Las imágenes de la llegada de miles de personas refugiadas a las costas griegas huyendo de la guerra de Siria generaron una conmoción mundial en octubre de 2015.  Una media de tres mil personas arribaban exhaustas cada día a las islas del Egeo oriental.  A partir de ahí comenzaron a sucederse los terribles relatos acerca de las condiciones en las que llegaban las personas refugiadas, los manejos de las mafias que trafican con su desesperación y la falta de previsión de Grecia y del conjunto de la Unión Europea para dar respuesta a una situación de emergencia de dimensiones desconocidas hasta entonces.

 

En Lesbos, los enclaves de Moria y Kara Tepe, se convirtieron en improvisados campos de recepción de personas refugiadas en condiciones que distaban mucho de ser las más apropiadas. La dureza de los dos últimos inviernos en la zona provocó que en enero de 2017 tres refugiados, un pakistaní, un afgano y un sirio, murieran de frío.  

 

La intervención de ACNUR y de organizaciones no gubernamentales ayudaron a paliar en parte las necesidades que ni la administración griega ni la Unión Europea conseguían cubrir. Ante esta situación y como respuesta a la “crisis migratoria” los 28 países de la Unión Europea y Turquía adoptaron un acuerdo en marzo de 2016 en virtud del cual las personas que lleguen de manera ilegal a Europa serán internadas en centros cerrados. De esta manera Moria, que hasta entonces había sido un centro de recepción e identificación en el largo periplo hacia la reubicación en algún país del continente (fundamentalmente Alemania), se ha convertido en un centro de detención, donde permanecen aquellas personas que serán deportadas a Turquía.  

 

Solamente las personas consideradas “vulnerables” tienen a partir del 20 de marzo, fecha de la entrada en vigor de este acuerdo, la posibilidad de evitar la deportación. Bajo el epígrafe de “vulnerables” se incluyen a las familias monoparentales, sobre todo mujeres solas con sus hijos e hijas, familias con algún miembro con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, mujeres víctimas de violencia y agresiones sexuales  y menores no acompañados. 

 

En la actualidad las solicitudes de asilo están siendo ventiladas a través de un procedimiento de urgencia en el que cada vez hay menos garantías y es más difícil su reconocimiento, según la opinión de muchas organizaciones especializadas. El hecho de que la Unión Europea considere a Turquía como “tercer país seguro” significa que las personas que huyen de la guerra de Siria, por ejemplo, no puedan obtener protección en Europa, ya que Turquía aparece ahora como un país que ofrece todas las garantías exigibles en estos casos. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la calificación de “país seguro” no puede realizarse de manera genérica para todas las personas, ya que puede haber situaciones en las que determinado país sea seguro para una persona e inseguro para otra, dependiendo del caso concreto. Muchas organizaciones de derechos humanos, como el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional, consideran que el Acuerdo UE-Turquía vulnera flagrantemente la normativa europea e internacional en materia de derechos humanos.

 

Esta nueva política para regular los flujos de personas refugiadas ha surtido sus efectos. Las autoridades locales de Lesbos, el Estado griego y la propia Unión Europea están satisfechos por la disminución drástica de refugiados en las costas europeas. Se considera, asimismo, un gran éxito que las redes que trafican con seres humanos estén paulatinamente desapareciendo, extremo éste que ha sido enérgicamente desmentido por las organizaciones de ayuda que operan en el terreno. En última instancia lo único que se ha conseguido con este acuerdo ha sido desviar hacia otras zonas, aún más inseguras y mortales, las rutas de paso de personas refugiadas hacia Europa. 

 

En la actualidad se estima que Grecia acoge entre 45.000 y 60.000 personas refugiadas en su territorio. Las que se encuentran en Turquía, alrededor de tres millones y medio, no ven salida a su situación. Los estados de la Unión no cumplen con sus compromisos de acogida (de hecho, España se comprometió a acoger a 17.337 personas refugiadas antes del mes de septiembre de 2017 y a fecha de hoy el porcentaje no llega al 10%). Tampoco se han puesto en marcha vías seguras de tránsito.    

 

En este mes de junio se espera que comience el periodo transitorio en el que las organizaciones humanitarias internacionales se retiren de la zona, para que sea la Administración griega la que se encargue de prestar los servicios y cubrir las necesidades de las personas presentes en su territorio. Preocupa especialmente la situación de las y los menores no acompañados, niños, niñas y adolescentes que se encuentra en territorio europeo sin sus progenitores. Las organizaciones encargadas de gestionar los centros en los que viven estos/as menores de edad no están muy seguras de que dicha transición se realice de manera adecuada ni que vayan a dedicarse los recursos necesarios para continuar ofreciendo una protección y acogida como hasta ahora. La crisis económica y financiera que sigue soportando Grecia hace dudar de su capacidad de reacción ante este nuevo panorama, aun cuando la unión Europea haya destinado un presupuesto más que jugoso para tal fin.

 

 

Ante este panorama el CERMI ha expresado su profunda preocupación por la situación que sufren miles de personas, adultas y menores de edad, que tienen discapacidad y que huyen de la guerra y de la persecución en sus países. Ciertamente, las personas con discapacidad son consideradas “población vulnerable” en el marco del acuerdo UE-Turquía. Esto significa que su deportación a Turquía es más complicada. Aun así, las personas responsables de la gestión del campo de PIKPA, donde se concentran el mayor número de esta población “vulnerable” en la isla de Lesbos, señala que el hecho de que en una familia haya alguna persona con discapacidad hace, en ocasiones, más difícil su reunificación o reubicación. De hecho, se han dado casos en los que el procedimiento de reunificación familiar se ha dilatado más de un año. Los países europeos ponen trabas a la recepción de población considerada “poco productiva”.

 

Llama la atención que el campo que alberga a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad en Lesbos sea el único  que se encuentra financiado a través de donaciones y su personal sea totalmente voluntario. Construido en una antigua colonia de vacaciones para las y los niños de Lesbos, PIKPA será próximamente clausurado por las autoridades municipales de la isla, cuya intención es concentrar a la población refugiada en los campos de Moria y  Kara Tepe. El campo de PIKPA es el único que cuenta con atención médica las 24 horas del día. Las noticias que llegaban de Moria, por ejemplo, señalan que los servicios médicos, prestados por Médicos del Mundo, pasarán en breve a manos de Cruz Roja para, en un corto periodo de tiempo, ser asumidos por el Ministerio de Sanidad griego.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2,3 y 3,3 millones de las personas desplazadas viven con discapacidad. De esta población al menos un tercio son niñas y niños. A pesar de su número sigue siendo una población totalmente invisible. ACNUR afirma que existen protocolos de atención y asistencia para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a abandonar sus países a causa de la guerra y las persecuciones, pero, en la práctica, son enormes los déficits que continúan produciéndose a la hora de aplicar dichos protocolos. La falta de formación de las y los trabajadores humanitarios y en general de todos los agentes que operan en las zonas donde se concentran personas desplazadas exige poner en marcha iniciativas de capacitación, así como la adopción de medidas de coordinación en la atención. En ocasiones la mera valoración de una discapacidad, cuando ésta no es visible, se complica en extremo si quienes están a cargo de realizarla no son personas expertas en la materia.

 

Es imprescindible que los mandatos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sean incluidos en los Planes de operaciones de todas las organizaciones que intervienen en estas situaciones de desplazamientos forzados de personas.