Muchas gracias en primer lugar, Luis, por esta entrevista y por la disposición que siempre has mostrado a colaborar con el Colegio de Registradores, donde sabes que te tenemos un gran afecto. Llevas desde 1995 trabajando en el ámbito social de la discapacidad, ¿qué ha cambiado en estos 25 años en nuestro país en la mejora de los derechos de las personas con discapacidad?

 

Han cambiado cosas, muchas y bastantes de ellas buenas. No hemos logrado salir de la situación estructural y casi sistémica de exclusión, como grupo social castigado, que por razón de su diversidad humana, del apartarse del canon de normalidad impuesto, ha sido colocado forzosamente en posiciones de precariedad, en una suerte de ciudadanía degradada y subalterna. Sin embrago, se ha desatado una espiral de cambio, de transformación radical, pilotada por las propias personas con discapacidad, que pasa por su empoderamiento, personal y grupal, por su toma de conciencia de seres valiosos, dignos y con plenitud de derechos, de rechazo a cualquier discriminación y de exigencia de apoyos para colocarse en una situación de partida que borre las desigualdades y desventajas. Ese proceso, hondamente cualitativo, es irreversible; no tiene vuelta atrás. Nuestra inclusión ya no se discute, es cuestión de tiempo. De lo que se trata es de precipitar ese cambio en curso, de no demorarlo. En eso estamos. 

 

A pesar de todos esos cambios, aún queda mucho por conseguir, para la igualdad de derechos y la autonomía de las personas con discapacidad, ¿cuáles son los desafíos que tienen los ciudadanos e instituciones en los próximos años para seguir avanzando en este ámbito?

 

No es, claro está, una carrera ya corrida, estamos en la pista, en pleno esfuerzo de traslación. El enfoque de derechos humanos, el único admisible respecto de las personas con discapacidad, está solo en sus inicios, hay muchas zonas y áreas sociales ignorantes o renuentes a esta visión. Hay que trabajar el imaginario colectivo y el individual, para que se produzca una apertura apreciativa y acogedora a la diversidad. Esto tiene proyección ni que decir tiene en el sistema legal, en el ordenamiento jurídico. En el positivizado, aún hay recorrido de expansión y mejora, pero sobre todo en el de su exigencia y aplicabilidad. De los derechos (nominales) a los hechos (tangibles).

 

Nuestro país tiene una legislación avanzada en materia de discapacidad, de hecho podría hablarse, y así lo has hecho en algunos de tus trabajos jurídicos de un “Derecho de la discapacidad” como una rama jurídica propia. ¿Cuáles serían sus características y las ventajas de su sistematización, como rama autónoma del Derecho?

 

Desde el movimiento social de la discapacidad, estamos en un proceso sugestivo de ver creada, configurada y asumida una nueva disciplina jurídica, el Derecho de la Discapacidad, con identidad propia, que desde la analítica de las ciencias jurídicas, dé soporte y oriente el cambio social que se está operando respecto de las personas con discapacidad. No es un capricho de parte, un particularismo más, propio de un cenáculo de iniciados, que desean que den la razón a los postulados de su angosta capilla. Creemos que hay sustantividad y rasgos identitarios, elementos que desde la experiencia vital y social de la discapacidad, enriquecen, ensanchan y vivifican el Derecho. La vida siempre viene de fuera, los márgenes, las periferias son hoy la fuente más viva y vívida del Derecho, de los derechos.

 

Ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados una importante reforma del Código Civil y otras muchas normas, en materia de derechos de las personas con discapacidad. Va a suponer la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, que supone un cambio de paradigma en nuestro Derecho respecto de las personas con discapacidad. ¿Cuáles crees que van a ser los frutos de esta reforma?

 

Es a no dudar una revolución jurídica, pequeña si se quiere, pero llamada a tener efectos sostenidos y transformativos, de gran calado en la vida de mucha gente, con y sin discapacidad. No es, no será perfecta, pero nos sitúa en una senda que no debemos abandonar en los próximos años. Pasar de restringir a apoyar, de proteger hasta la asfixia a acompañar respetando la libertad, de imponer paternalistamente a ofrecer renunciando a dictar, este es el cambio de esquema, radical, que subyace en la reforma en curso. Asistimos a una mutación, a un proceso que aún durará mucho en el Derecho Privado, del que este Proyecto de Ley es la inauguración. Destaco la tendencia que supone, no tanto el resultado en sí. 

 

 

Hoy día la digitalización, los avances en computación y el desarrollo IA suponen un cambio disruptivo para toda la sociedad, ¿cómo afectan estos cambios al ámbito de la discapacidad? ¿Hay un peligro de que la brecha digital les afecte especialmente?

 

Desde luego, siempre estamos en riesgo de agregar nuevas exclusiones a las muchas y severas que ya nos atenazan. La tecnología, lo digital, no es neutro, aunque pudiera parecerlo; hace acepción de personas, no trata a todas por igual, no considera las realidades de partida o de destino, tiene sesgos. Ha de ser gobernado, dirigido, desplegado según un marco de valores. Esto vale para algo a primera vista tan etéreo como la Inteligencia Artificial, que parece inaprensible. Todo es en principio obra humana, sucede en las mentes y estas están inmersas en un sistema de valores, de apreciaciones y de desprecios, de visibilidades y de opacidades, y eso se traslada a sus creaciones. Lo digital, en la medida en que hace irrelevantes las funciones puramente corporales, físicas, beneficia a las personas con discapacidad; pero genera, si no se administra bien, nuevas fracturas, por diseños no comprehensivos y comprensivos y también por barreras económicas de entrada. Accesibilidad y asequibilidad. 

 

Hace unos meses el Colegio de Registradores ha sido galardonado, de forma compartida con el CEADAC, con el Premio CERMI 2020 en la categoría de Acción Social, por haber asumido corporativamente la dimensión inclusiva de la discapacidad en el ámbito de la función pública registral, en todas sus vertientes; con diversos proyectos como la accesibilidad de la página web corporativa, la Guía registral en lectura fácil y la Guía de publicidad registral en braille, en el que hemos colaborado con instituciones como Ilunion, Plena Inclusión y ONCE. ¿Cuál es tu valoración de estos proyectos? 

 

Apreciativa, de valor contrastado y de utilidad social, esos motivos llevaron al jurado a conceder el premio, por el que felicito al Colegio de Registradores. Todos las profesiones y operadores jurídicos, todas las corporaciones tienen una responsabilidad con el medio social, con los derechos humanos, con el bienestar y la mejora colectiva, no son entes aislados, que van y se satisfacen con lo suyo. Eso es la muerte de cualquier organización o profesión. También con la diversidad humana y social que suponen las personas con discapacidad, que son un grupo de interés para los registros y como tal debe ser atendido, en los mejores términos. El Colegio de Registradores así lo ha entendido y está permeando su actividad con este designio, convertido en compromiso. Eso es meritorio, y así lo ha reconocido el movimiento CERMI. 

 

Dentro del convenio que existe entre los registradores y CERMI, ¿qué más puede aportar el Colegio de Registradores a la protección de los derechos de las personas con discapacidad?

 

Solo hemos comenzado nuestra fructífera y sostenida relación, apenas estamos en los comienzos, confío en que sabremos explorar inéditas vías de colaboración más intensa. Que haya más personas con discapacidad en el entorno registral, también como registradores, por ejemplo. Que los registros sean un modelo de servicio y atención de accesibilidad universal, también. Además, los registradores acumulan un acervo ingente de conocimiento jurídico que puede ayudar, servir de base para realizar planteamientos fundamentados y solventes de reformas normativas de provecho para las personas con discapacidad.

 

 

Luis Cayo Pérez Bueno (Calasparra, Murcia, 1967) es presidente del CERMI desde el año 2008. Lleva desde el año 1995, trabajando en defensa de las personas con discapacidad. Es también presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, de la Fundación Bequal, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y patrono de la Fundación ONCE. Es asimismo consejero del Consejo de Administración de la Agencia de Noticias Servimedia. Escritor, traductor y poeta, ha publicado diversas obras, estudios y traducciones tanto de creación literaria como sobre la realidad social y el movimiento de la discapacidad. 

 

Fuente: Revista Registradores de España