Los datos de dicho estudio fueron presentados por la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, quien estuvo acompañada por la coordinadora de la organización, Isabel Caballero, y por el delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la discapacidad, Jesús Martín. Tal y como explicó la primera de ellos, “en España existen 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad y este informe hace una revisión jurídica conforme a los tratados de Derechos Humanos que han sido ratificados en nuestro país y que suponen, por tanto, una obligación para el Estado, pero que siguen sin cumplirse”.

 

“Se trata de un análisis cualitativo, porque, a día de hoy, no tenemos datos registrados que contabilicen esta situación y lo que hemos podido realizar con ello es este informe de carácter jurídico y conceptual”, aclaró Ana Peláez. En esta línea, Jesús Martín añadió que “informes como este deben servir para comenzar a registrar estos datos para que, de su análisis, puedan elaborarse políticas públicas inclusivas, pues las mujeres y niñas con discapacidad quieren y tienen que poder aportar riqueza al progreso de este país”.

 

 

En esta línea, desde la FCM recomiendan al Estado en este primer informe la aprobación de una ley general de igualdad y no discriminación e introducir el paradigma de la interseccionalidad en los planes especiales y estratégicos y políticas públicas dirigido a este colectivo, que representa al 20 por ciento de la población femenina española. Este informe, entre otros tratados, toma en consideración el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2014, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad.

 

“Al no existir indicadores, para elaborar este informe se analizó el cumplimiento de tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU: el número cinco, la igualdad de género; el tres, salud y bienestar; y el 10, la reducción de las desigualdades”; concretó la vicepresidenta de la FCM, quien comentó las conclusiones obtenidas en materia de derecho a la igualdad y no discriminación, derecho sexual y reproductivo y observaciones finales.

 

“La primera de ellas es la ausencia de un marco conceptual en cuanto a discriminación múltiple y la infravaloración de este colectivo de mujeres y niñas a la hora de diseñar políticas públicas que podrían velar por su igualdad”, apuntó Peláez. Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, “hay una cobertura insuficiente para este colectivo de mujeres y tampoco existe un mecanismo de denuncia para ellas. Además, aún existe la prevalencia terrible de la práctica de la esterilización en España no consentida, pero no hay datos numéricos, sino testimonios de las mujeres afectadas”, denunció.

 

 

“La necesidad de hacer una recopilación estadística con datos adecuados, hacer consultas a las mujeres y niñas sobre sus derechos reproductivos, implementar mecanismos de denuncia para ellas, así como no infrarrepresentar a este colectivo de mujeres en las políticas de género ni en el marco jurídico español”, fueron las conclusiones finales extraídas del estudio y apuntadas por la vicepresidenta de la Fundación dedicada a la mujeres de los representantes de personas con discapacidad.

 

“CERMI viene trabajando desde hace algunos años en este informe de Derechos Humanos que vemos como una oportunidad única”, comentó Isabel Caballero. Por su parte, Martín señaló que “el estudio pone de relieve cuestiones que ya sabíamos, pero que han salido a la luz, lo que demuestra que, una vez más, la sociedad civil se sitúa a la vanguardia para dar a conocer la realidad”.

 

En opinión del delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de Discapacidad, “las leyes son las que fortalecen un Estado de Derecho y nuestro marco normativo es débil para proteger estos derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. Del tratado internacional de los Derechos Humanos, al que se tiene que adaptar nuestro marco normativo, solo 20 leyes orgánicas lo han hecho”.

 

 

Los representantes de CERMI encargados de analizar los resultados del informe dieron ejemplos concretos con respecto a las formas de discriminación a mujeres y niñas con discapacidad, tanto con respecto al derecho a la igualdad, como al derecho sexual y reproductivo. Una de las realidades denunciadas fue “la esterilización sin consentimiento o el sometimiento a tratamientos hormonales para suprimir la menstruación en este colectivo de mujeres”, confirmó Peláez y advirtió de la preocupación con respecto a este dato, pues “estas mujeres con ausencia de riesgo de embarazo están muy expuestas al abuso sexual”.

 

Otros testimonios que desvelaron fueron el rechazo, por parte de centros educativos de Enseñanza Secundaria, hacia niñas y adolescentes con discapacidad al alegar que “no pueden aportar medidas de apoyo en higiene sexual cuando las alumnas están en periodo de menstruación, proponiendo a los padres cambiarlas a otros centros de educación especial, pero no inclusiva”, subrayó la vicepresidenta de la FCM, entre otros aspectos que denotan discriminación hacia el colectivo. En palabras de Martín, en esta línea “celebramos este Día Mundial de la Discapacidad todavía con muchos déficits en materia de inclusión”.

 

Tras la presentación de este informe sobre mujeres con discapacidad, miembros de CERMI mantuvieron una reunión, en el Palacio de La Moncloa, con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, y con la titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo, María Luisa Carcedo, con quienes repasaron las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

(Información publicada por 'Acta sanitaria')