Dentro del Plan Estratégico 2012-2015 del INAP han establecido una serie de medidas entre las que está abrirse a la sociedad. ¿Qué significa?

 

Que en el INAP, en la Administración Pública, no trabajamos ni para usuarios ni funcionarios sino para construir una sociedad mejor y generar un mejor funcionamiento de la vida en común. Formamos a personas que trabajan en la Administración Pública y en ese proceso de selección y formación inculcamos una serie de principios que tienen que ir orientados al bien común y a mejorar la calidad efectiva de la comunidad.

 

¿Cómo lo hacen?

 

Trabajando en dos líneas. Una incluye, dentro de las acciones formativas y los productos del INAP, a la sociedad organizada y, dentro de ella, a las personas y organizaciones más desfavorecidas, especialmente a las personas con discapacidad. La otra línea consiste en hacer que los propios principios por los que se rige el INAP tengan que ver con principios de Responsabilidad Social. En la empresa, la RSC es un añadido a la búsqueda de beneficio. En la Administración Pública esto es absurdo porque ya estamos orientados al bien público. Sin embargo, por imitación al mundo empresarial, se está incorporando la mecánica de la RSC porque se nos estaba olvidando la verdadera finalidad de la Administración Pública. Hasta hace unos años se creía que era producir cosas, generar servicios y eso es sólo un medio para conseguir un bien común. Pero el fin también es garantizar derechos y deberes de los ciudadanos y convertirse en una Administración que se rija por principios democráticos. 

Y este loable fin, se consigue...

 

Dejando de lado la búsqueda de un nuevo modelo de Administración Pública y volviendo a sus orígenes porque nos debemos al bien común. Entre esos derechos y libertades de las personas, así como los principios para el funcionamiento de la democracia, es fundamental el principio de la igualdad. Pero no es algo graciable de la Administración Pública. Por eso, tras horas y horas de arduo trabajo en esta casa, concluimos que el INAP no es un centro de formación de funcionarios sino un centro de transmisión de conocimiento para transformar la sociedad y la Administración.

 

Rescátenos entonces esos pasos que está dando el INAP para convertirse en “centro de referencia de conocimiento e investigación en materia de discapacidad”?

 

Abrirnos a la sociedad, llegar acuerdos con las principales organizaciones sociales y elaborar una serie de productos que sirvan de referencia en España y en Iberoamérica. Entre esos productos está el código ético, la RSC, la carta de servicios, el Libro Blanco y la línea editorial que hemos hecho de INNAP Social. Lo que queremos enseñar al conjunto de las Administraciones Públicas y parcialmente a la sociedad es por donde tiene que transitar la Administración Pública en las próximas décadas y pasa por una mayor integración de las personas con discapacidad. El INAP se abre a las organizaciones sociales como el CERMI, ONCE, etc., y crea acuerdos y convenios con ellas. 

 

Ya que lo menciona, ¿podría hablarnos del convenio que han firmado con CERMI y Fundacion ONCE a principios de año para, entre otras cosas, promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el empleo público?

 

Tiene que ver con los productos que estamos elaborando conjuntamente: el documento sobre RSC, el Libro Blanco sobre personas con discapacidad sobre el acceso a la Administración Pública. Este documento es realmente importante porque nunca se ha hecho hasta ahora y porque de él saldrán medidores periódicos y es muy multidisciplinar. Por ello, hemos querido contar, lógicamente, con el sector. 

También tenemos un compromiso para incorporar en nuestra formación, con carácter transversal, módulos de sensibilización sobre la discapacidad en la Administración Pública. 

 

¿Se han planteado contar para esta formación y sensibilización con las propias personas con discapacidad?

 

Estamos trabajando en esa línea. De hecho, ya hemos formado a personas víctimas del terrorismo para que fueran ellos los que formaran y sensibilizaran. No todo el mundo vale, pero hay personas que son maestros, profesores, otros que tienen capacidad para ello... Pero, además, el siguiente reto que tenemos en el INAP es dar más visibilidad a las personas con discapacidad en las aulas, internet y acciones formativas. Es decir, caminar hacia la normalidad, la normalidad que hay en la calle y en las familias. Aunque siempre es controvertido establecer cuotas que es lo que se ha hecho con las personas con discapacidad o establecerlas internas (a eso responde la RSC y el Libro Blanco). Nadie nos obliga, pero queremos imponernos que ese tipo de formación la imparta las personas que experimentan la discapacidad para formar a opositores de alto nivel que ocuparán puestos en lugares importantes de la Administración y se los pediremos al CERMI. En eso consiste nuestro objetivo, en ir incluyendo en procesos formativos adecuados la realidad de la vida. Conviene que estos nuevos funcionarios sepan cuál es la realidad social española, pero desde una perspectiva integradora porque no nos podemos permitir este despilfarro en términos de conocimiento ni tampoco productivos. Porque, ¿cuánto coste tiene que no produzcan nada estas personas? Socialmente muchísimo. Es necesaria la visibilidad. Mejoraríamos muchísimo si fuéramos conscientes de que el mundo es como es, no como nos gustaría. Respecto a la discapacidad, lo que haga la Administración Pública tiene que hacerlo de forma inclusiva porque tiene que velar por las personas más vulnerables de la sociedad. La Administración Pública no se puede permitir el lujo de perder la riqueza de una buena parte de nuestra sociedad.

¿Qué tipo de riqueza aportan las personas con discapacidad?

 

Cualquier tipo de persona tiene una serie de talentos. El principal conocimiento que aportan las personas con discapacidad al resto de la sociedad es su propia imperfección. Nos hemos esforzado en las últimas décadas en crear un mundo perfecto cuando la imperfección es lo normal en la vida y la diversidad es lo normal. Este es el cambio trascendente, lo que nos aportan, además de su talento, su forma de enfocar la vida, de alegrarse, de emocionarse o la propia productividad que pueden ofrecer a la sociedad. 

Dentro de las discapacidades existe una enorme diversidad y la productividad, según la discapacidad de la persona que contratemos, será también distinta. ¿Quién marca los estándares de productividad? La propia organización. ¿Cuál es el beneficio esperado aceptable? ¿El 6%, el 15%, el 300%? Las personas con discapacidad nos están diciendo que otro mundo es posible y que hay un montón de personas que deben estar incluidas. Cuando excluimos a determinadas personas estamos excluyendo a una buena parte del talento, del conocimiento, de la producción y una buena parte de nosotros mismos porque también nosotros podemos sufrir un accidente de tráfico, padecemos dolores lumbares o envejecer. El sistema productivo admite a una persona con una discapacidad sobrevenida, pero a otra con una discapacidad de origen le ponen una barrera de entrada. 

¿Está llamando la atención sobre lo mal organizados que están el sistema productivo y la misma Administración Pública?

 

¿Es que una persona con discapacidad no puede ser representante político si hay miles y miles de personas con discapacidad? La Administración Pública y el mundo político tiene que representar a la sociedad porque hay un principio de igualdad y otro de solidaridad. El principal valor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad es que te muestran tus propias discapacidades internas. No todo el mundo tiene capacidad de entender la realidad, ni tiene los mismos sentimientos, ni las mismas capacidades para acceder al conocimiento o los mismos obstáculos o habilidades. Las personas con discapacidad nos enseñan que nosotros también tenemos limitaciones.¿Cuál es el límite del beneficio de integrar a personas con discapacidad al sistema productivo y por qué siempre es económico? 

 

¿Qué diferencia hay en la actualidad entre personas con y sin discapacidad para obtener un puesto en la Administración Pública?

 

Hay una adaptación de las pruebas estandarizadas y una reserva para las personas que tienen discapacidad. La reserva ha ido variando en la normativa a lo largo de los años y España es uno de los países más avanzados en este sentido. Para entrar a la Administración Pública hay que hacerlo por pruebas selectivas. Esto está en la Constitución. Lo que varían son las pruebas respecto al puesto de trabajo para el que se opte. 

En la actualidad, existe un debate importante a nivel mundial desde el punto de vista técnico, pedagógico y profesional bastante complejo sobre qué tipo de pruebas necesitamos hacer para acceder a la Administración Pública. El modelo elegido por España desde hace 200 años es el modelo de conocimiento. Para saber si alguien es capaz de trabajar en la Administración Pública tiene que saberse una serie de temas sobre una serie de materias que tienen que ver con el núcleo central del trabajo a realizar y suelen ser de carácter jurídico fundamentalmente. A lo largo del tiempo estas materias fueron abriéndose a otras, pero fundamentalmente es conocimiento, aprenderse la Constitución y demás, salvo para los oficios.

 

¿Qué hay de las competencias profesionales?

 

Lo que ahora está debatiéndose es si es suficiente el conocimiento para acceder a un puesto en la Administración Pública o si, efectivamente, hay que virar hacia las competencias profesionales que por ahora no se valoran. Si ponemos el foco en estas competencias hay que buscar qué necesidades tiene un determinado puesto de trabajo y quiénes las tienen. Después discutiremos cómo acceder a él. Hasta ahora en la Administración Pública, mediante las oposiciones, se buscaba la voluntad, la disciplina, la perseverancia para acceder a un puesto de trabajo. Pero la buena noticia para las personas con discapacidad es que el modelo vigente hasta ahora empieza a hacer aguas. Este modelo se está agotando porque excluimos a muchas personas, pero no sólo a aquellas con discapacidad. 

 

¿Cuándo cree que se adaptarán las pruebas de acceso a la Administración Pública para que esos talentos de las personas con discapacidad se dejen de desperdiciar?

 

Ya se ha producido un cambio. Hace dos años se hizo una convocatoria para personal subalterno en la Administración Pública exclusivamente para discapacitados. Es la primera vez que se ha hecho algo así en la Administración Pública. No hicimos pruebas adaptadas sino sólo pruebas para personas con discapacidad.

 

¿Para alguna discapacidad en particular?

 

Intelectual. No competían entre sí. Eran pruebas específicas para realizar trabajos que sabíamos que podían realizar. Eso fue un antes y un después. La igualdad que pensamos justa en las pruebas en los años 80, y que nos permitió colocarnos como uno de los países más avanzados al establecer cuotas para personas con discapacidad, ya no es tal. La pregunta que hay que hacerse es qué estamos haciendo mal para que aún queden vacantes.

 

Si no hay conocimiento no hay sensibilidad y si no hay visibilidad no hay sensibilidad. Nuestra misión en el INAP es, entre otras muchas, sacar a flote la realidad, ponerla en evidencia y se está haciendo con el Libro Blanco porque las personas tienen una idea de la realidad que ya no es real. Las soluciones que nos dimos hace unos años ya no son válidas, son insuficientes y el grado de la sensibilidad y de organización de la sociedad es muy distinto. 

El INAP, entonces, se compromete a ser garante del talento de las personas con discapacidad como enriquecimiento de la sociedad y a dar visibilidad de la diversidad de este país.

 

Lo estamos haciendo. Hay que ver lo que hemos hecho en dos años y la línea en la que estamos trabajando. Cada uno de estos productos genera nuevos productos. El Libro Blanco pone en evidencia cómo está la situación y cuando uno lo pone en evidencia tiene que cambiar, es un nuevo compromiso que adquiere. 

 

¿Podrá ser algún día la Administración Pública una radiografía si no exacta aproximada de la propia sociedad?

 

Es difícil, pero todo un reto. Si preguntas a la gente que cómo seleccionamos, te dirán que con criterios de igualdad. Pero te puedo decir que hay unas regiones que están más representadas que otras en la Administración, al igual que unos grupos sociales, orígenes o carreras más representados que otros me dirás que esto no es igualitario. Y lo mismo sucede con la discapacidad. La Administración tiene que ser representativa y tiene que estar continuamente corrigiéndose. Nos importa que los distintos cortes que tiene la sociedad (de género, sociales, territoriales...) estén representados en la Administración. El problema es que lo que nosotros hemos decidido con las pruebas de selección que necesitamos a personas que tengan formación jurídica y ahora resulta que no es una formación jurídica lo que se necesita en la sociedad actual. La Administración tiene que incluir los cortes sociales para ser lo más representativa posible de la sociedad española. Aunque hay gente que lo discute. Si yo no tengo personas con discapacidad dentro de la Administración, ¿qué sensibilidad voy a tener respecto a ese colectivo? ¿cómo les voy a entender? Les puedo entender intelectualmente, pero no vivencialmente y tengo que tener esa sensibilidad porque hay millones de personas con discapacidad.