¿Cómo ha sido su nombramiento como nuevo presidente de Feaps?, ¿seguirá la línea trazada hasta ahora o tiene algún nuevo proyecto que liderar? 

 

Hasta ahora yo formaba parte de la Junta Directiva de FEAPS como vicepresidente de Desarrollo Organizativo de la organización. Mi nombramiento se ha producido de forma inesperada y por una causa que nadie hubiéramos querido. Mi antecesor Juan Cid decidió dejar su cargo por motivos de salud, porque consideró que no podría continuar con la misma intensidad esta tarea. Y yo he asumido la presidencia a mi pesar, pero consciente de la responsabilidad que supone y con mucha ilusión por continuar la inestimable labor que Juan ha desarrollado durante los últimos cuatro años. En este periodo hemos conseguido grandes logros y, por tanto, resulta imprescindible continuar la labor acometida profundizando aún más en aspectos fundamentales como la plena ciudadanía, la defensa de los derechos, nuestra visibilidad e incidencia política y social. 

 

Hace un par de años su antecesor Juan Cid destacaba en una entrevista como principal preocupación de FEAPS, la sostenibilidad de todo el movimiento, de todos los servicios y las necesidades más básicas, ¿cómo sigue la situación a día de hoy?

 

Desgraciadamente sigue siendo una de nuestras preocupaciones prioritarias, ya que el impacto que supone para cualquier familia el desarrollo de las medidas de austeridad que se han planteado con la crisis, está siendo mucho más profundo para aquellas familias que cuentan en su seno con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La crisis también está bloqueando uno de nuestros objetivos fundamentales, que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Las trabas en el empleo, la falta de apoyos para una educación inclusiva, los recortes en la ayuda a la autonomía personal y un largo etcétera, están mermando la capacidad de las personas con discapacidad intelectual para vivir una vida digna y autónoma. Muchas de estas medidas, además, tienen el agravante de que se están extendiendo de manera desigual en el territorio, de forma que crean, de hecho, ciudadanos de segunda y de tercera o de cuarta, según la comunidad en la que vivan. Igualmente la red de apoyos y servicios sufre este impacto, aunque observamos algunos signos de mejora en el caso de la reducción de la deuda con nuestras entidades.

 

Calculaba también entonces FEAPS que la no incorporación de personas a la ley de autonomía personal podría suponer un sobrecoste para el entorno FEAPS y sus familias de unos 280 millones de euros, una carga económica que repercutiría directamente en las propias personas con discapacidad intelectual y en su entorno familiar, ¿qué ha ocurrido al final en estos dos años y cómo ve ahora el futuro tras los cambios del actual Gobierno en esta ley?

 

En estos dos años la situación no podemos decir que haya mejorado. Hace pocas fechas FEAPS ha publicado un extenso informe en el que analiza el desarrollo normativo de la participación del beneficiario en el sistema de apoyo a la autonomía personal (lo que de forma llana podríamos llamar copago), que es muy lesivo para estas personas y sus familias. Nos hemos dirigido al Ministerio ofreciendo propuestas de mejora que promuevan la seguridad jurídica, la equidad, y el derecho a unos ingresos mínimos que posibiliten la inclusión. Nos preocupa que haya colectivos sin atender, especialmente de grado 1 sin cobertura. En este sentido pedimos al IMSERSO un pacto de garantía de acceso a los servicios sociales ya no sólo por situación de dependencia sino por razón de discapacidad.

 

El empleo era también una de las principales preocupaciones de FEAPS, ¿ha mejorado en estos últimos meses la situación?

 

Bueno, tenemos por un lado una situación sostenida, aunque en peligro, en la esfera del empleo protegido. Nuestros Centros Especiales de Empleo han demostrado ser competitivos y saber adaptarse a los tiempos crueles que vivimos, pero creemos que no se puede desistir de políticas de discriminación positiva al colectivo de personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad. En este sentido animamos a promover más empleo con apoyo e iniciativas emprendedoras de autoempleo como la cooperativa Altavoz, gestionada por personas con discapacidad intelectual.

 

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el Movimiento Asociativo FEAPS reivindicó a las empresas un mayor compromiso con la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en sus plantillas, ¿el empleo en el mercado ordinario sigue resistiéndose?

 

Al igual que ocurre en otros aspectos fundamentales de la vida de estas personas, como la sanidad, la educación, el ocio… Todo lo que podemos llamar “normalización”, que en definitiva es la inclusión de estas personas en una sociedad como ciudadanas de pleno derecho, es una asignatura que aún aprobamos, como mucho, con aprobado raspado como sociedad. Lo que ocurre es que el ámbito del empleo es un eje básico para asegurar muchas otras cosas: una vida independiente, recursos para la autodeterminación, un nuevo marco de relaciones, amigos, etc. Y es uno de los ámbitos que más se ha visto castigado por la crisis. Hay que tener en cuenta que ya antes de la misma, se calculaba que el nivel de desempleo en el colectivo de personas con discapacidad intelectual triplicaba al de personas sin discapacidad. Lo que nosotros pedimos es que verdaderamente se cumpla la ley: que las cuotas de reserva del 2% para personas con discapacidad intelectual se cubran, y que las empresas apuesten decididamente por incluir en sus plantillas a este colectivo, que ha demostrado grandes dotes de esfuerzo y de superación. 

 

Hay que tener en cuenta también que nuestro colectivo tiene menos oportunidades para formarse y por ello hay que pedir un compromiso mayor en la generación de ofertas que puedan cubrirse por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 

En España hay casi 80.000 personas que no pueden votar. Muchas de ellas por motivo de su discapacidad intelectual ¿Cómo se explica esto?, ¿qué se puede hacer para evitarlo?

 

Bueno, en este ámbito se dan dos situaciones que nos preocupan. Por un lado, hay todavía decenas de miles de personas con discapacidad intelectual privadas de ese derecho fundamental como consecuencia de procesos jurídicos de incapacitación. En este ámbito desde FEAPS venimos desde hace tiempo trabajando con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y otros estamentos jurídicos y políticos con el fin –por un lado–, de iniciar procedimientos de revisión de esas sentencias, en los que los jueces sean mucho más cuidadosos con las áreas de incapacitación y revisen cada caso a nivel particular. Por otro lado, también hemos incidido mucho en un cambio de la legislación electoral para poder adaptarla a lo referido por la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad en materia de capacidad jurídica. 

 

Pero hay otro tema aún más desconocido, y también muy preocupante: ¿qué ocurre con aquellas personas con discapacidad intelectual que sí tienen habilitado su derecho al voto? ¿Pueden ejercerlo en igualdad de condiciones? Nosotros hemos comprobado que no, que de hecho tienen muchas dificultades para acceder a la información electoral, a los colegios y a las propuestas de las diferentes opciones políticas. Por ello tenemos en marcha la campaña “Mi Voto Cuenta”, para concienciar a todos los agentes sociales de la importancia de este derecho, y de la importancia de ejercerlo con plenas garantías. 

 

FEAPS reclama al Gobierno una evaluación del impacto de las políticas de austeridad sobre las medidas de protección social, ¿qué utilidad tienen este tipo de aportaciones y por qué ese interés, quizás porque realmente ha sido fuerte ese impacto en la familia FEAPS?

 

Efectivamente, el impacto de las medidas de austeridad ha sido muy fuerte en los últimos años. Esta preocupación no es sólo de FEAPS. En toda Europa hay un movimiento social de la discapacidad que exige transparencia informativa y evaluación de las políticas, donde quede negro sobre blanco el inmenso esfuerzo que se pide a las personas con discapacidad y a sus familias. El Consejo de Europa ya ha alertado de esta realidad.

 

Muchos alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo no pueden educarse en las mismas condiciones que sus compañeras y compañeros sin discapacidad. Muchas veces es por la falta de apoyos en los colegios y centros educativos ¿se ha agudizado este problema en los últimos tiempos, al ritmo de la crisis?

 

Sí, las medidas de austeridad también han afectado a la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Los recortes han afectado a los apoyos que los centros escolares llamados de integración prestaban a este tipo de alumnos, con el fin de que vivieran esa etapa escolar de forma completamente normalizada. La situación se ha agravado aún más en muchas familias con rentas bajas, a quienes, por ejemplo, afectan también otras medidas como no poder disfrutar de becas de comedor, porque a nivel práctico tener que traer y llevar a sus hijos con discapacidad al colegio para comer  resulta inviable, lo que finalmente puede afectar a la propia escolarización. Nosotros decimos que la inclusión es además, un bien social, que como tal beneficia a todos los alumnos en su conjunto, los que tienen discapacidad, pero también al resto, porque les enseña el valor de la diversidad, la solidaridad, los derechos, etc. Por lo tanto, renunciar a la inclusión es devaluar la calidad educativa general.  

 

FEAPS está desarrollando un proyecto de transformación de los Centros de Educación Especial en centro inclusivos y anima a los centros ordinarios a que se abran a la diversidad.

 

¿Cuáles son hoy los retos o principales preocupaciones de FEAPS de cara a un futuro aún incierto con la situación actual del país?

 

La pregunta tiene una respuesta muy simple de plantear, pero soy consciente que muy complicada de hacer realidad: nosotros reivindicamos un cumplimiento efectivo y con todas las consecuencias del compromiso que el Estado español adquirió al ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Eso, a nivel práctico, supone cambios legislativos que garanticen el ejercicio de la plena ciudadanía en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad en general, y para aquellas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo en particular. En esta materia, he de reconocer que hay avances importantes pero también muchos aspectos en los que vamos a años luz de otros países europeos. Un ejemplo claro es el de la accesibilidad cognitiva, que es en muchas ocasiones la llave para un verdadero acceso a la información y a la participación ciudadana. Está muy de moda reivindicar ahora la transparencia: pues las personas con discapacidad intelectual están a mucha distancia de resto de los ciudadanos en lo que se refiere a un acceso a la información pública. 

 

Por otro lado en un encuentro en Alcalá de Henares no hace mucho tiempo, FEAPS estableció como objetivo prioritario “apoyar a las personas y familias más excluidas y en situación de pobreza de nuestro colectivo, especialmente aquellas no atendidas”. Éste, por tanto, sería un claro reto para nuestro movimiento asociativo en estos duros momentos que nos toca vivir.

 

¿Qué es lo más celebrado por FEAPS en estos 50 años de existencia?

 

Mirando atrás en estos 50 años, y como familiar de una persona con discapacidad intelectual, personalmente yo me siento muy orgulloso del avance que ha tenido la inclusión de este colectivo en todos los aspectos de la vida de las personas. Por supuesto que queda mucho por hacer, sobre todo en aspectos relacionados con la inclusión caso por caso, apoyando a cada persona de forma individual y contando con ella en las decisiones que afectan a su propia vida. Pero podemos decir que vamos en la buena dirección. También es motivo de orgullo la construcción de un movimiento asociativo fuerte y cohesionado que, partiendo de la lucha enconada de miles de familiares, ha llegado a poner del mismo lado a familias, profesionales, personas voluntarias y finalmente, a las propias personas con discapacidad intelectual, que poco a poco se van incorporando a la toma de decisiones de la organización y sus entidades miembro. 50 años después, hoy tenemos una persona con discapacidad intelectual como miembro con plenos poderes en nuestra Junta Directiva estatal. Hoy es la excepción, pero en el futuro será la norma, estoy seguro de ello.