La mesa de debate, organizada por el CERMI en la convocatoria ‘Hablamos de Europa’, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, comienza con una reclamación que se mantendrá a lo largo del encuentro y cerrará incluso las intervenciones y es que la primera necesidad frente a la pobreza energética es definir este término y los factores que lo condicionan. “Hay que seguir trabajando en la identificación de índices o indicadores que midan la pobreza energética y así cada Estado miembro pueda establecer una regulación específica para controlarla, porque hay mucha información pero no estamos utilizando parámetros concretos para medir e identificar sobre todo a los colectivos con vulnerabilidad”, afirma Carmen Redondo, responsable del Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP).

 

Destacan los participantes que en nuestro país ni siquiera contamos con una definición, “estamos pendientes de esa definición desde el año 2013”, asegura Luis Alonso, gerente del CERMI y moderador de la mesa. De hecho se habla ahora más de vulnerabilidad que de pobreza, como explica Carmen Redondo: “hay que establecer unos parámetros y unos indicadores que permitan identificar mejor la vulnerabilidad del consumidor y en el primer documento que se elaboró con los factores que influyen en la condición de vulnerabilidad se hablaba de factores que afectan al mercado y circunstancias individuales y ahí estaba el tema de salud y discapacidad, de hogares con bajos ingresos, de acceso a las nuevas tecnologías…”.

 

“Hay que incluir necesariamente en las estadísticas la variable de discapacidad y género”, apostilla Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI y secretaria del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, y continúa: “No estamos en las estadísticas, no estamos en los números, estamos invisibilizadas, hay que reivindicar en el ámbito internacional que se considere de forma especial la situación de las mujeres con discapacidad y fomentar que desde las organizaciones de consumidores se puedan realizar estudios específicos sobre esta población y aumentar así la participación en los grupos de trabajo”.

 

En Europa ya están tomando nota sobre este asunto, aunque quizás no con el énfasis necesario o deseado. Paloma López Bermejo, eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo, comienza su intervención asegurando que en la Estrategia marco para la Unión Energética hay muchos elementos colaterales pero hay algunos que son determinantes, como es el papel de los consumidores, “que está recogido de forma significativa”, asegura, y continúa: “Nos parece muy importante la protección de los consumidores vulnerables”, y explica que el término vulnerable es el que se acuña en Europa a la hora de hablar de estos colectivos. Y concluye su primera intervención asegurando: “En esa estrategia marco es donde se establece muy claramente un apartado, que es la protección de los consumidores vulnerables, donde se determina cómo la pobreza energética influye en las condiciones de vida y de salud, y apunta algunas medidas para compensar esta situación, o la combinación de diferentes medidas, como las tarifas de solidaridad (aquí sería bono social) o avanzar en descuentos de la factura energética”. 

 

 

En nuestro país sobre todo, debido a la crisis, hay un mayor número de consumidores en situación de pobreza energética y así lo entienden todos los participantes de la mesa, de ahí que Carmen Redondo realice una petición firme: “Pedimos una revisión a las instituciones europeos sobre lo que se está llevando a cabo en los Estados miembro y ver qué medidas se pueden establecer en nuestro país para proteger a esos colectivos vulnerables, es importante seguir manteniendo una tarifa social para un colectivo de consumidores vulnerables, incluidas las personas con discapacidad que se aproximen a esa situación, pero el bono social que tenemos en España es insuficiente, además debería aplicarse a otras fuentes de energía, no solo al sector de la electricidad”.

 

La representante europea, por su parte, ofrece una serie de datos que aclaran más la cuestión, y es que la Unión Europea está importando el 53% de la energía que consume, por lo tanto tenemos un alto grado de dependencia y en el caso de España se trata de una isla energética, carece de interconexiones y tiene mayores dificultades. Ahí hay mucho trabajo que hacer y hay que concretarlo, explica.

 

Además, asegura que en Europa también tenemos un 75% de viviendas ineficientes energéticamente y los gobiernos tendrían que establecer un tipo de ayudas y priorizar los colectivos que las necesitan para adaptar los hogares y que tengan mayor eficiencia. Ésta sería, a su juicio, una medida de peso y decisiva para la protección de esos colectivos vulnerables y una apuesta por la sostenibilidad. 

 

En Europa sí pueden hacer muchas cosas, pero también depende de la actuación de los propios países, “desde Europa se pueden hacer muchas cosas, tiene una parte positiva, el problema es que cuando Europa saca una norma los países son los que tardan en aplicar esa norma y las de carácter social se suelen quedar aplazadas o se aplican mal”. En el caso de España, afirma Paloma López, “es el gobierno que menos directivas adopta y el que peor las adopta; hemos adoptado el 60% de las directivas y además se han hecho trasposiciones que no son precisamente en su sentido más positivo”, afirma Paloma López.

 

Incorporando de nuevo el papel de los consumidores, Carmen Redondo asegura que “una de nuestras reclamaciones prioritarias es que se modifique la política energética no solo por el incremento de los precios sino también porque esa liberalización del mercado establecía unas mejoras para los consumidores pero no se están aplicando, no hay tarifas específicas y la tarifa social, que solo está en el sector eléctrico, es insuficiente y debería aplicarse en otras fuentes de energía, como el gas o el butano”. 

 

Además, insiste en la necesidad de “identificar el colectivo de consumidores vulnerables y tener en cuenta que esta situación es cambiante”. Así como la importancia de facilitar el acceso a las energías y el conocimiento y manejo de las mismas: “Muchos consumidores no conocen la tarifa que tienen, no saben implicarse en el mercado, no conocen el bono social o muchas ayudas que pueden existir a nivel local o regional y que el consumidor vulnerable no conoce, de ahí que sea fundamental establecer una política general de medidas de apoyo a estos colectivos”.

 

Finalmente, denuncia el papel de algunas empresas: “hemos denunciado las prácticas abusivas por parte de compañías eléctricas y se lo hemos hecho llegar a la Comisión, son campañas agresivas para captar clientes y se centran en consumidores vulnerables, como colectivos de personas mayores; es importantísimo sancionar estas prácticas”.

 

 

La representante europea recoge ese testigo y asegura que llamará la atención sobre esos abusos en la próxima ocasión que tenga con una pregunta parlamentaria. No soluciona el problema, pero según afirma: “esto pone a la comisión en alerta de que esto es un foco de interés por lo menos para un grupo parlamentario”.

 

Y en defensa de la política europea asegura tajante: “es verdad que en Europa las cosas van lentas pero Europa es la suma de unos países y todo iría más rápido si los países tienen vocación en que esto se acelere y se adopten las medidas con mayor prontitud”. 

 

Y es entonces cuando la representante de CERMI Mujeres reclama una Europa más social: “Desde el CERMI y desde todo el sector social en general venimos reclamando a la UE que cada vez tenemos una Europa menos social y habría que tener presente esta necesidad de una Europa más social también en el ámbito de la energía, no solo desde las organizaciones sociales sino hacer ver a otros actores muy importantes, como Industria, esa perspectiva social que tiene que impregnar toda la labor de la UE y no verlo solo en términos económicos; hay que enfocar esa estrategia teniendo en cuenta lo social y haría una Europa más solidaria, humana, habitable y defensora de derechos”. 

 

La representante europea confirma esa tendencia afirmando que “es verdad, caminamos cada vez más en esa dirección hacia una Europa menos social”. Y lo respalda con ejemplo reciente: “En el informe de energías renovables que aprobamos en julio hicimos una mención específica a las situaciones de pobreza energética en su conjunto. He de decir con gran tristeza y preocupación que la enmienda que hicimos y propusimos al texto no fue aceptada, lamentablemente nos la tumbaron”. De ahí que afirme de nuevo: “Hay una Europa lamentablemente muy preocupada por los aspectos financieros pero cada vez más alejada de la problemática social de las personas. En los próximos meses tenemos un debate muy intenso, acerca de ese pilar social de la UE y sería un buen momento para introducir colectivos específicos como el de las personas con discapacidad para adoptar medidas. La UE en esto no es homogénea, hay grandes dificultades al hablar de armonización. Alguna vez tenemos que hablar de que hay que modificar esta UE, hay que modificar los elementos de toma de decisiones y cómo actuamos en ellos. Mientras que esa toma de decisiones dependa de la unanimidad de los países, es muy complicado que podamos avanzar en diferentes materias. Poner de acuerdo a 28 países en una norma es realmente complicado. Quien toma las decisiones en Europa son los países”.  

 

 

La relación entre discapacidad y pobreza energética apenas queda registrada en normas o iniciativas de protección al consumidor. Pilar Villarino interviene en la mesa realizando por ello una serie de puntualizaciones: “Es necesario incluir a las personas con discapacidad en el grupo de consumidores en situación de vulnerabilidad y hay que hacer un frente común e incidencia política como tercer sector en general, al que afectan estas cuestiones”.

 

Y a continuación enumera las especificidades de la discapacidad como colectivo vulnerable en el consumo se energía: “El sobrecoste económico que supone la discapacidad, que es la razón por la que hay mayor pobreza; la accesibilidad, los grandes problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad que les obliga en muchísimos casos a permanecer en sus casas y necesitan por ello mayor consumo de energía; la autonomía personal y todas las ayudas y apoyos técnicos que requieren las personas con discapacidad para lograrla, para los cuales a menudo necesitan ese uso de energía; y respecto a la perspectiva de género, inevitable y lamentablemente la pobreza tiene rostro de mujer y cualquier cuestión que afecta a la pobreza, afecta directamente a las mujeres y por tanto a las mujeres con discapacidad, hablamos además de mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad cuando se trata del ámbito rural o de edad, mujeres mayores o mujeres en los países en vías de desarrollo, donde se acrecienta mucho más. En general, en muchos casos, el menor desarrollo educativo y por tanto menor acceso al empleo y por otro lado la situación de personas cuidadoras en su familia hace que las mujeres vivan más tiempo en el hogar y por tanto necesitan más energía. Hay también estudios claros que señalan que la salud de las mujeres se ve más afectada en los casos de pobreza energética y en el caso de la discapacidad, ligadas a la autonomía personal y hay, finalmente, situaciones de riesgo casos de violencia motivadas por la ausencia de luz, sobre todo en países en desarrollo, y por tanto, son factores a tener en cuenta en esa perspectiva de género que está clara en el ámbito de la pobreza energética”.

 

La representante europea aporta una nueva visión que enlaza además con el sector de la discapacidad: “En nuestro grupo estamos especialmente interesados en el tema de las renovables, que son el futuro en muchos sentidos y es cierto que si fuéramos a una situación de energías renovables cien por cien, el precio de estas energías en un momento determinado podría ser tremendamente barato, muy barato, algunos teorizan que podría ser un coste cero”.

 

Pero además, destaca en este punto el tema del empleo y afirma que “aunque es colateral, si establecemos y creemos que en Europa el desarrollo de toda la economía verde va a generar 20 millones de puestos de trabajo, la Comisión y los países deberíamos hacer hincapié en que haya personas con discapacidad que también se beneficien de la generación de puestos de trabajo en estos empleos verdes. Existen las medidas paliativas, como los bonos sociales, la tarifa solidaria, las bajadas y demás, pero también hay que hacer una apuesta decidida por la incorporación al empleo de las personas con discapacidad que están sufriendo brutalmente las consecuencia de la crisis”.  

 

Y finaliza Carmen Redondo asegurando que “a la hora de trasponer la famosa directiva de eficiencia energética debería establecerse una vía para que los colectivos vulnerables reciban las ayudas, incluyendo a las personas con discapacidad en ese colectivo”. Además, apunta la necesidad de unir las fuerzas del sector de consumidores y el de discapacidad: “es importante establecer mecanismos de intercambio entre ambas entidades y colaborar”.

 

 

Vídeo de la mesa