Detrás de este logro están muchos años de lucha del CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres, que consiguieron primero que la proposición de ley fuese registrada por Ciudadanos y apoyada, posteriormente, por todos los partidos políticos en el Senado. La reforma eliminará, en concreto, el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, hasta ahora, despenalizaba las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial. CERMI lo define ya como “un momento histórico en la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres, que eran las más afectadas”. La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, habla con 20Minutos de este hito en defensa de los derechos humanos.

 

¿Cuál es la legislación actual respecto a las esterilizaciones forzosas por razones de discapacidad en nuestro país?

 

Está regulado en el Código Penal. El artículo 156 párrafo segundo establece que no serán punibles las esterilizaciones acordadas por órgano judicial en caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos al fin de salvaguardar el mayor interés del afectado.

 

¿Y qué ha reclamado CERMI durante estos años?

 

Desde la Fundación CERMI Mujeres y desde CERMI queríamos que fuese modificado porque realmente ese supuesto de excepcionalidad en muchas ocasiones se convertía en la regla. Nos encontramos con supuestos de personas que están incapacitadas judicialmente, es decir, que tienen modificada su capacidad legal, que no pueden decidir por sí mismas sino por persona interpuesta y que se ven abocadas a este tipo de prácticas sin su consentimiento realmente y, en muchos casos, sin su conocimiento. Por eso consideramos que se está hablando realmente de una esterilización forzada. Modificar el Código Penal supondrá ponernos en la línea de cumplimiento de los mandatos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que está en vigor en España desde el 2008 y también nos situará en la línea de otros países del entorno como Suecia, que consiguió erradicar la esterilización de su ordenamiento jurídico.

 

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se siga produciendo esta vulneración de los derechos humanos?

 

Esto forma parte de una política que es antigua. Una política que procede de finales del siglo XIX y principios del XX y que se aplicó en distintos países como Estados Unidos y también de la Europa Central y del Norte. Eran políticas que consideraban que hay una parte de la sociedad que no es productiva, que es una carga y, por tanto, que es necesario establecer planes de planificación, de esterilización, de control de la fertilidad de estas poblaciones y que en ocasiones se estaba aplicando también a poblaciones empobrecidas.

 

Ocurrió, por ejemplo, en Suecia. Fue denunciado por el Defensor del Pueblo sueco y terminó todo con una Ley de Reparación de Víctimas. En este país nórdico hubo todo un plan de aplicación de esterilizaciones sistematizadas a estas poblaciones empobrecidas - sobre todo a mujeres con algún problema de salud mental o discapacidad psicosocial- ,que se convirtió en una forma de control de población o biopolítica. Algo que nosotros llamamos también una necropolítica porque realmente es una política de la muerte, que establece que vidas son dignas de ser vividas y cuáles no.

 

¿Cuál es la línea de trabajo que ha seguido CERMI para avanzar en este tema?

 

Hemos hecho una labor inmensa de incidencia política, hemos mantenido reuniones con grupos parlamentarios para conseguir sacar adelante esta modificación del Código Penal a través de esta proposición de ley. También hemos realizado campañas de toma de conciencia y actos públicos donde hemos explicado estas reivindicaciones porque entendemos que hay que hacer una gran labor de pedagogía social. Hay una parte de la sociedad que no comprende por qué estamos abogando por la eliminación de unas prácticas que aparecen recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y que son consideradas paradójicamente como medidas de protección a las personas con discapacidad y, sobre todo, a las mujeres con discapacidad porque se trata de una práctica que tiene un sesgo de género evidente.

 

Para muchas personas e, incluso, para el propio movimiento de mujeres a veces ha sido complicado entender qué era lo que estábamos reivindicando. Por eso era tan importante para nosotros explicar que estamos hablando de derechos humanos, que no podemos permitir que haya una intervención nuevamente del cuerpo de las mujeres, que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra capacidad de reproducir, sobre nuestra fertilidad y que así viene además reconocido por nuestra ley y por los tratados internacionales de derechos humanos.

 

La tramitación parlamentaria para la reforma de esta ley en el Código Penal está concluyendo. ¿Qué supondrá este avance para las afectadas y su entorno?

 

Va a suponer un salto enorme. En primer lugar para el cumplimiento de los derechos humanos porque España estaba en flagrante incumplimiento de la convención. Si entendemos una violación de los derechos humanos como una violación que comete el estado contra su ciudadanía en el caso de las esterilizaciones era tan flagrante que está todavía dentro del ordenamiento jurídico español. Esperemos que ya por poco tiempo. Por lo tanto, eliminar de un plumazo estas prácticas de nuestro Código Penal va a situarnos a la vanguardia de los países que están cumpliendo la convención y que están respetando a los niveles más altos los derechos de las mujeres y los hombres con discapacidad.

 

¿Cuáles son las principales secuelas que producen estas esterilizaciones forzosas no solo en las mujeres que las sufren sino en el propio entorno familiar?

 

Realmente es un tema poco estudiado pero en nuestros foros hemos tenido testimonios de mujeres que se han enterado en la edad adulta de que habían sido esterilizadas, mujeres que cuando han consultado con un especialista les han dicho '¿cómo vas a tener hijos si te han hecho una ligadura de trompas?'. Estas mujeres han tenido, además de la discapacidad, unas secuelas psicológicas por el maltrato que han recibido por parte de sus familiares porque, lamentablemente, esta práctica ha sido instada por las personas que están encargadas del cuidado y la atención de la adolescente con discapacidad. Personas que cuando éstas han llegado a la etapa fértil se han planteado el problema que podía suponer tener esa capacidad reproductiva. Tenemos pendiente todavía realizar un estudio en profundidad de cuáles son estas secuelas pero entendemos que son muchas desde el punto de vista psicológico y físico. Como ocurre también las mujeres han sufrido mutilación genital femenina, un problema mucho más visible y donde la conciencia social ha calado más. Ha llegado el momento de hacer lo mismo con el tema de la esterilización.

 

Fuente: 20 minutos