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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 01 de abril de 2016cermi.es semanal Nº 206

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Mesa redonda

Directiva europea de accesibilidad, ¿tarde y mal?

01/04/2016

Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa

La mera existencia o propuesta de una directiva europea de accesibilidad es recibida como un regalo por el sector de la discapacidad, aunque se trate de un derecho fundamental, por ser tan deseada y reclamada. Sin embargo, cuando los participantes en esta mesa comienzan su análisis, las carencias y demandas se van sumando y contemplamos un escenario con necesidades de mejora importantes. La propuesta debe ampliar el ámbito de aplicación, que ha quedado muy reducido, la participación de la industria es escasa, los plazos definitivos de aprobación y transposición son demasiado largos, 2024 como horizonte es demasiado lejano, y los sistemas de control y vigilancia deben ser más estrictos para asegurar el cumplimiento de la norma, entre otras cuestiones.

Imagen de un instante de la Mesa redonda 'Directiva europea de accesibilidad, ¿tarde y mal?'“Ha sido un regalo ver culminado ese proceso de años y años y años de demanda, de más de 80 millones de ciudadanos y ciudadanas, de una legislación que protegiera y garantizara la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida para las personas con discapacidad”, afirma Ana Peláez, miembro del Comité Ejecutivo del EDF (Foro Europeo de Discapacidad). Eso sí, añade: “La valoración es muy positiva y muy esperanzadora, porque confiamos en que en este proceso que se abre ahora, se pueda mejorar la propuesta”. 
 
Para Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, la propuesta de directiva “es una gran noticia”, en pocas palabras, porque a continuación expresa más ampliamente sus inquietudes, “es una ley con una complejidad importante, pero también con alguna carencia importante”. Y es que, según este experto, hay grandes lagunas en el aspecto constructivo, “aunque esa siempre ha sido una limitación muy importante de Europa”.
 
Concha Díaz, presidenta de la CNSE y vicepresidenta del CERMI, coincide con la valoración positiva de ambos expertos pero añade un argumento más a favor, y es que la propuesta contiene en muchos aspectos el espíritu de la Convención de la ONU sobre discapacidad. Explica, además, que el sector de la discapacidad siempre valora de forma positiva las normas que les favorecen, pero esperan mucho de ellas y “queremos una norma ambiciosa para toda Europa”. Entonces, introduce una cuestión que amplía las objeciones expuestas ya en la mesa: “la sensación que tenemos también es de carencia, a nivel tecnológico, de servicios bancarios o telefónicos, en ese ámbito sí, pero hay otros ámbitos en los que las personas con discapacidad seguimos con muchísimas barreras y no se han incluido en esta ley”.
 

Ampliar el ámbito

 
Tras la primera valoración o acercamiento, el moderador de la mesa, José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia, introduce otro aspecto en el que coinciden los tres participantes, y es que la gran carencia de esta propuesta, o al menos una de las más destacadas, es el marco de referencia: “la principal mejora que debería tener la propuesta sería ampliar el ámbito, el marco referencial de aplicación de esta directiva”, afirma Ana Peláez, “está especialmente centrado en lo que son las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, como decía Jesús falta el ámbito construido, pero faltan tantos ámbitos, falta el construido, la salud, la educación, los seguros, el acceso a la justicia, ¡falta tanto! Hay que avanzar”, añade Peláez.
 
Concha Díaz, presidenta de la CNSELa presidenta de la CNSE advierte de que hay ocasiones en las que la accesibilidad se interpreta con limitaciones y algunos colectivos se benefician más que otros, “lo vemos en nuestro país, en la teleasistencia, llevamos más de 20 años con este servicio y las personas sordas no podemos acceder a él, las personas usuarias de lengua de signos no podemos utilizar este servicio, incluso en los concursos públicos, en ninguno se incluye la necesidad de que se garantice la accesibilidad a través de la lengua de signos”. 
 
Y en este sentido, Jesús Hernández aporta otro aspecto definitivo para el sector de la discapacidad en cualquier ámbito: “llevamos demandando la cuestión de la formación muchísimo tiempo, la falta de formación que tienen los técnicos cuando diseñan un producto y no tienen en cuenta al usuario, tienen en cuenta a ese individuo medio que es el resultado de una fórmula estadística, que es un individuo que no existe y no tienen en cuenta la diversidad humana de las personas con discapacidad que tenemos muchísimo que aportar; si desde el principio se vierten en ese producto o en ese servicio las necesidades de todos los usuarios, estaremos resolviendo o haciendo mucho más confortable o más usable el producto o servicio para cualquier persona”.
 

Participación 

 
“Hay muchos ámbitos de mejora, como esa participación directa, fundamental, de las personas con discapacidad en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de la propuesta”, apunta Ana Peláez. Sin embargo, añade: “En el diseño realmente no creo que hayamos participado, sí es cierto que ahora tenemos esa posibilidad, este momento de consulta, que es además abierto a la sociedad civil, a la propia industria”. 
 
"Cualquier servicio, cualquier producto, cualquier normativa que se cree sin consultar con nuestras organizaciones, va a ser un fracaso. Y creo que en nuestro país ya tenemos bastante experiencia en demostrar que esto es así, por eso es positivo que cuenten con todas nosotras”
 
Una consulta que ha sido demasiado breve, a juicio de los participantes en la mesa pues apenas supuso un par de meses de trabajo para presentar las aportaciones pertinentes. Según Concha Díaz, “siempre ganamos si creamos contando con nuestras organizaciones, que defendemos y representamos a las personas con discapacidad. Creo que nuestras organizaciones tienen un perfil doble, por un lado defendemos a los usuarios y usuarias, de los cuales formamos parte porque somos personas con discapacidad, somos las que hacemos nuestras propias políticas y, por otro lado, somos expertas en este ámbito y muchas veces somos nosotras mismas las que aportamos soluciones, no solo nos quejamos y explicamos nuestras necesidades sino que además explicamos qué necesidades adaptativas tenemos. Cualquier servicio, cualquier producto, cualquier normativa que se cree sin consultar con nosotras, va a ser un fracaso. Y creo que en nuestro país ya tenemos bastante experiencia en demostrar que esto es así, por eso es positivo que cuenten con todas nosotras”.
 
Así es y así lo expresa también Ana Peláez, quien reconoce el trabajo del CERMI, que sometió a consulta la propuesta entre todas las organizaciones miembro, y las contribuciones de la sociedad civil, del propio CERMI, de organizaciones como la CNSE y su fundación, Fiapas, Plena Inclusión y otras tantas, pero no todas, señala, “porque creo que a veces falta esa conciencia de que lo que sucede y se legisla en Bruselas nos puede afectar. Y siempre tomo muy en consideración a los colectivos que están más invisibilizados, que no tienen tanto acceso a la participación, por determinadas limitaciones, en este tipo de consultas, por ejemplo, las personas sordociegas. Siempre hay gente que se queda atrás, que a lo mejor no son capaces de llegar ni de contribuir en estos procesos y me parece que quienes tenemos la responsabilidad de representar globalmente a nuestra población, tenemos que prestar un cuidado absoluto para no dejarlos atrás”.
 
Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCEJesús Hernández destaca la importante aportación de Plena Inclusión en accesibilidad cognitiva, “viene a ayudar muchísimo también a una gran carencia que tenemos en Europa en comparación con Estados Unidos, y a los que no conocemos otros idiomas o los dominamos relativamente mal, esos textos en lectura fácil nos pueden ayudar muchísimo”. Y apunta además la necesidad de contar también con la participación de la industria, si se muestran interesados en la norma, “para ellos, poniéndolo en positivo es una ampliación de mercado sin duda alguna, pero puede ser a la vez una limitación importante diseñar pensando en todo y creo que eso siempre ha significado el bloqueo que hemos tenido con respecto a la accesibilidad”.
 
Es cierto que la accesibilidad generalmente se observa, por parte de la industria, como una carga económica, como una imposición que se trata de evitar casi a toda costa porque generalmente piensan que puede ir ligada a un mayor coste, explica Ana Peláez, y la industria va a ser una de las claves de la consulta, pero “en esos dos meses de consulta, tan corta, apenas hay contribuciones del mundo de la industria. Nosotros, desde el movimiento asociativo, desde el CERMI, quisimos enfatizar y de alguna manera invitar a que, por ejemplo Ilunion, el grupo socio-empresarial de la ONCE y su fundación, participaran de forma independiente y complementaria a nuestro posicionamiento para recoger, por parte de la industria, mensajes positivos de lo que supone también para el sector empresarial apostar por la accesibilidad”. Y desde esta posición, según Ana Peláez, en Ilunion aseguran que la accesibilidad universal de esos productos y servicios “debería de estar tomada en consideración en tanto que oportunidad y en tanto que, también, un mercado donde hay todo un horizonte de consumidores y consumidoras que están faltos de productos y servicios verdaderamente accesibles”. De ahí que en esta mesa, la representante del EDF exprese: “Me gustaría lanzar ese mensaje de que la accesibilidad no es solo una cuestión de derechos fundamentales para quienes estamos a este lado, para quienes somos personas con discapacidad, sino que es una oportunidad, entre comillas, de negocio también para la propia industria; de ahí este llamamiento a considerar el diseño universal y la accesibilidad global como un enriquecimiento de esos productos y servicios”. 
 
Los tres participantes en esta mesa concluyen que la apuesta definitiva por la accesibilidad son ventajas para todos, incluso para la industria, tal y como expresa finalmente Concha Díaz: “El mundo de las empresas que innovan y apuestan por servicios abiertos para todas las personas, ganan”. Y hay muchos ejemplos de oportunidades perdidas, como comenta Jesús Hernández, cuando hace referencia a la cantidad de pérdidas en turismo que se podrían contabilizar por no hacer accesibles muchos destinos o trayectos. 
 
"Hay muchas personas en el ámbito de la discapacidad que son expertas en cuestiones de accesibilidad y espero, confío, me gustaría, sueño, con que esa directiva, si sale adelante, pueda ofrecer a mucha gente también esa posibilidad de incorporarse a las plantillas de las industrias"
 
Y para concluir la cuestión de la industria o el mercado, Ana Peláez apunta la posibilidad que esta propuesta de directiva ofrece en materia de empleo: “la industria necesita contar con personas expertas, con instituciones expertas que puedan garantizar los niveles de accesibilidad que se requieren en esta directiva o en cualquier otra. Hay muchas personas en el ámbito de la discapacidad que son expertas en cuestiones de accesibilidad y espero, confío, me gustaría, sueño, con que esa directiva, si sale adelante, pueda ofrecer a mucha gente también esa posibilidad de incorporarse a las plantillas de las industrias que deberían requerir y considerar esa participación para que sus productos y sus servicios sean accesibles. Es decir, también podemos ver esta directiva como una oportunidad de promoción laboral y una oportunidad de desarrollar lo que es una economía socialmente responsable, tomando en consideración a las propias organizaciones de personas con discapacidad como proveedoras de buena parte de esos servicios accesibles que se tienen que garantizar”.
 

Plazos y vigilancia

 
Ana Peláez, miembro del Comité Ejecutivo del EDFCuando los miembros de esta mesa comienzan a sumar plazos y años para encontrar la fecha definitiva que plantee la obligación de la accesibilidad, todo el optimismo que merece esta norma queda eclipsado de nuevo. “¿Cuánto tenemos que esperar?”, se pregunta Ana Peláez, y afirma: “no serán menos de dos o tres años el tiempo que pasará en la negociación interna, si a ese tiempo le tenemos que sumar otros seis de trasposición, estamos hablando de 2024, ¿esto está realmente en sintonía con la implementación de la Convención a nivel de la Unión Europea y de sus Estados miembros? Cuando realmente la entrada en vigor se produjo el 3 de mayo del año 2007. ¿Será una respuesta adecuada?”.
 
“Para nosotras y para todos los colectivos de discapacidad, que vivimos nuestro día a día con barreras, algunas ya no existen pero muchas otras todavía persisten y las vivimos y sufrimos las 24 horas del día, esperar seis años supone mucho tiempo. Si me pongo en el lugar de una persona mayor, con discapacidad, un mes ya es demasiado”, explica Concha Díaz, quien apunta que las administraciones públicas, por su parte, “tienen la soberanía para que en los concursos públicos con las administraciones, en las contrataciones que hagan, se imponga desde ya esta directiva, para impulsar que las empresas la cumplan antes de tiempo, porque si lo dejamos seis años, ya se pasa”.
 
Y puestos a sugerir, a aportar, el moderador de la mesa introduce la importancia de los mecanismos de control o vigilancia, muy difíciles de implantar y desarrollar, a juicio de Peláez. “Hay muchas industrias que en otras cuestiones optan siempre por asumir una tasa de sanción por su incumplimiento. Tenemos que tener mecanismos que aseguren realmente ese cumplimiento y que las industrias no se conformen con pagar un peaje de inaccesibilidad para seguir haciendo lo que quieren. Se tienen que imponer medidas que realmente sean coercitivas”, explica.
 
“En nuestra cultura somos de quejarnos en el bar pero poco de hacerlo en los canales de denuncia apropiados y es importante que tengamos esa conciencia”
 
Jesús Hernández, por su parte, reclama la participación ciudadana en los sistemas de control, la importancia de esa vigilancia: “En nuestra cultura somos de quejarnos en el bar pero poco de hacerlo en los canales de denuncia apropiados y es importante que tengamos esa conciencia”. Y Concha Díaz relata que en nuestro país tenemos cierta experiencia en estos temas, pues somos muy productores y promotores de normativa, pero “no es suficiente, como dice Ana, con que las empresas paguen la cuota de incumplimiento de la normativa y sigan comportándose de la misma manera y si es así no deberían hacer contrataciones con la Administración pública, desde luego, y si no cuentan con un reglamento de sanciones, las normativas no se van a cumplir, se quedarán en normativas vacuas. Y como ha dicho Jesús, nosotras como organizaciones tenemos que trabajar con nuestros colectivos porque si vemos que no se cumple la normativa tenemos que hacer una denuncia y reclamación”.
 

Rosa Estaràs, eurodiputada popularUna Europa accesible de verdad para todos

 
Rosa Estarás, diputada del Parlamento europeo, no pudo asistir a esta mesa redonda a la que fue invitada, pero participa con un artículo en el que expresa sus opiniones sobre la propuesta. Según la eurodiputada, la presentación del Acta Europea de Accesibilidad es una magnífica noticia largamente esperada, un gran documento, pero "hay un espacio para la mejora". A su juicio, queda "un arduo proceso hasta que aprobemos el Acta definitiva y, desde luego, en el Parlamento Europeo vamos a trabajar para conseguir que salga un documento que recoja todas las necesidades de las personas con discapacidad". 
 
 
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