Este mes se comenzarán a recoger las 500.000 firmas necesarias para presentar la ILP, con la que se pretende debatir en el Congreso la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia e impedir que se aplique el copago aprobado por el Gobierno.

 

Para IUC, “el Gobierno del PP ha procedido a una voladura sistemática de una Ley y de un sistema que fue aprobado de manera unánime y concitó muchas esperanzas en sus inicios, pero que nunca llegó a implantarse en todas las comunidades por falta de voluntad política, lo que está obligando a la movilización de las personas con discapacidad y sus organizaciones”.

 

En el caso de Canarias, señala IUC, la situación es “aún más lamentable”, ya que el Gobierno autónomo ha suspendido “continuamente” en la aplicación de la Ley con nota de “muy deficiente”, según el XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

 

IUC recuerda que en Tenerife, según datos de la Plataforma Tenerife Discapacidad, el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) contaba en 2004 con 154 millones de euros para esa área, mientras que en 2014 se destinaron 117,4 millones para toda la dependencia (discapacidad y mayores), lo que supone un recorte de 37 millones con respecto a la época en que no se había promulgado la ley.

 

El partido critica que, además de esta “falta de voluntad” del Ejecutivo regional para desarrollar este derecho social, las asociaciones deben aguantar “continuos engaños”. “El último ha sido el incumplimiento de la promesa de que el copago del Gobierno central no se iba a realizar hasta 2016, algo que ya ha descartado la consejera Inés Rojas, con lo que el copago puede ser aplicado en cualquier momento”, advierten.

 

Finalmente, IUC reitera su “total apoyo” a la recogida de las firmas necesarias para llevar al Congreso la ILP y a todas las movilizaciones que sean planteadas por los colectivos afectados para evitar la implantación del copago en el ámbito de la dependencia.