Devandas señaló que excluir a una parte tan importante de la población (en torno al 15%) "tiene efectos económicos evidentes", pues no solo pierden ellos, sino el conjunto de la sociedad "que se queda sin su aportación".

 

Afirmó que "el discurso economicista es muy duro para con las personas con discapacidad", por lo que invitó a "hacer grandes esfuerzos para combatirlo". Por ello, reclamó tener en cuenta "el coste de la exclusión" y aludió a diversos informes que indican que el retorno para la sociedad de invertir en una persona con discapacidad es mucho mayor.

 

Por otra parte, Devandas se felicitó porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen en su agenda de 2030 un total de siete compromisos con las personas con discapacidad, aunque echó de menos referencias más claras a la inclusión en educación y salud y medidas contra la pobreza.

 

"El no poner negro sobre blanco en la dimensión de la discapacidad en los ODM de 2015 condujo, por ejemplo, a que la alfabetización progresase a escala mundial salvo entre los niños con discapacidad", reflexionó.

 

Con todo, señaló que ahora es el momento de vigilar cómo los compromisos de cara a 2030 se implantan en las legislaciones nacionales. Reclamó la adaptación de indicadores al respecto "para controlar su cumplimiento" y el desarrollo a nivel internacional de estadísticas desagregadas sobre discapacidad.

 

Asimismo, valoró de forma muy positiva la creación de un Comité de Apoyo por parte del CERMI como organismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, una iniciativa que, a su juicio, deberían seguir todos los países. "Es una de las demandas que recoge la propia convención y asegura una garantía de independencia en el control", subrayó.

 

Entre los retos pendientes, Devandas citó la integración de las personas con autismo y enfermedades mentales y el apoyo a la maternidad de las mujeres con discapacidad. Pidió mayores permisos de maternidad, pues en España las mujeres con discapacidad tienen las mismas semanas de baja por este motivo que el resto de trabajadoras, y un aumento de recursos sociales y económicos para ayudarles en el cuidado de sus hijos.