"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad
“Es poco razonable la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones españolas”
06/02/2019
El patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis-Martínez-Pujalte, ha asegurado este miércoles que “es poco razonable la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones españolas”, poniendo como ejemplo que a nivel estatal solo hay dos diputados y dos senadoras con discapacidad.
Martínez-Pujalte ha realizado un repaso por todos los acontecimientos que han tenido lugar hasta que se ha conseguido la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), recordando la lucha del movimiento asociativo y exponiendo hitos como el caso de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual privada del derecho de voto, quien junto a su familia, decidió recurrir a diferentes instancias judiciales logrando una importante atención de la opinión pública.
Pese a este importante paso adelante, este experto ha avisado de que “no nos podemos dar por satisfechos”, y ha hecho un llamamiento para que se sigan mejorando cuestiones como la accesibilidad de los locales electorales. Eso sí, ha aclarado que “no solo se debe hablar de accesibilidad física”, sino también comunicacional, haciendo que, por ejemplo, los programas electorales de los partidos sean accesibles o incrementando la proporción de personas con discapacidad en las listas electorales para que sean un reflejo de la realidad social.
Por otro lado, en relación con la participación social y cultural de las personas con discapacidad, el profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Roldán Jimeno, ha desganado las principales claves de la Ley Foral de Derechos Culturales y ha expuesto algunos de las mejoras en este ámbito en Navarra. En esta línea, ha comentado avances en materia de acceso virtual a la cultura o en entornos físicos de interés.
BALANCE DE DOS AÑOS
Previamente, ha tenido lugar el panel ‘Avances y perspectivas en el desarrollo del Derecho español de la Discapacidad: balance de dos años’, a cargo del delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y del secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Trabajo Social en la UNED, Rafael de Lorenzo.
Martín Blanco ha desgranado los principales logros en materia de derechos de las personas con discapacidad desde que se celebró el I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad (Elche, 2017).
Según ha explicado, entre estos aspectos destaca la reciente reforma de la ley electoral para otorgar el derecho de sufragio a las casi 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo, la modificación de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales y la eliminación de las restricciones existentes al derecho de contraer matrimonio por parte de las personas con discapacidad.
Además, ha enumerado algunas cuestiones que están en proceso en la actualidad, como es el caso de la reforma del Código Civil para acabar con la supresión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la “primera reforma social de la Constitución que se ha puesto en marcha en nuestro país”.
“En todas estas conquistas, la sociedad civil de la discapacidad organizada en torno al CERMI ha jugado un papel determinante, ya que somos garantes y vigilantes de la mejora colectiva”, ha agregado el delegado del CERMI.
Rafael de Lorenzo ha centrado su intervención en la reforma constitucional que se ha puesto en marcha, y ha expresado su deseo de que pueda aprobarse definitivamente antes de que concluya la actual legislatura. “Si no fuera así, habrá que conseguir un compromiso firme de todos los partidos de que estos trabajos se van a respetar y van a ser el punto de partida para continuar su curso en la próxima legislatura”, ha precisado.
De Lorenzo también ha hecho un repaso por la situación de otros países del entorno de España en relación con el tratamiento que su texto constitucional da a las personas con discapacidad y ha celebrado que si se aprueba la reforma del artículo 49 en los términos en los que se está trabajando en la actualidad se reforzaría ampliamente la protección jurídica de las personas con discapacidad, más allá de modificar la terminología con la que se hace referencia a este grupo social.
En su opinión, esto es así porque “ya no hablará solamente de que los poderes públicos están obligados a proteger a las personas con discapacidad, sino que reconoce a esta parte de la ciudadanía como titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad efectiva”.
