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viernes, 13 de marzo de 2020cermi.es semanal Nº 382

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

Renta mínima, una solución necesaria para erradicar la exclusión y la pobreza

12/03/2020

Rafael Olea

Para acabar con la pobreza y la exclusión social, es preciso aprovechar el momento histórico que vivimos e instaurar una renta mínima. Con esta medida, y sin que suponga la desaparición de otras prestaciones, se materializará un avance hacia la inclusión de todas las personas, pero especialmente de aquellas con discapacidad. Esta es una de las grandes conclusiones que, con unanimidad, mostraron tanto representantes del Gobierno de España, como expertos y organizaciones de la discapacidad en una intensa y relevante jornada organizada por el CERMI.

Palahí, Pérez Bueno, Celada y Concha Díaz, en el acto inaugural.El auditorio de la sede madrileña de Fundación ONCE albergó la Jornada ‘Renta mínima estatal y personas con discapacidad: un nuevo horizonte contra la exclusión social y la pobreza’. En ella, se puso de manifiesto cómo nuestro país puede, al igual que otros de nuestro entorno, instaurar una renta mínima que se signifique un decisivo paso para acabar con la pobreza y la exclusión.
 
Ante cerca de un centenar de personalidades de las administraciones y de las entidades de la discapacidad, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, precisó que “España no puede permitirse el lujo de no regular esta renta mínima”, la cual supondrá “un avance, verdaderamente con impacto social transformador, para que las personas con discapacidad y para todas aquellas en situación de necesidad”.
 
“Estamos en ese momento, especialmente propicio, en el que podemos tener un elemento menos de déficit en nuestro Estado social y –motivar– que se haga más grande, más intenso”, precisó Pérez Bueno. A continuación, destacó el “momento histórico” que vivimos para poder implementar esta medida y alcanzar “un Estado social, puesto que así es como define nuestra Constitución a España. De los tres calificativos que da –a nuestro país– la Constitución: Estado Social, Democrático y de Derecho, creo que ‘Social’ es el que menos efecto práctico ha tenido”.
 
Ante la pregunta de si está justificado que la discapacidad sea destinataria de ese ingreso o renta mínima, el presidente del CERMI subrayó que “las personas con discapacidad somos más pobres por razón o por causas asociadas a la discapacidad, tenemos menor capacidad de renta, menor acceso a los bienes sociales que consideramos básicos”. Por ello, recalcó que “en este momento no sería admisible una regulación de una renta mínima que tuviera una visión meramente atenuadora de la necesidad y no promotora de resorte de inclusión de la persona que la recibe”.
 
Pérez Bueno terminó su intervención anunciando que “la discapacidad organizada va a estar proponiendo, planteando, negociando y esperando que mejoremos como país con nuevas normas, con nuevos dispositivos de protección social, cómo será este ingreso mínimo”. Además, anunció que el CERMI trasladará al Gobierno las principales conclusiones obtenidas en la Jornada acerca de la necesidad de implantar una renta mínima universal”.
Apertura de la jornada, con Palahí, Pérez Bueno, Celada y Díaz.
El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, ‘recogió el guante’ que le lanzó el presidente del CERMI al anunciar que trasladará las conclusiones de la Jornada, y se sumó al envite, al anticipar que él también las pondrá “encima de la mesa del Estado”.
 

Alarmante pobreza infantil

 
Celada se mostró firmemente a favor de la instauración de una renta mínima, en la misma línea que el CERMI y las organizaciones de la discapacidad. Además, expuso con datos la evidencia de la necesidad de instaurar una renta mínima: “El INE advertía que en España 29,5% de la población infantil vive en pobreza o riesgo de exclusión social. Más o casi uno de cada tres niños en España no tiene nada que comer en su casa”. Sin duda, son cifras que invitan a una reflexión sobre qué hemos hecho mal en nuestro país, qué hacemos mal y cómo solucionarlo: quizás con una renta mínima.
 
“Hay que exigir que el Gobierno actúe, primero derribando mitos: ¿De dónde se va a sacar el dinero? Habrá que buscar impuestos o mecanismos de financiación para poder recabar la renta mínima, pero desde luego habrá que explorarlo”, señaló Celada, quien añadió que no puede suceder que con la aplicación de la renta mínima se produzcan desigualdades entre comunidades autónomas.
 
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, recogió el testigo del presidente del CERMI y de Jesús Celada y detalló la necesidad de implementar una renta mínima debido a que “en España tenemos una pobreza prácticamente cronificada”. 
 
Además, enunció datos para corroborar esta triste realidad: “Tenemos más de 565.000 hogares que carecen de ingresos y el 28% de la población está en riesgo de pobreza. Hay personas sin ningún tipo de prestación”.
 
La renta mínima, que contribuiría a disminuir esta diferencia de rentas y reducir la pobreza, no supondría un problema. “De verdad, está muy estudiado”, afirmó el director de la EAPM, quien subrayó que, aunque esto pueda ser novedoso en España, no lo es en Europa.
 
Susías también descubrió “un peligro” relacionado con la renta mínima, y es que esta, al igual de lo que sucediera con la Ley de Dependencia, “actúe como una aspiradora de todos los recursos sociales que encontrase a su alrededor. Siendo una ley –la de Dependencia- que es buena y positiva, ha tenido una manera de ejecución que ha afectado negativamente”.
 
La solución a este peligro que propone el presidente de la EAPN sería un sistema estatal, complementario y no sustitutivo de las acciones que realicen las comunidades autónomas. “Esto tiene que ver”, afirmó, “con algo que ha dicho el presidente del CERMI, y que comparto plenamente, y es que las políticas sociales son también de desarrollo económico. Son una inversión, no un gasto”.
 

Pagar la leche, no yates ni cuentas en Suiza

 
Con fina ironía y sentido del humor, Susías provocó las sonrisas de los asistentes cuando comentó que el destino de estas rentas mínimas es que esas familias paguen “la leche” de los niños, puesto que no se van a gastar ese dinero en un yate ni se lo van a llevar a Suiza”. “Es”, añadió, “potenciar el consumo, algo que nos beneficia a todos”.
Monedas de euro.
Tras finalizar la intervención del director de la EAPN, hubo un intercambio de impresiones ente este y el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna. En él, ambos coincidieron en la importancia de que esta renta mínima sea gestionada a través de la Seguridad Social.
 
“Si –la renta mínima– se convierte en una prestación a través de la Seguridad Social es un dato muy positivo, porque esta tiene músculo, buenos profesionales y es seria. Hay un argumento social” para instaurar este ingreso o renta mínima”, afirmó Cabra de Luna a este digital.
 

Retrato sombrío

 
El jefe del Servicio de Estudios y Prospectiva de Fundación ONCE, Javier Albor, impartió la ponencia “la pobreza y la exclusión social de las personas con discapacidad, un retrato sombrío”. En ella, pese a que en su título adelantó un panorama oscuro, reflejó “lo mucho que se ha avanzado hasta ahora en materia de discapacidad con respecto a hace 20 o 30 años”, y puso como ejemplo la normalización que muestra una película de éxito como ‘Campeones’ o el celebrar que, por fin, las personas con discapacidad intelectual pudieran votar en 2019.
 
Empero, a continuación, comenzó a mostrar el retrato sombrío que anunció, y puso como ejemplo el millón de personas que no pueden salir de sus casas o el retorno a “la España picaresca” con personas mendigando en la calle. Dentro de este retrato sombrío, Albor describió un triángulo cuyos vértices son la pobreza, la discapacidad y la exclusión social”. “En él”, añadió, “la pobreza genera exclusión social, y la exclusión social también acaba generando pobreza, y ese triángulo acaba transformándose en un círculo vicioso de pobreza crónica”.
 
El jefe del Servicio de Estudios y Prospectiva de Fundación ONCE también puso como ejemplo para instaurar un ingreso mínimo vital el hecho de que España esté “a la cola de los países en protección social por habitante –en torno a 6.000 euros–, muy por debajo” del resto de la Unión Europea, salvo Portugal.
 
Asimismo, expuso su preocupación a que “un debate sobre la renta mínima se superponga a otros u oculte otros debates con relación al propio Estado de Bienestar y los sistemas de protección social”.  Además, afirmó que “es una buena noticia que pueda estar dentro de la Seguridad Social”.
 

Compromisos de España

 
La Experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, remarcó los compromisos que España ha suscrito, a través de tratados internacional, de leyes de obligado cumplimiento en materia de derechos humanos. 
 
Peláez expuso una maléfica paradoja, puesto que mientras en algunos países de la UE hay personas que cobran rentas no contributivas superiores a 3.000 euros, en otros rondan escasamente 100 euros. Además, subrayó que para luchar contra la pobreza y garantizar la igualdad, los comités de las Naciones Unidas reclaman a la UE que aplique la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En este sentido, la directora del CERMI, Pilar Villarino, mostró su preocupación por el hecho de que los tratados internacionales de derechos humanos, pese a que son leyes de obligado cumplimiento, “se queden muchas veces en papel mojado”.
 
Uno de los sociólogos con mayor conocimiento de la discapacidad, Antonio Jiménez Lara, advirtió que “las prestaciones –existentes– no son suficientes”. Por ello, considera “deseable una renta mínima estatal que cubra las necesidades de la población con mayor nivel de pobreza va a beneficiar también a muchas personas con discapacidad, con independencia de que ya existan prestaciones dirigidas a ellas”.
La directora del CERMI, Pilar Villarino, y el sociólogo Antonio Jiménez Lara.
Jiménez Lara advirtió que “la regulación de la futura renta mínima estatal debe tener en cuenta que los hogares en los que hay personas con discapacidad necesitan unos niveles mayores para satisfacer las mismas necesidades que el resto de los hogares”.
 
El sociólogo señaló que, para que la renta mínima realmente sea equitativa cuando se aplique a personas con discapacidad, debe tener un umbral de ingresos más alto porque parte de ese importe lo van a tener que dedicar a unos sobrecostos ocasionados por una discapacidad, que detraen ese dinero de otras necesidades básicas.
 
Asimismo, el experto social y director de Fresno The Right Link, José Manuel Fresno, subrayó que “en el caso en que finalmente se ponga en marcha una renta mínima a nivel nacional, la vía sería establecer unos mínimos que sean complementados después por las comunidades autónomas en aquellos casos que quieran. No me imagino que algunas, como el País Vasco, vayan a reducir las rentas porque haya una renta estatal. De nuevo aquí podríamos jugar a dos niveles: uno, si hay una renta mínima estatal que tenga un diferencial para personas con discapacidad; y dos, si hay rentas en comunidades autónomas, que esa renta tenga un diferencial para las personas con discapacidad”.
 

Organizaciones de la discapacidad

 
En una jornada donde se debatía un asunto tan importante para las personas con discapacidad como la instauración de una renta mínima, no podían faltar organizaciones representativas de este colectivo. La secretaria general de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI y secretaria general de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Josefa Torres, moderó un intenso debate con representantes del sector de la discapacidad.
 
El vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, subrayó “que es totalmente necesario asegurar la igualdad de oportunidades” y propuso articular medidas diferenciales de discriminación positiva, en función de las necesidades concretas de las personas. Pérez argumentó esta petición al cuantifica el sobreesfuerzo económico al que se somete a una familia con una persona con discapacidad intelectual, en el torno de 24.000 euros, cifra que aumenta a 50.000 en personas con grandes necesidades de apoyo. 
 
“Para Salud Mental España”, explicó su directora, Celeste Mariner, “la falta de recursos económicos es un tema muy importante ya que puede causar la aparición de problemas de salud mental, como la depresión o la ansiedad, que pueden afectar gravemente el día a día de las personas, y además son causa de incapacidad laboral también, y tiene incidencia en las personas que se suicidan por este motivo. Con lo cual, todas las medidas son bienvenidas siempre que no sean un parche que desvíe la mirada al empleo precario ni tampoco al desempleo”.
 
El secretario de Organización de COCEMFE, Daniel Aníbal García, advirtió que “no tenemos que estar en contra de las rentas universales, pero sí en contra de la uniformidad y de que todos seamos iguales. No podemos caer en la tentación de pensar que con estos ingresos desaparezca el resto de las prestaciones y coberturas”. 
 
La responsable de derechos de la confederación ASPACE, Ángeles Blanco indicó que “tendremos que articular la renta mínima garantizando que quien más lo necesita, reciba más cantidad, y también políticas activas para la inclusión laboral de los hombres y las mujeres con parálisis cerebral. Y tienen que ser ambas posturas. De otro modo, no estaremos realmente hablando desde un enfoque social de derechos humanos”.
 
Por último, la responsable de derechos y buenas prácticas de la Confederación Autismo España, Raquel Valle, afirmó que “se ha de valorar a la persona con discapacidad y no a la unidad familiar de manera autónoma”, y asegurar “que se llegue a unos ingresos mínimos que permitan llevar una vida autónoma”.
 
Los representantes de la discapacidad organizada coincidieron en valorar la petición del CERMI de establecer una renta mínima universal como una herramienta prioritaria para combatir la exclusión y mejorar las condiciones de vida del colectivo, así como articular mecanismos para su correcta aplicación.
 

Reacciones

 
Las reacciones a la Jornada no se han hecho esperar, y ha tenido una gran repercusión. Por ejemplo, el Real Patronato sobre Discapacidad se ha pronunciado a través de sus redes sociales y en relación con el objetivo de la Jornada, instaurar una renta mínima, ha señalado que “hay un estado de necesidad claro y evidente”. 
 
La jornada ‘Renta mínima estatal y personas con discapacidad: un nuevo horizonte contra la exclusión social’ fue organizada por el CERMI Estatal, con la colaboración de Fundación ONCE y la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de los fondos de la ‘X Solidaria’ de la declaración de la renta.
 

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