"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía
"La nueva Ley de Servicios Sociales será de los primeros proyectos que entren en el Parlamento"
10/07/2015
Blanca Abella
La presidenta andaluza anuncia importantes avances en política de discapacidad para esta legislatura. Además de impulsar definitivamente la aprobación de la ley de servicios sociales que garantiza derechos básicos de ciudadanía, Susana Díaz se compromete también a apostar por la accesibilidad, que será una de las primeras cuestiones que aborde el nuevo gobierno, según anuncia la presidenta, y seguirá fortaleciendo el Estado del Bienestar, asegura que mantiene "una apuesta clara por blindar la dependencia".
Hemos incluido las demandas del CERMI en las normativas referentes a las personas con discapacidad que va a aprobar el nuevo Gobierno andaluz. En concreto, en el anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía se ha incorporado la propuesta de garantizar el análisis y la coordinación transversal de las actuaciones públicas referentes a las personas con discapacidad.
De esta forma, vamos a crear una Comisión interdepartamental en materia de discapacidad, que actuará como órgano colegiado para la coordinación y promo-ción de las actuaciones que se lleven a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía que afecten a las personas con discapacidad. En la Comisión estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.
También hemos recogido en este anteproyecto otra de las demandas del CERMI, como es el desarrollo, dentro de los servicios sociales especializados, de las viviendas para la promoción de la autonomía personal. Dentro de este tipo de viviendas, se incluirían las viviendas compartidas, que reclaman personas con discapacidad, y aquellas otras destinadas a procurar un modo de vida indepen-diente.
En el mundo de la discapacidad los cambios se han sucedido con celeridad en muchas ocasiones y es necesario también el cambio en algunas leyes, por eso el CERMI Andalucía pide la aprobación urgente en el Parla-mento de la Ley de Servicios Sociales, ¿será viable este cambio en los comienzos de su gobierno?
Sin lugar a dudas, el proyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía será de los primeros proyectos de ley que entren en el Parlamento. Se trata de una norma llamada a consolidar nuestro Sistema Público de Servicios Sociales garantizando derechos básicos de ciudadanía.
Además, en el transcurso de la legislatura pretendemos también sacar adelante el Plan Estratégico de Servicios Sociales, como herramienta de cooperación en esta materia entre la Junta y las entidades locales, y el Mapa de Servicios Sociales, instrumento de organización territorial de los Servicios Sociales para garantizar un adecuado despliegue del sistema.
También es necesario un compromiso mayor con el empleo y otras cuestiones vitales para la discapacidad, por eso se reclama la aprobación de la Ley Andaluza de Atención a Personas con Discapacidad, incluyendo en la misma la regulación del contrato social, una apuesta que se va introduciendo en las administraciones públicas poco a poco, ¿qué opina de esta cuestión?
Respecto al empleo, el anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad prevé un Plan específico de empleabilidad destinado a las personas con discapacidad que promoverá medidas para corregir la de-sigualdad de oportunidades en el ámbito de la formación y el empleo.
¿Y se logrará también aprobar el decreto que desarrolle la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad?
Sí, habrá una norma reglamentaria que desarrolle cómo van a funcionar los servicios de promoción de la autonomía personal en Andalucía para las personas en situación de dependencia.
En Andalucía, venimos apostando por la dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, pese a los recortes del Gobierno central. Prueba de ello es que el presupuesto que dedica la Junta a estas políticas asciende a 1.131 millones de euros, casi el mismo (1.200 millones) que el Ejecutivo central destina al conjunto del país.
Junto a esa apuesta clara por blindar la dependencia, se hace necesario continuar trabajando también en aras de la accesibilidad universal, la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad, especialmente en lo que tiene que ver con el empleo, ya que se trata de un colectivo especialmente vulnerable en este ámbito.
Hace apenas unos días manejaba la posibilidad de llegar a la apertura del Estatuto de Autonomía, si fuera necesario, para dar a la dependencia las mismas posibilidades que tienen salud y educación y como forma de asegurar unas prestaciones y servicios de carácter público y de derecho universal. ¿Cuánto es necesario esperar para llegar a esa apertura?, ¿por qué es necesario esperar?
A partir de ahí, cualquier modificación del Estatuto requiere de una mayoría de dos tercios del Parlamento de Andalucía.
Finalmente, aunque la accesibilidad es un concepto ya extendido no se logra aun llegar a unas condiciones que garanticen muchos de los derechos de las personas con discapacidad, ¿podrá reactivarse el pacto por la acce-sibilidad en Andalucía?
Es una de las primeras cuestiones que vamos a abordar. Ya hay 117 municipios adheridos y nuestra intención es conseguir que en esta legislatura se adhieran todos los municipios, que todas las corporaciones locales aprueben sus ordenan-zas municipales de accesibilidad, y que sus profesionales reciban la formación necesaria para hacer que las ciudades andaluzas sean entornos que faciliten la vida a toda la ciudadanía.
