Literalmente, Jordi voló por los aires. Inconsciente, recuerda que escuchó el sonido de cristales rotos. Más tarde, averiguó que ese sonido lo hacía el coche del conductor, que estaba intentando huir con el amortiguador de su moto pegado al vehículo. ¿El resultado? Un 65% de incapacidad, valorada por la Seguridad Social. ¿Las consecuencias?: el Ayuntamiento de Figueras, de quien depende este cuerpo municipal, le «jubiló» de forma forzosa en 2009. O, mejor dicho: «Me echaron. Me dijeron: ‘’Ya no nos sirves para lo que te contratamos’’». Pidió la segunda actividad: charlas, cursos, atención a las víctimas...«Si tengo un 65% de incapacidad, significa que tengo un 35% de capacidad», dice. Y, a pesar de que las leyes le daban la razón, el Consistorio le cerró las puertas. Tras perder la batalla judicial, y apoyado por el CERMI, acudió a la ONU. Y la respuesta del organismo internacional es, sobre el papel, prometedora: la División de Tratados de Derechos Humanos acepta a trámite su demanda por discriminación y solicita a España toda la documentación sobre su caso.

 

El porcentaje que valora su discapacidad es sólo una cifra, incapaz de resumir los daños sufridos por Jordi. ¿Los físicos? Dolor impeditivo y limitación de movimientos dorsales, lumbares y cervicales, así como artrosis en el tobillo derecho; 35% de sordera en el oído derecho y del 50% en el izquierdo, debido a la ingesta de un medicamento, y pérdida de visión concéntrica leve en el ojo derecho y moderada en el izquierdo. Está obligado a usar silla de ruedas. «No puedo estar más de una hora sentado por el dolor. Los calmantes apenas me alivian», relata. ¿Los psíquicos? Trastorno ansioso depresivo, trastorno de la personalidad, alteraciones del carácter, ataques de angustia y pérdidas de memoria a corto plazo. «Mi cerebro no es capaz de guardar los conocimientos adquiridos durante el día. Sufrí un derrame cerebral, y las neuronas encargadas de esa labor están muertas», relata. Los recuerdos pertenecientes a los cinco años anteriores del accidente y los posteriores al mismo se le mezclan. «Por ejemplo, confundo fiestas de Navidad. Me he encontrado con amigos y se me olvida que se han separado... Han sabido perdonarme mis meteduras de pata». Ahora, Jordi, de 48 años, se pierde en su propia ciudad. Y puede conducir, pero con limitaciones: nunca más de una hora en coche, sumando ida, estancia y vuelta.

 

A esta dolorosa situación se suma una terrorífica casualidad. En 1982, otro conductor ebrio mató a su padre, quedándose todo en una multa. Se quedó huérfano con 14 años. Su hermano, el único con formación académica, se tuvo que hacer cargo del negocio familiar, pero sin dejar el servicio militar, entonces obligatorio: le tocaba hacer guardias de 24 horas los fines de semana. «Lo que más me molesta es el hecho de que, desde la sociedad, no hayamos apretado más a los políticos para que lo que ocurrió con mi padre no se repitiera conmigo», afirma.

 

Y es que, desde que se produjo el accidente, todo fueron portazos por parte de la Administración. Jordi alegó que se le debería haber aplicado la ley de policías locales de Cataluña, que le otorgaba el derecho a realizar una segunda actividad. En lugar de esa legislación, se le aplicó el Estatuto Básico del Empleado Público, que le obligaba a jubilarse al tener la incapacidad permanente. El entonces alcalde de Figueras y actual conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, se negó a recibirle. Aunque el Sindic de Greuges –el defensor del pueblo catalán– le dio la razón, el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional dieron la razón al Consistorio. Aunque parezca increíble, el Ayuntamiento de Figueras desarrolló en 2015 una ley por la que Jordi sí podría optar a esa segunda actividad, pero esta posibilidad se desvanece al carecer el texto de carácter retroactivo. Lo cierto es que su demanda ante la ONU es contra el Estado español. Es decir, que nuestro país es el que tendrá que dar explicaciones sobre esta discriminación. Pero Jordi es consciente de que, quien tiene que explicar su modo de actuar, es el Ayuntamiento de Figueras.

 

«Es una victoria amarga. Mi caso no tendría que haber pasado de la primera instancia. Ahora, no tengo la más mínima confianza en el sistema español. Te queda la ilusión de pensar: “¿se atreverán ahora a decirme que no?”. Porque entonces, nuestro país quedaría muy mal a nivel internacional.

 

Han pasado ocho años. El conductor que le atropelló fue condenado a cuatro meses y medio de cárcel, que no pisó, y le retiraron dos años y medio el carnet. «Estuvo conduciendo cinco años hasta que llegó el juicio», apunta Jordi. Pero todavía está pendiente el juicio civil, que se tiene que costear el propio perjudicado. «Si lo miro fríamente, creo que me han hecho más daño los políticos que el conductor que me atropelló», sentencia.