Tras la pandemia, ¿en qué situación nos encontramos actualmente en materia de empleo y qué evolución espera para los próximos meses? 

 

Desde el pasado mes de mayo las estadísticas de paro registrado y demandas de empleo muestran una evolución muy positiva, con descensos muy significados en la serie histórica. Este comportamiento, acompañado de la evolución también positiva de otros indicadores, como la afiliación a la Seguridad Social o el PIB, es el resultado de una recuperación rápida fruto del retorno a la actividad en todos los sectores, intensificada por el impulso de la estacionalidad. En el conjunto de los meses de mayo, junio, julio y agosto el paro registrado ha disminuido en más de 576.000 personas, un ritmo sostenido nunca alcanzado anteriormente. Se ha situado en 3,33 millones de personas, un valor muy similar al inmediatamente anterior a la crisis.

 

Durante esta pandemia hemos visto continuos cambios de la situación sanitaria que han afectado directamente al mercado de trabajo y han tenido reflejo casi inmediato en las cifras del paro registrado y la contratación. Por lo tanto, la habitual cautela que requieren las proyecciones estadísticas debe ser todavía mayor en este contexto. El alto porcentaje de vacunación alcanzado es un parámetro muy significativo también en términos de recuperación económica. De mantenerse las condiciones sanitarias que la propician, es de esperar que en los próximos meses continuemos viendo su efecto positivo en la evolución de las cifras de paro registrado.

 

¿Cuántas personas se encuentran todavía situación de ERTE? Por otra parte, ¿estos tienen fecha de finalización o puede haber consenso para mantenerlos en el tiempo? 

 

El Ministerio de Trabajo y Economía social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha hecho de la protección de las personas y del empleo seña de identidad. La manera clara de enfrentar la crisis económica producida por la Covid-19 y sus efectos sobre el mercado de trabajo han sido los ERTE que han sido y están siendo la principal herramienta utilizada para lograrlo. Su vigencia se ha ido renovando y ampliando sucesivamente a través de acuerdos en el marco del Diálogo Social. Es en este marco en donde se está llevando a cabo la negociación para una nueva renovación y esperamos un nuevo acuerdo.

Desde el comienzo de la crisis y hasta el momento presente, el SEPE ha reconocido y pagado prestaciones por desempleo en concepto de ERTE a 4,2 millones de personas, por un importe de 15.300 millones de euros. Según los datos hechos públicos por la Seguridad Social, al finalizar el pasado mes de agosto se encontraban en situación de ERTE 272.190 personas.

 

¿Qué incidencia cree que pueden tener los fondos NextGenerationEU sobre el empleo de las personas con discapacidad?

 

Va a ser, sin duda, muy importante. Es necesario dar respuestas adaptadas a los colectivos que requieren atención más a medida. Por ello, la inversión C23.I4 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad incluye dos tipos de proyectos. Uno de ellos está dirigido a colectivos vulnerables, que seguirán itinerarios personalizados e individualizados en los que se integrarán diferentes acciones, como: acciones de asesoramiento y acompañamiento, programas de orientación, asistencia por parte de los equipos de búsqueda de empleo, becas de formación y para la conciliación, ayudas a la contratación laboral y seguimiento de las actuaciones.

 

España ha ratificado la Carta Social Europea Revisada y aceptado el sistema de reclamaciones colectivas. ¿Qué impacto puede tener esto en la protección del empleo de los grupos vulnerables?

 

Tendrá impacto en cuanto que mejorará la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la Carta Social Europea al establecer un procedimiento de reclamaciones colectivas que, entre otros aspectos, reforzará la participación de los empresarios y de las personas trabajadoras, así como las de las organizaciones no gubernamentales, de manera que puedan presentar reclamaciones al Secretario General del Consejo de Europa, respecto de las materias en las que se les haya reconocido especial competencia, en las que se denuncien los posibles casos de aplicación insatisfactoria de la Carta.

 

En julio se aprobó la ley de Trabajo a Distancia, que incluyó las enmiendas de la discapacidad para garantizar la accesibilidad de todas las personas al teletrabajo. ¿Qué valoración hace de la reciente implantación de esta ley?

 

La ley de Trabajo a Distancia incluye referencias a la discapacidad para que se evite cualquier discriminación, asegurando la igualdad de trato y la prestación de los apoyos necesarios, con la realización de los ajustes razonables que resulten procedentes. Además, prevé que los medios, equipos y herramientas sean universalmente accesibles para evitar cualquier exclusión en caso de discapacidad. Es una ley importante para dar respuesta al rapidísimo desarrollo del teletrabajo que se ha tenido que poner en marcha como consecuencia Covid-19. Es una norma imprescindible en el momento actual.

 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, coinciden, junto con el Cermi, en restaurar por legislación de urgencia la asimilación legal entre personas con discapacidad laboral permanente de Seguridad Social y personas con discapacidad del 33% a efectos de acceso al empleo. ¿Cuál es su opinión al respecto y en qué situación está esta importante reforma?

 

En el SEPE estamos centrados en las personas en todos nuestros servicios, al igual que los servicios públicos de empleo autonómicos con los que desarrollamos la política de empleo en el seno del Sistema Nacional de Empleo. Poder eliminar obstáculos es nuestra prioridad especialmente con aquellas personas de colectivos con mayores dificultades en la inserción laboral. Trabajamos para el acceso al trabajo decente para todas las personas, poniendo el foco en las distintas necesidades, de modo que las situaciones de partida se superen a través de nuestra actuación de servicio público. La modificación legal que mencionan es una importante propuesta que se ha realizado al Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030.

 

¿Qué impacto sobre el empleo ha tenido el real decreto de marco de incentivos al empleo de personas con capacidad intelectual límite?

 

En la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 11/2021, de 27 de mayo se reguló una bonificación por contratación indefinida de personas con capacidad intelectual límite. El objetivo de esta modificación normativa es favorecer el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, adaptándonos a la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo que se determina qué ha de entenderse por persona con capacidad intelectual límite a efectos laborales y las medidas concretas de acción positiva. La cuantía de la subvención por contratación a tiempo completo a trabajadores con capacidad intelectual límite se ha contemplado en 2.000 euros por contrato.

El Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite (CIL) recoge medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento. En concreto, subvención a la contratación indefinida, subvención al empleo con apoyo y contrato para la formación y el aprendizaje. También se prevé bonificar la contratación indefinida de personas CIL en normativa con rango de ley.

 

¿Cuándo se materializará el Libro Blanco del Empleo de Personas con Discapacidad o la nueva Ley de Inclusión laboral de las personas con discapacidad?

 

A finales de 2020, en el marco de los trabajos técnicos preparatorios de la nueva Estrategia Española de Apoyo para Activación para el Empleo, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, los agentes sociales y el SEPE compartimos un proceso de reflexión sobre objetivos y medidas que deberíamos implementar para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y mejorar la situación actual. Esperamos en próximos meses profundizar y plasmar este trabajo en un Libro Blanco del Empleo de las Personas con Discapacidad. Para ello deberemos contar con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la vez que mantendremos un diálogo estrecho con representantes del colectivo de personas con discapacidad.

 

Además de las anteriormente descritas, ¿cuáles son las principales novedades y líneas de trabajo que está impulsando el SEPE? ¿Y en materia de discapacidad?

 

El SEPE está inmerso en la modificación y mejora de la mayor parte del marco normativo en su ámbito de actuación, entre otras, una nueva Ley de Empleo, la modificación legal del nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, la racionalización y mejora de los incentivos a l contratación, la nueva ley de formación en el trabajo, la nueva ley de garantía juvenil. Por otra parte, en materia de discapacidad, algunas de las líneas que estamos impulsando ya se han señalado anteriormente, y, además, habrá modificaciones que favorezcan la contratación estable cuando entre en vigor el Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Este RD está en avanzado estado de tramitación, se prevé su próxima aprobación, y permitirá intensificar los medios destinados a la contratación indefinida sobre la temporal y la enfocada a las personas con grado de discapacidad más alto.