Opinión

En la buena dirección

Constitución y discapacidad

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

01/04/2013

“Todos pedimos que se aplique la ley y todos tratamos de eludir el cumplimiento de alguna”. Esta frase anónima es tan cotidiana como el respirar. El único problema es que las normas están para cumplirlas, es más, sin normas no hay prestaciones ni seguridad jurídica. Y una vez conformadas las normas, la sociedad civil tiene la obligación de presionar para que se cumplan. Y en momentos de dificultad, cuando las carencias son más evidentes, hay que promover su modificación o su adaptación a las nuevas circunstancias.

Se habla mucho del debate sobre la reforma de la Constitución. Se mencionan diferentes aspectos a modificar, desde que pueda reinar una mujer, hasta la reforma del Senado o todo el título dedicado a las autonomías para generar un Estado federal. Cualquier discusión es enriquecedora. También se comenta la oportunidad para poner en marcha este cambio. Está claro que el Gobierno no cree que sea el momento más oportuno y otros consideran que se puede sacar más partido al marco jurídico existente, infrautilizado. Más que reformas, hay que elaborar leyes que se cumplan y sean más efectivas.

En cualquier caso, una posible reforma de la Constitución debe tener presente la discapacidad. La actual Carta Magna representa una época, un paso adelante, pero el tiempo revela ciertas insuficiencias. El día a día así lo demuestra. No todas las personas con discapacidad pueden votar, el derecho más fundamental de cualquier ciudadano. La educación no es completamente integradora. El transporte, los edificios, las nuevas tecnologías no son plenamente accesibles...

Es cierto que España es un país avanzado en el tratamiento de la discapacidad, estamos en el “buen camino” para ampliar este sistema de protección y tanto la clase política como la sociedad tienen que buscar soluciones para hacer efectivas la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

El Gobierno se ha comprometido a elaborar una nueva Ley General de la Discapcidad, que deberá hacer efectivos sus derechos, con la base de la Convención de la ONU y el cumplimiento de un objetivo: las personas con discapacidad son los “titulares” de los derechos sociales y fundamentales y, por tanto, derechos exigibles. Y entre las adaptaciones legislativas hay que incluir algunos términos, como capacidad, autonomía personal o accesibilidad universal. Y con un objetivo de transversalidad que fomente medidas de protección o de discriminación positiva. Además de tener en cuenta un matiz: en España, la competencia directa en materia de discapacidad está atribuida a las comunidades autónomas.

En Europa, no ha habido gran interés por unificar el concepto de la discapacidad dentro de la UE, aunque en los últimos años tres destacados países (Alemania, Austria y Finlandia) han incluido menciones concretas a la discapacidad con disposiciones  constitucionales recientes.

Estos logros sociales deben promocionarse en España a través de un consenso social que persiga la igualdad. En materia de derechos humanos, todos somos iguales. Falta más solidaridad y cumplir las normas que ya existen. Eso ya sería un gran paso.