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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 20 de julio de 2012cermi.es semanal Nº 43

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Mario García, presidente de COCEMFE

“Si la Administración retira su apoyo es imposible hacer frente a la adversidad actual”

13/07/2012

Juan Antonio Ledesma

“Estamos al límite”, asegura Mario García. Y es que la situación de las entidades de la discapacidad es muy preocupante, de ahí que sugiera, entre otras cosas, hacer un frente común para encarar un futuro complicado. La estrategia sigue siendo el diálogo fluido con las administraciones, sin embargo, “si la interlocución no funciona, no descartamos absolutamente nada”, afirma.

Enhorabuena por la reelección  al frente de COCEMFE. Renueva la confianza de los socios en tiempos difíciles. ¿Cuál es la agenda de prioridades en su nuevo mandato?
La principal prioridad es luchar contra lo recortes que están afectando a las entidades de la discapacidad. Esos ajustes pueden menoscabar la salud de las personas con discapacidad y retrasar la cura de enfermedades por falta de inversión en I+D+i. También está en peligro la calidad de vida de muchas personas por el retroceso en la aplicación de la ley de Autonomía Personal y Dependencia.

Para ello, crearemos nuevos grupos de trabajo y haremos un frente común para  intentar que los recortes afecten lo menos posible a las personas con discapacidad física y orgánica.

Además, nos quedan grandes objetivos por lograr, sobre todo en la equiparación de derechos en materias como el empleo, la formación, la accesibilidad, etc. COCEMFE seguirá trabajando en estas áreas y en todas aquellas en las que la discapacidad puede tener incidencia, como la sanidad, la autonomía personal y la dependencia o la educación.

"Estamos haciendo una intensa labor para mantener al máximo los avances logrados en las últimas décadas y que ahora peligran como consecuencia de la política del recorte"

Los recortes al estado del Bienestar afectan seriamente al colectivo de personas con discapacidad. Copago farmacéutico, dificultades para el acceso a material ortoprotésico y aumento del coste en las prestaciones previstas en el Sistema Nacional de Dependencia. ¿Hasta dónde podemos aguantar y qué debería hacer la discapacidad organizada?
La crisis y los recortes están debilitando enormemente el Estado de Bienestar y estamos ya sobrepasando algunas líneas rojas con medidas injustas que afectan directamente a quienes más necesitan del Estado.

Estamos al límite y muchas organizaciones están dejando de prestar servicios esenciales para la integración de las personas a las que representa COCEMFE. Esas personas se quedan en situación de desamparo, porque la atención que recibían del tejido asociativo no se la presta nadie. Desde la discapacidad organizada debemos plantarnos ante lo que consideramos inadmisible.

Tanto COCEMFE, como sus más de 1.600 asociaciones y el resto de organizaciones de discapacidad, estamos haciendo saber al Gobierno constantemente todo lo que nos aleja del objetivo de la plena integración y normalización del colectivo en la sociedad. Estamos haciendo una intensa labor para mantener al máximo los avances logrados en las últimas décadas y que ahora peligran como consecuencia de la política del recorte.

¿Y han obtenido alguna respuesta positiva?
De momento, estamos manteniendo un diálogo fluido con todas las administraciones para evitar que los recortes anunciados nos afecten y que el impacto sea mínimo en las comunidades autónomas en las que ya se están aplicando.

Esa seguirá siendo nuestra estrategia de cara a los desarrollos normativos de las reformas anunciadas. Si la interlocución  no funciona, no descartamos absolutamente nada.

Además de las abultadas deudas de las administraciones con las organizaciones sociales, se han retirado partidas destinadas a programas de personas con discapacidad para intentar dotar económicamente al Sistema Nacional de Dependencia. ¿Las administraciones confunden discapacidad con dependencia?
Sí, lo han confundido desde que se empezó a desarrollar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Sobre todo por la falta de financiación que ha tenido la norma. Desde el sector de la discapacidad pedíamos que se gestionara a través de la Seguridad Social, para que no dependiera de las posibilidades económicas de las comunidades autónomas. Y ahora, con la agudización de la crisis, las administraciones han retirado partidas destinadas a programas de discapacidad para dotar el Sistema de Autonomía Personal y Dependencia, siendo esto un gran error puesto que no todas las personas con discapacidad son consideradas dependientes y viceversa.

¿Qué opinión tiene de la nueva reforma de la Ley?
La nueva reforma de la ley pone en riesgo los avances conseguidos y la apuesta por la autonomía personal y la prevención, que es la parte que ha faltado por desarrollar y que ahora peligra. Retirar el apoyo a los dependientes moderados hasta 2015 es un error excesivamente grave, porque supondrá la aparición o el agravamiento de enfermedades crónicas o discapacidades y de sus secuelas.

De hecho, habría que hacer todo lo contrario. Apostar  por las actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, que no sólo mantienen o mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad sino que a la larga son un ahorro para la Administración, al no tener que prestar una mayor atención para paliar el empeoramiento de la salud de este sector.

"Los gobernantes tienen que rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo y cumplir estrictamente con las leyes, como la LISMI"

El desempleo azota brutalmente a nuestra sociedad. Pero las personas con discapacidad lo tienen aún más complicado. La tasa de actividad en este colectivo es 40 puntos inferior al resto de la población. ¿Qué políticas deberían emprender nuestros gobernantes?
En primer lugar, rectificar la reducción de subvenciones en los Centros Especiales de Empleo, que dan trabajo a miles de personas y donde esas aportaciones del Estado son imprescindibles para sus sostenibilidad y funcionamiento.

En segundo lugar, cumplir estrictamente con las leyes en materia de integración de nuestro colectivo, como es la LISMI,  que la mayoría de las empresas incumple reiteradamente sin ningún miramiento. Habría que aumentar las inspecciones de trabajo y aplicar sanciones para que las empresas cumplan los cupos de reserva. También deberían fomentar en las licitaciones públicas a aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad y a los centros especiales de empleo.
 
La experiencia nos ha traído nuevas herramientas y formas de atajar el elevado paro del colectivo y su baja tasa de actividad. Me refiero a las políticas activas de empleo como pilar básico para hacer frente a estas desigualdades, recurriendo al establecimiento de un sistema de intermediación laboral, al empleo con apoyo, a los enclaves laborales o la regulación de medidas de acción positiva para la reserva de puestos, subvenciones por la contratación, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social…

"No sólo el diálogo es necesario, hay que escuchar y comprender... hay que poner más énfasis en la empatía y en ponerse en el lugar del otro"

Si el Gobierno del PP les pidiera consejo para no socavar los derechos de cuatro millones de españoles, ¿qué recomendaciones serían imprescindibles?
Tener en cuenta de forma transversal las necesidades y demandas de este colectivo. Si toda la clase política tuviera siempre presente este precepto, las cosas serían muy diferentes. Hemos conseguido mucho, pero ahora toca no solo mantenerlo, sino seguir avanzando en la conquista de nuestros derechos, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.

No sólo el diálogo es necesario, hay que escuchar y comprender. Por eso, para que la intermediación sea un éxito, hay que poner más énfasis en la empatía y en ponerse en el lugar del otro. No es fácil, pero para eso estamos y así es como hemos logrado infinidad de objetivos que han beneficiado a las personas con discapacidad de todo el país.

Un poco de autocrítica. ¿Cree que las organizaciones del sector están acertando al reorientar sus prioridades a los nuevos tiempos de dificultades?
A todos nos ha pillado esta situación con el pie cambiado. No es fácil adaptarse a una situación sin precedentes en nuestro país, con unas reducciones de subvenciones brutales como se están produciendo.

Aun así, las entidades no han mirado con impotencia a esta nefasta coyuntura económica, han buscado nuevas vías de financiación,  nuevas formas de gestionar sus recursos y de conseguir sus objetivos prioritarios. A pesar de estos cambios, si la Administración te retira su apoyo es imposible hacer frente a la adversidad actual.

Por eso se han tenido que adoptar medidas dolorosas, tanto para las organizaciones y sus trabajadores como para las personas a las que atienden. Para mantener la protección de las personas con discapacidad tienen que potenciarse las subvenciones y los apoyos públicos, porque lo que hacemos no es ningún lujo, es una necesidad.

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