El espectáculo, según la publicidad difundida en Jaén, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de esa ciudad, cuyo logo corporativo aparece en la misma.

 

La representación de los movimientos sociales de la discapacidad español y andaluz solicitan la intervención de la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán para que inste a las autoridades competentes a suspender este tipo de espectáculos que vejan la condición humana y vulneran la legislación española de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Asimismo, han puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo de Andalucía.

 

En su queja, el CERMI Estatal y CERMI Andalucía recuerdan que España ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que forma parte del ordenamiento jurídico español y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas, a las que vincula. Dicho tratado obliga a los Estados signatarios y a todos sus poderes públicos y autoridades, incluidos los Ayuntamientos, a adoptar las medidas necesarias para que no se denigre la imagen de las personas con discapacidad.

 

A su juicio, que una administración pública colabore con esta práctica nociva, significa que legitima degradar a este grupo de la discapacidad por el mero hecho de serlo, incumpliendo, además, los mandatos de la citada Convención y, por tanto, quebrantando el orden legal.

 

 

Por otro lado, la denuncia señala que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión al Estado español, de marzo de 2019, ya mostró su preocupación por “los continuos estereotipos negativos y la imagen degradante de las personas con discapacidad, por ejemplo, la forma en que se representa a las personas con ‘enanismo’ en las corridas de toros y en los programas de humor en los principales canales de los medios de comunicación”.

 

Pese a esta observación, en España, hoy por hoy, se siguen contratando espectáculos vejatorios que atentan contra una de las cuestiones nucleares de este tratado: la dignidad humana.

 

“Que se dignifique la realidad de las personas con enanismo, utilizada durante siglos como símbolo de mofa, humillación y aislamiento, provocando la exclusión social y la vulneración de los derechos fundamentales de todas las personas con esta discapacidad, no es una cuestión paternalista, sino que se erige en el parámetro esencial que puede identificar situaciones lesivas de los derechos humanos, protegiendo y haciendo prevalecer un interés general protector de una colectividad”, apostillan desde el CERMI Estatal y CERMI Andalucía.

 

Asimismo, numerosos estudios en psicología social vienen tratando exhaustivamente el tema de la identidad como una interpretación de lo que somos, no solo en el plano individual sino también en el colectivo o social. De ahí que su legitimidad a la hora de oponerse a dichos trabajos se fundamente en la sensación de que la dimensión pública del daño la pueda sufrir todo un grupo en cuanto que, en definitiva, son todas las personas con displasias óseas las que se ven afectadas por una devaluación social al extrapolarse una imagen estereotipada sin tener en cuenta las distintas realidades de cada persona.