¿En qué proyectos o programas está ahora inmerso Plena inclusión tras superar, lograr por fin, el derecho a voto de todas las personas? 

 

El proyecto del voto continúa, hemos vivido un momento importantísimo y ha sido un gran éxito, estamos muy satisfechos, pero hay muchas cosas por hacer, falta la accesibilidad al voto y aunque hemos ganado el derecho del sufragio activo, tenemos que convencer y empoderar a las personas con discapacidad intelectual para que estén también de manera activa en la política y, por supuesto, lograr mejorar la accesibilidad a los programas… Pero también me gustaría destacar la trascendencia internacional de la campaña ‘Mi voto cuenta’, no solo por el premio que nos dio Naciones Unidas, Zero Project, sino también por la trascendencia que ha tenido tanto en el ámbito europeo como en el iberoamericano, donde el interés por este proyecto nos ha llegado incluso de países punteros en defensa de derechos, como Alemania.

 

Afirman que el 5º Plan Estratégico (2016-2020) del movimiento asociativo Plena inclusión ha logrado un alto grado de cumplimiento en la mayoría de los objetivos, ¿cuáles serían los principales logros?

 

Uno de los objetivos del plan estratégico era la mayor representación de las personas con discapacidad intelectual en el movimiento asociativo, que tiene que ver con el avance en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en primera persona. Ya no somos solo un movimiento familiar, que sí es nuestra base y lo que nos mueve, pero abierto a la participación de las propias personas, porque así nos lo han pedido. Otro objetivo era la transformación de centros y servicios, el cambio en el modelo de las residencias por otro de viviendas en comunidad, también el paso de centros ocupacionales a mayor proyección en la vida comunitaria, o la asistencia personal como herramienta para la vida independiente…. Hemos avanzado en los nuevos modelos de atención, venimos de un siglo XX en el que hemos dado los apoyos en sistemas segregados y vamos a un siglo XXI donde los apoyos se tienen que dar en la comunidad. 

 

En cuanto al empleo, ese cambio se dio hace unos años con el acceso al empleo público, ¿no es así?

 

En 2013 es cuando se hicieron las primeras oposiciones al empleo público dentro de la subcuota de discapacidad intelectual y sí es un ejemplo de que con los apoyos necesarios hemos conseguido incluir en la función pública a las personas con discapacidad intelectual. Es uno de los ejemplos de por dónde hay que transitar, más apoyos que hagan posible que se abra un canal en el que se incorporan las personas. 

 

En otro aspecto que trabaja Plena inclusión con especial dedicación en los últimos tiempos es en el acceso a la Justicia, ¿cuáles son las prioridades en este ámbito?

 

Tenemos varios frentes abiertos y hemos tenido un avance importantísimo con la firma con el Consejo General del Poder Judicial para que las sentencias se interpretaran en lectura fácil. La accesibilidad cognitiva y la lectura fácil es algo en lo que llevamos mucho tiempo trabajando, quizás de manera más activa en los últimos años, pero nos hace sentir bien que haya sido precisamente la Administración de Justicia una de las primeras que ha asumido nuestros planteamientos, quizás porque es el ámbito de la Administración menos abierto a los cambios. Ahí estamos allanando el camino para que otras administraciones (central, autonómicas, locales…) lo vayan asumiendo igual.

 

Pero la mayor preocupación es que todavía no hay canales para facilitar a las personas con discapacidad intelectual un procedimiento justo, por eso la reivindicación de la figura del facilitador, que pueda servir para ajustar todos los procedimientos, tanto siendo víctima como habiendo cometido delito, para comprender qué es el procedimiento judicial. 

 

¿Qué significa para Plena inclusión el último informe del Defensor del Pueblo, en el que se publicaba un informe especial sobre las personas con discapacidad intelectual en prisión?

 

Gran parte del contenido de este informe del Defensor del Pueblo, como del informe que acaba de presentar Plena Inclusión, que se llama ‘A cada lado’, muestra una foto llena de sombras en relación a la igualdad en términos de justicia; uno de los datos que aparece es que en el 55% de las personas que están en el ámbito penitenciario, no se tuvo en cuenta la discapacidad intelectual en todo el proceso penal y en una gran parte de las personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a la justicia, no se detecta que tienen discapacidad y no la tienen reconocida. Es necesario más trabajo en este sentido para ofrecer garantías de un juicio justo. 

 

Plena inclusión también aborda actualmente un trabajo especial con la resolución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, repasando los artículos más destacados de la Convención de la ONU, como el artículo 17, sobre las esterilizaciones forzadas, y el artículo 24 en torno a la educación inclusiva, considerados como urgentes. 

 

En el tema de la esterilización, hay una tarea importante, por un lado la modificación del marco normativo, es decir que se elimine la posibilidad de que un juez pueda determinar la esterilización forzada de una persona sin su consentimiento y, por otro lado un trabajo de sensibilización en el ámbito de las organizaciones, de las familias, para que comprendan que la esterilización forzada no resuelve nada, que es una agresión sobre la persona. Hay una idea equivocada en cuanto a que la esterilización va a proteger a la persona en sus derechos sexuales y en su vida sexual, en su propia salud. Hay que eliminar la esterilización forzada y promocionar los derechos sexuales de las personas y en nuestros proyectos vinculados con la sexualidad vemos que hay una revolución sexual pendiente. Plena inclusión es muy activo con la diversidad sexual y la búsqueda de apoyos para que todas las personas puedan tener una buena identidad sexual, una buena práctica sexual, satisfactoria y coherente con su proyecto de vida. En ese sentido, las familias tenemos también mucho que aportar y que cambiar porque a veces somos los que coartamos el desarrollo de la identidad sexual de las personas con discapacidad intelectual. 

 

¿Y en cuanto a la educación inclusiva?

 

Es un momento importantísimo y ha habido un cierto freno con las elecciones y la ausencia de un Gobierno establecido de manera clara. Tenemos un reto importante y una serie de cuestiones claras, la principal es que no vamos a perder la posibilidad de trabajar y apoyar una educación inclusiva, pero con cierta tranquilidad, no podemos generar un estado de crispación ni conflictos en las propias personas con discapacidad ni en sus familias. El objetivo es el mismo que nos planteó la ministra Celaá en nuestro primer encuentro, que es el planteamiento que defiende Plena inclusión desde que tengo uso de razón asociativa. El tiempo tiene que poner cada cosa en su sitio y vamos a seguir reivindicando apoyos, que se dote económicamente y que se traslade a cada uno de los territorios. Sin prisa pero sin pausa.

 

La demanda es de una estrategia estatal para la educación inclusiva, en la que tiene que haber un proceso de cambio de todo el sistema educativo, transformar las escuelas ordinarias en inclusivas, que ahora no lo son, y transformar la educación especial para que sea un apoyo y soporte fundamental para un proyecto educativo de calidad para cada alumno y su familia, en el entorno que le corresponde, que es con todos los demás niños y niñas. Habrá situaciones y casos especiales que tendremos que afrontar de carácter individual, pero la educación inclusiva no es un principio, es un derecho. Plena inclusión tiene un posicionamiento con 28 medidas urgentes con las que al final intentamos evitar los miedos al cambio. 

 

Aunque la sociedad civil trabaja cada vez de manera más profesional, ¿sigue siendo importante el peso de los familiares, activistas y voluntarios?

 

El trabajo de los profesionales es imprescindible en todos los ámbitos, entidades, confederación, etc. y son trabajadores brillantes, pero luego hay una parte de voluntariado de carácter familiar, porque los directivos de las entidades, de las federaciones y de la propia confederación somos todos voluntarios, somos familiares, que es una condición para ser miembro de la junta directiva. Las decisiones las tomamos las personas con discapacidad y las familias, con el apoyo de los grandes profesionales que tenemos, incorporando cada vez más en nuestra toma de decisiones a las propias personas con discapacidad, con el apoyo necesario. De hecho ya están presentes en el Patronato de la Fundación ONCE, de la Fundación CERMI Mujeres… En ese sentido tenemos un apoyo muy importante, que es el Grupo Gadir, que funciona muy bien desde hace tiempo. Con ese apoyo no perdemos la orientación que nuestras hijas e hijos nos dan. Luego está el tema del voluntariado, que es imprescindible y están siempre presentes en los grandes momentos y decisiones importantes de nuestro movimiento. 

 

¿Esta estructura favorece la interlocución con la Administración y los poderes públicos?

 

Siempre hemos tenido una relación fluida independientemente de quien gobernara y la hemos tenido en cualquiera de los territorios. Pero es cierto que cuando vamos a la Administración, el nivel de atención de la clase política es mayor si la demanda se hace en primera persona, con las personas directamente relacionadas con la cuestión planteada, es decir la propia persona con discapacidad o la familia.