación, pero en relación con la discapacidad mucha gente lo acepta con naturalidad. Incluso aquí, en el omnipresente discurso económico que todo lo impregna, está demostrado y hay evidencias empíricas de que un sistema segregado de educación es más caro que el inclusivo. No hay una justificación ni siquiera económica, hay una cierta inercia, una haraganería intelectual de cambiar, de pensar que lo que veníamos haciendo es lo tópico, lo típico, lo natural y no hay que cambiarlo.
"En el imaginario colectivo todavía la discapacidad y las personas que tenemos discapacidad valemos menos o la normativa tiene que ser menos exigente"
Y otro aspecto, aunque hemos conseguido atenuarlo el año pasado con la reforma del código penal, como la esterilización forzosa, que se aplica fundamentalmente a mujeres con discapacidad. No sabemos si la sociedad es consciente siquiera de que existe, que se puede aplicar en contra del criterio de la persona y de la mutilación corporal o funcional de la persona que supone. Hay prácticas que no se aplican aquí pero han llegado por la emigración, como la ablación, a todo el mundo le suscita una repulsión y se persigue y hay conciencia, y estamos con otra ablación, que sería la de nuestra cultura, que sería la esterilización, y no se produce esa repulsa, ese rechazo o esa negativa tan visceral como la otra, y por supuesto estamos en contra de la ablación, pero la esterilización sería la ablación occidental, que se ha practicado hasta los años 70 en todos los países, hasta en los países nórdicos, y ahora solo se practica para las personas con discapacidad.
Siempre lo malo, lo que hemos retirado de la generalidad de la población porque hemos llegado a la conclusión de que es una infamia, lo seguimos manteniendo, enmascarado, edulcorado, se supone que con salvaguardias, para las personas con discapacidad. Ahí late que en el imaginario colectivo todavía la discapacidad y las personas que tenemos discapacidad valemos menos o la normativa tiene que ser menos exigente en relación con nuestros derechos porque no terminamos de tener el valor que tiene una persona sin discapacidad.
"La inclusión de las personas con discapacidad es un tema de generaciones, no va a ser, por más que nos duela, de la noche al día"
Si bien diez años pueden ser muchos, a veces son pocos cuando se necesitan grandes cambios. A pesar de no haber logrado en este tiempo muchas mejoras, ¿no cree que sí se ha conseguido una mayor conciencia y que la Convención sea ya un referente obligado a la hora de hablar de discapacidad?
Sí, creo que esa es la gran aportación de la Convención. Eso en un terreno cualitativo. Lo cualitativo tiene menos renta política, incluso en el movimiento asociativo, a la gente que lo está pasando mal o le niegan un derecho o discriminan, que le digas que se está cambiando la cultura… pero viéndolo en globalidad y en tendencia social, porque el tema de la inclusión de las personas con discapacidad es un tema de generaciones, no va a ser, por más que nos duela, de la noche al día, es imposible porque nuestra exclusión y nuestra discriminación es histórica, hasta hace no mucho o estabas en las zonas de sombra o simplemente se nos suprimía.
Ya solo el hecho de llamarse Convención de la ONU sobre ‘Personas con Discapacidad’, es un avance ¿no?
Sí, y el inscribirse en un tratado internacional y de derechos humanos. Cualquier tratado internacional está en principio por encima de las leyes nacionales y cualquier acción legislativa se tiene que interpretar con arreglo a los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. El Tribunal Constitucional y el Supremo están condicionados por la Convención, vinculados y comprometidos. Todo eso son herramientas favorables, pero hay que usarlas, si se oxida no producen cambian, pero si se usan, le dan una habilidad y la ponen a punto y al día, que es para lo que nos sirve nuestra Convención, para poner nuestra vida en comunidad al día.
En este aniversario de hoy, del atentado del 11M en Madrid, también hay un recuerdo para las personas con discapacidad, para todas aquellas que adquirieron una discapacidad después de la masacre, ¿qué mensaje envía el CERMI en una ocasión así?
Todas las catástrofes sociales, y la muerte indiscriminada y masiva de personas por motivos de odio, por motivos políticos, es una catástrofe moral, social y política, después tienen un impacto en la discapacidad, siempre quedan personas víctimas. Hay personas que mueren, que es lo más lamentable de todo, pero hay personas heridas que terminan perteneciendo a nuestro sector porque quedan con una discapacidad para el resto de su vida y eso significa, aparte de la conmoción y el hecho traumático del atentado y los efectos psicológicos, un reinventarse su vida y pasar de la noche a la mañana de una situación a otra muy distinta, donde tienen que aprenderlo todo y no tienen demasiados dispositivos de apoyo para afrontar esa nueva vida a la que les han obligado. Hay asociaciones de víctimas y un sistema de protección de víctimas del terrorismo, pero muchas de esas personas han acabado acudiendo al movimiento de la discapacidad y las sentimos como propias, lamentamos el origen, porque es infame, pero no dejan de ser compañeros y compañeras. Y en la medida en que nosotros tenemos un recorrido porque tenemos un conocimiento, un sistema de apoyo, muy frágil y muy precario pero que ahí está, siempre lo hemos puesto a su disposición y cada vez que hay una catástrofe de este tipo, no solo esperamos a que vengan sino que nos ofrecemos y lo que tenemos lo compartimos con todos, en orientación, apoyo, acompañamiento… ese es quizá otro bien oculto del movimiento de la discapacidad, de nuestra red de apoyos, que estamos para las situaciones más desesperadas; el Estado, a veces, salvo la atención inmediata o darte una indemnización cuando te la da, tarda mucho en atender a las personas en los momentos más críticos, como puede ser un atentado. Ahí el movimiento de la discapacidad está, y no porque le obligue ninguna ley o haya una exigencia legal, pero sí moral y sobre todo por solidaridad activa de estar con las personas que sufren. Sabemos muy bien de lo que se habla cuando se trata de las víctimas que adquieren una discapacidad.
"Europa está a un paso de incurrir en un crimen contra la humanidad, en relación con los refugiados"
En cuanto a la cuestión de actualidad de los refugiados, entre los que también se encuentran personas con discapacidad, ¿qué opina el CERMI de la reciente decisión de la UE?
Creo que hay tal crisis política en la Unión Europea, de gobierno, de saber qué somos y a lo que aspiramos y ser dignos de lo que Europa en sus mejores momentos ha podido ser modelo de algo, aunque los ha tenido muy terribles, que estamos tan lejos de estar a la altura de lo que hemos sido, que Europa está a un paso de incurrir en un crimen contra la humanidad, en relación con los refugiados. Ya no solo son víctimas del crimen contra la humanidad por la persecución que está sucediendo en esos países, Siria, Irak, etc., del Estado islámico, los gobierno dictatoriales o despóticos o de las luchas entre facciones religiosas, políticas, étnicas, que son crímenes claros contra la humanidad y estarían tipificados así, sino que la inacción, la dilación, eso también roza el crimen contra la humanidad, porque son miles de personas que dependerían de una decisión política europea y Europa no sabe, no quiere y lo está dejando pasar y aquí dejar pasar es condenar. La inhibición es casi tan grave como la acción. En cualquier código penal se llama delito de omisión, de omisión del deber de socorro.
