Joan Planells comenzó a trabajar en Asprona hace 39 años, de manera inesperada y, al principio, algo confusa. “Me preguntaba qué hacía yo allí”, asegura recordando esos comienzos. Así pasó los primeros días, extrañado, intentando entender el sentido de su decisión. Llevaba apenas un año en España después de estudiar Sociología en Bélgica, donde recibió la más alta distinción del Instituto de Trabajo de la Universidad Libre de Bruselas. Tras su decisión de volver a su país, a pesar de las ofertas belgas, había probado con algunos empleos precarios, “haciendo mil cosas”, pero fue un año difícil.

 

Sin embargo, en poco tiempo quedó atrapado en la dirección de Asprona y “al final me metí de lleno y aquello fue como una droga, una drogadicción”. La realidad es que entonces el movimiento de la discapacidad no funcionaba correctamente pero recuerda un hecho fundamental en aquellos años, una actuación que marcaría las pautas de futuro: “El presidente de Feaps Confederación había hecho un acto público en el cual quemaba una hucha para decir que ese no era el camino de la discapacidad, el camino eran los derechos y la Administración era la que tenía que hacer las cosas”. Lo que le dijo ese hombre al Estado es que “nosotros no teníamos que hacer cenas benéficas para pagar unos servicios que eran obligación de la Administración”. 

 

¿Qué hace un sociólogo dirigiendo una asociación de personas con discapacidad intelectual? Entonces Joan no lo tenía muy claro, pero ahora asegura que sus estudios le han servido bastante para entender el movimiento asociativo y recuerda que en el año 58, cuando se creó Asprona, estaban prohibidas las asociaciones. “La Ley de orden público no reconocía el derecho de reunión de más de ocho personas, de hecho cuando fueron al Gobierno a pedir permiso para crear la asociación, el Gobernador civil mandó por la noche a la guardia civil a visitar a cada uno de los que habían ido para saber qué querían hacer con esa asociación y advertir de que si se trataba de un tema político deberían tener mucho cuidado”.

 

 

Joan reconoce que ha trabajado mucho, ha luchado casi de manera ininterrumpida, porque había mucho que hacer, “había que mejorar la situación de entonces”. Y una forma de avanzar era con la fuerza de las alianzas, de la unión. En 1988, por encargo también de la confederación, crearon la federación de la Comunidad Valenciana, donde Planells asumió la secretaría de la junta rectora hasta 2005. 

 

Y en 1996 protagonizaba un nuevo impulso al contribuir a la creación del CERMI Comunidad Valenciana. “Crear federaciones y crear el CERMI no ha sido nunca una tarea fácil porque el sistema de captación de fondos, que ha sido siempre el punto débil de todas las asociaciones, aunque ahora han inventado algo peor que es la concurrencia competitiva, hacía que por salvar tu institución veías casi a las demás como competidoras, pero era un contrasentido porque pedíamos a la sociedad colaboración y solidaridad y a lo mejor entre nosotros había desconfianza o insolidaridad”. 

 

 

Ha habido momentos victoriosos en esta vida tan activa, pero para llegar a ellos a menudo ha sido necesario conocer historias y realidades incomprensibles, por injustas y discriminatorias. Así ocurrió cuando tuvo que enfrentarse con el problema de las personas con discapacidad intelectual en las cárceles. “En España, el Código Penal de entonces era algo surrealista porque cuando hablaba de la discapacidad intelectual decía que las personas incapacitadas eran inimputables, pero que se les aplicaría una medida de seguridad hasta su curación, y esa medida de seguridad era una condena a perpetuidad puesto que no existía eso que llamaban curación”. 

 

Y relata cómo entonces encontraron a muchas personas que por pequeños delitos llevaban un montón de años en la cárcel sin juicio, porque la discapacidad no se le curaba… “Junto con representantes del Real Patronato nos dirigimos al poder judicial para revisar algo evidente”, algo que Planells califica, sin paliativos, de brutal. “Y logramos que el código penal del 94, que entró en vigor en 1995, ya recogiera que la medida de seguridad no podía ser superior a una hipotética condena. Al entrar en vigor, hubo que sacar de las cárceles a centenares de personas que se encontraban en esa situación”.

 

Años después, ha habido que luchar para que no hubiera una vuelta atrás porque con la condena revisable, se puso de nuevo en peligro la situación de las personas con discapacidad. “Pero tuvimos los enfrentamientos y las negociaciones oportunas para que no ocurriera de nuevo”, recuerda. Y se pregunta, para sí: “Cómo era posible que España, con casi 18 años de transición, todavía estuviera a esos niveles legales”.

 

 

“Las cosas no han venido fáciles”, asegura el expresidente del CERMI CV. “Con el CERMI, mi primer mandato fue muy duro y el segundo tampoco fue suave porque tuvimos que lidiar con la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana que, digámoslo así, fue de las peores”. 

 

Fueron muchos meses, años, de conflictos: “Tuvimos una lucha sin cuartel, manifestaciones en la calle, fue duro de verdad y aunque logramos ser interlocutores, la interlocución nunca avanzó y en 2013 nos encontramos un decreto de copago y tiramos por el camino de en medio porque el decreto tenía 8 irregularidades legales y nos atrevimos a denunciar a la Generalitat”. 

 

Esta decisión fue muy mal vista por muchas personas, lo consideraban un atrevimiento, incluso “alguna consellera me preguntó si éramos amigos o enemigos, le contesté que nosotros éramos defensores de las personas con discapacidad”. Habían intentado dialogar para que se derogara el decreto pero no fue posible y decidieron seguir adelante: “Y nos encontramos con una sentencia ejemplar el 30 de septiembre de 2014 que reconocía que había cuatro o cinco causas de nulidad; nosotros habíamos detectado 8 irregulares pero solo cuatro eran de nulidad y la sentencia fue tan ejemplar que el juez ponente dedicó dos folios a decirle a la Generalitat cómo se hacía legalmente un decreto”. 

 

Al mismo tiempo, en algunos sectores de la discapacidad se observaban estas negociaciones y denuncias con cierto temor, ya que consideraban que podría haber represalias, “y eso ocurre porque el sistema de subvenciones todavía deja mucho que desear y la arbitrariedad del gobernante es importante por muchos decretos que saquen y siempre te advertían para que tuvieras cuidado”. Y recuerda, de nuevo, otra lucha contra la autoridad incompetente: “Llevé a juicio una minoración de una subvención y algunos me preguntaron que cómo me atrevía, sin embargo cuando lo ganamos y lo publicó el CERMI, mucha gente nos llamó para pedir la sentencia, para saber cómo se puede ir contra la Administración por vía judicial, era tal el pánico que tenían…”. Reconoce, sin embargo que las cosas han cambiado y en eso se ha avanzado mucho. Al fin y al cabo, asevera, “al Gobierno hay que exigirle seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones”. 

 

El CERMI y sus federaciones han logrado muchas cosas, asegura Planells. “En primer lugar han hecho creer en la solidaridad entre las asociaciones y les han hecho ver que juntos podemos más, que para ser legítimos ante la sociedad, hemos de dar ejemplo entre nosotros”. Durante su presidencia en el CERMI CV transmitía a sus entidades la idea de que el CERMI no estaba para anular a las federaciones sino para reforzarlas, “reforzarlas en la lucha y en los derechos, y es verdad que las federaciones, con el paso del tiempo, lo han comprendido muy bien y hoy todas ellas, en Valencia, tienen muy claro que los problemas son similares para todos y que juntos tenemos que lograr, de los gobiernos y sus interlocutores, el respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.