Hace unos días, desde su Gobierno se afirmaba que han iniciado un proceso de transformación y modificación de las administraciones públicas, ¿en qué medida afecta este cambio a los servicios sociales de la comunidad canaria?, ¿habrá nuevas normas en lo que se refiere a la atención a la discapacidad? 

 

Entendemos que el proceso de transformación y modificación de las administraciones públicas que hemos puesto en marcha, no puede obviar una Ley de Transparencia canaria que garantice la información a los ciudadanos sobre la gestión pública. En este sentido, se reforzarán los servicios sociales y la participación de los ciudadanos al evidenciarse las acciones y las demandas. La atención a la discapacidad se verá fortalecida. 

"El Informe ‘Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales DEC 2013’, sitúa a nuestra Comunidad por encima del Estado en plazas públicas para personas con discapacidad"

 

¿Cómo afectará a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que tanto retraso ha sufrido en las Islas Canarias?, ¿sigue estancada la aplicación de esta ley?

 

En materia de servicios sociales, Canarias parte de una realidad: es la comunidad peor financiada de todo el Estado en el presupuesto para los servicios públicos esenciales. De hecho, nuestra Comunidad recibe 387 euros menos por persona que el resto de las Comunidades autónomas, lo que ineludiblemente repercute en nuestro sistema público de servicios sociales. Por eso, Canarias ha hecho un considerable esfuerzo en la atención de las personas, un esfuerzo que, tal y como se recoge el Informe ‘Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales DEC 2013’, sitúa a nuestra Comunidad por encima del Estado en plazas públicas para personas con discapacidad. Además, la atención a este colectivo está garantiza a través de los 127 centros públicos, con casi 5.000 plazas para la atención de personas con discapacidad, tanto residenciales como en centros de estancia diurna.

 

En ese proceso de transformación, por ejemplo, ¿está prevista la introducción de cláusulas sociales en los contratos de la administración pública?

 

La reforma de la Administración Pública que estamos llevando pretende dinamizar todos los ámbitos de la función pública y, especialmente, promocionar, proteger y asegurar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Una importantísima reforma de la administración que mantiene el respeto y la defensa de la igualdad de oportunidades. 

 

¿Cómo definiría la situación actual de las Islas en el empleo?, y ¿cómo se vive en el sector de la discapacidad?

 

El acceso al empleo es la mejor vía para potenciar la independencia personal, por este motivo, desde el Gobierno se impulsan todo un conjunto de medidas dirigidos a potenciar la integración laboral de este colectivo, destacando entre ellas el fomento de los 65 Centros Especiales de Empleo distribuidos por todo el Archipiélago, donde trabajan más de 1.000 personas en un empleo apoyado, proporcionando a este colectivo un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales. Además, desde el servicio público de empleo se dispone de una línea de subvención para el fomento del empleo de personas con discapacidad destinada específicamente a la empresa privada, y existen ayudas para la adaptación del puesto de trabajo o la dotación de medios de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales o eliminar obstáculos que dificulten el trabajo de personas con discapacidad, a lo que hay que sumar  las subvenciones para promoción del Empleo Autónomo.

 

 

Y en las cuentas de las entidades, tan castigados por las deudas y los recortes, ¿ha colaborado el Gobierno canario a la hora de sanearlas? ¿Qué ha hecho el Gobierno canario para superar esta crisis?, y ¿qué ha hecho para colaborar con la sociedad civil, con las ONGs y las entidades del tercer sector, también afectadas por esta situación?

 

El Gobierno de Canarias ha se implicado directamente en este ámbito para que la actual coyuntura económica y social no afecte a los colectivos sociales más sensibles. De hecho, para 2014, se destinará casi 2 millones de euros a financiar y mantener proyectos y servicios de atención cuyos beneficiarios son personas mayores y con discapacidad, a lo que se suma los recursos de atención cuya financiación y mantenimiento se establecen anualmente mediante convenios de colaboración con los Cabildos en el marco del Sistema Canario de Atención a la  Dependencia.

 

Hace dos años el Gobierno canario afirmaba estar trabajando también en una nueva ley, muy necesaria y reclamada por toda la discapacidad canaria, de accesibilidad universal que sustituyera a la de 1995, ¿sigue esa ley en proceso de elaboración?, ¿cuentan con el sector de la discapacidad para su desarrollo?

 

La accesibilidad es un derecho universal, y como tal, es abordado desde el Gobierno de Canarias. De hecho, el pasado 24 de enero se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la  orden por la que se modifica la anterior hasta ahora vigente, de 1998 y que regula el otorgamiento y utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad, el indicador de la inexistencia de barreras tanto físicas como de la comunicación. Esto supone un avance ya que se adapta la normativa de la Comunidad a la normativa posterior al 98, tanto la Ley de 2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, y por la normativa estatal de desarrollo reguladora de las condiciones básicas de accesibilidad. Tengo que aclarar que para el desarrollo de esta Orden, se contó con la inestimable colaboración de entidades sociales, como CERMI Canarias, cuyas aportaciones fueron incluidas en la Orden.

 

El CERMI Canarias afirma mantener una buena relación con las autoridades de la Islas, sin embargo reclama un mayor reconocimiento para que sus posiciones tengan más fuerza, sean más consideradas, ¿cree que las entidades de la discapacidad agrupadas en el CERMI son colaboradores necesarios?

 

Contar con una sociedad cohesionada y democrática hace necesaria la participación e implicación tanto de las entidades públicas como las privadas, especialmente, de aquellas cuyo ámbito de actuación es el área de la atención social y, en este caso, hacia las personas con discapacidad, como CERMI, por lo que para el Gobierno de Canarias consideramos que la implicación de todas las asociaciones son necesarias y muy enriquecedoras.

 

Afirman desde el sector de la discapacidad que lo deseable es que se aprueben leyes posibles, no leyes que no se cumplan, o en todo caso, poner en marcha una normativa sobre infracciones y sanciones para luchar contra las vulneraciones que se dan en la comunidad autónoma, ¿será posible cumplir alguna de estas reclamaciones?

 

Desde el área de Políticas Sociales, se estudian la viabilidad de cualquier iniciativa que implique una mejora en la calidad de vida de todos los sectores de población, especialmente de aquellos que son más vulnerables.

 

 

En cuanto al acceso a la educación, recientemente el CERMI puso en conocimiento del Fiscal General del Estado el caso de un niño con discapacidad que fue rechazado por una escuela infantil pública, ¿no existe en las Islas una educación inclusiva?, ¿cree el Gobierno canario en esta educación y en este derecho de los niños con discapacidad? 

 

La capacidad con que una sociedad moderna, una vez cubierta la necesidad básica de escolarización de la población, aborda la atención a las necesidades educativas específicas de cada sector de la misma, se ha convertido en uno de los principales indicadores de calidad de su sistema educativo. Esa es la  apuesta del Gobierno de Canarias: la atención, el apoyo y la integración de estos alumnos, en parte o a lo largo de su escolarización, para ello contamos con equipos especializados, tanto en los centros educativos como en las aulas hospitalarias y, en casos concretos, a domicilio.