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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

sábado, 28 de octubre de 2017cermi.es semanal Nº 276

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Miguel Cruz Amorós, fiscalista

“El porcentaje del 0,7 del IRPF viene de los años 80 y no hay una razón de coherencia que impida tocarlo”

19/10/2017

David Martínez - Imágenes Jorge Villa

En España es muy común que los homenajes se hagan como mínimo cuando ya alguien se ha jubilado, pero no siempre es así, afortunadamente. La pasada semana se presentaba en la sede de Fundación ONCE la obra colectiva ‘La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Estudios en homenaje a Miguel Cruz’, publicado por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad. En esta entrevista, repasamos con el fiscalista Miguel Cruz Amorós las claves para mejorar las políticas fiscales que pueden paliar la situación de desigualdad que todavía sufren las personas con discapacidad. Poca gente ha contribuido como él a hacer la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias un poquito más fácil, y Miguel Cruz lo ha hecho desde el sector público, privado y desde el Tercer Sector.

Miguel Cruz Amorós, fiscalistaEstamos en una entrevista periodística, y en periodismo, lo más reciente es siempre lo primero. La semana pasada se presentaba la obra colectiva ‘La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Estudios en homenaje a Miguel Cruz’. ¿Qué significa para alguien con la trayectoria profesional que tiene usted que se haya realizado un libro en este sentido?
 
Significa muchas cosas. Por una parte te sientes abrumado por el reconocimiento que, siempre tiende uno a considerar, es indebido. Yo creo que el primer sentimiento es ese. El segundo sentimiento es de agradecimiento, lógicamente, porque entiendes perfectamente que se trata de un producto de la amistad y de la relación y colaboración de mucha gente con la que tienes vínculos de afecto, de sintonía profesional, de conjunción de objetivos.
 
Y, el libro en sí, ¿qué le parece?
 
El riesgo de estos libros es, naturalmente, que suenan a jubilación. Pero no, me ha gustado porque me parece muy útil, hace una síntesis de algo que era bastante disperso y poco integrado y le da una estructura técnica muy aprovechable para lo que son las reivindicaciones del sector. Creo que el libro, en el que no he participado para nada, se ha hecho muy bien, con un gran conocimiento de estos problemas y con una orientación que va a producir efectos prácticos útiles para el buen orden de la fiscalidad relacionada con la discapacidad en el futuro. En ese sentido, lo valoro especialmente. 
 
En España, ¿está suficientemente estudiada la influencia de la fiscalidad en el tercer sector y en la discapacidad, en los sectores más vulnerables? ¿Existe bastante literatura al respecto?
 
No, no. Creo que se va estudiando, porque esto ha sido en cierta manera un sistema de prueba y error. La necesidad o el análisis socioeconómico han generado demandas y han puesto de manifiesto defectos en el sistema tributario que se han ido rellenando  parcialmente. La orientación ha sido normativa hasta hace poco, pero el análisis de datos estadísticos o económicos ha empezado a producirse muy recientemente, cuando la Agencia Tributaria ha empezado a procesar de una manera articulada los datos que resultan de las declaraciones presentadas. Se va cerrando el círculo, pero estamos todavía en una fase claramente de elaboración de información y de conocimiento. Queda camino por recorrer.
 
Y a partir del conocimiento generado hasta el momento, ¿es consciente la sociedad en general, y los poderes públicos en particular, de la importancia que tiene una correcta política fiscal para favorecer a las personas que más lo necesitan? 
 
Miguel Cruz Amorós, fiscalistaCreo que los políticos han aprendido mucho en esta materia y han sido receptivos. Ha ayudado que algunos de ellos tuvieran relación con el ámbito de la discapacidad, porque han hecho una labor de difusión y de información positiva. Y en la sociedad hay cada vez más sensibilidad sobre este tema, porque como ha puesto el presidente del CERMI muchas veces de relieve, en uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad.
 
Por resumir, los políticos saben de qué hablamos y son receptivos y la sociedad, en la medida en la que le afecta está al tanto y, si no le atañe, pues tampoco está en contra de apoyar a las personas con discapacidad. 
 
El contexto de crisis económica, durísima, ¿ha hecho que las posibles políticas positivas en el ámbito fiscal para las personas con discapacidad se hayan ralentizado? ¿En qué medida?
 
La crisis fiscal afecta a los beneficios fiscales, o sea que siempre va a haber una resistencia del responsable del presupuesto a incorporar a los impuestos, en época de crisis, medidas que tengan un coste fiscal, eso es evidente. Cuesta más conseguir medidas en época de crisis que fuera de la crisis. Entonces, en esta etapa, desde el año 2008-2010 no se han dejado de conseguir cosas, pero se han logrado de una manera muy gradual y contenida. 
 
Una de las demandas del CERMI en esta materia es la aplicación de un tipo de IVA reducido o súper reducido a productos tan importantes como las sillas de ruedas y los audífonos, entre otros elementos de apoyo para las personas con discapacidad. ¿Por qué esto está paralizado y parece que no se avanza? ¿Tanto dinero supone para las arcas del Estado, de las administraciones en general, para que no se avance más rápido en este sentido?
 
El problema que tiene el IVA para el legislador español es que la regulación del impuesto no depende de él, depende en cuanto tiene que convertir en legislación nacional la legislación armonizada a nivel europeo. La restricción viene de lo que a nivel europeo se permite incluir en los tipos reducidos del impuesto y eso ha generado siempre dificultades en relación con otros productos o bienes. Yo creo que sí se ha mejorado, se ha hecho la última adaptación de la normativa nacional en términos de la imposición comunitaria y luego la Administración, la dirección general de tributos, está haciendo un ejercicio progresivo de aclaración de algunos temas relativos a productos relacionados con la discapacidad para tratar de evitar en la medida de lo posible que productos que están claramente justificados como producto de apoyo a la discapacidad se queden en el ámbito del tipo general. Hay avance y hay proactividad a la hora de resolver los problemas pero el mecanismo es el que es.
 
Miguel Cruz Amorós, fiscalistaA estas alturas, no cabe duda de que una de las principales vías de inclusión para las personas con discapacidad es el acceso al mercado laboral. Por ello, el CERMI viene reclamando que se siga ampliando la compatibilidad entre pensión y trabajo, de forma que quienes por ejemplo cobran una prestación por incapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo distinto sin arriesgarse a perder la prestación económica. Esto cobra especial importancia teniendo en cuenta la situación precaria que todavía existe en el mercado de trabajo. ¿Cómo estamos en este sentido?
 
Cada vez se debate más en términos generales acerca de la compatibilidad entre pensión y continuidad del trabajo. O sea, que esto que dices de la incapacidad hoy en día está encima de la mesa respecto a la edad simplemente. Entonces, lo que yo percibo es que cada vez las instituciones públicas van siendo más favorables a esa compatibilidad. Hoy en día se puede compatibilizar el 50% de la pensión con la continuidad en el trabajo.
 
El Tribunal Constitucional ha tumbado este año el sistema de reparto de fondos de la casilla de fines sociales de la declaración de la Renta, que ha funcionado muy satisfactoriamente durante años y que permitía atender las necesidades de más de siete millones de personas en riesgo de exclusión. El sistema pactado provisionalmente reserva para los programas de carácter estatal solamente el 20%, algo del todo insuficiente para la pervivencia de muchísimos programas. Para revertir esta situación, el CERMI, en línea con el tercer sector, ha planteado que el porcentaje se incremente del 0,7% al 1%. ¿Qué opinión le merece esta petición? ¿La ve posible?
 
Es una cuestión práctica, o sea que el porcentaje del 0,7% de la renta no tiene ninguna justificación especial actualmente, viene de los años 80. Se calculó en términos de la aportación del Estado a la Iglesia Católica, así empezó el porcentaje. Luego el porcentaje se dobló, porque por una parte está la aportación a la Iglesia Católica y por otra parte a entidades o instituciones de otra naturaleza, o sea que el porcentaje es el que se elige. 
 
El 0,7% tiene el simbolismo de haber sido el original. Pero yo creo que queda en el arbitrio de la autoridad fiscal entendida en sentido presupuestario alterar ese porcentaje si se ha producido un cambio de circunstancias que altera el efecto económico pretendido por el que sea, para subirlo o para bajarlo, pero yo creo que no hay una razón de coherencia que impida tocar el porcentaje. 
 
Teniendo en cuenta que se da la paradoja de que las personas con discapacidad tienen menos ingresos generalmente y soportan un mayor volumen de gasto, ¿qué otras medidas podrían ponerse en marcha por parte del Legislador para compensar esta situación de desigualdad mediante la política fiscal?
 
Bueno, yo creo que hay mejoras potenciales en el ámbito del IRPF de todo lo que sea consideración de gastos, que hoy en día es limitada. Lo que fuera incorporación como gasto deducible, lo más ampliamente posible, mejoraría la situación derivada de la especial capacidad económica que induce la discapacidad. Lo que pasa que eso tiene dos efectos que al Fisco siempre le preocupan: el control y el potencial efecto recaudatorio. Eso se ha tratado de subsanar  con el establecimiento de deducciones, de cuantía fija por discapacidad. Es un modelo de seguridad para unos y otros, pero probablemente insuficiente desde el punto de vista de los costes. Desde el punto de vista del empleo, la posición del autónomo con discapacidad o con personas empleadas con discapacidad admite mejoras también. Se han hecho cosas pero se puede mejorar. 
 
Miguel Cruz Amorós, fiscalistaTambién hay temas de deducción relacionada con la vivienda. Los costes particulares o bien de la adquisición de vivienda de la persona con discapacidad o bien remodelación de vivienda adecuada a las necesidades de la discapacidad. En impuesto de sociedades se ha eliminado alguna deducción que había por los temas de adecuación tecnológica, puestos de trabajo o de discapacidad. Es un tema menor pero yo creo que cualitativamente es un tema importante. 
 
Luego hay temas de fiscalidad indirecta; de IVA; de impuestos especiales de vehículos y de fiscalidad municipal, que a veces es un poco reacia a aceptar las consecuencias de lo que ya se ha establecido a nivel de fiscalidad estatal. Hay un mundo amplio de posibilidades de avance, y la discapacidad está en esa batalla. Otra cosa son los resultados, hay que ir consiguiéndolos uno a uno.
 
Y, ¿en cuanto al patrimonio protegido?
 
Ha funcionado francamente mal. Sigue teniendo elementos de gravamen que disuaden, sigue teniendo elementos de fiscalidad incorporados a la capitalización del fondo que se vaya constituyendo, sigue teniendo consecuencias fiscales inmediatas por la enajenación rápida de bienes adscritos al patrimonio protegido y no tiene un mínimo deducible adecuado a lo que es el coste de la gestión de la discapacidad. El patrimonio protegido es una figura que es verdad que afecta a poca gente dentro del mundo de la discapacidad en el sentido de que requiere hacer aportaciones de fondos que no todo el mundo está en condiciones de hacer por razón de la capacidad económica de la discapacidad, que consume mucho en tiempo presente y permite fondear poco en tiempo futuro. Pero lo que sí es cierto es que sería un instrumento de tranquilidad para el futuro de mucha gente en el entorno de la discapacidad.
 
En el libro que se acaba de presentar y del que hablábamos al principio de la entrevista también se habla de las organizaciones del tercer sector en general y del mecenazgo, por otra parte. ¿Cómo estamos en materia fiscal en estos asuntos?
 
Las entidades disfrutan de un régimen de exención en el impuesto de sociedades prácticamente total para lo que son donativos, cuotas, incrementos de patrimonio y solo tributan por sus actividades económicas no exentas y a un tipo reducido del 10%, o sea que tienen una posición francamente buena. 
 
El mecenazgo no. Ha habido un avance interesante para el micromecenazgo, hasta 150€. Pero falta un apoyo fiscal decidido para el mecenazgo de importancia, para las grandes donaciones, es decir, el fenómeno americano aquí es irreproducible, porque no hay un apoyo fiscal a partir de esos volúmenes que se pueda considerar no digo compensatorio, sino, simplemente estimulatorio. Aquí el problema es entender que eso es útil socialmente a pesar de que provenga de grandes fortunas o de grandes fundaciones o de grandes empresarios.
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