"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Mª José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
"La regulación del concierto social de la nueva Ley de Servicios Sociales mejora la participación de las entidades"
17/12/2016
Blanca Abella
Han pasado apenas un par de días desde la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales, una norma que se adapta al fin a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, tal y como asegura la consejera Sánchez Rubio en esta entrevista. Según la responsable de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, esta nueva ley mejora la participación de las entidades sociales en la prestación de servicios y contará con un presupuesto superior a los 1.300 millones de euros anuales. Mª José Sánchez Rubio afirma que la consejería está trabajando también en el diseño del I Plan de Atención a Menores de 6 años en situación de dependencia y en la evaluación del Plan de Mejora de los Centros de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía.
Las personas con discapacidad son una prioridad para la Junta de Andalucía. La nueva Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo facilitar las mejores condiciones y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más independiente posible garantizando además la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal.
La Ley actualiza el contenido de nuestra Ley del año 1999, con el objetivo de adaptarla a los mandatos previstos en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008.
En este sentido, toda su regulación se fundamenta en la consideración de las personas con discapacidad que propugna la Convención por la que se tienen en cuenta no sólo las características personales o de salud sino también las circunstancias externas que condicionan el desarrollo de cada persona. Por ello para tratar de mejorar estas circunstancias, la Ley prevé la aprobación de condiciones autonómicas de accesibilidad en los diferentes entornos (no sólo en el ámbito arquitectónico o del transporte) que permitan a todas las personas, con independencia de sus capacidades, disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad.
Por otra parte, también como novedad, el Título I aborda específicamente el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad y obliga a las Administraciones Públicas de Andalucía, dentro de su ámbito de competencias, a adoptar medidas de acción positiva para promocionar este derecho. En paralelo, a fin de garantizar el ejercicio de este derecho, también se tipifica el régimen sancionador autonómico que estaba pendiente de regulación.
Por otra parte, a diferencia de la actual Ley, la nueva norma reconoce que dentro de la discapacidad existen personas en especial situación de vulnerabilidad (por su edad, su pluridiscapacidad, dependencia, estigma social, o necesidades de apoyo en la toma de decisiones), que tendrán derecho a medidas de acción positiva adicionales.
En materia de gobernanza, se mantiene la existencia del Consejo andaluz de atención a las personas con discapacidad, como principal órgano de participación social del movimiento asociativo y, asimismo, para asegurar la transversalidad y coordinación de las políticas públicas que se destinen a las personas con discapacidad en la Comunidad, se consolidan dos instrumentos de planificación que han sido utilizados por la Administración autonómica: El Plan de acción integral para las personas con discapacidad y el Plan de empleabilidad de las personas con discapacidad.
¿Qué medidas recoge en torno al empleo de las personas con discapacidad?
Por otro lado, la Ley recoge nuevas medidas de acción positiva para favorecer la inclusión social del colectivo. Por ejemplo, la reserva, a favor de centros especiales de empleo, de un 5% del importe total anual de la contratación destinada a las actividades que se determinen mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Además, los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, reservarán un 3% del número de plazas para personas con discapacidad. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
Los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad que sean prestados por la iniciativa privada puedan llevarse a cabo a través de conciertos sociales como modalidades diferenciadas de las recogidas en la normativa de contratación del sector público. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Para garantizar su ejercicio, por vía reglamentaria se deberán regular las condiciones de acceso a esta prestación.
En relación con el 7% de plazas reservadas en las ofertas de empleo público a personas con discapacidad, se prevé que la Administración autonómica lleve a cabo adaptaciones de los puestos de trabajo que afecten no sólo a las dependencias o equipamientos, sino también al ámbito organizativo (pautas de trabajo o asignación de funciones).
Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.
Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento.
Esta Ley andaluza contará con un presupuesto superior a los 1.300 millones de euros anuales, en un intento por asegurar las medidas de accesibilidad y apoyos individualizados que sean precisos a las personas con discapacidad.
¿Contaron con el sector de la discapacidad para abordar esta nueva norma y ajustarla en la medida de lo posible a sus demandas?
Por supuesto. La colaboración con el CERMI Andalucía ha sido una prioridad para la Consejería. Antes de aprobar el Anteproyecto se presentó un borrador previo al Consejo Andaluz de de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en el que participan las distintas entidades representantes de las personas con discapacidad que conforman el CERMI, a fin de recoger sus aportaciones.
Según el CERMI Andalucía, con esta ley se harán realidad algunas de sus demandas, como las guías de funcionamiento de los Centros de Día, Centros Ocupacionales y Residencias, tanto en los requisitos funcionales como en los materiales y el concierto social. ¿Será así?
Efectivamente, tras la aprobación de nueva Ley de Servicios Sociales vamos a llevar a cabo la renovación de las normas que rigen la autorización y acreditación de los centros de atención a personas con discapacidad en Andalucía.
La normativa actual data de 1997, y desde esa fecha el panorama de centros de atención especializada a personas con discapacidad ha cambiado mucho, los centros están cada vez más especializados en función de las discapacidades. Por eso el CERMI reclama un cambio normativo que actualice estos requisitos para adaptarlos a la realidad.
El camino lógico de esta actualización normativa aconseja que primero se apruebe la Ley, luego el Decreto y, a continuación, la Orden. Por eso, los trabajos de publicación de nuevas guías de funcionamiento para centros se han demorado en el tiempo.
Por otra parte, como se señala, una de las novedades más importante de la Ley es la regulación del concierto social que mejorará, sin duda, la participación de las entidades sociales en la prestación de servicios sociales. Se trata de apoyar específicamente a las entidades de personas con discapacidad como prestatarias de los servicios que van dirigidos a las propias personas con discapacidad superando las dificultades y condicionantes que actualmente impone la normativa de contratación pública.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, ¿qué finalidad tiene el plan?
Para el Gobierno andaluz, y sobre todo a raíz de la incorporación de la dependencia moderada, este I Plan era una de nuestras prioridades. El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020 responde a la previsión recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de que las Comunidades Autónomas elaborasen Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia.
En principio no contemplaba el sector de la discapacidad, pero según el CERMI Andalucía, se corrigió esta cuestión y finalmente recoge sus demandas, ¿cuáles son y cómo han sido reflejadas?
Efectivamente, consideramos conveniente cambiar la orientación de los primeros borradores del Plan para incluir acciones dirigidas específicamente a promocionar la autonomía personal de la población discapacidad. A este objetivo responden todas las medidas que se recogen relativas al ámbito de educación, formación y empleo; la atención que se presta a las mujeres con discapacidad, a su sexualidad y a la violencia de género; la referencia a la prestación de asistencia personal y al desarrollo de los servicios de Promoción destinados a las personas en situación de dependencia moderada.
¿De qué manera se harán compatibles o complementarias el plan y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia?
Los objetivos recogidos en el Plan están dirigidos específicamente a promocionar la autonomía personal y prevención de la aparición de la situaciones de discapacidad y dependencia, pero lograr la inclusión social y promover la igualdad de oportunidades en todo los ámbitos sociales requiere de un marco de actuación más amplio como el que aborda la Ley.
Existe una preocupación constante por parte del colectivo en cuanto a la atención temprana. Aunque es un tema que afecta más a la consejería de Sanidad, también atañe indudablemente a la política social. ¿Cómo se aborda este tema desde su consejería y qué consideran necesario en esta cuestión?
En Andalucía la gestión de la atención infantil temprana se asignó a la Consejería de Salud tras la aprobación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, dado el carácter decisivo que tiene la intervención sanitaria preventiva durante el embarazo y los primeros años de vida. Recientemente, como es conocido, se ha regulado por Decreto esta prestación, lo que sin duda va a contribuir a consolidar la actual red andaluza de centros de atención infantil temprana que está compuesta por 163 centros en los que se atiende más 19.600 niños y niñas.
Sin embargo, la atención de la población infantil en situación de discapacidad o de dependencia requiere asimismo de medidas adicionales en el ámbito social y educativo que contemplen las necesidades globales de las personas menores y de sus familias. Por ello, nuestra Consejería está trabajando en el diseño del I Plan de Atención a Menores de 6 seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020) en el que pretendemos dar respuesta a estas necesidades.
La actual distribución de consejerías, en principio parecía favorable para el CERMI Andalucía, ya que afirmaban tener una interlocución más rápida y más conocedora de los temas, ¿qué opina usted?
Efectivamente, la existencia de una Consejería específica en materia de servicios sociales fue especialmente demandada por CERMI y atenderla creo que ha sido acertado.
Siendo consejera de Igualdad y políticas Sociales, atenderá sin duda con especial interés el tema de 'Mujer con discapacidad', ¿qué trabajos aborda en este sentido su consejería?
Nuestra Consejería impulsó el I Plan de acción integral para las mujeres con discapacidad en Andalucía, fundamentado en el hecho de que las mujeres con discapacidad participan menos en la sociedad que los hombres con discapacidad, afrontan desigualdades en educación formal, en tasa de actividad, en relaciones afectivas, en su autopercepción, en derechos sexuales y reproductivos, en la imagen que de ellas presentan los medios de comunicación, en el acceso a los recursos.
Asimismo, se ha conseguido aumentar la implicación de las distintas Administraciones en la consideración de las necesidades y dificultades de las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer adaptó sus campañas de información y modificó su sistema de atención directa a las mujeres con discapacidad (hasta noviembre de 2016 el IAM ha atendido las consultas de 5.961 mujeres con discapacidad). Asimismo, se impulsó la adaptación de las consultas ginecológicas (una en cada provincia) a las necesidades específicas de las mujeres con movilidad reducida.
En esta línea, el Proyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en contraste con la Ley actual de 1999, también se hace eco de la situación de mayor discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de su mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia y abusos. Por ello, establece la necesidad de incluir medidas específicas en las políticas y programas de prevención y atención a la violencia de género, así como estratégicas de intervención propias dentro del Plan de acción de integral para las personas con discapacidad en Andalucía, y de medidas de acción positiva en el Plan de Empleabilidad.
¿Qué otros planes o trabajos tiene entre manos en un futuro próximo en el entorno de la discapacidad?
Como he indicado actualmente estamos tramitando el I Plan de acción integral para menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020), a fin de coordinar las actuaciones en materia de servicios sociales, educación y sanidad destinadas a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y sus familias.
Una de las prioridades políticas para esta Consejería, en los años venideros será, sin duda, la empleabilidad de las personas con discapacidad en Andalucía.
Este es el objetivo prioritario acordado por Andalucía, el Reino de España y la Unión Europea, para el Programa Operativo del Fondo Social Europeo para la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta 2020, que contempla entre sus tres ejes promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral, así como la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
Y por último, también quisiera destacar que en estos momentos se está trabajando en la evaluación del Plan de Mejora de los Centros de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía (PLACEVO) que ahora finaliza, lo que nos permitirá analizar sus indicadores y los resultados obtenidos desde su puesta en funcionamiento en 2014. A pesar de estar satisfechos de sus avances y logros, estamos convencidos de la necesidad de profundizar y mejorar permanentemente sus servicios, para lo que pronto empezaremos a trabajar en un Segundo Plan de mejora 2017-2020.
