Renueva mandato para los años 2021-2025, ¿cómo afronta esta responsabilidad en estos tiempos tan convulsos?

 

Planteo una serie de propuestas de acción y consenso para llevar a cabo, que se sostienen en el Plan de Trabajo 2020-2021 presentado y aprobado en la Asamblea General de junio del 2020 como propuesta de acción básica, y donde se establecen objetivos conjuntos y con una mirada en el horizonte conforme a planteamientos que no sean improvisados y, sobre todo, que no nos lleven marcha atrás. 

 

Trabajaremos teniendo en cuenta que lo social solo puede mejorar con la colaboración de nuestro sector y con una confianza construida compartidamente entre la Generalitat Valenciana y la sociedad civil organizada de la discapacidad como es el CERMI CV; porque la discapacidad no es una condición por curar, por completar o por reparar, sino que es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la comunidad que lo rodea. Seguir haciendo bandera y precepto de: Nada por la discapacidad sin la discapacidad.

 

El sector y la sociedad en general viven un momento de transformación tras la pandemia ¿cómo debe prepararse y adaptarse el movimiento de la discapacidad?

 

Tenemos que trabajar con urgencia hacia una transformación de nuestro sector. Estamos viviendo un momento de transformación profunda provocada por la rotura de nuestras vidas por la pandemia del Covid-19 y parece que nada será igual. Si esta afirmación es válida en cualquier ámbito de la sociedad, en el caso de las entidades sociales de la discapacidad es una evidencia que no podemos obviar. De golpe un día tuvimos que cerrar servicios, aprender a gestionar a distancia, seguir cuidando y apoyando a las personas por las cuales trabajamos en una situación completamente nueva e imprevista. Y nuestro sector ha sido capaz de adaptarse y de seguir dando respuesta a las necesidades de las personas, pero tenemos que definir las prioridades estratégicas de nuestras organizaciones, desde la deliberación y la integración de la ética a la toma de decisiones, que será clave para garantizar que mantenemos la misión con la cual nacimos y que da sentido a nuestra existencia. 

 

Para resolver la sindemia de la Covid-19 se necesita una aproximación holística basada en los principios de salud pública con equidad, solidaridad, acceso al sistema sanitario, en donde lo social sea transversal y de luz larga en todas las políticas que se desarrollen y donde las entidades del sector social de la discapacidad se involucren en las medidas que se toman. 

 

La sindemia que atravesamos requiere afrontar cambios estratégicos hacia una innovación social que debe incorporar el conocimiento y la práctica del movimiento social de la discapacidad para poder escalar y favorecer cambios estructurales ya que los modelos de lideraz¬go individual o la mera “gestión de proyectos” no presentan evidencia de impacto positivo a medio y largo plazo. Operar con mentalidad de movimiento nos permite generar un permiso social para innovar que se extiende al conjunto de la comunidad. 

 

La financiación sigue siendo una cuestión primordial, ¿tiene algún plan?, ¿cuenta con el respaldo del gobierno en la mejora necesaria de esta cuestión?

 

En mi propuesta de trabajo 2021-2025 vamos a redoblar los esfuerzos para defender  y exigir la incorporación de las demandas y propuestas del Tercer Sector Social de la Discapacidad en las políticas públicas y el desarrollo de un nuevo modelo de cooperación público-privada que se base en una colaboración que fortalezca y complemente la labor de ambas partes, así como la modernización del modelo de servicios sociales apostando por una gestión compartida que implique como elemento estratégico al Tercer Sector Social de la Discapacidad por su capacidad de desarrollo e innovación, como la necesidad proporcionar una financiación estable al sector social de la discapacidad,  con un plan económico y financiero que proteja a las entidades, y su acción social innovadora. 

 

¿Cree que finalmente el CERMI y el tercer sector podrán colaborar en la gestión de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia?

 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europea y programación 2021-2027 tiene que promover un cambio en el modelo económico hacia el desarrollo sostenible y la promoción de los sectores productivos comprometidos con las personas y el progreso social frente a las posiciones economicistas que propugnan la incompatibilidad entre crecimiento y sostenibilidad con la solidaridad, subrayando el potencial de contribución económica, productiva y transformadora de una parte significativa de la población que actualmente se encuentra en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que está en condiciones de desempeñar un papel activo y productivo en el sistema. 

 

Hay cuestiones que conforman los fondos europeos, en su globalidad, que no tienen un rostro social predominante y no están completamente al servicio de lo social, por consiguiente, se tienen que destinar a medidas de inclusión en las que el Tercer Sector de Acción social pueda tener un papel y tener acceso a estos fondos; ya que la situación debido al Covid-19 es agónica, puesto que la pandemia ha agudizado la fragilidad inicial y se corre el riesgo de que comiencen a desaparecer organizaciones y se pierdan muchos apoyos y mucho acompañamiento. El tercer sector de acción social debe ser un actor para una cogobernanza enriquecedora.

 

¿Existe una demanda del servicio de asistencia personal y la posibilidad de que esté respaldado como recurso público?

 

Para el Movimiento CERMI CV es algo realmente importante y estamos en una línea formativa para asistentes personales que se paró por la pandemia y que ahora, en este 2021, se ha iniciado con fuerza porque el curso de Asistente Personal pone la primera piedra para establecer ya un modelo formativo establecido y perfectamente organizado en un derecho tan importante como es la asistencia personal.

 

Con el inicio de este curso esperamos que este año 2021, sea el año de la ampliación y puesta en marcha con una velocidad de crucero de la figura del asistente personal tras 15 años de vigencia de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia; es una prestación exigida por el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es la menos desarrollada dentro del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia); apenas se ha contribuido a instaurar y practicar una cultura real de autonomía y vida independiente.

 

Con estos primeros cursos se da pistoletazo de salida hacia ya la conformación de todo este proceso formativo y esperamos que quede consensuada definitivamente por el Gobierno de España para que la figura se regule y se expanda.

 

La asistencia personal es importante porque esta figura va a desinstitucionalizar a quien se acoja a la misma porque lo que podrá coger son realmente las riendas de su propia vida y eso es transcendental. Esta desinstitucionalización y el apoyo adecuado para su autodeterminación van a elevar la calidad de vida y mejorar las actitudes funcionales individuales de las personas con discapacidad. 

 

¿Está actuando el gobierno valenciano sobre la mal llamada ley de dependencia para mejorarla?

 

El Movimiento CERMI CV constituyó hace años una mesa de trabajo permanente con la Secrataría Autonómica Primara y Servicios Sociales para hacer seguimiento de todo lo que ocupa y preocupan en dependencia en la comunidad valenciana. En esta mesa se hace un seguimiento de todos los indicadores y transcurridos 14 años desde la entrada en vigor de la Ley, que ha sido sometida a sucesivas reformas, tras continuas reivindicaciones de una mejor financiación de las distintas administraciones implicadas y tras no pocas normas autonómicas que han desarrollado el sistema, aún hoy las quejas relativas al sistema relacionado con la Dependencia son una de las tipologías más numerosas.

 

Quiero señalar que la COVID-19 ha incidido negativamente en la vida de las personas dependientes y ha dejado patentes las deficiencias del sistema de protección vigente, con bajas coberturas, cuidadores desprotegidos y mal remunerados, y un modelo de atención residencial claramente obsoleto que se ha convertido en un acelerador de la letalidad del nuevo virus; y en las personas que residen en sus domicilios y que esperaban una especial atención cuando más lo necesitaban. Y todo esto ha conformado un coctel de parones en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de prestaciones que están dentro del SAAD.

 

Sin duda, las graves demoras de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en aprobar las resoluciones Plan Individualizado de Atención son, son el principal motivo de preocupación, ya que en algunas ocasiones se justifica el retraso de la tramitación de los expedientes por desajustes vinculados a la pandemia (bajas laborales, dificultades de desplazamientos, visitas no recomendables, etc.), pero en gran parte de esos casos ya se arrastraba una gran demora cuando se decretó el estado de alarma, y este hecho ha contribuido a aumentar el problema. 

 

Además, en el déficit que se detecta de coordinación entre la Consellería y ayuntamientos para las valoraciones, se suma un agravante mayor cuando las personas que solicitan la valoración de su situación de dependencia son personas con problemas de salud mental. 

 

En estos momentos un total de 104.331 valencianos están dentro del sistema de atención a la dependencia, lo que representa el mayor número de personas beneficiarias en la Comunitat Valenciana desde la aprobación de la ley en diciembre de 2006; por lo tanto, se han realizado avances importantes en agilizar y modernizar todo el proceso en dependencia en nuestra Comunidad Valenciana, pero aun hay  mucho margen de mejora en cuestiones de valoraciones, coordinación  la lista de espera, gestión y tramitación.

 

Esta iniciativa está muy ligada a otro objetivo del CERMI Estatal, y en general el movimiento CERMI, como es la desinstitucionalización y el tránsito activo a fórmulas de base inclusiva y comunitaria, ¿es un plan a largo plazo o debería ir implantándose ya?

 

Esto es algo fundamental y transcendental y que se tiene que ir implantando rápidamente, hay que enfocar el cambio hacia un modelo de desinstitucionalización, con esa transición del cuidado institucional al cuidado comunitario.

 

Uno de los principales cambios estratégicos que requiere el sistema de atención a la dependencia pasa por el desarrollo de un espacio intermedio entre el domicilio y el centro residencial convencional. Más allá de la necesaria potenciación y reorientación del servicio de atención a domicilio, es imprescindible impulsar un continuo de opciones de alojamiento alternativo para las personas mayores que refuerce específicamente los apartamentos tutelados, las viviendas comunitarias y el resto de las opciones de vivienda asistida o con cuidados/apoyos, y yendo a una nueva economía de los cuidados, centrándose en servicios a personas mayores y dependientes, incluyendo cuidadores. 

 

La desinstitucionalización es un proceso que incluye un desarrollo de servicios individualizados de alta calidad basados en la comunidad; el cierre de instituciones residenciales de larga estancia donde personas con discapacidad (incluyendo personas con problemas de salud mental), personas sin hogar y personas mayores viven segregados de la sociedad, con estándares inadecuados de cuidado y apoyo, y donde el disfrute de los derechos humanos es a menudo negado; hacer totalmente accesible y disponible los servicios principales como la educación y la formación, el empleo, la vivienda, la salud y el transporte para todos los niños y adultos con necesidades de apoyo; y establecer una Agenda Urbana con nuevas formas habitacionales inclusivas y comunitarias, con una implementación mucho mas amplia de viviendas colaborativas y que en nuestra incidencia política podamos fomentar, por citar una cuestión en concreto, la modalidad de cohousing.

 

¿Qué le queda a la Ley de Garantía de Accesibilidad Universal de última generación para su aprobación definitiva?

 

Esta futura ley es una reivindicación del movimiento CERMI CV para garantizar la accesibilidad universal de acuerdo con la convención de la ONU y los derechos de las personas con discapacidad y de toda la ciudadanía, en su acceso a todos los espacios públicos y privados, entornos naturales, sistemas de transporte, medios de comunicación y servicios de atención a la ciudadanía.

 

Ya se conformó en julio del 2020, una primera fase de participación social y consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía sobre los grandes ejes temáticos de desarrollo para la elaboración de la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva.  Y ahí, todo el Movimiento CERMI CV, aporto documentos de propuestas por parte de cada una de las entidades de la discapacidad y un documento global por parte del propio CERMI CV. Hubo un parón motivado por la Covid-19, pero ya se ha reiniciado y en estos momentos se están recabando informes por parte de la diferente consellerías y se estima que en breve salga la segunda fase de consulta pública. El CERMI CV, esta en constante comunicación la consellería para hacer el seguimiento de todo este proceso.

 

¿Cómo está funcionando el plan de choque que puso en marcha la Generalitat para acortar los plazos de espera del certificado del grado de discapacidad?

 

La demora en resolver las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, así como la notificación de las resoluciones y certificados correspondientes, ha sido una constante en estos años. Y tenemos que tener muy claro y denunciarlo, no es un mero contratiempo de un instrumento burocrático, sino que es un retraso que implica no tener acceso a beneficios concretos y cierra derechos para garantizar la igualdad de oportunidades de las Personas Con Discapacidad: facilidades para encontrar un empleo tanto en ofertas de empleo público como en empresas privadas y en adscripción a CEEIS; acceso a la vivienda de protección pública; apoyos educativos como en reducción de tasas universitarias; poder solicitar ayudas como pensiones no contributivas; deducciones en IRPF; ayudas en transporte privado y en público…..; por lo cual no hacerlo bien, no es solo como un recorte de prestaciones, sino de derechos en sí mismo. Y eso es muy grave.

 

El CERMI CV, en sus reuniones periódicas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la que coordina los centros bases de valoración del grado de discapacidad está en continua exigencia y control del plan de choque que esta siendo implementado, para exigir y ayudar a que ese plan de choque funcione todo lo mejor posible.

 

Por incidencia política del CERMI CV, en Presupuestos de la GVA 2021; se tuvieron en cuenta varias enmiendas del propio CERMI CV, en este sentido; y estamos trabajando y coadyuvando, junto a la Consellería para que esas líneas del plan de choque se vayan poniendo en marcha en los tiempos correctos y de manera eficiente. Esas líneas que se incluyeron gracias a la incidencia política del CERMI CV para mejorar el plan de choque, han sido: Añadir nuevas líneas de actuación para reducir las listas de espera, con la reclasificación de los puestos de trabajo de los centros de valoración y orientación de la discapacidad (centros bases), de todo el territorio de la Comunidad Valenciana; creación de nuevos puestos de estructuras en los centros de valoración; creación de dos unidades de coordinación para salud mental y Accesibilidad Universal en la Dirección General; aumento del personal de los equipos; mejora de los sistemas informáticos; mejora en el acceso a la historia social y clínica; establecimiento de criterios de priorización para situaciones urgentes; mejor coordinación entre los distintos servicios sectoriales implicados; obligación legal de resolver las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad en el plazo de 3 meses; obligación legal de emitir de oficio el certificado de eficacia del silencio administrativo de la solicitud.