En relación con los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, según la Fundación CERMI Mujeres existe una práctica de abordaje urgente debido a sus “graves e irreparables consecuencias”: las esterilizaciones forzosas.

 

Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, conocimiento o autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales: los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal.

 

El Convenio de Estambul prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como “inaceptable y con consecuencias de por vida” además de una “violación generalizada de los derechos humanos”.

 

Sin su consentimiento o por la fuerza, se trata de una violación de los derechos humanos. Sin embargo, en el Estado español se realizan un centenar de esterilizaciones forzosas al año: solo en 2016 se practicaron 140 procedimientos de este tipo a personas con problemas de salud mental o con discapacidad intelectual, casi en su totalidad, mujeres.

 

Tanto las esterilizaciones forzosas como los abortos coercitivos se basan en la creencia de la irresponsabilidad y de la incapacidad de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual de ser madres, por lo que de forma “preventiva” se les esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su embarazo.

 

“Se dice que las esterilizaciones forzosas o los abortos coercitivos se realizan por el bien de las propias mujeres, cuando la realidad es que suponen una vulneración de los derechos humanos”, explica el presidente de Salud Mental España, Nel A. González Zapico. Según él, “desde la Confederación defendemos lo estipulado por el Convenio de Estambul y la ONU. Todas las mujeres, y por supuesto aquellas que tienen algún problema de salud mental, deben poder ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin que nadie lo haga por ellas”, añade.

 

 

Según CERMI Mujeres, de 2005 a 2015 se resolvieron en los juzgados un total de 1017 expedientes de procedimientos relacionados con la esterilización. Un centenar cada año. Sin embargo, pueden ser muchos más: la falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impide conocer en detalle la situación de esta problemática en nuestro país, ya que no se especifica cuál es la resolución final de cada procedimiento, ni se desagregan los datos por sexo o edad.

 

En España, estas vulneraciones de derechos son legales según el artículo 156 del Código Penal y se pueden producir tras una incapacitación judicial:

 

“No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil” (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

 

Para las afectadas, según sus propios testimonios, las esterilizaciones forzosas son “un atentado contra su propia integridad personal como mujeres” y muchas, al verse sometidas a estos procedimientos no consentidos, “sienten que le han robado su identidad femenina”, relata para la Revista Encuentro Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres.

 

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008 en nuestro país, “los Estados Parte tomarán medidas efectivas a fin de asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”.

 

Fuente: Con salud mental